Impuesto anti-Ayuso

 Impuesto anti-Ayuso

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El “impuesto a los ricos” es en realidad un impuesto “anti-Ayuso” y, de paso, anti Partido Popular. Los impuestos nunca han estado realmente motivados por razones de justicia, sino más bien por su capacidad recaudatoria o por su oportunidad política. Esta es la razón por la que el sistema tributario español está constituido por una constelación deslavazada de diferentes e inconexas figuras impositivas. También es el motivo por el cual tenemos de las presiones fiscales más elevadas, al tiempo que la recaudación resulta sistemáticamente insuficiente.

Ahora bien, nunca como con Sánchez se había establecido un impuesto tan descaradamente oportunista como el nuevo “impuesto a los ricos” cuya única y exclusiva finalidad es, en realidad, la de romper la exitosa estrategia política de la Comunidad de Madrid.

Hace ya tiempo que la autonomía de la capital, navegando contracorriente, decidió suprimir el impuesto sobre el patrimonio. Lo que convirtió a la región en un polo de atracción de muchos de aquellos que tienen que hacer frente a esta doble tributación. El resultado fue un fuerte incremento de recaudación por otras vías que amplió notablemente las posibilidades financieras de la comunidad.

Este tema siempre disgustó profundamente a los separatistas de Cataluña quienes, de forma totalmente contradictoria con su ideología, emprendieron una batalla “armonizadora” que Sánchez y su manso PSOE inicialmente decidieron abanderar, pensando que suele resultar fácil colocar un impuesto que, supuestamente, no pagarán sus votantes, sino los odiosos ricos.

La estrategia les salió mal pues varias comunidades autónomas también anunciaron su intención de suprimir, o reducir de forma drástica, ese tributo. Lo hicieron presentando no sólo potentes argumentos de corte liberal, sino también números que demostraban que la recaudación a la que se renunciaba o no era significativa, o, que incluso podría aumentar por el llamado “efecto Laffer”. La propuesta caló entre no sólo entre los votantes populares sino también entre los socialistas. De hecho, alguna comunidad gobernada por estos últimos no tuvo más remedio que sumarse al carro. ¡Una derrota ideológica sanchista-separatista en toda regla!

De esta forma los fontaneros de Moncloa se pusieron a trabajar para idear una fórmula que rompiera con la exitosa estrategia fiscal del PP. Alumbraron el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas” que es, básicamente, un nuevo impuesto de patrimonio que si no lo implementa la comunidad correspondiente lo hace la Hacienda nacional apropiándose, así, de la recaudación.

El resultado esperado es que Madrid, y el resto de comunidades que la seguían, no tengan el más mínimo incentivo a suprimir dicho tributo. Por supuesto, el País Vasco, con su régimen especial si lo podrá hacer. Se pretende de esta forma que ninguna comunidad del régimen común pueda convertirse en fiscalmente atractiva.

Este tipo de actuaciones, más allá de suponer clara merma de la autonomía financiera de las comunidades de régimen común, supone agravar las deficiencias de nuestro poco coherente sistema tributario agravando, de forma indirecta, recaudatorias de la hacienda estatal. En definitiva, los problemas tradiciones del país, una vez más, parecen agravarse con el gobierno Frankenstein.

 

La política catalana inspira a Sánchez

 La política catalana inspira a Sánchez

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Hace tiempo que sostengo que la política catalana inspira el sanchismo, no por sus alianzas sino por sus resultados. El nacionalismo, en sus diferentes versiones, ha gobernado en aquella comunidad autónoma de forma ininterrumpida durante casi medio siglo, incluso cuando se ha producido alguna alternancia al frente de la Generalitat. La oposición ha quedado reducida a la mínima expresión necesaria para legitimar su poder. De manera que el único anhelo que les queda pendiente es incorporar a su estructura al poder judicial. La independencia es tan sólo una promesa a utilizar a modo de utopía para continuar encaramados en los puestos de mando bien retribuidos.

El “Programa 2000”, publicado por El Periódico en 1990 y atribuido al entorno de Pujol, es la descripción del plan que, con paciencia, han ido desplegando los separatistas y que ahora les permite afrontar cualquier convocatoria electoral con perspectiva de éxito, aunque no lleguen a alcanzar el primer puesto.

El programa se puede resumir diciendo que hay que utilizar los presupuestos del gobierno autonómico y su capacidad legislativa y regulatoria para incentivar la penetración de la “conciencia nacional” en todos y cada uno de los estamentos de la sociedad catalana, al tiempo que hay penalizar cualquier discrepancia. La palanca principal de tal actuación es la explotación del victimismo, ya que, en nuestra sociedad las víctimas gozan del prestigio necesario para exigir ser escuchadas e inmunizarse contra cualquier crítica.

