¿La política convertirá la movilidad en un lujo?

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¿La política convertirá la movilidad en un lujo?

Algunas democracias, entre ellas la nuestra, en aras a la simplificación han cometido el error de focalizar en una única variable toda la actuación de de un determinado responsable político. Una mala práctica achacable, en gran parte, a la connivencia de algunos de los principales grandes medios de comunicación con el poder. Se generan, así, en la persona que ocupa el cargo público de turno incentivos perversos, pues ésta tenderá a centrar su atención en esa única cuestión, descuidando el resto. Es decir, que mientras el guarismo publicitado sea positivo, como todo lo demás no se ve, tampoco se importa.

Así, juzgar al director general de tráfico únicamente por la siniestralidad incentiva, a que quien ostente el cargo, a prohibir o imponer todo tipo de restricciones a la movilidad con tal de reducir el número de accidentes. ¡Nada más interesa!  Este es el motivo de una de las últimas propuestas del actual Director General de Tráfico, Pere Navarro, al considerar la necesidad de prohibir la compra-venta de vehículos usados entre particulares, pues, según sus palabras, el auge de la “segunda mano” va en contra de la seguridad vial. Una idea que es más fruto de nuestra estructura política que de la "genialidad" de este señor.

De hecho, ya en su momento, se crearon las ITV como monopolios de los gobiernos autonómicos a los que el ciudadano tiene que dedicar tiempo, paciencia y dinero para demostrarles que observa unos determinados requisitos de seguridad que la inmensa mayoría de conductores cumple, lógicamente, por propia iniciativa. Por supuesto, esos requisitos se van endureciendo con el paso del tiempo con la clara intención de convertir, artificialmente, en obsoleto una parte creciente del parque móvil.

Si de igual manera, cuando la atención mediática sobre el medio ambiente se centra exclusivamente en las emisiones de CO2 de los vehículos, sin considerar ningún otro aspecto, tal como puede ser la propia fabricación, los políticos de turno pueden acabar diseñando una transición energética, en materia de movilidad, que les permita presentarse como grandes luchadores contra los combustibles fósiles, sin ninguna otra consideración medioambiental. Y, por supuesto, ocultando el precio que hay que pagar por ella. Una vez más, no es cuestión de quién ocupa un cargo de responsabilidad, sino de los incentivos a los que esa persona se ve sometido.

Es por todo ello que ahora nos encontramos no sólo con una energía mucho más cara, sino que también se ha activado el detonante de una empobrecedora inflación. Otra consecuencia secundaria de todo este proceso es el fuerte encarecimiento de los automóviles, alejándolos, poco a poco, del usuario medio. La rapidez con que se ha diseñado la transición hace que el precio de las materias primas para la producción de vehículos eléctricos se dispare, hasta tal extremo que ya hay analistas que creen que no se podrán cumplir los plazos previstos. Así que la respuesta del gobierno es incrementar la tributación de los vehículos de combustión en un intento de igualar precios, más allá de los, siempre presentes, fines recaudatorios

Con una economía renqueante, y un mercado de trabajo que no funciona, son muchos los conductores de nuestro país que ni tan siquiera se plantean la posibilidad de cambiar de coche, por lo que se está produciendo un efecto de cubanización del parque, tal como ya adelantamos en un artículo, publicado en estas mismas páginas, el pasado día 27 de julio. Este es el fenómeno que ha motivado al señor Pere Navarro ha realizar las declaraciones mencionadas.

Pero no acaba aquí el asunto, pues apenas se adquieren vehículos eléctricos a pesar de unas ayudas que no acaban de cuajar, por estar diseñadas más para publicitarse que por su efectividad. Un clamoroso fracaso, que incentiva una nueva "huida hacia adelante" consiste en decretar que los coches nuevos serán los únicos que podrán circular por determinadas zonas. Es decir, que los demás tendrán que pagar nuevos, o más elevados, impuestos por moverse, bajo la amenaza de ser declarados obsoletos.

A todo ello hay que sumar que los descomunales déficits públicos han supuesto un parón casi completo en el desarrollo de nuevas inversiones en infraestructuras. Desde hace años ni se construyen nuevas carreteras, ni aparcamientos, ni cualquier otro elemento que facilite la movilidad. Al revés, está previsto que habrá que pagar nuevos peajes por circular por vías ya amortizadas.

Por supuesto, la deficiente gestión del transporte público también se enjuaga con pingües subidas de precios camufladas en la diversidad tarifaria, sin que se implementen mejoras relevantes más allá de la lógica renovación parcial de flotas.

Por todo ello, es lícito preguntarse; ¿Se pretende convertir la movilidad en un lujo, en vez de en un derecho al alcance del ciudadano medio?¿De verdad no hemos de realizar reformas fundamentales en nuestro sistema político que racionalicen los incentivos de los gobernantes?

 

Las Charlas de CyR: Pep Ignasi Aguiló

Me gustaría que encontraseis un momento para escuchar esta charla que mantengo con Pep Ignasi Aguiló Fuster , presidente de PLIS Educación, dentro de la serie de charlas que estamos llevando a cabo en Consenso y Regeneración.

Lengua, nacionalismo, Educación, esos son los ejes de la charla. Creo que a algunos os sorprenderá.

Sanchismo y franquismo sociológico

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El peronismo practicado por Pedro Sánchez y sus socios requiere de un enemigo terrible que los convierta en salvadores de la patria. De ahí que intenten resucitar a Franco una y otra vez. El árbol no debe, sin embargo, dejarnos ver el bosque. Si comparamos algunas de las pautas políticas del franquismo sociológico con muchos de los tics de la actual izquierda, quizás podemos encontrar puntos similares.

Por ejemplo, en materia económica tanto unos como otros se muestran partidarios de practicar un corporativismo oligopolístico que les asegure el apoyo de determinados sectores empresariales mediante un discurso que rechaza la libertad de mercado. Una estrategia que les permite colonizar a las organizaciones sindicales, poniéndolas a su servicio.

Ambos prefieren la inflación antes que las reformas económicas, en un intento de mostrar el liderazgo estatal-gubernamental frente a la ortodoxia en el manejo de los asuntos económicos. Es decir, comparten unos y otros un declarado intervencionismo con proclamas sociales y populistas para justificarlo.

El propio hecho de construir un enemigo imaginario que contribuya a cohesionar las fuerzas propias, a falta de una ideología bien definida, es otra cuestión compartida entre el franquismo y el sanchismo. Así, mientras el primero se presentaba como la tabla de salvación frente a los complots de hordas marxistas, el segundo ensaya una narrativa simétrica frente a la ultraderecha. 

Coinciden también en ejercer un control estatal sobre la propia historia, llegando a legislar, en ambos casos, para construir la que se podría denominar “versión oficial” de la misma. Ciertamente en sentidos opuestos, pero con instrumentos parecidos, con la pretensión de deformarla tanto en los libros de texto como en las propias escuelas o, incluso, con el trasiego de féretros. Todo vale para mutar los hechos históricos, que siempre son complejos, en mitos simples.

El control de los principales medios de comunicación y el uso masivo de la propaganda es otro punto compartido. Desde el inicio de la democracia buena parte de la prensa escrita adscrita al régimen franquista se reconvirtió en izquierdista, sumándose así a muchos otros grandes medios de comunicación existentes o nuevos. Lo que ha dado como resultado un dominio mediático que consigue crear un marco mental que muchos terminan aceptando. En Mallorca, incluso, el diario de mayor difusión parece haber retrocedido varias décadas, al llevar las noticias judiciales y los anuncios de las promesas de los partidos en el poder a primera plana, relegando cualquier atisbo de la crítica que debería caracterizar al cuarto poder a breves artículos en las páginas de opinión.

Ese marco mental que el peronismo sanchista ha logrado construir junto con la irrupción de masas de acoso que, a través de cualquier medio, consiguen intimidar o amedrentar al discrepante conduce a muchos opinadores a la autocensura.

Añadamos que ambas tipologías políticas han estado o están encabezadas por un líder carismático que no duda en presentarse investido de una clara superioridad plasmada en la exhibición de los grandes bienes materiales del Estado puestos a su disposición, ya sean éstos un clásico Roll Royce o un moderno Falcon.

En materia sexual el catolicismo extremo, del que se sirvió el franquismo, imposibilitó muchas relaciones satisfactorias entre mujeres y hombres. Una tendencia que, tras el desquite de los años de la transición, vuelve con fuerza de la mano de un neopuritanismo que considera sospechosos de prácticas heteropatriarcales abusivas a la mitad de la población por el simple hecho de ser varones.

Incluso el fútbol, que se llegó a considerar la “tapadera del franquismo”, tiene un claro paralelismo con las series de las grandes plataformas de televisión, al conseguir distraer y canalizar las pasiones del gran público, manteniéndolos alejados de los problemas reales que les afectan. Ambos fenómenos se han utilizado políticamente de una forma parecida.

