¿La cubanización del parque automovilístico?

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¿La cubanización del parque automovilístico?

El sector europeo del automóvil se está transformando, pasando de un modelo empresarial muy competitivo, con una alta rivalidad entre marcas, a otro mucho más concentrado en donde las acciones lobistas van ganando peso, haciendo que la regulación crezca de forma exponencial. Además, hay dos ámbitos en los que ésta, por muy elevada que sea, es fácilmente aceptada por el público: el de la seguridad y el de la emisión de contaminantes.

En este sentido las instituciones políticas de la UE están teniendo un claro protagonismo, llevando ambas normativas, aunque sobre todo la anti polución, hacia máximos mundiales. Seguramente la idea de las élites del viejo continente es que la transición hacia la electrificación -que todo indica que será el futuro de la movilidad- se puede acelerar mediante una acción conjunta entre la política y la industria, es decir, entre los órganos de gobierno y las empresas, por aquello de “quien da primero, da dos veces”. Una estrategia que también pretende blindar a los coches europeos de la competencia china.

Sin duda, el proceso de concentración empresarial sectorial experimentado en los últimos años está allanando el camino. Y eso sin considerar las grandes simbiosis históricas entre los intereses comerciales privados del ramo con las instituciones públicas. Además, ahora, los intentos de superar la crisis originada por la gestión de la pandemia constituyen la excusa perfecta para reforzar esa alianza, destinando al sector buena parte de los enormes fondos monetarios creados a tal efecto.

Sin embargo, esta estrategia no está exenta de riesgos. Siendo uno de los menos despreciables la cubanización de una parte importante del parque automovilístico, es decir, la prolongación indefinida de la vida útil de muchos de los automóviles más contaminantes, cuyos propietarios han dejado de ser capaces, económicamente, de afrontar su renovación.

Ya se está observando un constante incremento de los precios de los coches de combustión, que tiene como objetivo acercarlos a los de los eléctricos. Y todo apunta a que la tendencia continuará, en parte empujada por la fiscalidad gubernamental y, en parte, por la propia estrategia comercial de las marcas. Mientras, los eléctricos continúan su evolución de forma lenta, pues el proceso de “destrucción creativa” del que hablaba Schumpeter requiere un tiempo que, dada la complejidad del automóvil, es difícil de acelerar artificialmente a pesar de las pretensiones de políticos y líderes empresariales. El colofón final será la prohibición de la venta de los “gasolina” y “diésel”, cuando estos procedan exclusivamente de Asia.

Efectivamente, ya estamos viendo cómo cada vez son más los conductores que deciden alargar la vida de sus viejos coches. Para comprobarlo basta con consultar la estadística de compra-ventas de segunda mano. La tendencia del stock es a tener más años y más kilómetros a sus espaldas.

¿Se trata de una nueva paradoja de "consecuencias no intencionadas" de las políticas públicas? Es decir, podría suceder que, pretendiendo mejorar la calidad medioambiental del aire acelerando la puesta en circulación de vehículo de cero emisiones; en realidad se esté fomentando el mantenimiento de un parque no renovado, y, por tanto, provocando una mayor contaminación.

No se puede olvidar que la crisis actual está teniendo una incidencia muy desigual entre aquellos que están cómodamente instalados en el sistema con contratos laborales protegidos, y aquellos otros que padecen la temporalidad. Sin duda, serán estos últimos los que van a ir experimentado más dificultades para renovar sus utilitarios. Por lo que se puede concluir que el riesgo de cubanización del parque automovilístico incidirá más en un estamento social que en otros. La prohibición de circular por determinadas áreas nos puede retrotraer a la época en que el automóvil era para los estamentos mejor posicionados.

Quizás, una vez más, la mejor estrategia para la descarbonización del sector debería ser la del laissez-faire.

El fracaso de las viviendas vacias

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El fracaso de las viviendas vacías

Hace poco la Agencia Tributaria publicó por primera vez estadísticas sobre la vivienda en las distintas comunidades autónomas. Lo más llamativo es que la nuestra tiene un parque desocupado de 121.000, en torno al 30% del total. Una cifra que nos dice mucho sobre lo tremendamente distorsionado que está el mercado por el intervencionismo gubernamental. O, dicho de otra manera, un guarismo hace pensar que sin Govern y Gobierno no habría problema de vivienda en Baleares. Un fracaso en toda regla.