Pues bien, Sánchez también tiene elaborado su propio “Programa 2000” aunque todavía ningún medio de comunicación haya podido publicarlo. Como el pujolismo, los sanchistas pretenden utilizar los presupuestos generales del estado y su poder su capacidad legislativa y reglamentaria para colocar a los Tezanos que haga falta en todas y cada una de las instituciones sociales, relegando a la soledad a cualquier Leguina que se mueva.

El programa de Sánchez, como el de Pujol, comienza transformando la historia en un elemento de legitimación del líder y sus seguidores, por haber sido supuestas víctimas de la misma. El plan continúa identificando al PSOE con el estado del bienestar, atribuyendo sus posibles disfunciones a la casposa y mal intencionada oposición.

Siguiendo esa hoja de ruta, todos los medios de comunicación al servicio del líder proclaman, día tras día, que éste representa la modernidad entroncada con la agenda internacional más avanzada, y deseada por todo aquel que pretenda tener conciencia de pueblo solidario. Así los que dificultan sus planes lo hacen por una malhadada añoranza de un pasado oscuro o, quizás por ser incapaces de ver la luz del presente.

La superioridad moral de la nueva izquierda sanchista es tan evidente e importante que tiene que quedar plasmada en los libros de texto escolares y en las series de Netflix. También en las películas subvencionadas, aunque las vea muy poca gente. Quien contribuya a que sea así, será premiado con su promoción social, y quien no, relegado.

El lenguaje es un instrumento tan potente que hay que cuidarlo con especial mimo. Al igual que Pujol consiguió, imponiendo el uso de determinados vocablos y expresiones, que se identificara a toda Cataluña con su grupo político y su persona, Sánchez pretende hacer lo mismo con la corrección política que impone formas de vivir, comer, viajar o relacionarse. Su mesianismo es líquido y adaptable, aunque en ambos casos recurren a la ostentación de los símbolos del poder para subrayarlo.

Por último, en este breve repaso, no puede faltar el victimismo que con el actual presidente toma forma de imaginaria conjura del IBEX con la ultraderecha, o de cartas amenaza, los golpes de estado togados y, como no, de guerra-civilismo revivido.

En la política catalana el Pacte del Tinell tristemente parece que, de facto, rinde los frutos deseados por sus firmantes. ¿Ocurrirá lo mismo en el conjunto de España?

 

Austeridad privada, abundancia pública

 Austeridad privada, abundancia pública

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Si la crisis del 2008 se intentó remediar apelando a la necesaria austeridad pública retornando a la senda del equilibrio presupuestario; la actual crisis se enfoca apelando a la austeridad privada de las familias y empresas.

Entre ambas crisis toma carta de naturaleza la Agenda 2030 con unos muy loables objetivos que, sin embargo, se utilizan para confrontar a la humanidad con la naturaleza. El máximo exponente viene de la mano del cambio climático antropomórfico que crea una urgencia medioambiental que impone la necesidad de cortar de raíz las emisiones humanas de CO2.

El razonamiento no puede ser más claro, el despegue capitalista iniciado con la revolución industrial incrementa exponencialmente el número de seres humanos hasta convertirlos en perniciosos para el medio natural. Así, es por ello que el nuevo feminismo aboga, no tanto por la igualdad entre mujeres y hombres, sino por considerar a ambos sexos como antagónicos. Un relato que dificulta el compañerismo que produce niños.

La difusión de la ideología queer tiene objetivos similares. El animalismo, por su parte, nos relata cómo cualquier otra especie está mejor enraizada en la madre tierra que nosotros mismos.

Con esta narración, lo que podemos hacer los individuos para alcanzar los objetivos de la Agenda consiste en no reproducirnos y, simultáneamente, en reducir al máximo nuestros niveles de consumo. Para lo primero, como ya se ha comentado, se fomenta un tipo de feminismo que concibe a hombres y mujeres como enfrentados en una especie de lucha de clases. Para lo segundo, las empresas tecnológicas nos brindan la oportunidad de aprovechar mejor los recursos ya existentes (plataformas para compartir bienes, o compras de segunda mano, etc.) y el consumo de bienes inmateriales (redes sociales o de entretenimiento). Con todos esos mimbres los ritmos de crecimiento económico que hemos conocido en las últimas décadas probablemente no se volverán a alcanzar, puesto que, la austeridad privada se irá acentuando en el tiempo, declinando los niveles reales de PIB.

Ahora bien, el gran peligro del decrecimiento siempre ha sido que, al convertir a la economía en un juego de suma cero, incrementa las posibilidades de estallidos de conflictos sociales que, en el margen, pueden llegar a ser bélicos. Sin crecimiento las ganancias o mejoras de cualquier grupo social, únicamente se pueden conseguir a costa de otros que empeoren su situación.