En cualquier caso, y no menos relevante, los dos conglomerados políticos transmiten la sensación de anhelar monopolizar el poder por encima de todo, estando dispuestos a utilizar para ello cualquier recurso a su alcance. ¡Menos mal que ahora tenemos la Constitución! Por eso cuando algunos socialistas se preguntan a dónde fue a parar el franquismo ideológico, quizás, antes de buscar en otros lugares, podrían comenzar mirando también en su propia casa.

¿Novedades sobre la ecotasa?

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¿Novedades sobre la ecotasa?

Hace unos días nos enteramos de que algunas partidas recaudadas en el Impuesto de Turismo Sostenible se estaban destinando a la financiación de eventos de la prensa amiga. Más tarde un nuevo medio de comunicación desvinculado del Govern nos informó que sólo uno de cada tres proyectos aprobados y presupuestados hace cinco años se ha ejecutado o iniciado. Así que es de suponer que las enormes cuantías recaudadas se han dedicado a engordar, más todavía, la administración autonómica.

Y eso que la mayoría de proyectos son de una dimensión tan pequeña que no parece excesivamente difícil llevarlos a cabo. De hecho, no hay ninguno con la suficiente envergadura como para abanderar y visualizar la transformación ambiental que se pretendía, sin menoscabo de las micro actuaciones.

¡Nada nuevo bajo el sol! Crear un impuesto que no tienen que pagar los votantes es el sueño de todo hacendista. Aunque es cierto que los hoteleros-recaudadores hubieran podido protestar, tal como ocurrió cuando se implantó por primera vez bajo el mandato del señor Antich. Pero ahora, la nueva-vieja política corporativista que evita la competencia mercantil, abrazada por la izquierda post-obrera, les lleva a callar y sonreír con el conseller del ramo sobre el photocall de cualquier evento. Los nuevos socialistas pueden aliarse sin problema con las fuerzas económicas con la sola condición de ser feministas, eco-friendly y resilientes.

Por otro lado, cualquier hacendista sabe que un tributo sólo es finalista de cara a su “venta política” puesto que la labor de las haciendas públicas no es otra que la utilización de todos sus recursos al servicio de una constante maximización de la recaudación. O, dicho en otras palabras, su labor es exprimir al ciudadano hasta el nivel más elevado que pueda aguantar sin explotar, por lo que siempre acaban integrando cualquier fuente de financiación.

Por otro lado, las fragmentaciones de grandes fondos en pequeñas promesas de inversión tienen la ventaja de contribuir a reforzar las redes clientelares, al tiempo que dificulta al gran público hacer un seguimiento pormenorizado de las mismas. Tan sólo tenemos que rastrear las partidas prometidas en concepto de capitalidad de Palma durante los últimos años para hacernos una idea de este esquema de funcionamiento. Una inversión de cierta envergadura normalmente tendrá partidarios y detractores repartidos de forma incierta, por los dirigentes políticos las tratan de evitar como si fueran gatos escaldados. Además, un gran proyecto obliga a movilizar a la administración en materia de contratos públicos con el riesgo judicial típico de la hiperregulación, lo que explica que desde la época del President Matas la única infraestructura relevante realizada sea un “Port Petit”.

Por último, las inversiones siempre son la partida más volátil de cualquier presupuesto. Pues los gastos comprometidos para el propio funcionamiento de las administraciones crecen a paso firme de año en año, devorando la mayor parte de la financiación pública y dejando muy pocos recursos para aquellos gastos susceptibles de ser alejados en el tiempo.

En definitiva, tras un lustro desde su implantación, ya sabemos que la teoría económica se ha cumplido; un impuesto siempre es un impuesto por mucho que se le adorne con nombres bonitos y amables. Como se estudia en los manuales de economía desde hace más de dos siglos, cualquier tributo conlleva una “pérdida irrecuperable de eficiencia” cuya recaudación nunca es capaz de evitar.

Los sucesos de Canet de Mar

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Los sucesos de Canet de Mar

¿Cómo es posible que la política catalana haya dado el triste espectáculo ocurrido en una escuela de Canet de Mar? ¿Cómo es posible que se haya llegado a tal extremo de degeneración democrática y de desviación moral? Ciertamente, el acoso, y hostigamiento al que ha sido sometido un niño, de tan sólo cinco años, que solicitaba que en su escuela se cumpliera con la ley. Sin duda las amenazas y la intimidación tienen la clara intención de evitar nuevas peticiones en el mismo sentido, tal como ya ocurrió con los hijos de guardias civiles.

Sin duda, el nacionalismo es una ideología populista y perversa fundamentada en la creación y exaltación de hechos diferenciales que señalan al que consideran opuesto como enemigo a batir. ¡Xenofobia más o menos encubierta! Pues cierto que puede haber nacionalismos más moderados y otros más exaltados, sin embargo, tanto unos como otros se asientan en los mismos principios.

Pues bien, en nuestro país, por debajo de la Constitución ahora invocada, existen dos leyes importantes que contribuyen a extender y reforzar el imaginario nacionalista, como una negra mancha de aceite que va devorando el tradicional “seny” catalán, y que amenaza, seriamente, con hacer lo mismo en nuestra comunidad y, también en otras.

La ley electoral y de partidos, entre otros muchos defectos, otorga una absurda ventaja a los partidos “bisagra'', es decir, a aquellos que se asocian según conveniencias indistintamente con cualquiera otro del espectro político. De esta manera, las formaciones que, cumpliendo este requisito, concentran la totalidad de sus votos en muy pocas circunscripciones, tal como les ocurre a los nacionalistas, gozan de un desmesurado poder de negociación que, a su vez, les permite implementar toda una colección de políticas clientelares y de control mediático de una magnitud tal dimensión que les perpetúa en el poder.

Dicho en otras palabras, la semilla irracional del nacionalismo está, en buena medida, en nuestras leyes electorales y de partidos. Motivo por el cual son los miembros de la sociedad civil, en vez de los líderes políticos, los que están dando la batalla en defensa de los más elementales derechos constitucionalistas en Cataluña.

En segundo lugar, las leyes de financiación autonómica que consagran la ausencia de corresponsabilidad fiscal auténtica, clara y diáfana entre los distintos niveles de gobierno. Contribuyendo a la difusión de un poderoso y recurrente argumento de los nacionalistas para azuzar sentimientos antiespañoles. Nunca, como en esta cuestión, el victimismo impostado resulta tan electoralmente rentable. Aunque lo peor de esta legislación es que convierte en irresponsables de casi todo a los dirigentes autonómicos, al evitarles tener que rendir cuentas a sus conciudadanos con tan sólo envolverse en la bandera de su comunidad. Un sistema en el que el gran perdedor es el contribuyente que ve cómo se multiplica el gasto político (que no público) clientelar.

Así que, ahora, cuando una buena parte de la casta política y mediática se rasga las vestiduras por los sucesos de Canet, en realidad están comportando como aquel gendarme de la película “Casablanca” cuando le dice a Rick (Humphrey Bogart): ¡Qué escándalo, qué escándalo he descubierto que aquí se juega!, para acto seguido embolsarse sus ganancias.

La Constitución, con todos sus defectos es, hoy por hoy, el mejor instrumento que tenemos para preservar nuestra convivencia en paz y libertad. Pero precisamente por ello pienso que resulta tan importante abrir el debate sobre la necesidad de llevar a cabo las reformas políticas de calado que nos permitan proteger nuestros valores democráticos más básicos. Sin embargo, y desgraciadamente mucho me temo que ese debate sólo se puede promover desde la sociedad civil con todas las dificultades que eso conlleva.

La magia (negra) de la inflación

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La magia de la inflación.

Ciertamente, estamos experimentando la que debe ser la mayor disminución salarial experimentada por los actuales trabajadores en activo. Y no pasa nada. Aunque eso sí, los empleados del Banco Central Europeo, quizás por contar con más información que los demás, quizás porque ellos sí saben que da igual que la inflación sea coyuntural o persistente, han sido los primeros en elevar sus reivindicaciones laborales para hacer frente a la bajada de salarios encubierta que supone. A buen seguro ganarán, aunque se intente evitar que nos enteremos.

Recordemos como la bajada de sueldos realizada por José Luís Rodríguez Zapatero se inició con una disminución, que nunca se revirtió, para los funcionarios. Luego se extendió a capas más amplias. Aquella medida tomada a contrapelo por el líder del PSOE en la primavera de 2010 le llevó a tener que convocar unas elecciones que, indudablemente, perdería. La inflación de este año ya ha mermado el poder adquisitivo de sueldos y salarios en una proporción mayor que en aquella ocasión.

Ahora, la vieja magia de la política inflacionista del nuevo líder socialista, en cambio, le permite llevar al país a un empobrecimiento claramente superior con muy amplias posibilidades de revalidar el cargo. Una simple cuestión psicológica, unida a un cambio de papel de los medios de comunicación y los sindicatos, hace que no se responsabilice al gobierno del desaguisado. Poco importa que las subidas del salario mínimo, de hace unas semanas, ya estén devoradas por las subidas de precios; Sánchez es ante la prensa sumisa y los sindicatos el adalid de los mileuristas.

