Cumbres del clima
El profesor de economía de Cambridge Arthur Cecil Pigou puso las bases, en las primeras décadas del siglo pasado, para el control de la economía por parte de los gobiernos. Lo hizo identificando las llamadas “externalidades” o “efectos derrame”, aunque más tarde los muy intervencionistas prefirieron la denominación “fallos de mercado”.
Tres fueron las externalidades positivas inicialmente identificadas, a saber, la educación, la salud y la protección ante la decadencia física consecuencia de la edad. Tres bienes, por tanto, a intervenir por parte de los gobiernos para configurar el “Estado del Bienestar. Está denominación se tomó del título de la obra principal de este autor. Más tarde, se añadiría la contaminación como externalidad negativa. Pues, sus defensores, argumentan que, cuando se produce, los costes sociales son siempre mayores que los particulares que soporta quien contamina. Quedó abierto, de esta forma, un vasto campo a la intervención estatal directa mediante todo tipo de regulaciones o a través de los impuestos que, en su honor, se bautizan como pigouvianos.
Por su parte, hasta hace poco al sector de la energía se le exigían tres grandes requisitos: seguridad en el suministro, competitividad económica y sostenibilidad ambiental. Los tres tenían un peso similar en el diseño de la regulación, aunque ésta fuese siempre en aumento.
Sin embargo, más recientemente, esa ponderación se ha ido alterando por la influencia de las cumbres climáticas, anteponiendo la sostenibilidad ambiental a los otros dos requisitos mencionados. Es decir, que tanto la seguridad, como sobre todo la competitividad pierden importancia en favor del clima. El pigouviano concepto de "externalidad" ha puesto a la política al frente del proceso de descarbonización. Esta es la principal causa que está en base del fuerte incremento experimentado por los precios de la electricidad y otros combustibles.
Con todo eso, toma fuerza y visibilidad la llamada pobreza energética y la desigualdad social derivada directamente de cómo se ha capitaneado la transición hacia las llamadas energías verdes. De manera que afloran dudas que hasta ahora habían permanecido silenciadas. Incluso aumentan los analistas que constatan cómo los gobiernos están convirtiendo la lucha contra el cambio climático en algo sumamente caro para la mayoría. Así aparecen nuevos interrogantes.
¿Son realmente limpias las energías verdes?, ¿Siempre van a conllevar un mayor consumo de gas fósil por su poca fiabilidad?, ¿Requieren de una fuerte minería destructora del medio ambiente?, ¿Necesitarán recursos que degraden parajes, fauna y flora?, ¿Puede suceder que alguno de los minerales que necesitan se encuentren en los lechos y fondos marinos y que estos se vean sometidos a una contaminación mayor que la derivada de la extracción de petróleo?, ¿Pueden acabar suponiendo un regreso a la producción nuclear, ahora declarada verde, tal como ha hecho Sánchez prorrogando concesiones?. Si en territorio español, por ejemplo, se rechazan explotaciones de tierras raras, esenciales para todo tipo de baterías y componentes electrónicos y electrónicos, ¿Quiere decir que hay que realizarlas en enclaves más pobres? ¿Es, en definitiva, la estabilización climática el final de la energía asequible?
En definitiva, ya llevamos el suficiente recorrido como para que tengamos la certeza de que, tras cada cumbre del clima, en la que se reafirme el concepto de externalidad, se incrementará la regulación y, con ella, el precio de la energía, así como sus cargas tributarias. Pero, sin embargo, no parece que podamos estar tan seguros de que la mejora ambiental y, sobre todo social, sea proporcional. Así que a mí, personalmente, me queda la duda de si la lucha contra el cambio climático podría haber seguido una orientación diferente.
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