No obstante, la historia nos muestra cómo las religiones que ensalzan la pobreza pueden proporcionar estabilidad, y paz, a sociedades económicamente estancadas. Es por ello que soy de la opinión que la Agenda 2030 se está instrumentalizando a modo de una nueva religión que calme los ánimos ante el inicio de la actual senda de estancamiento, sin que ello desemboque en excesivos conflictos. En definitiva, a partir de los deseables objetivos propuestos se establece una instrumentalización, de entre las muchas posibles, encaminada a conseguir la aceptación de unos menores estándares de vida para los hijos de los que han gozado los padres.

La austeridad privada, además, permite la abundancia de lo público, lo cual se necesita para crear una nueva élite de sumos sacerdotes que articulen y prediquen el necesario control de los individuos que evite las desviaciones características de los librepensadores.

En nuestro país, Sánchez aprovecha estas tendencias para proclamarse Nuncio Papal de esta nueva creencia. Por ello gusta tanto de revestirse de la púrpura y oropeles que le permiten continuar avanzando en la nueva austeridad privada, y la modificación de los conceptos del bien y del mal, sin ser cuestionado.

 

Dualidad digital

 Dualidad digital

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La digitalización de cada vez más actividades productivas es ya una tendencia imparable que, poco a poco, expulsa del mercado a aquellas empresas, profesionales o sectores que no se están adaptando. La “destrucción creativa” schumpeteriana, tan característica del capitalismo más genuino, es implacable sustituyendo el trabajo humano por el mecánico…. ¡Aunque no tanto! Pues el sector público redimensiona al alza sus plantillas mientras experimenta el mismo proceso. Y lo hace con una dinámica propia situada en las antípodas de la empresa privada. Ciertamente resulta fácil observar como en cualquier organismo público el incremento de la informatización o robotización, paradójicamente, suele ir acompañado por un incremento del personal que lo atiende.

De hecho, este es uno de los motivos que explica que esté aumentando el empleo a costa de una reducción de la productividad. O, dicho en otras palabras, el sector público aumenta sus efectivos para la realización de tareas que parecen resultar totalmente socialmente prescindibles.

En términos económicos, mientras la digitalización reduce los costes productivos en el sector privado, los incrementa en el público. Se pone en marcha, de esta manera, un peligroso círculo vicioso que se retroalimenta, pues a medida que el sector privado prescinde a algunos de sus trabajadores para hacer frente al incremento, sobre todo, de sus costes laborales y tributarios, en el sector público ocurre lo contrario, añadiendo aún más presión, vía nuevas necesidades fiscales, sobre el sector privado.

A lo anterior hay que añadir que el sector privado suele operar en régimen de competencia, mientras que el público lo hace como monopolio. La división se traslada, entonces, al ámbito de las condiciones laborales pues la competencia siempre es más exigente que el complaciente monopolio.

Está dinámica transforma las potenciales grandes ventajas de la digitalización, en un instrumento de control que limita las energías creativas, cercenando la libertad individual. Por ejemplo, surgen nuevas exigencias sociales, feministas, animalistas, etc., -siempre con apariencia de buena intención-, que engordan las filas de lo público socavando el potencial productivo privado. El resultado es un creciente dirigismo que, de forma lenta, añade dificultades a la iniciativa individual con el resultado de la disminución de los estamentos medios de la sociedad. De esta forma la polarización social está servida.

El modelo no parece sostenible a largo plazo, aunque el proceso es lo suficientemente lento como para poder perdurar durante algún tiempo. En cualquier caso, hoy por hoy y por distintos motivos que incluyen la dualidad del proceso de digitalización, la democracia avanza hacia su transformación en una enorme y burocrática maquinaria que genera la suficiente inseguridad jurídica como para permitir legitimar abusos de poder, agravios y privilegios.

Sin duda, este diferente impacto del proceso de automatización y digitalización, se convierte, por tanto, en un argumento más para que, desde esta tribuna, abogue por una mayor limitación de los poderes estatales y una reducción del peso económico del sector público.

Hacer más con menos

 

El viernes negro estaba prohibido

 El viernes negro estaba prohibido

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Visto con los ojos de hoy puede parecer extraño, pero la campaña de rebajas comerciales, que inicia la temporada de navidad, estaba prohibida hasta no hace mucho tiempo. En España la libertad económica y empresarial siempre se ha visto como un riachuelo que era mejor desecar. Todavía hoy los "enemigos del comercio", que diría Escotado, abundan y son mayoría en el paisanaje local.