El osado presidente sabe que el Banco Central Europeo lo tiene muy complicado para revertir la situación, pues una subida de tan sólo un punto de los tipos de interés resulta inasumible para los países sobre endeudados de la Unión. Así, es previsible que los gobiernos más populistas, como el suyo, actúen de la siguiente forma: en primer lugar, reforzar las alianzas (y las subvenciones) con los medios de comunicación y, también, con los sindicatos a fin de minimizar y diluir las posibles reivindicaciones al estilo de los empleados del Banco Central Europeo. De hecho, la significativa noticia ha sido prácticamente silenciada en España.

Más adelante, cuando el malestar sea algo más difícil de contener, se iniciará una narrativa en la que se culpe a capitalistas, especuladores, franquistas o al PP de la mala situación. Al tiempo que, como mínimo, se anunciarán bondadosas iniciativas para controlar los precios. Quizá esto último se haga utilizando algún neologismo que otorgue carácter técnico y académico a la propuesta. Por otro lado, como no toda la población sufre el perjuicio en la misma proporción, se pondrá énfasis en mostrar los casos más exitosos.

Todo esto lleva su tiempo, así que probablemente se puedan convocar las elecciones con garantía suficiente de reelección. En gran parte porque con la actual estructura electoral un debate con un mínimo de profundidad resulta casi imposible. De esta forma, el panorama sólo es optimista en los medios de desinformación.

En definitiva, una vez más soy de la opinión que los problemas de nuestro país hunden sus raíces en fallas del sistema de representación política cuya solución, sin embargo, no requiere tocar la Constitución. Por ello, vuelvo a animar a los partidos constitucionalistas, ahora en la oposición, a ser valientes y a realizar propuestas claras para la mejora del sistema.

Todos los precios son marginalistas

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Todos los precios son marginalistas

Una demostración de cómo está funcionando la prensa de masas lo encontramos al tratamiento informativo otorgado al incremento del precio de la electricidad. En vez de realizar un análisis fundamentado de los motivos que hay detrás del mismo, con harta frecuencia, se ha optado por aceptar los razonamientos de los más ingenuos y pueriles defendidos por los nuevos políticos de partidos radicales intervencionistas.

Así, uno de los razonamientos más defendidos, y difundidos, ha sido que el fuerte incremento del recibo de la luz se ha debido al sistema de fijación de precios marginalista que da lugar a “beneficios caídos del cielo”. Una argumentación que tiene la intención de responsabilizar como “malo de película” a las empresas capitalistas exonerando al gobierno. Según este relato serían los grandes empresarios los interesados en fastidiar a los modestos consumidores. De hecho, alguno de estos nuevos líderes ha llegado a decir que les estamos pagando “se están pagando sardinas a precio de percebes”.

Lo sorprendente de esta versión, tan generalmente aceptada por una prensa que en otro tiempo fue seria, es que cualquier estudiante de primero de economía sería capaz de explicar al gacetillero más modesto que ¡Atención! ¡Todos los sistemas de precios de todos los productos son marginalistas!

Si, efectivamente, todos los precios formados en todos mercados, también en los que funcionan sin ningún tipo de intervención gubernamental son marginalistas, es decir, se establecen al nivel de los costes marginales, al tiempo que suponen los ingresos marginales de los oferentes. Una solución que hace que la producción y a la asignación de los bienes y servicios sea la más eficiente posible, o como dicen los economistas, dan lugar a óptimos de Pareto que empuja a los precios hacia abajo hasta el nivel de los costes. El motivo es que como los costes marginales crecen con la cantidad producida, inicialmente se produce de la forma menos costosa, y a medida que la demanda es mayor, se produce de forma más cara. Un sistema que es tan beneficioso para el consumidor que ha generalizado entre las clases más populares estándares de vida que hasta el desdichado Luís XVI hubiese deseado para sí.

Sin embargo, en el ultra intervenido mercado eléctrico es el gobierno quien decide qué sistema de producción entra en primer lugar y cual lo hará posteriormente para, de esta forma, conformar por criterios políticos -que no económicos- el mix energético. Porque han “vendido” a los electores la falsedad de que la electricidad producida de forma sostenible es más barata, cuando es evidente que esto no es así.

Es decir, como el proceso de des-carbonización energética es caro, pero no se quiere reconocer en las campañas electorales, algunos gobiernos deciden ocultar este hecho a sus votantes, y ahora, cuando la realidad se impone, como siempre, tienen que dar la culpa a otros. Así que nada mejor que un palabro técnico-económico poco intuitivo como “precios marginalistas” para trasladar la responsabilidad del desbarajuste o los siempre socorridos “oscuros capitalistas”.

En definitiva, lo más triste de esta historia no es la utilización política de la mentira que al fin y al cabo siempre ha sido así, sino el papel que está jugando una buena parte de la prensa actual, antes considerada “cuarto poder” y ahora "correa de transmisión del poder". Pues no es posible pensar que aceptan y difunden este tipo de argumentaciones por aceptarlos como una explicación racional de un hecho objetivo cuando un estudiante de primer curso de carrera está en condiciones de desmentir.

 

 

La imaginación política

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El liderazgo es mostrar un camino hacia una situación mejor, es crear una guía hacia un mundo en donde se puedan alcanzar más bienes y, también, deshacerse de más males. En este sentido no cabe duda que la izquierda muestra mucha más habilidad que la derecha en construir liderazgo. No porque sus propuestas sean realistas o auténticamente convenientes, sino por el simple hecho de hacerlas.

Desde mi punto de vista, aunque es la derecha quién tiene más capacidad argumentativa e instrumentos intelectuales sólidos, es la izquierda, sentimentaloide, simple y utópica, quién ejerce el papel de guía social. ¿Por qué esto es así? Pueden ser muchos los motivos, aunque, personalmente me inclinaría a pensar que desde la derecha se suele pensar que para hacer que la sociedad funcione bien es suficiente con tomar las medidas adecuadas cuando se está en los puestos de mando del poder. Mientras que la izquierda, por su parte, considera que lo relevante es la lucha por todos y cada uno de los resortes del poder, sean del nivel que sean.

Este último es el motivo por el que la izquierda en el Gobierno, o fuera de él, crea constantemente organizaciones para premiar a militantes e influir difundiendo sus ideas. Por eso mismo dedican mucha más energía a controlar los principales medios de comunicación, crean sindicatos, fundaciones culturales, penetran en la escuela, en las universidades, en los departamentos de inspección, en las organizaciones no gubernamentales, en las películas y series que subvencionan, en las organizaciones internacionales, incluida la ONU, etcétera. Es decir, como la batalla no se limita a ganar unas elecciones le dan enorme importancia a la política total, por tierra, mar y aire. A las imágenes y los gestos. Así, cuando tienen ocasión rebautizan calles, colegios y hasta cambian el nombre de la ciudad o la comunidad con criterios ideológicos.

También modifican las denominaciones de concejalías, consellerías o ministerios. Adaptan ideológicamente el calendario, y eligen a los hijos ilustres o personajes históricos de su devoción, condenando a la hoguera narrativa a los que detestan. De esta forma, han llegado a conformar la “imaginación política» de una parte muy considerable del público, al que le venden la idea de la república, la independencia, los tranvías o lo que sea. Por muy irreales y ficticias que resulten se convierten en ideas-fuerza
que se introducen, a través de los poros epiteliales, en las mentes de amplísimos sectores. Lo que les permite gobernar incluso desde la oposición.

Las masas eligen el error cuando les seduce. Por eso, desde mi punto de vista, la derecha debería alterar sus objetivos inmediatos. Sin duda tiene que poner énfasis en ganar las próximas elecciones, pero, sobre todo, debería
poner mucho más en difundir su propia «imaginación política». Tiene sobrados y potentes argumentos. Acumula una experiencia de éxitos. Cuenta con simpatizantes, en muchos ámbitos y sectores, capaces y ganas de compromiso a los que tan solo hay que cuidar, apoyar y potenciar.

Tejiendo así, con perspectiva, un liderazgo múltiple y realista que, lejos del humo pernicioso de los rivales, permita mejoras sociales auténticas. De hecho, muchos politólogos actuales opinan que la división izquierda-derecha, ya no es la más adecuada. Pues la izquierda post-obrera se está caracterizando por lo que se podría llamar “el pensamiento Disney», esto es, por hacer propuestas infantiloides alejadas de la realidad que nunca consideran las consecuencias y resultados de sus acciones. Las
supersticiones ya no son religiosas, sino políticas. Ahora la división es más entre sí se acepta o no el debate racional e ilustrado.

Ante este panorama, con toda seguridad, son muchos los ciudadanos que echan de menos los gestos y las acciones encaminadas a valorar y difundir una imaginación política más imbricada y conectada con la verdad y la realidad. La lucha por el poder no es deshonrosa, pero quizás, para evitar que el tablero se incline del lado de los embaucadores, habría que
jugar con la misma intensidad.

