CopagoBus

 

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Modestamente sostengo que la decisión del alcalde Jaime Martínez de volver a pagar, una parte del coste, en los viajes en autobús es una decisión muy acertada. Entre otros motivos porque, como la mayoría de profesores de economía, he dedicado gran parte del tiempo de mi vida docente a enseñar las ventajas asignativas del sistema de precios frente a cualquier otra alternativa (colas, cartillas de racionamiento, sorteos, regalos, robo, piratería, etc.). Todos esos profesores realizamos nuestra labor sin salirse de los planes de estudio en vigor, por estar avalados por casi dos siglos de doctrina fundamentada en la experiencia.

Lo primero que hay que decir es que volver a las tarifas de 2019, significa continuar subvencionando fuertemente el transporte colectivo urbano, aunque repercutiendo un porcentaje sobre el viajero, salvo bonificaciones y excepciones. De esta forma, con las tarifas re-introducidas, el usuario de la EMT percibirá un precio por trayecto inferior a los costes variables de utilizar su automóvil (los costes fijos no se han de considerar por pagarse tanto si se utiliza el vehículo propio o como si no es así), pero no un coste cero. Así, el trayecto en bus tendrá, pues, un precio ligeramente superior a los desplazamientos a pie o en bicicleta, o a los no-desplazamientos.

Dicho en otras palabras, recuperando el sistema tarifario, no desplazarse (utilizando, por ejemplo, medios telemáticos para realizar gestiones), o desplazarse a pie o en bicicleta supone un precio cero. Hacerlo en bus tendrá un precio ligeramente superior, y notablemente más caro continuará siendo el moverse en coche.

Repitiendo el argumento, recuperar las antiguas tarifas incentiva los desplazamientos a pie o en bicicleta (también los no-desplazamientos) sobre los realizados en autobús, manteniendo el incentivo a dejar el coche en casa. Además, se dice que la medida supondrá unos ingresos de entorno a los 25 ó 30 millones de euros para la empresa municipal encargada (desde hace años no cuelgan sus cuentas en la web). Ingresos que pueden destinarse tanto a mejoras de la flota, como de las frecuencias, o, lo pienso resulta más urgente, al sistema de recarga de la tarjeta ciudadana y al buen funcionamiento del sistema de información a través de paneles o apps. Es decir, a hacer más competitivo el transporte público más allá de su precio.

Sin duda, volver a establecer tarifas es una decisión valiente desde el punto de vista político. Pues, como no puede ser de otra manera, los concejales populistas, que ahora se sientan en los bancos de la oposición, se rasgarán las vestiduras con aspavientos y echarán mano de las estadísticas las cuales, lógicamente, mostrarán una disminución de los usuarios. Su sueldo requiere tal actitud, por lo que resulta inútil intentar convencerlos. También lo harán los periodistas, siempre dispuestos a no perder un titular sencillo, aunque sea incierto. No obstante, en este caso, se les puede emplazar a visitar las aulas de la facultad de economía. ¡Quizás cambien de opinión!

De cualquier manera, la realidad es que la gratuidad no ha servido para disminuir el número de trayectos realizados en automóvil particular, por lo que el aumento de viajes en autobús se debe atribuir, básicamente, a antiguos caminantes, ciclistas o personas que no se desplazaban. Lo cual, muy probablemente, se debe a la falta de competitividad del autobús en términos de comodidad y, sobre todo, de rapidez. Un hecho coherente con la teoría aquí expuesta.

Desde hace tiempo, me inclino a pensar que Palma necesita volver a debatir y la planificación su segunda línea de metro, pues éste es el medio de transporte colectivo que, no sólo resulta más competitivo con respecto al automóvil, sino que es el único que logra evitar los costosísimos embotellamientos típicos de cualquier gran urbe de más de medio millón de almas. Pues bien, siguiendo esta misma lógica, me parece evidente, que es mucho más importante aumentar la eficacia operativa del bus que reducir o eliminar (salvo excepciones) los precios repercutidos a los diferentes usuarios.