La historia política da muchas vueltas y hace extraños compañeros de cama. Hubo un tiempo en que el partido socialista contó con un ministro partidario de abrir la economía nacional a las iniciativas individuales. Miguel Boyer liberalizó en 1985, entre otras cosas, muchas de las normas que restringían el comercio al por menor, aunque dejó la aplicación de tales medidas al desarrollo normativo de las comunidades autónomas. De manera que la práctica totalidad de los gobiernos locales acabaron por esterilizar lo liberalizado.

Los dirigentes de los gobiernos autonómicos tienen una marcada tendencia a sobre-regular los sectores económicos que consideran que les pueden apoyar. La idea es, supuestamente, proteger a los empresarios ya instalados con respecto a los que podrían constituir una nueva competencia. Así, con esta brújula se redujeron los días en que los comercios podían abrir sus puertas, y también los periodos del calendario en que pudiesen llevar a cabo campañas de rebajas.

De esta forma, los descuentos realizados durante esta tercera semana de noviembre, es decir, los del “viernes negro”, estuvieron literalmente prohibidos durante mucho tiempo. No importó que se pudiesen dinamizar las ventas y, por tanto, la actividad generadora de empleo y riqueza. La prensa vinculada al poder, mayoritariamente, apoyaba las restricciones a pesar de la evidencia de que estaban perdiendo los suculentos ingresos publicitarios que la campaña conlleva.

Sin embargo, las rebajas son una excelente oportunidad para llevar a cabo lo que los economistas denominan “discriminación de precios”, una práctica que permite el incremento de los ingresos por ventas. Pues, en resumidas cuentas, consiste en vender un mismo producto, o servicio, a diferentes precios a públicos diferentes con la finalidad de captarlos todos.

Tras el estallido de la crisis de 2008 se llegó a formar un amplio consenso para salir de la misma, sin las trampas ligadas a la inflación, mediante el diseño de políticas reformistas que permitieran alcanzar mayores niveles de actividad económica y, por tanto, de prosperidad. Una de esas reformas consistía en retomar la liberalización comercial pendiente desde 1985, lo que incluía permitir mejores horarios comerciales y periodos de rebaja liberalizados.

Fue por ello que, en 2012, los nuevos gobiernos de aquel momento eliminaron muchas de las restricciones comerciales en vigor. De esta forma, los empresarios más dinámicos aprovecharon la cultura difundida por Hollywood para importar el Black Friday, añadiendo así un nuevo periodo de promociones a los tradicionales de Reyes y verano.

Como ha ocurrido con todas las reformas, al introducir algún tipo de novedad, los sectores más reacios al cambio protestaron y organizaron manifestaciones, aunque rápidamente quedó demostrado que la liberalización resultaba ser muy positiva incluso para aquellos que más se opusieron a ella. En este sentido ayudó mucho el que la prensa percibiese, de forma casi inmediata, el maná publicitario de todos aquellos establecimientos que iniciaron la primera campaña.

En definitiva, la introducción del viernes negro en nuestros comercios es una lección que debería ser recordada en los libros de texto de política económica. Sectores como el de las ITVs, del taxi, etc podrían aprender mucho. Aunque, ¡Claro! recurrir a la inflación es más sencillo.

 

La narrativa del tranvía

 La narrativa del tranvía

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Desde hace ya mucho tiempo, creo que décadas, y con independencia de si están gobernando o no, el PSOE promete la construcción de un utópico tranvía en Palma. Convirtiéndolo, a través de la prensa colaboracionista, en el símbolo de una vuelta a la ciudad pacífica, amable y añorada que se desvaneció en algún momento de la historia. De esta forma pasan los años, y las legislaturas, y la historia se repite de forma casi virginal.

Ocurre que, en la lógica socialista, como en la lógica nacionalista, que todo aquello que no funciona correctamente es debido a algún grupo malhadado al que hay que arrinconar o, llegado el caso, destruir. Así, por ejemplo, si hay pobreza la responsabilidad es de los ricos acaparadores y egoístas, de manera que sometiéndolos y quitándoles su riqueza el problema, prometen, que quedará solucionado. De igual manera, sí el Govern no puede crear alguna otra agencia más, en donde colocar afines, la culpa es de los de “Madrid”, que escatiman la correspondiente financiación.

Pues bien, siguiendo esa misma lógica el tranvía fue desterrado de la ciudad por la presión de los automovilistas invasores. Antoni Noguera solía mencionar, bajo la complaciente mirada de Hila, a la “Dictadura del Automóvil” como uno de los males a combatir para lograr la anhelada ciudad utópica que prometía en sus discursos. De esta forma, en la narrativa de socialista, y de sus correspondientes socios, combatiendo esa mecanizada tiranía resultará sencillo alcanzar la utopía.