Pep Ignasi Aguiló es profesor de Economía Aplicada en la Universitat de les Illes Balears.

¿Mejor un gerente que un alcalde?

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¿Mejor un gerente que un alcalde?

Una parte muy importante de la problemática municipal de una ciudad como Palma no es de orden político sino gerencial. Lo más relevante que los ciudadanos demandan de su ayuntamiento es que los muchos y fundamentales servicios municipales funcionen correctamente. La gente quiere autobuses cómodos y eficaces, limpieza de nivel, agua a precios razonables, seguridad garantizada, tráfico fluido, iluminación correcta, etc.

Sin duda, también hay temas políticos y de representación que conforman una visión de la ciudad a más largo plazo, tales como el modelo ordenamiento urbano, o la imagen que la ciudad quiere transmitir a sus vecinos y visitantes. Pero estos no deberían ir en detrimento del funcionamiento del día a día de la urbe, ni deberían configurar la estructura de Cort para que un determinado sector permanezca en los puestos de mando más allá de las confrontaciones electorales.

Hace cinco años ya escribí al respecto de este tema en un artículo publicado en El Económico titulado “City-manager” en donde me hacía eco de cómo algunas ciudades del ámbito anglosajón habían decidido prescindir de la figura de su alcalde. Ahora viendo como la actuación del nuestro, durante estas legislaturas, ha estado trufada de “alcaldadas”, al tiempo que muchos servicios dependientes del municipio, no sólo no han evolucionado al ritmo de los tiempos, sino que incluso han empeorado respecto a situaciones anteriores, me vuelvo a preguntar por las causas de tal devenir.

Hila es el prototipo de lo que podríamos denominar “funcionario de partido” es decir, de político cuyo principal objetivo es mantenerse, y mantener a los suyos, en el poder. De forma que no tiene capacidad de aceptar una idea original, o propia, para mejorar la ciudad, sino que se limita, porque para continuar su carrera no puede ni quiere hacer otra cosa, a seguir las consignas del partido, frecuentemente sometidas a la tiranía de la corrección política. Lo que, a su vez, está en la raíz del abandono de la siempre complicada buena gestión, pues, está claro que la considera una cuestión secundaria.

Nuestro sistema electoral y de partidos tiene graves defectos que se están acrecentando con el paso del tiempo, siendo uno de los más importantes el sistema de elección de candidatos, y, por tanto, del diseño e implementación de los programas. Se pone mucho más énfasis en las estrategias electorales de partido que en los auténticos debates capaces de mejorar las condiciones de la ciudadanía.

Por todo ello, al igual que opino, que nuestra comunidad autónoma debería ser la primera en modificar su sistema electoral, liderando un proceso con repercusiones en el resto de la nación. También pienso que nuestra ciudad podría ser pionera en ensayar algún tipo de fórmula para encargar a un gerente profesional, elegido por una amplia mayoría del Pleno y por un periodo de tiempo diferente al de los concejales, para responsabilizarse del buen funcionamiento de los múltiples y esenciales servicios públicos locales. Sometiendo a un especial control y transparencia toda la contratación, tanto de proveedores, concesiones, como, sobre todo, de los recursos humanos.

Por supuesto, el Pleno Municipal y su primer edil, tiene que continuar encargándose de los aspectos más políticos, algo así como la “hoja de ruta legislativa” a seguir. Una hoja que, sin embargo, se le encarga, en buena medida, al gerente. Un profesional altamente cualificado con elevados conocimientos jurídicos, económicos y de gestión, independiente de los partidos, con capacidad de coordinar los diferentes departamentos consistoriales, y cuya cotización esté vinculada a resultados.

No dudo que un nuevo alcalde puede administrar mejor que el actual, pero la tendencia será a que, tan pronto como los palmesanos hayan olvidado las recientes legislaturas, vuelvan a aparecer en el panorama nuevos funcionarios de partido con muchos de los defectos que ahora visualizamos con nitidez.

Pienso que nuestro sistema democrático necesita un “aggiornamiento”, aunque no necesariamente pasa por una modificación constitucional. El debate público es siempre el primer paso.

 

Alcoholismo inflacionario

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Cumbres del clima

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Cumbres del clima

El profesor de economía de Cambridge Arthur Cecil Pigou puso las bases, en las primeras décadas del siglo pasado, para el control de la economía por parte de los gobiernos. Lo hizo identificando las llamadas “externalidades” o “efectos derrame”, aunque más tarde los muy intervencionistas prefirieron la denominación “fallos de mercado”.

Tres fueron las externalidades positivas inicialmente identificadas, a saber, la educación, la salud y la protección ante la decadencia física consecuencia de la edad. Tres bienes, por tanto, a intervenir por parte de los gobiernos para configurar el “Estado del Bienestar. Está denominación se tomó del título de la obra principal de este autor. Más tarde, se añadiría la contaminación como externalidad negativa. Pues, sus defensores, argumentan que, cuando se produce, los costes sociales son siempre mayores que los particulares que soporta quien contamina. Quedó abierto, de esta forma, un vasto campo a la intervención estatal directa mediante todo tipo de regulaciones o a través de los impuestos que, en su honor, se bautizan como pigouvianos.

Por su parte, hasta hace poco al sector de la energía se le exigían tres grandes requisitos: seguridad en el suministro, competitividad económica y sostenibilidad ambiental. Los tres tenían un peso similar en el diseño de la regulación, aunque ésta fuese siempre en aumento.

Sin embargo, más recientemente, esa ponderación se ha ido alterando por la influencia de las cumbres climáticas, anteponiendo la sostenibilidad ambiental a los otros dos requisitos mencionados. Es decir, que tanto la seguridad, como sobre todo la competitividad pierden importancia en favor del clima. El pigouviano concepto de "externalidad" ha puesto a la política al frente del proceso de descarbonización. Esta es la principal causa que está en base del fuerte incremento experimentado por los precios de la electricidad y otros combustibles.

Con todo eso, toma fuerza y visibilidad la llamada pobreza energética y la desigualdad social derivada directamente de cómo se ha capitaneado la transición hacia las llamadas energías verdes. De manera que afloran dudas que hasta ahora habían permanecido silenciadas. Incluso aumentan los analistas que constatan cómo los gobiernos están convirtiendo la lucha contra el cambio climático en algo sumamente caro para la mayoría. Así aparecen nuevos interrogantes.

¿Son realmente limpias las energías verdes?, ¿Siempre van a conllevar un mayor consumo de gas fósil por su poca fiabilidad?, ¿Requieren de una fuerte minería destructora del medio ambiente?, ¿Necesitarán recursos que degraden parajes, fauna y flora?, ¿Puede suceder que alguno de los minerales que necesitan se encuentren en los lechos y fondos marinos y que estos se vean sometidos a una contaminación mayor que la derivada de la extracción de petróleo?, ¿Pueden acabar suponiendo un regreso a la producción nuclear, ahora declarada verde, tal como ha hecho Sánchez prorrogando concesiones?. Si en territorio español, por ejemplo, se rechazan explotaciones de tierras raras, esenciales para todo tipo de baterías y componentes electrónicos y electrónicos, ¿Quiere decir que hay que realizarlas en enclaves más pobres? ¿Es, en definitiva, la estabilización climática el final de la energía asequible?

En definitiva, ya llevamos el suficiente recorrido como para que tengamos la certeza de que, tras cada cumbre del clima, en la que se reafirme el concepto de externalidad, se incrementará la regulación y, con ella, el precio de la energía, así como sus cargas tributarias. Pero, sin embargo, no parece que podamos estar tan seguros de que la mejora ambiental y, sobre todo social, sea proporcional. Así que a mí, personalmente, me queda la duda de si la lucha contra el cambio climático podría haber seguido una orientación diferente.

Yolanda, instrumento de Sánchez

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Yolanda, instrumento de Sánchez

Está resultando apasionante el vodevil montado por el gobierno de Sánchez en torno a la ministra de trabajo Yolanda Díez, quien al tiempo que presumía de los buenos datos del empleo alcanzado bajo la legislación laboral reformada por Mariano Rajoy, prometía su derogación.

El gobierno de Sánchez lleva el tiempo suficiente como para haber realizado ya alguna reforma económica de calado. Sobre todo, considerando que, más allá de los juegos malabares con las cifras, el desempleo continúa siendo el principal drama de la nación al ser la mayor fuente de desigualdad entre los españoles. Sin embargo, en la agenda del primer mandatario tan sólo se puede encontrar leyes de carácter ideológico que afiancen su poder, relegando a la oposición a un papel testimonial que haga casi imposible la alternancia.