La inmensa mayoría de esos inmuebles son de pequeños propietarios que carecen de los incentivos necesarios para sacarles algún rendimiento. Quizás a algunos les resulte más sencillo esperar a los efectos de la inflación, y eso a pesar de saber que la rentabilidad de los alquileres en Baleares es de las más altas del país. Así que el motivo de esta pasividad no puede ser otro que el sentirse totalmente desprotegidos por las leyes que regulan el sector a la hora de llevar las viviendas al mercado. Realizar compra-ventas está tan castigado, tributariamente, que para muchos reduce drásticamente los incentivos suficientes para ponerlas en circulación. Además, los trámites para realizar cualquier reforma suponen una tremenda fuente de dolores de cabeza.

Sin tampoco olvidar que el problema de la inaccesibilidad de la vivienda conlleva, por añadidura, el de las dificultades para recibir trabajadores de otros lugares, lo que, sin duda, repercute no sólo en el elevado nivel de desempleo que constituye la principal lacra de la economía nacional, sino también en la pérdida del potencial que eso supone.

Efectivamente, con un excedente de viviendas de ese tamaño, es fácil pensar que cualquier mayor protección a los propietarios, disminuyendo los impuestos, las plusvalías, flexibilizando los períodos de alquiler, agilizando las acciones ante los impagos, etc. y acortando y simplificando los trámites para realizar las posibles obras de reforma, el problema de la vivienda no tan sólo estaría resuelto, al provocar una drástica bajada de precios por el aumento de la oferta, sino que además, al facilitar la movilidad laboral el bienestar se dispararía generando los recursos necesarios para mejorar los servicios de limpieza, transporte público, depuración de aguas, etc.

Con todo, lo que parece más grave es que a pesar de que la noticia sugiere una dura crítica a la política de vivienda desarrollada por el Govern, el diario que la publicaba hacía un análisis complaciente destacando en la actuación, a todas luces propagandística, sobre los llamados "grandes tenedores". Ciertamente, es preocupante que la noticia no haya generado un fuerte enfado público colectivo. Lo lleva a concluir que el problema continuará, sin menoscabo que unos rasgan las vestiduras y otros se inventen malignos fondos buitres a quienes atribuirles las culpas.

La influencia del poder sobre los medios de comunicación está anestesiando a la sociedad, provocando que los problemas se enquisten convirtiéndolos en males permanentes con los que hay que convivir. Por ello, hace tiempo que sostengo que se tendría que publicar de forma clara y explícita las cantidades que las instituciones públicas pagan a los medios de comunicación, al menos así podríamos saber quién entiende o justifica las políticas implementadas porque su salario depende de ello.

La degradación del dinero

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Degradación del dinero

La inflación es un fenómeno que se produce por el envilecimiento del dinero. Ocurre cuando la cantidad de moneda crece más rápidamente que la producción. Así, aunque normalmente se dice que la inflación es un aumento generalizado de los precios, en realidad es la pérdida de calidad de la moneda.

A los actuales gobiernos -incapaces de realizar las reformas económicas estructurales que el escenario global reclama- les ha resultado más sencillo apelar a crédito ilimitado de los bancos centrales. Es ahí donde hay que buscar el origen de la inflación. Ahora, además, la crisis de la gestión de la pandemia les ha cogido con el pie cambiado añadiendo más leña al fuego.

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Ciertamente, los responsables del proceso inflacionista no son quienes suben los precios, sino quienes envilecen el dinero por su impresión excesiva. Más dinero, por sí mismo, no genera más riqueza, y puede llegar a tener efectos destructivos al dificultar el cálculo económico, ya que los precios constituyen un sistema de comunicación que permite compartir la información económica más relevante de forma descentralizada. Si ese sistema se distorsiona por el cambio de valor de la moneda, la economía no puede funcionar.
La inflación también supone una redistribución de renta desde los ahorradores a los deudores. Los gobiernos que acumulan una deuda enorme son los principales beneficiados por este fenómeno. Al tiempo que aquellos que se hayan esforzado en ahorrar para hacer frente a eventualidades se convierten en los grandes perdedores. Lo que, a su vez, pone en riesgo el crecimiento futuro.

Ahora la pregunta es ¿son coyunturales los actuales repuntes inflacionarios, o nos pueden retrotraer a la década de los 70?