Y no conviene olvidar que el origen filosófico-político del socialismo es el que Marx bautizó como “Socialismo Utópico” por prometer a sus feligreses un diseño nuevo, y supuestamente racional, de una sociedad capaz de resolver todos los problemas. El propio pensador alemán concibió al comunismo como el paradisíaco éxito final del socialismo.

Así pues, la izquierda de ahora, que ha redescubierto el poder de la "narrativa" sobre la compleja realidad, necesita una utopía urbana, y un enemigo al que combatir y desplazar para alcanzarla. El tranvía ocupa ese papel al permitir que los medios afines al Govern divulguen imágenes idílicas, recreadas con las más modernas tecnologías, de ciudadanos sonrientes y felices, observando el paso del revivido medio de transporte. Al mismo tiempo, ese recobrado artefacto contribuye a desplazar al infame vehículo privado que, de forma execrable, viene señoreando las calles de nuestra amada Ciudad.

Por añadidura, el automóvil es un bien privado, que potencia la individualidad y la libertad personal, mientras que el tranvía es un vehículo colectivo carente de cualquier tipo de discrecionalidad al tener que desplazarse sobre raíles inamovibles. Ciertamente, el sueño socialista en forma de locomotora, vagones, cables y, sobre todo, vías incrustadas en el pavimento.

Poco importa que esa utopía no se llegue a alcanzar, tan sólo se ha firmado un protocolo cuyo objetivo es el despliegue propagandístico. Poco importa que exista la alternativa del "Transbus" que no necesita ni de tinglados de cables, ni de vías. Poco importa la incompatibilidad entre raíles y bicicletas o patinetes. Poco importa que la mayoría de urbes se planteen la construcción de una red suburbana cuando alcanzan el medio millón de almas. Lo importante es el sentimiento que el tranvía permite transmitir a la ciudadanía. Pues son ellos, los socialistas, los defensores de aquel vehículo recordado en viejas fotografías color sepia que sucumbió víctima de la dictadura del individualista automóvil, producido, además, por multinacionales capitalistas. Por fin se habrá hecho justicia.

Quizás sea que la imaginación vuela, o que me siento adoctrinado por esas nuevas leyes que reescriben la historia, pero tengo la impresión que el tranvía de Palma cumple, para sus promotores, un papel parecido al de su deseada república que siempre está por llegar.

Tributación sin representación: inflación

 Tributación sin representación: inflación

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La inflación equivale a un impuesto que no ha pasado por la cámara de representantes, y que, por tanto, nunca ha sido aprobado en las instituciones democráticas. Se podría decir que es un tributo creado saltándose los trámites establecidos para tales figuras, cuya base imponible es el total del dinero que tienen los habitantes de un país.

Sin duda, es el impuesto más tentador para todos los gobiernos, aunque lo emplean en mayor medida aquellos los populistas cuya motivación esencial es el mantenimiento del poder a cualquier precio. Ciertamente, como la democracia se inventó para limitar el poder tributario, aprobar nuevos impuestos legales conlleva riesgos, la historia está llena de gobiernos que han caído por ello. Incluso, se han producido asesinatos, como el del ministro mallorquín Cayetano Soler en tiempos de Godoy, quien encontró la muerte tras aplicar un gravamen a un bien tan básico y popular como el vino. Es por eso que, los más ambiciosos dirigentes, ávidos de poder, prefieren recurrir a la degradación del dinero; que eso y no otra cosa es la inflación.

Cuando los déficits públicos se financian con la venta bonos que nadie quiere adquirir por miedo a futuros impagos por exceso de deuda, a los bancos centrales no les queda más remedio que "imprimir" nuevos billetes para poder comprarlos.

El propio Adam Smith fue consciente de este fenómeno cuando escribió: “En todos los países del mundo, la avaricia y la injusticia de los príncipes de los Estados soberanos, abusando de la confianza de sus súbditos, han disminuido gradualmente la cantidad verdadera de metal que primitivamente contenían sus monedas”.

Por supuesto, la impresión de dinero no crea riqueza, -sí no fuese así quizás podríamos dar la bienvenida, y celebrar, a los falsificadores-. Sin embargo, está forma de actuar sí tiene potentes efectos redistributivos. Con la inflación las deudas se reducen a costa de reducir también los ahorros. Es decir, se produce una transferencia de renta desde los ahorradores (perdedores) a los deudores (ganadores).  Como los gobiernos son los principales deudores, son estos los principales beneficiarios del desastroso fenómeno que estamos experimentando. Pero, es que, además, los colectivos mejor organizados (empleados de servicios públicos, etc.) serán capaces de mantener, o incluso acrecentar, sus retribuciones, a diferencia de los que no tengan tal capacidad. Es decir, los ganadores económicos dejan de ser aquellos que más contribuyen al bien común, para pasar a ser los más chantajistas.