Por un lado, la necesidad de sustituir a Pablo Iglesias al frente del segundo partido de la coalición de gobierno obligaba a realizar el lanzamiento de la nueva líder con el suficiente protagonismo como para acaparar portadas de diario y aperturas de noticieros. Así que nada más fácil que arremeter con una ley identificada con el adversario político. Eso sí, sin importar lo más mínimo que, al mismo tiempo, se esté colgando la medalla de estar creando empleo a velocidad de crucero con esa misma ley. Lo importante no es la reforma en sí, tampoco lo es acabar con la catástrofe social que supone el desempleo, ni tan siquiera mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores. No, lo realmente importante es el lanzamiento de la nueva dirigente. Lo que quedó corroborado cuando, en plena campaña de promoción, en una entrevista realizada por Carlos Alzina en Onda Cero, el hasta hace poco principal lugarteniente del presidente Ivan Redondo incluyó a la podemita entre las tres únicas personas con posibilidades de alcanzar la silla curul monclovita.

Por otro lado, los únicos cambios normativos que se pueden vislumbrar con claridad son aquellos que han de contribuir a reforzar el poder de las grandes centrales sindicales que apoyan a los gobiernos de izquierdas y se oponen a los de derechas. Una labor que desgraciadamente lleva implícita la ampliación de la brecha entre fijos y eventuales y parados, es decir, lleva implícita la marca de la desigualdad.

La pantomima, alcanzó momentos esplendorosos cuando la propia ministra una mañana, con gesto severo y revestida con los oropeles de su cargo, anuncia su decidido empeño en la supresión de la reforma laboral del Partido Popular, para por la tarde, en un plató de una televisión amiga, declarar que no era "técnicamente" posible la completa derogación, es decir, que finalmente solo se harían retoques. Así que ahora mismo, toca otra derogación: la de la ley que bautizaron como mordaza, sin importar haberla utilizado para multar a todos aquellos ciudadanos que hicieron caso a la Constitución en vez de a las restricciones ilegales del gobierno.

Eso sí, para que los socios europeos que son quienes prestan el dinero no se alarmen, el ínclito presidente completa la escena con una televisada refriega entre vicepresidentas, generando de esta forma la confusión requerida.

Yolanda Díaz le resulta muy útil a Sánchez, quien, a su vez, necesita mantener con vida suficiente a “Unidas Podemos” como para mantener la bandera y el voto de la izquierda más extrema. También necesita una especie de ANC catalana que institucionalice su agenda ideológica, un papel que bien pueden cumplir las relanzadas grandes centrales sindicales. Nuestro pétreo presidente no dudaría ni un segundo en devolver el cadáver de Franco a su anterior sepultura si eso reforzaba su poder.

Por supuesto, toda la operación teatral está perfectamente sazonada y condimentada con un incremento espectacular de las subvenciones a sindicatos y patronales aprovechando la barra libre del BCE. Consiguiendo el efecto especial por el cual los interlocutores de las mesas de negociación ven brillar a la ministra bluf (“a panxa plena no hi entren penes'').

Definitivamente, con Sánchez se ha producido un cambio del paradigma político-electoral de la democracia española. Sin embargo, da la impresión de que no acabamos de comprenderlo. Quizás por eso, aunque a muchos las cosas no les vayan bien ¡Todos tan contentos!

 

“Balears” en vez de “Illes Balears”

 

“Balearmallorcadiario.coms” en vez de “Illes Balears”

Es sorprendente que nuestra comunidad se tenga que llamar “Illes Balears'' en vez de, simplemente, “Balears”. Y cuando, al mismo tiempo, se ha querido simplificar el nombre de nuestra capital al rebautizarla como “Palma” quitándole el apellido “de Mallorca”. ¿Por qué no hacer lo propio con el nombre de nuestra comunidad? Se diría que, incluso hay más motivos, puesto que, en este caso, el sobrenombre “Illes'' precede al nombre “Balears” creando mucha más confusión que en el caso de la principal ciudad. Una denominación compuesta, que, además, no carece de toda tradición.

Desde luego, si todo el mundo puede comprender que Palma hace referencia a nuestra mallorquina ciudad sin necesidad de expresarlo explícitamente. Pues exactamente lo mismo ocurre con la comunidad puesto que es más que evidente que las Baleares es un archipiélago, es decir, un territorio integrado por varias islas.

Una de las mayores incomodidades del nombre compuesto la puede comprobar cualquiera que busque a nuestra comunidad en un listado territorial español.  Inmediatamente dudará si tiene que buscar por la “I” inicial de “Illes” o por la “B” de “Balears” aunque, además, con frecuencia lo encontrará con la denominación invertida “Balears, Illes”. ¡Con lo sencillo que resultaría que se denominase, simplemente, Balears!

Pero mucho me temo que quienes aprobaron la ley que acortaba el nombre a la ciudad de Palma, en el fondo, no lo hicieron por simplificar el lenguaje, sino que, en realidad, subyacían motivos ideológicos en un intento de control mental. De hecho, en su momento, quisieron modificar por completo la denominación proponiendo el nombre “Ciutat”.

Si consiguieron, sin embargo, que el nombre de la comunidad vaya precedido del sustantivo “Illes'', y probablemente por los mismos motivos ocultos, puesto que esta es una denominación habitual realizada desde Cataluña, y que también, y esto seguramente es lo importante, puede simplificarse en la expresión “Les Illes” lo que denota pertenencia.

Es cierto que unos años después de la aprobación del Estatut de 1983, el nombre Illes Balears experimentó un refuerzo cuando las matrículas de los automóviles dejaron de utilizar el centralista “PM” (Palma de Mallorca) por el “IB” (Illes Balears), por la imposibilidad de utilizar el distintivo “B” que hacía casi un siglo que correspondía a Barcelona. Un problema que desaparece con la unificación de placas llevada a cabo por Aznar.

Llegados a este punto, y a pesar de todo ello, soy de la opinión que el argumento de la simplicidad es el más convincente, por lo que, debo decir, como estoy de acuerdo en que nuestra capital prescinda de su apellido. Así que, por las mismas razones, agravadas por el hecho que aquí se antepone, propongo que nuestra comunidad también prescinda de su inútil sobrenombre “Illas”.

Los nuevos rebeldes son de derechas

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Los nuevos rebeldes

Aunque hasta no hace mucho los jóvenes insumisos se aglutinaban en partidos de izquierda. Ahora, como consecuencia del dominio total del sistema de pensamiento del que gozan socialistas y comunistas, los nuevos rebeldes se están apoyando en partidos de derechas.

En los últimos años, mediante la táctica de lo políticamente correcto, la fragmentación de la sociedad en colectivos identitarios, el control de los principales medios de comunicación y la penetración en los sistemas educativos y culturales, la izquierda ha impuesto sus principios de tal forma que incluso se presentan como principios de consenso universal. 

Efectivamente, tras la caída del Muro de Berlín el socialismo tradicional obrerista de clase entró en crisis, lo provocó su derrota electoral en diferentes países. Ante estos fracasos, y de forma inmediata, fue cuando la izquierda optó por el nuevo rumbo que se conoce como “socialismo del siglo XXI” con origen en el Foro de Sao Paulo.

A pesar del fiasco de Zapatero en España, la crisis de 2008 fue la ocasión propicia para lanzar el nuevo populismo izquierdista ensayado ya en varios países del otro lado del atlántico. La nueva ideología de género, el indigenismo, el catastrofismo ambiental, el igualitarismo de resultados, etc. son ideas fuerza que se han impuesto a través de un neolenguaje que evita el debate al convertir al discrepante en disidente. Es decir, han conseguido revestir sus ideas de un falso consenso, con lo cual pueden señalar a quien no comulga con ellas, condenando sin necesidad de escucharlo.

De esta forma, han ido alcanzando algunos gobiernos y puestos de mando en varios países, incluyendo el nuestro. Poniendo en marcha una política clientelar que comienza coptando los principales medios de comunicación, muy dañados por las nuevas tecnologías de telecomunicación. También, extendiendo su política de subvenciones a todo tipo de artistas, opinadores, asociaciones, etc. Muchos de ellos dedicados a perseguir por las redes, u otros medios, a todo aquel que no comulgue a sus principios.

Otras dos características de esta nueva izquierda es considerar que “lo personal es político” y ensalzar el victimismo. Por lo primero se permiten eliminar aquellos círculos inviolables de libertad que consagró John S. Mill, consiguiendo, así, generalizar una especie de autocensura de ideas y comportamientos tradicionales, o prohibiéndolos directamente. Por lo segundo se activa un potente generador de identidad al tiempo que se señala a algún tipo de hipotético opresor, lo que garantiza una confortable inocencia más allá de toda duda razonable.

En nuestro país, incluso antes del mencionado Foro de Sao Paulo, los nacionalistas regionales ya habían puesto en práctica esta forma de actuación, por lo que su alianza con la izquierda resulta consustancial. Así, en ambos casos, como la verdad ya no importa aparecen dirigentes que tan sólo repiten consignas sectarias sin importar si son contradictorias. En su conjunto, este ambiente conduce, inexorablemente, a una gran intolerancia en nombre, paradójicamente, de la propia tolerancia.