Sin duda alguna, la EMT tiene ante sí desafíos tremendamente importantes y de enorme magnitud, tanto por el incremento de población, y aumento de la densidad urbanística, de nuestra capital y municipios adyacentes, como por los nuevos retos ambientales. Por eso, una actitud verdaderamente valiente, por parte del Alcalde, podría ser comenzar a introducir en el debate la posibilidad de dar reentrada a la iniciativa privada en algunas líneas, -más allá del bus turístico-, a fin de centrar los esfuerzos públicos en aquellas que, por sus características, proporcionan un mayor valor social que económico.

En definitiva, tanto en materia de transporte urbano, como en otros servicios, gestionar aproximándose a los criterios de mercado, aunque reduciendo los precios percibidos mediante subvenciones de aquello que se quiere incentivar parece el camino correcto para alcanzar los objetivos deseados.

 

Dos formas de equidad y Milei

 

Dos formas de equidad y Milei

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Tan pronto como hizo aparición el capitalismo impulsor del nuevo fenómeno del crecimiento económico, en las postrimerías del siglo XVIII, comenzaron a surgir las preocupaciones por la pobreza de aquellos que se quedaban más rezagados.

En este sentido, uno de los primeros filósofos políticos que trató el tema fue el original y excéntrico Jeremy Bentham (1748-1832), quien, por cierto, llevó su “doctrina utilitarista” lo suficientemente lejos como para, a su fallecimiento, hacer embalsamar su cuerpo a fin de que continuase siendo “útil” como icono de su Universidad. Y allí, en el hall del University College de Londres continúa.

El ideal utilitarista benthamiano se fundamenta en el principio simple de “la máxima felicidad para el máximo número de personas”. Un razonamiento que predica que los ingresos se tendrían que transferir desde los más ricos a los más pobres para -tendiendo a la igualdad- alcanzar la máxima felicidad para el máximo número.

Es decir, Bentham, y sus seguidores, entre los que destaca el ilustre John Stuart Mill, piensan que el dinero que se detrae de los ricos les quita una porción menor de felicidad que la que obtienen los pobres al recibirlo. De alguna manera, estos pensadores creían que la igualdad económica es uno de los pilares fundamentales para conseguir la eficiencia social.

Esta forma de pensar es la que impregnó las bases con las que se construyeron las modernas democracias occidentales, dando como resultado unos colosales aparatos estatales, que gestionan complejos sistemas tributarios progresivos y múltiples transferencias sociales que parecen no alcanzar la eficiencia anunciada.

Por ello, mucho más recientemente filósofos libertarios como John Rawls (1921-2002) y otros, nos han dejado una visión modificada del utilitarismo, puesto que según estos nuevos autores “a más reparto menos eficacia social”, ya que, a los descomunales gastos administrativos, gestionados por legiones de burócratas, hay que añadir los desincentivos que se crean para la participación en la vida productiva de la sociedad.

Por ello, de forma alternativa, Rawls propuso a inicios de la década de los 70 's del pasado siglo, “hacer a los pobres lo más ricos posible”. Es decir, hacer crecer “el pastel”, sin fijarse en cómo está repartido, puesto que sí los trozos relativamente más pequeños acaban siendo mucho más grandes se puede afirmar que se ha conseguido la deseada eficiencia social.

Robert Nozick, de Harvard, dio un paso más partiendo de la idea de que algo es justo si es el resultado de leyes justas. Y, en su opinión, la justicia obedece a unas escasas reglas básicas: el imperio de la ley, la protección de la propiedad y el derecho a transferirla de forma siempre voluntaria. De esta forma, sostienen estos pensadores, se solventan los problemas antes mencionados.

El experimento que el pasado domingo comenzó en Argentina puede resultar especialmente revelador, pues una vez fracasado el concepto de eficiencia de Bentham, nuestro pueblo hermano, ha elegido seguir el Rawls.