De hecho, los economistas suelen proclamar que el endeudamiento gubernamental supone trasladar el pago del gasto actual a las generaciones futuras. Así que, podemos concluir, que la inflación no es más que el pago de los enormes déficits en los que, desde hace años, incurren nuestras administraciones acumulando una deuda a la que se puede hacer frente por las vías ordinarias. O, dicho de otra manera, ahora toca vivir peor para pagar aquello que se gastó en su momento. La irresponsabilidad fiscal de los gobiernos está en la base que ha roto el axioma occidental según el cual los hijos podían aspirar a vivir mejor que los padres.

Ahora bien, la inflación es un impuesto muy destructivo, a pesar de su alta capacidad recaudatoria, pues, por un lado, al desaparecer los incentivos al ahorro se merman las posibilidades de crecimiento futuro, mientras que por otro se dificultan que el sistema de precios cumpla su papel, ya que puede resultar difícil saber si un precio sube porque se ha producido un cambio de preferencias o condicionantes o, simplemente, porque el dinero se está corrompiendo. Sin un sistema de precios libres que asegure el “cálculo económico” no hay posibilidad de que la economía funcione adecuadamente.

De hecho, es esta dificultad la que emplean los potentísimos aparatos propagandísticos del gobierno para trasladar la responsabilidad de la inflación a agentes externos, como ocurre en la actualidad con la Guerra de Ucrania.

Ahora bien, por encima de los males económicos, está el mencionado en el título de este artículo. Se daña a la democracia al saltarse sus mecanismos más preservadores. Europa que ha sido un bastión de la de los sistemas de gobiernos con poder limitado parece que ahora sé lo toma menos en serio al relajar exageradamente sus propias normas sobre la necesaria y democrática disciplina fiscal.

El año sin verano

La erupción, en 1815, del volcán del monte TAMBORA en Indonesia, unida a un mínimo de actividad solar, provocó una disminución de la temperatura media mundial de 0, 7º. El año siguiente 1816 fue el llamado año sin verano. Fue un año en el que disminuyeron las cosechas provocando importantes hambrunas, sin embargo, fue muy productivo desde el punto de vista cultural.

Un grupo de jóvenes intelectuales aburridos paso una temporada en Villa Diodati, una mansión a orillas del lago Lemán, cerca de Ginebra. El mal tiempo reinante hizo que no pudieran disfrutar del verano, por lo que decidieron entretenerse contándose historias de terror. Allí estaban Lord Byron, Mary W. Shelley y John Polidori, entre otros. De esos juegos saldrían las novelas Frankenstein de Mary Shelley y El Vampiro de Polidori, que fue la obra que inspiró a Bram Stoker a escribir Drácula.

Además, otro efecto la actividad del Tambora fue que la acumulación de polvo en suspensión en la atmosfera, que reflejaba o dispersaba rayos solares, hizo que los atardeceres y amaneceres fuesen algo rojizos y tremendamente bellos durante varios años lo cual quedó reflejado en muchos de los cuadros del movimiento cultural romántico de esa época.

Tomado del libro "Ecologismo real" de J.M. Mulet

Limitar la compra de pisos a no residentes

 Limitar la compra de pisos a no residentes

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El pobrismo es el recurso natural de aquellos políticos incapaces de promover una sociedad que gane en prosperidad y bienestar. El nacionalismo de todos los partidos y, también la izquierda actual, se caracteriza por considerar que la armonía social, descrita por la “mano invisible” de Adam Smith, no es posible. Así, permanentemente identifican grupos sociales contrapuestos y antagónicos, ricos versus pobres, nacionales versus foráneos, rurales versus urbanos, hombres versus mujeres, etc. Este es el fundamento profundo de la propuesta de volver a limitar la compra de viviendas a los no residentes que ya existió en tiempos de la dictadura.

Ciertamente, las políticas antiliberales desarrolladas en los últimos años, principalmente por las coaliciones de nacionalistas y comunistas con socialistas, han desembocado en un escenario económico declinante, en el cual los distintos grupos sociales sólo pueden aspirar a mejorar su posición si empeora la correspondiente a algún otro grupo.

El rampante intervencionismo gubernamental nos ha conducido a un tipo de economía en el cual las perspectivas de un crecimiento sostenido no se alcanzan a vislumbrar. Pues, por un lado, han supuesto una fuerte expansión del sector público más improductivo, que está lastrando al resto, al tiempo que se coarta el potencial imaginativo y creativo típico del genuino capitalismo.