Por todo ello, cuando algunos jóvenes, como es propio de su edad, se cuestionan la realidad de nuestro tiempo y realizan un análisis racional, ilustrado y documentado de la sociedad que les ha tocado vivir. O cuando desean profundizar en los problemas acudiendo al estudio de sus raíces, pensando por sí mismo sin aceptar lemas prefabricados. Con mucha frecuencia adoptan posturas de derechas, liberales, conservadoras o una mezcla de ambas.

Este es un fenómeno que vengo observando desde hace algún tiempo en la Universidad, y que creo que se está reforzando con la plataforma youtube, en donde una serie de jóvenes muy preparados e independientes, aprovechando la potencial financiación que el canal puede proporcionar, están dando su opinión sobre los problemas de nuestra era, tras estudiarlos con detenimiento, es decir, con sólida argumentación racional. Lo que les lleva a contar con decenas de miles de seguidores.

Para los amantes de la libertad, la racionalidad y la responsabilidad como fundamentos sociales es, sin duda, una buena noticia, un rayo de esperanza.

Política inflacionaria

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Política inflacionista

Durante los años setenta, del pasado siglo, cuando los déficits públicos se convirtieron en explosivos, se recurrió a financiarlos a base de imprimir dinero. Motivo por el cual la inflación escaló a posiciones elevadas. Tan elevadas que muchos países llegaron al colapso, como fue el caso de Gran Bretaña con su duro “Invierno del descontento” de 1979.

Aquí, en España, también padecimos las consecuencias de la degradación inflacionaria de la peseta, aunque, como estábamos inmersos en plena transición política y el sector público tenía mucho margen de crecimiento se pudieron camuflar las responsabilidades.

En cualquier caso, ante los devastadores efectos provocados por la inflación en una buena parte de los países occidentales, se inició una lucha sin cuartel contra este enemigo invisible. Una lucha que se apoyaba, por un lado, en otorgar independencia a los bancos centrales respecto a los gobiernos en la gestión de la política monetaria. Lo que, por otro lado, equivalía a forzar a los ejecutivos a operar con equilibrio presupuestario.

Todo parecía ir bien con la entrada del nuevo siglo cuando estalló la crisis de 2008. Inicialmente se intentó afrontarla con el rigor de la lección aprendida acerca de la inflación. Aunque pronto se vio que los gobiernos democráticos, precisamente por serlo, tenían enormes dificultades para cumplir con los principios básicos de la buena economía. O más crudamente, se pudo observar como estos fueron totalmente incapaces de llevar a cabo las reformas necesarias para poder cumplir con el equilibrio y la sostenibilidad de las finanzas públicas, fortaleciendo al conjunto de la sociedad. De hecho, muchos de los que sí lo intentaron fueron expulsados del poder por las urnas.

Así entramos debilitados en la nueva crisis originada por la mala gestión de la pandemia. Por lo que las autoridades vuelven a recurrir al viejo truco de imprimir dinero. Lo que inexorablemente supone la degradación del mismo, es decir, el inicio de un proceso inflacionista. En otras palabras, el “péndulo de la política económica” ha vuelto a los años setenta del siglo XX.

Así que ahora resulta interesante desempolvar los libros, las crónicas y las hemerotecas de aquel tiempo. Pues, a pesar de los grandes cambios sociales experimentados en el medio siglo transcurrido, se están cumpliendo muchas de las fases económicas que entonces conocimos.

Cuando a finales de 1973 el precio del petróleo inició su ascendente escalada se recurrió al control de precios, aunque eufemísticamente acabó llamándose “política de rentas”, tal como se intenta hacer ahora con la electricidad. Los alquileres, por su parte, estuvieron congelados por la política populista de Franco que tanto se parece a la del gobierno actual.

Todavía no hemos llegado a la fase en que los salarios crecen, pero por debajo de la inflación, lo que en definitiva supone una pérdida de poder adquisitivo que lleva a los sectores más sindicalizados, y con mayor capacidad de presión, a iniciar huelgas reivindicativas y competitivas cada vez más contundentes, ante las cuales solo se puede ceder.

Recuerdo que mi primer año en el añorado Instituto Ramón Llull de Palma, me pasé más de tres meses sin clase por las reivindicaciones de los profesores. Por último, las devaluaciones de la moneda supusieron un empobrecimiento colectivo respecto a otros países.

Finalmente, cuando la inflación se convirtió en insoportable estanflación, los gobiernos del socialista González de los ochenta tuvieron que afrontar un programa de reformas que incluyó la dura "reconversión industrial", que le supuso una importante merma de votos en las comunidades autónomas más afectadas. Y eso que contó con la gran ventaja de poder expandir el tamaño del sector público hasta los límites actuales.

Y es que la política inflacionaria es más asumible inicialmente, que su alternativa de afrontar las reformas estructurales que, necesariamente, rompen con el statu quo social que todo político, surgido de un proceso electoral o que pretenda la popularidad, desea preservar. Pero a largo plazo esa política deviene destructiva y, además, lo más paradójico es que sólo se puede salir de ella encarando el proceso reformista que se intentaba evitar.

Los leones castrados europeos

 

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PIB: ¿Dónde está la bolita?

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PIB: ¿Dónde está la bolita?

El PIB (Producto Interior Bruto) es un instrumento económico que tiene su origen en los mandatos del presidente Roosevelt, aunque este no llegó a utilizarlo. Es por tanto, una herramienta muy reciente, cuyo uso se generalizó con las ayudas estadounidenses a la reconstrucción de posguerra. Estaba encaminado a facilitar la información necesaria para que el gobierno pueda intervenir en la economía, al objeto de suavizar o incluso evitar las fluctuaciones cíclicas de la misma. Su misión concreta es medir la producción agregada (total) de todo un país o región.

Desde que, inicialmente, lo diseñara Simon Kuznets ha cosechado toda suerte de críticas, principalmente por parte de aquellos que no vinculan el bienestar con su base económica. De hecho, como alternativa menos economicista, se propuso, hace unos cincuenta años, su sustitución por el IDH (Índice de Desarrollo Humano) para otorgar más protagonismo a variables menos netamente económicas.

Sin embargo, hoy me gustaría destacar solo dos críticas diferentes que no suelen figurar en los medios. La primera se refiere al efecto de la inflación, que llevó a que durante algún tiempo se diferenciara entre PIB nominal y PIB real. Puesto que, evidentemente, un incremento generalizado de los precios conlleva un incremento del valor nominal del PIB, que no se corresponde con un incremento de la producción real.

Con las grandes inflaciones, experimentadas en la década de los setenta, que sólo terminaron cuando la mayoría de países comprobó en sus propias carnes sus devastadores efectos, se inició una lucha sin cuartel contra ese monstruo que destruía el valor del dinero e imposibilitaba el funcionamiento del complejo sistema de precios libremente negociados. Una batalla que culminó con éxito con la adopción del Euro, tomando como referencia al sólido Marco alemán. Luego, con la estabilización del valor de la moneda, dejó de resultar relevante distinguir entre ambos tipos de PIB, y ya casi no lo hacemos.

Así pues, ahora sin esa diferenciación, un aumento generalizado de los precios, tal como desgraciadamente vuelve a ocurrir, se traduce inmediatamente en un incremento de los guarismos de la macromagnitud, a pesar de que, desde luego, esto no sea real. Una circunstancia que un gobierno populista, como el actual, aprovechará para desplegar todo su enorme aparato propagandístico en un nuevo capítulo de engaño masivo.

El otro problema del cálculo del PIB es que todo mayor gasto público (sea del tipo que sea) siempre lo mejora. Es decir, más gasto público significa más PIB con independencia de si este es productivo o no. Así, por ejemplo, un simple incremento del sueldo de los funcionarios, o directamente pagar por hacer agujeros que después se vuelvan a tapar, se traduce directamente en un aumento ponderado del PIB, aunque, lógicamente, no se haya producido ningún incremento de la producción con tales acciones. Este es pues, otro truco susceptible de utilizarse de forma torticera y propagandística por los gobernantes cortoplacistas menos escrupulosos, tan frecuentes hoy en día.

Los citados son tan sólo dos de los problemas más conocidos de la contabilidad nacional, que muestran a las claras como la honestidad es el prerrequisito necesario que permite hacer de la variable macroeconómica en una herramienta útil para la mejora social.

Todo esto lo cuento porque a raíz del último episodio vivido la semana pasada con la fuerte corrección, por parte del INE, de la cifra estimada de crecimiento para el segundo trimestre, justo después de que la ministra del ramo acabara de anunciar otra muy superior. Me he acordado de mis años en la actividad política, pues, en aquel tiempo, también de crisis, cada vez que una institución diferente a la nuestra anunciaba un buen dato económico, los más veteranos del entor          no exclamaban “¡¿Dónde está la bolita?!”.