Con inflación, Zapatero hubiese continuado de presidente

 mallorcadiario.com

Con inflación, Zapatero hubiese continuado de presidente

Si la semana pasada reflexionamos, en estas mismas páginas digitales, sobre como la inflación ha favorecido que Sánchez renueve su mandato como presidente del gobierno (https://www.mallorcadiario.com/sin-inflacion-sanchez-no-seria-el-presidente-pep-ignasi-aguilo), hoy lo podemos continuar el razonamiento recordando cómo, precisamente, fue el estricto control inflacionario, básico para la fundación de la Unión Monetaria, el que acabó con la presidencia del también populista Rodríguez Zapatero.

Efectivamente, las líneas maestras de los gobiernos de aquel presidente no fueron muy distintas a las del actual. Desarrolló una política de corte clientelista-populista con un despliegue mediático tan importante que, a día de hoy, todavía perdura. Es verdad, que el nacionalismo catalán todavía no había dado sus pasos manifiestamente secesionistas, sin embargo, el camino ya estaba tan definido, para quien lo quisiese ver, que tan sólo faltaba que se produjera una situación de estancamiento económico, tal como después ocurrió.

Cuando la crisis estalló en 2007, la respuesta inmediata de Zp, como suele ser habitual en la mayoría de gobiernos, fue negarla y atribuir a terceros las correspondientes responsabilidades. De esta forma, el líder de la ceja, no tan sólo no modificó ni un ápice su política, ni en 2008, ni en 2009, ni en el primer semestre de 2010, sino que la agravó acelerando su populismo-clientelar característico. Y fue precisamente por este tipo de actuación, incompatible del todo con la política monetaria europea de aquel momento, lo que acabó obligándole rectificar y a humillarse ante los representantes de la ciudadanía con su triste discurso del 12 de mayo de aquel año 2010. Incluso ahora, resulta vejatorio volver a ver y escuchar su intervención en el Congreso de los Diputados. Nunca antes habíamos visto a un alto dirigente hacerse el harakiri de aquella manera.

Es, por tanto, razonable pensar que, sí durante esos años, el Banco Central Europeo hubiese desarrollado la misma política que adoptó después, financiando todos los déficits públicos que se le presentan, el ínclito presidente Zapatero hubiese podido seguir gobernando hasta las siguientes elecciones, presentándose a las mismas con el alegre optimismo que su extenso control de los medios de comunicación le pudiesen facilitaban.

Sin duda, el fenómeno inflacionario hubiese hecho su aparición antes, aunque tal como sucede ahora, la propaganda oficial se habría encargado de atribuir las culpas a cualquier hecho geopolítico de los que sucedieron entonces o, cómo no, al socorrido cambio climático. Por ello, también no es nada descartable, pensar que Rodríguez Zapatero no tan sólo hubiese podido finalizar aquella legislatura, sino que incluso, hubiese podido prolongar su mandato, al menos, durante la siguiente legislatura.

La revalidación del socialista, por supuesto, hubiese hecho imposibles las reformas que realizó el Gobierno de Rajoy, hasta que el gobernador Draghi puso las bases para el abandono paulatino de alguno de los elementos estatutarios del banco emisor. Sin embargo, sin esas, más o menos limitadas reformas, la recuperación de aquella legislatura probablemente no habría tenido la robustez suficiente.

Y es que como manifesté en el artículo de la semana pasada, la inflación es un instrumento que confiere mucho poder al ejecutivo de turno, por ser un tributo, con alta capacidad recaudadora, que no requiere ni de aprobación, ni de control democrático. Y es justamente por eso que, para el ciudadano, resulta esencial que el banco emisor actué con el máximo rigor en esta materia, sobre todo, como forma de preservar los valores democráticos y liberales de nuestras naciones.

De hecho, utilizando un lenguaje vulgar, se puede afirmar que el otorgar independencia a los bancos centrales equivale a “quitarle la máquina de hacer dinero” a los gobiernos. Ahora bien, esa independencia se tiene que preservar y mantener en el tiempo para que no se degrade, lo que tal vez es más mucho más difícil que iniciarla.