Si la inflación es puntual se convierte en una simple transferencia de renta, como un nuevo impuesto antidemocrático (sin aprobar en el Parlamento) al ahorro. Si, por el contrario, la política económica continúa siendo acomodaticia con gobiernos centrados en su inmediato horizonte electoral, existe el riesgo de que se generen unas expectativas alcistas que serán muy difíciles de parar.

En un ambiente de inflación los incrementos salariales son fruto de la capacidad de presión de los distintos colectivos de trabajadores; no de los incrementos de productividad de cada sector, de manera que aquellos con más fuerza suelen ser los que acaban ganando. Más tarde, la lógica electoral lleva al “control de precios”, con efectos inhibidores de la actividad.
Así que la respuesta a la pregunta anterior es: dependerá de cómo se desarrolle la política económica. Si se controla el gasto público, al tiempo que se hacen las reformas pendientes, ciertamente los aumentos de precios probablemente serán puntuales y la economía podrá retornar a beneficiarse de una moneda estable.

Por todo ello esperemos que mal que bien, aunque sea por presión de Bruselas, se vayan realizando las reformas pendientes al tiempo que se controla el gasto público.

¿Debatir la ampliación de la ORA?

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¿Debatir la ampliación de la ORA?

A nuestros dirigentes municipales, como a muchos otros políticos actuales, les gusta tomar decisiones a golpe de ocurrencia propagandística de partido. Son reacios al debate y la confrontación de ideas. Les va lo mediático y lo publicitario mucho más que la transparencia y el análisis crítico de una gestión en provecho colectivo de todos. Nunca como ahora el barullo, la apariencia y el cortoplacismo han tenido tanto predicamento, al tiempo que la reflexión, el estudio y el debate o, incluso, la coherencia se devalúa.

Una de estas últimas decisiones, en Palma, ha sido la ampliación de las zonas con aparcamiento regulado (ORA) que, a su vez, es consecuencia básicamente de otras dos anteriores. Por un lado, la de municipalizar el servicio, y por otro, la de suprimir centenares de plazas de parking en intramuros. Pues la primera significó contratar un personal que con la segunda se puede quedar sin trabajo. Así que la solución es ampliar el área de las restricciones.

Es decir, no se hace porque exista un auténtico problema de congestión en toda la periferia urbana, sino por la propia dinámica de funcionamiento del equipo de gobierno municipal. Un fenómeno que se repite una y otra vez en todos los niveles administrativos, y que nos conduce inexorablemente, a una paulatina pérdida de competitividad que nos hace descender posiciones en todos los rankings de bienestar, además de hacer más incómoda la vida.

La política se ha convertido en un problema para el ciudadano medio que ve como se merman sus recursos (por los fuertes incrementos tributarios y seudo-tributarios) al tiempo que todo se vuelve más difícil y complicado. Las administraciones cada vez son más mandonas, entrometidas y antipáticas.

Es previsible que con la ampliación de la ORA se vean, durante un tiempo, muchas plazas de aparcamiento vacías en las nuevas áreas que no sufren saturación (aunque la imagen no aparecerá en la televisión o prensa oficial). Mientras, la presión en las calles libres colindantes aumentará considerablemente haciendo más difícil la movilidad. Muchos ciudadanos intentarán desplazarse lo menos posible allí en donde el aparcamiento sea más arduo, provocando un traslado del tráfico hacia la, ya de por sí, saturada vía de cintura con rumbo a las zonas de parking libre. Es por esto que esta operación tiene unas implicaciones económicas importantes que las autoridades no querrán considerar. Lo relevante no es el resultado para la ciudad, sino para los dirigentes consistoriales y sus carreras personales en el seno de sus organizaciones.

Así, con toda probabilidad, han determinado cerrar el centro por seguir las directrices de sus respectivos partidos en materia municipal, y no por haberlo meditado conjuntamente con los vecinos de Palma a quienes, en teoría, representan. De igual forma, no tomarán ninguna otra medida que les suponga un coste en sus currículums, tales como podría ser la promoción de la construcción de las infraestructuras necesarias (segundo cinturón, nuevos parkings, etc.). Y por las mismas razones tampoco innovarán, racionalizando las escalas tarifarias o los tiempos tasados que eviten saltos excesivos entre zonas. La innovación siempre conlleva riesgo.