Pedro Sánchez es la consecuencia de nuestro sistema político

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Pedro Sánchez es la consecuencia de nuestro sistema político

Pedro Sánchez sigue, no por casualidad, el modelo de política desarrollado en Cataluña, por el cual al nacional-populista Pujol sólo le ha podido sustituir un puñado de presidents seguidores, todos ellos, de sus mismas políticas, aunque exagerando todas sus propuestas y tics electorales. El nacional-populismo lleva más de cuarenta años en el poder, y sin alternativa a pesar de sus deprimentes logros sociales.

Ciertamente, no son pocos los españoles que rechazan las políticas del actual presidente por las dificultades económicas, y, por tanto, de vida que generan. Desde luego motivos no faltan. La ausencia de reformas, como la del mercado de trabajo que facilitaría la inserción y la justicia laboral; o la tributaria que daría mayor coherencia y potencia al sistema impositivo sin necesidad de incrementar unos tipos ya de por sí muy elevados; o la energética que permitiría evitar los costes políticos en la factura eléctrica; o la del sistema de financiación autonómica que podría conducir a un menor despilfarro del gasto público; o la de pensiones para mirar al futuro con más tranquilidad, entre algunas otras, deberían constituir el camino a seguir.

Seguramente son esos mismos españoles los que rechazan el dominio gubernamental de los medios de comunicación, la política de gestos con efectos únicamente propagandísticos, la perversión de las instituciones públicas teóricamente independientes, o la compra de voluntades utilizando los presupuestos generales del Estado. Así mismo, es casi seguro que, así mismo, están en desacuerdo con las leyes de ingeniería social de igualdad-desigual, o las que intentan manipular la historia, o las orientadas a la instrumentalización de la educación, o sus prácticas corporativistas-clientelares, etc. Es muy posible que estos sean los principales motivos por los que las encuestas muestran una creciente falta de apoyo al PSOE, ya de por sí, minoritario.

Sin embargo, soy de la opinión que Sánchez tiene opciones de volver a ganar las próximas elecciones, sea cuando sea que las convoque, puesto que su forma de hacer política es la consecuencia del sistema político-electoral que nos hemos dado cuando las ideologías se difuminan.

Ciertamente, en nuestro sistema político tan sólo se escuchan las voces alineadas con las cúpulas de los partidos, lo que hace casi imposible introducir, en la agenda del debate, los temas que no superen el filtro de sus responsables de comunicación. Así, sólo se eligen aquellas cuestiones lo suficientemente generales e inmediatas como para que sus argumentos sean tan simples que quepan en un tuit. A pesar de que los problemas de nuestra sociedad son complejos, no hay lugar para la confrontación de ideas elaboradas con argumentos racionales. La apelación a los sentimientos resulta mucho más rentable electoralmente, sin importar ni la coherencia, ni el continuo cambio de criterio, ni incluso la utilización de la mentira.

Este es el motivo por el cual no se habla con claridad sobre las reformas que el país necesita para alcanzar mejores posiciones sociales, económicas y de justicia, ni tampoco sobre cómo compensar los costes y dificultades que conlleva el proceso de su implementación.

Es por todo esto que el descontento con Sánchez no tiene porqué traducirse en una pérdida de votos suficiente como desalojarlo de La Moncloa. Su acción política, mediática y propagandística, la utilización de unos presupuestos inflados por las ayudas europeas y su demostrada capacidad para utilizar todos los recursos para la colonización de las diferentes instituciones son la consecuencia de los incentivos generados por el sistema electoral.

Es cierto, que todavía no ha creado organizaciones sanchistas equivalentes a nacionalistas ANC u Omnium Cultural que le permitan responsabilizar a otros de cualquier mal, pero a su mandato todavía no ha terminado, y todos sus movimientos parecen indicar que tiene bien aprendida la lección económica que castigó a Zapatero.

Por todo ello, soy de la opinión que, sin introducir en el debate nacional al propio sistema político-electoral, a Sánchez probablemente sólo lo pueda sustituir otro Sánchez, como en el bucle melancólico catalán.

Hostal Terminus y otros bares de la Plaza de España

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Hostal Terminus y otros bares de la Plaza de España

Hace unas semanas el columnista de este diario Miquel Pascual publicó un artículo titulado “Hostal Terminus, estado terminal”, en el cual se hacía eco del desastroso estado en que se encuentra tan emblemático y bien situado local. Acertadamente, atribuía tal desmesurado despropósito a la inoperancia del conjunto de las muchas administraciones que tenemos, o más bien, que padecemos los ciudadanos.

Ese escrito me recordó que durante un tiempo la Plaza de España, el epicentro de nuestra ciudad, fue como un auténtico "tubo de ensayo" de la experimentación económica. Su múltiple oferta de bares incluía algunos de renta (alquiler) libremente negociada, con criterios de mercado, que se distinguían por su pulcritud, su eficaz servicio, su correcta climatización e iluminación y por la calidad de sus productos. Junto a ellos están los que disfrutaban de una renta antigua, congelada por intervención gubernativa desde los tiempos de la legislación franquista y que, ahora, vuelve a pretender la neo izquierda populista. En estos la característica principal era una especie de equilibrio entre unos servicios aceptables por la experiencia acumulada y la tradición de sus nombres, aunque mostraban una evidente falta de puesta al día de los principales elementos que configuran las instalaciones del local, como, por ejemplo, pueden ser los aseos, la climatización u otros.

Por último, estaba el local del Hostal Terminal, de propiedad estatal, explotado en régimen de concesión administrativa. Su aspecto era muy similar al de los cutres locales de la Habana o de otros regímenes similares al cubano. Desangelado, sin gracia ninguna, con un servicio que dejaba tanto que desear que apenas contaba con clientes palmesanos.

Para un docente de economía era una prueba cercana y fácilmente palpable de cómo el sistema capitalista más genuino, de libertad económica de contratación, conducía a una mayor satisfacción de los usuarios, lo que, al fin y al cabo, es un objetivo bastante razonable. Pues, al mismo tiempo, y tal como predice la teoría económica, los precios de las distintas ofertas hosteleras eran muy similares.

Ahora, y mientras la neo izquierda lo permita, las rentas antiguas han ido desapareciendo de manera que en el corazón de nuestra urbe sólo encontramos dos modelos de oferta de bares, los ajustados a criterios de mercado y el Hostal Terminus que, como señala Miquel Pascual, se ha convertido en un evidente nido de degradación y de ratas (animales). Una prueba más de cómo diferentes tipos de gestión conducen a resultados diferentes.

El Hostal Terminus, por su situación, por la solera de su nombre e, incluso, por su arquitectura sería oro puro en manos de particulares. Sin ningún género de dudas se convertiría en uno de los locales más brillantes, relucientes y deseados de la ciudad. Pero su degradación se suma a la de Batería Avanzada de San Carlos y a otros locales (Castillo de Bellver, Parque Krecovic, etc.) que en manos públicas primero se cierran y luego se degradan.

Ciertamente, los actuales gestores municipales y autonómicos no se distinguen precisamente por su buen hacer, pero es necesario reconocer que el problema es más profundo al estar conectado con los incentivos de los diferentes agentes económicos.

Siempre he sostenido que menos mal que el Estado, con sus variados gobiernos, se ha abstenido de participar más activamente en el mercado alimentario y de restauración, tal como han hecho en otros sectores o como en el Hostal Terminus, pues, a buen seguro, no comeríamos demasiado bien.

Gurús intervencionistas de Baleares.

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Gurús intervencionistas de Baleares.

La gran contribución de Adam Smith fue percibir, por vez primera, que la actividad económica y comercial, no es un juego de suma cero, en la que lo que unos ganan otros lo pierden, sino una acción en la que todos mejoran. Pues, con cada transacción, gana la parte que vende y también la compra. Esta es la esencia de lo que, con el tiempo, se denominaría “crecimiento económico”. Una idea simple, pero auténticamente revolucionaria, que plasmó en su célebre parábola de la mano invisible. Una mano que transformaba la búsqueda del interés personal en un beneficio social colectivo.

Ciertamente, cuando se produce crecimiento económico, todos los miembros de la sociedad pueden mejorar su posición, sin necesidad de que otros la tengan que empeorar. O, dicho de otra manera, la armonía entre los diferentes miembros de la sociedad es perfectamente posible cuando se produce riqueza. Motivo por el cual los conflictos, incluidos los bélicos, desaparecen o disminuyen en las economías que prosperan. Y a sensu contrario las contiendas suelen ir precedidas de etapas de estancamiento o decrecimiento.

Sin embargo, los socialistas, los comunistas y demás intervencionistas, siempre han interpretado la economía como una lucha entre grupos antagónicos. Nunca han aceptado la armoniosa mano invisible de Smith, prefiriendo la teoría de la lucha de clases o de naciones. Para ellos el mundo está dividido, como mínimo, en dos: explotadores y explotados, patronos y obreros, ricos y pobres, casta y plebe, oligarquía y descamisados, nacionales y forasteros, etc. Así, para que los peor situados puedan mejorar consideran imprescindible acabar con el grupo social antagónico.