Este triste panorama contiene el caldo de cultivo que puede activar la conflictividad social, pues, por supuesto, con tales políticas junto a algunos grandes beneficiados, otros resultan notablemente perjudicados. Así que para evitar esos posibles estallidos hay que crear una narrativa según la cual la pobreza contenga algún elemento de superioridad moral. Eso es el pobrismo.

Sin duda, la alternativa a la propuesta realizada estos días podría haber consistido en hacer de las Islas una tierra de oportunidades que crease las condiciones para liberar el talento de cualquiera que decidiese que esta es su tierra, contando con excelentes servicios de educación y otros, de tal forma que, razonablemente, se pudiese aspirar no sólo a la compra de una vivienda aquí, sino en cualquier lugar del orbe. Una visión que parecía que se podría haber abierto paso en los años en que el Parlament no acumulaba la actual montaña legislativa. Sin embargo, poco a poco, las posibilidades económico-creativas se han ido cercenando sepultadas bajo un creciente número de páginas del BOCAIB.

Ahora estamos donde estamos. El tiempo de pagar las deudas acumuladas, vía inflación y empobrecimiento, ha llegado. Lo ha hecho, además, en un complicado momento de desglobalización que, lógicamente, conlleva mayores costes productivos para todos, también para los baleares. Por ello no debe extrañar que resurjan propuestas que creíamos olvidadas, tal como la aquí comentada.

No será la última ocurrencia que nos evoque los años cincuenta del siglo XX, a pesar del propagandístico antifranquismo de los actuales dirigentes. De hecho, ya conocemos otras iniciativas en esa línea como la limitación de los alquileres, los subsidios cruzados, etc.

En cualquier caso, también hay que recordar que el último año de aquella década, trajo consigo grandes cambios que alteraron por completo la visión pobrista dominante, y el horizonte de los baleares, con el Plan de Estabilización de 1959.

 

Trabajadores vs consumidores, y la política

Trabajadores vs consumidores, y la política 

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Todos somos consumidores y la mayoría, también, trabajadores. De esta forma, nuestra perspectiva de la economía cambia si la miramos desde nuestra posición de compradores, o si lo hacemos desde la nuestra posición de productores. Una contradicción que los políticos populistas-cortoplacistas aprovechan para hacer sus ofertas electorales con graves consecuencias para el conjunto de la sociedad.

Como consumidores preferimos la libre competencia, los precios voluntariamente pactados, la libertad de empresa y la innovación que conlleva. Los productos, o los servicios, suelen ser mejores, de mayor calidad y a precios más ajustados, con lo que mejora al conjunto de la sociedad. Sin embargo, como trabajadores preferimos que la empresa en donde estamos empleados tenga poder de mercado, esto es, que actúe como monopolista, o con alguna clase de protección o privilegio gubernamental en forma de regulación. Es lógico, en competencia se trabaja más y se cobra lo justo, mientras que si esta no existe los salarios pueden ser mayores y las condiciones de trabajo más benignas.

En líneas generales los empleos públicos, tanto de sus administraciones como de sus organismos y empresas, responden a esquemas de oferta monopolística. Lo mismo sucede con aquellas empresas que operan en áreas fuertemente reguladas o intervenidas. En ambos casos los salarios son más elevados, con menores cargas laborales de todo tipo.

Ocurre, como decíamos, que en los sectores privados competitivos es en donde se produce la innovación y la ganancia de productividad que se traduce en mejoras generales (tanto salariales como otras), mientras que en los monopolísticos no se produce ni una cosa ni otra, aunque siempre vayan por delante en retribuciones. Así que mientras los primeros sean mayoritarios y los segundos minoritarios la economía puede avanzar. Pero resulta que, en general, la gente se siente más identificada con su profesión, o con su ocupación laboral que con su papel de consumidor. Al mismo tiempo, está claro que, como consumidores, los trabajadores monopolísticos, con sus mayores salarios, pueden disfrutar más de las ventajas de la competencia que los propios trabajadores de estos mismos sectores.

El político populista cortoplacista, por tanto, tiene más incentivos para intentar ofrecer más puestos de trabajo en los sectores de empleo privilegiado que en conseguir una estructura económica más dinámica que genere mejoras y prosperidad general fomentando la competencia. Este es el motivo por el cual, en las campañas electorales, se observa todo un abanico de promesas que llevan implícitas, bien de creación directa de empleos públicos, bien más regulaciones (restricciones a la competencia) en los sectores privados, o la creación de nuevos segmentos de actividad nacidos al calor de normativas de promoción ideológicas, como puede ser el nacionalismo lingüístico, el feminismo, el animalismo, etc.