En definitiva, el caso de la ampliación de la Ordenanza de Regulación de Aparcamiento en Palma (ORA) es sólo un ejemplo más de la dinámica con que se están tomando muchas importantes decisiones colectivas que a todos nos afectan. Una dinámica que provoca una crisis de representatividad que aleja al ciudadano de la política.

Conselleria del litoral

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Conselleria del litoral

Sostengo que el mar padece tres graves problemas, pues por un lado está abajo, esto es, más bajo que la tierra por lo que la gravedad arrastra hacia él toda suerte de porquerías y deshechos. En segundo lugar, está el plástico que es difícilmente biodegradable. Y, por último, aunque no menos importante, el mar no tiene propietario que lo defienda, al igual que ocurre con los torrentes, por los que circula buena parte de la basura que le acaba llegando.

Hace ya muchos años fui uno más entre los amantes de la naturaleza aficionados a navegar por todo el litoral mallorquín. Fue entonces cuando observé que el auténtico problema medioambiental de nuestra Isla lo sufría el mar. Era frecuente encontrar desde enormes plásticos transparentes que se podían enrollar en la hélice del pequeño propulsor, a otros de tamaño micro fruto de la fragmentación. En algunos lugares el agua se volvía turbia afectada por la emisión de aguas residuales. También se podían encontrar restos de redes de pesca o de petróleo en forma de pelota. En definitiva, un panorama claramente peor que el que se podía ver en tierra, con la excepción mencionada de los torrentes.

Me uní a un grupo de voluntarios para realizar labores de limpieza, aunque pronto observé que los resultados que conseguimos eran básicamente simbólicos. Durante las mañanas de algunos domingos sacamos del agua neumáticos, restos de productos higiénicos, zapatos, colchones, carritos de supermercado, además de bolsas y de todo tipo de envases. A medio día celebramos la faena; momento que aprovechaban algunos políticos espabilados para fotografiarse con nosotros.

Ahora la vida me ha llevado a navegar mucho menos, pero desde entonces, casi nada ha cambiado y los problemas continúan. El mar por supuesto continúa estando abajo, y como no es previsible que esto cambie, debemos aprender a convivir con esta dificultad. En cuanto a los plásticos algo se ha mejorado, pues ahora algunos son más fácilmente biodegradables y otros se utilizan menos. Pero es seguro que seguiremos utilizando este material sintético pues, por otro lado, como sustitutivo de muchas materias primas naturales ha evitado su agotamiento o la sobreexplotación. Si podemos esperar que los avances tecnológicos vayan perfeccionando paulatinamente su mayor compatibilidad con el medio ambiente.

Por último, el mar sigue sin tener dueño, es decir, que como no pertenece a nadie, nadie se encarga de defenderlo ante cualquier agresión. Nadie demanda a un ayuntamiento u otro agente cualquiera cuando vierten aguas residuales sin depurar, o cuando los torrentes mal mantenidos por un consell le descargan toneladas de desperdicios, o cuando se realiza otro tipo de explotación excesiva. Pero lo que todavía es peor, administrativamente tampoco existe un responsable claro. Más bien se produce una concurrencia y solapamiento de competencias entre distintos organismos, niveles y departamentos que hace casi imposible una actuación rápida y eficaz.

Por eso, hoy no voy a sugerir que se privatice el mar, aunque es probable que no fuera una mala idea, sino que me limitaré a proponer que se unificarán las competencias de las distintas administraciones en una sola. Por ejemplo, en una consejería o un ministerio del litoral, de manera que los ciudadanos pudiésemos identificar quién es el responsable de paliar los graves problemas que padece el inmenso azul. Pues, aunque esa hipotética administración marina única, como todas las demás, tendiera a tirar balones fuera responsabilizando a otras de sus fallos y errores, al menos muchos sabríamos que se trata sólo de una estrategia.

Efectivamente, muchas de las agresiones padecidas por el litoral, en realidad no han tenido la respuesta adecuada por la ausencia de una administración plenamente responsable e identificable que actúe, de facto, como propietaria. El lío administrativo es uno de los principales motivos de muchos incumplimientos, por no haber generado los incentivos suficientes para paliar los problemas. Al tiempo que tampoco ha propiciado el desarrollo de nuevas tecnologías en materia de mantenimiento y cuidado.

En definitiva, desgraciadamente con el mar, con el litoral, y con los torrentes estamos anclados en un estadio primitivo, casi depredador, característico de las sociedades dedicadas a la caza y la recolección.