Evidentemente, está última maniquea visión de la sociedad no comprende la importancia del crecimiento económico. Y, probablemente, muchos de los errores que cometen cuando gobiernan están entroncados con este básico fundamento de su doctrina. De esta forma, su gestión del poder político suele conllevar incrementos de desempleo por la reducción de la actividad productiva, con aumentos de los colectivos desfavorecidos.

Ahora, algunos gurús económicos del intervencionismo balear se muestran totalmente desorientados ante el éxito económico de la Comunidad de Madrid, con su combinación de mejora evidente de los servicios públicos y contención fiscal. La presidenta Ayuso está culminando un proceso, iniciado hace muchos años por sus predecesores, por el cual el crecimiento de la región compensa, con creces, su moderación fiscal. Poniendo blanco sobre negro el error económico de base de los intervencionistas. No encuentran consuelo ni en los gruesos libros de Piketty.

Efectivamente, es su necesidad de dividir el mundo entre categorías sociales inamovibles la que les impide considerar los grandes efectos transformadores del crecimiento económico que cambia el concepto del reparto. Cuando la tarta crece, quizás es más difícil calcular cortes iguales, pero, en cualquier caso, probablemente todos serán más grandes.

Lo mejor de la España de las autonomías es que hace perfectamente compatibles, y sobre todo comparables, los dos diferentes modelos de gestión económica y, por tanto, social. Uno en donde el crecimiento smithiano se favorece mediante mayores dosis de libertad, y otro en donde, justamente, se rechaza la libertad económica por pretender un dirigismo gubernamental.

Si la Comunidad de Madrid consigue continuar en esta línea, sirviendo de modelo a quien lo quiera seguir, los gurús intervencionistas baleares se tendrán que emplear mucho más a fondo rebuscando teorías sofisticadas que, aunque pocos conectadas con la realidad, puedan ser utilizas de argumentativo. Nada hay más potente que el ejemplo.

 

Reformas estructurales y fondos NGEU

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Reformas estructurales y fondos NGEU

Decía el gran reformista -padre del “milagro alemán” de posguerra- Ludwig Ehard que ante la enorme dificultad que supone sacar adelante las reformas que favorezcan el crecimiento económico, lo mejor era bautizarlas con la palabra “sociales”. De hecho, él fue quien diseñó y definió el modelo alemán como “economía social de mercado”. Un modelo que, sin esa nomenclatura, probablemente no se hubiese aceptado de igual manera por la liberalización económica que, en realidad, impulsaba.

Ahora, más de setenta años después la UE denomina a su nueva agenda de reformas estructurales nacionales pasan a denominarse “Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, y se acompañan de anuncios de lluvia de millones de euros en forma de subvenciones y, optativamente también en forma de créditos. Además, se explicita que las reformas tienen cuatro grandes objetivos prioritarios, un mercado laboral equitativo e inclusivo, una competencia justa, una educación moderna e igualitaria y, por último, una inversión en infraestructuras verdes.

Sin duda, la nomenclatura empleada facilita mucho el marketing político necesario para que su implementación pueda resultar lo suficientemente popular para ser aceptada. Las cantidades comprometidas también. Sin embargo, para que un programa de reformas tenga la suficiente profundidad y alcance para crear las condiciones necesarias para impulsar con fuerza la actividad económica requiere, así mismo, de otros elementos.

En concreto, es necesario que personalmente el principal líder del cambió esté convencido del rumbo que tiene seguir, al ser la credibilidad uno de los elementos más fundamentales. Durante un proceso tan complicado la credibilidad sólo se alcanza cuando se dice la verdad y, por tanto, las reformas son reales.

También es importante la calidad institucional, al facilitar que un mayor número de ciudadanos, tanto si son votantes de los partidos de gobierno como de la oposición puedan sentirse genuinamente representados y atendidos. Lo cual, además, es muy importante para que éstas puedan tener continuidad más allá de los vaivenes electorales.

Por último, las compensaciones a los perjudicados tienen que estar muy bien diseñadas y proporcionadas a las potenciales pérdidas. Lo que facilita que sean claramente conocidas por todos. Dicho en otras palabras, tienen que transmitir la necesaria seguridad de que se actúa con justicia respecto a la propia escala de valores.

Cuando esos cuatro elementos se dan, entonces la inacción política deviene más costosa, en términos electorales, que la toma de decisiones. Por lo que el proceso reformista puede tener altas posibilidades de éxito. Impulsando al país hacia una escalada de posiciones en los principales rankings internacionales.

En la historia reciente de España la conjunción de los elementos descritos, unidos a una fuerte presión exterior y a grandes dificultades económicas, llevaron a los dirigentes del momento a iniciar procesos reformistas, que, vistos con perspectiva, pueden ser calificados de exitosos.

Sin embargo, ahora mismo, no parece que nuestro país cuente con ninguno de estos elementos, puesto que ni el principal líder cree en el proceso, ni la calidad institucional pasa por sus mejores momentos, ni nuestro sistema de compensaciones goza de la suficiente claridad como para prodigar seguridad. La presión exterior, aunque existe, no tiene la fuerza que de otras ocasiones y la situación económica interna experimenta el lógico rebote.

Ante este panorama de dificultad reformista, las dudas sobre el correcto aprovechamiento de los fondos NGEU y sus resultados son, como mínimo, razonables.

La Batería Avanzada de San Carlos

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La batería avanzada de San Carlos

Se trata de una de tantas vergüenzas provocadas por un "fallo de gobierno" en toda regla, uno de esos que no se suelen explicar en los libros de texto de economía. Otra costosa inversión fallida que aguarda una solución circulando lentamente por las estanterías de algún juzgado. Nuestra administración cuenta con tantos niveles que, con frecuencia, como en los casos vinculados al litoral, es difícil saber quién es el auténtico responsable.

Según reza un cartel, firmado por Ports de Balears y por la Autoritat Portuaria de Balears emplazado in situ, mediante un convenio entre distintas administraciones fechado en 2003 se aprobó un proyecto para rehabilitar las edificaciones y la zona denominada Batería Avanzada de San Carlos con el objetivo de recuperar la fisonomía original de 1762, añadiendo soluciones actuales en temas de accesibilidad. El proyecto fue encargado al arquitecto Juan González de Chaves y se llevó a cabo a lo largo del año 2010.

El mismo cartel nos recuerda que San Carlos fue el resultado de la demanda de los comerciantes palmesanos del siglo XVII que deseaban contar con una defensa para resguardar nuestro importante puerto de cualquier tipo de incursión. Así, inicialmente se construyó el Castillo y, más tarde la Batería Avanzada para poder abrir fuego a modo “de tenaza”. Por este motivo, ambas fortificaciones están situadas en los mejores emplazamientos que enlazan la ciudad con el mar.

En 2012 la Autoridad Portuaria saca a concurso el aprovechamiento y mantenimiento de las ya renovadas instalaciones consistente en un bar, cafetería y restaurante que incluye una piscina y un solárium. Ese mismo año elige a la empresa que considera más ventajosa, contando -según señalan- con el visto bueno del Ayuntamiento de Palma y demás administraciones implicadas (Consell, Ministerio, etc.).

Todavía circulan en Internet fotografías del magnífico espacio que se pretendía ofrecer a la ciudadanía. Una terraza con inmejorables vistas a la bahía y al mar abierto que, se decía, adoptan la forma de chill out mediante instalaciones provisionales y desmontables. Así, no resultaría difícil subsanar cualquier incumplimiento en materia de protección del patrimonio. Finalmente, en 2015 abrieron el local al público, contratando a 19 trabajadores.

Sin embargo, en mi opinión, el concesionario cometió el gran error de rebautizar el lugar con el frívolo nombre de “Lolita Club” de reminiscencias novokovianas. No fueron conscientes de que los políticos acostumbran a dar más importancia a las apariencias que a la realidad. Y aunque, desde luego, cambiar un nombre es más fácil que modificar cualquier tipo de instalación, el enigmático reparto de competencias entre administraciones unido a la tipología de nuestros políticos, lo hacía prácticamente imposible. Así, inmediatamente se ordenó, por parte de una de las innumerables administraciones con competencias en el litoral, el cierre del impresionante enclave. En concreto fue el alcalde Noguera.

Desde entonces, tras diversos avatares, el lugar no sólo permanece cerrado, sino que ofrece un espantoso, deplorable y terrible aspecto de degradación con abundante acumulación de suciedad que, en parte, puede acabar cayendo al mar.

En definitiva, una vez más, la falta de claridad en cuanto a las competencias del litoral (un claro fallo de gobierno) provoca un nuevo foco de degradación y contaminación, sin importar tan siquiera que el lugar sea patrimonio histórico.

¿De verdad, esperamos que sea la Administración quien solucione la catástrofe del Mar Menor?, ¿Cuál de ellas?