Esta forma de aprovechar la dicotomía consumidor-trabajador, por parte de la política, es la que dio lugar a los regímenes corporativistas del pasado que, de forma lenta, constituyeron un potente freno al progreso de las naciones que lo abrazaron. Motivo por el cual, tras aproximarse a auténticos períodos de hundimiento, se tuvieron que iniciar procesos de desmontaje de tales prácticas.

España participó de estas formas de corporativismo durante las primeras etapas de la dictadura de Franco para, posteriormente, desmontarlas progresivamente mediante diferentes procesos de liberalización. Lo que permitió al país ascender en todos los rankings más significativos. Pero de un tiempo a esta parte, se le ha dado la vuelta a la tortilla, porque la dinámica electoral, propia de nuestra democracia, tristemente ha terminado por favorecer aquel tipo de actuaciones.

Es cierto que la izquierda y los nacionalismos tienen una mayor tendencia que la derecha a discurrir por esta vía. Pero también es cierto que es posible que ese sea uno de los fundamentos por los cuales han gobernado durante más tiempo que la derecha. De hecho, los españoles, durante bastante tiempo, estuvieron acostumbrados a tener un nivel de vida inferior al de otros países europeos. Así, casi no resulta extraño que un nuevo descenso en los rankings comparativos se esté aceptando con normalidad.

En esta línea han ido las muchas medidas intervencionistas planteadas por los partidos del Govern. Sin esa tradición corporativista, quizás podrían haber realizado propuestas alternativas liberalizadoras con el objetivo principal de elevar el nivel de vida de todos baleares y no solo de algunos.

Renacido Mehari

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Ya no es la economía, estúpidos

 Ya no es la economía, estúpidos

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Ya no estamos en la era de la campaña electoral norteamericana de 1992 en la que Bill Clinton utilizó el eslogan “es la economía, estúpido” para imponerse a un aparentemente imbatible George Bush (padre) que ostentaba un 90% de popularidad por triunfos en el final de la Guerra Fría, y en otros asuntos de política exterior.

La frase hacía referencia a que, a la hora de votar, era más importante la situación económica de la población en general que los grandes triunfos colectivos nacionales. La aspiración del votante medio todavía era completar el “sueño americano”, por lo que el crecimiento económico y la esperanza de una mayor prosperidad individual eran aspiraciones prioritarias.

Sin embargo, aunque a muchos nos parece cercano aquel momento, han pasado treinta años desde entonces, y las cosas han cambiado mucho. El ascenso de China, la decadencia estadounidense y del resto de Occidente, la cultura woke que exalta el victimismo por encima del mérito y el esfuerzo, el miedo a un cambio climático inabordable, la obsesión por la igualdad de resultados, la preferencia por los comités de expertos sobre con fuente de autoridad, el control gubernamental de los medios y, lo que a partir del último discurso de Xi Jinping será un nuevo concepto de uso corriente, “la prosperidad colectiva”, han socavado aquellos viejos valores de la anterior generación de Bush-Clinton.

La gestión de la pandemia realizada por los gobiernos democráticos, al estilo chino, ha sido el gran punto de inflexión. La población, ante la amenaza de la enfermedad, aceptó dejar por completo de lado la prioridad económica, incluso también aceptó renunciar a los fundamentos mismos de las libertades individuales. Un fenómeno que lejos de ser pasajero se está consolidando con el paso del tiempo.

Lo colectivo se va imponiendo inexorablemente sobre lo individual. De hecho, se considera que “lo personal es político” y que, en consecuencia, la política puede dictar y reglamentar hasta nuestras más íntimas preferencias y actitudes. Esto a su vez, conlleva a la desfamiliarización de la vida (“los niños son del Estado”) y la reducción de la extensión de la clase media, considerada ésta como aquella independiente del poder estatal. La penalización fiscal del ahorro va en la misma dirección.

Con menos familias, y menos clase media, el leviatán del estado se convierte en la única fuente de seguridad personal posible, de manera que muchos optan por renunciar al control de sus propias vidas para confiárselas al gobierno, en una suerte de renovada servidumbre de la gleba. Para reducir la delincuencia se acepta la vigilancia digital permanente, al igual que para reducir los accidentes de tráfico o las infracciones al fisco, o incluso, para la preservación de la salud. El dinero físico se ve casi proscrito y la vida se hace imposible sin disponer de un smartphone-centinela. Este contexto de control social parece suficiente para el arraigo de discursos favorables al decrecimiento o, en neolengua, prosperidad colectiva.

Todavía no hemos llegado al “crédito social” chino, pero nos acercamos a grandes zancadas. El gran dragón rojo, poco a poco, va imponiendo su cosmovisión colectivista. De hecho, el Hollywood que se convirtió durante décadas en el gran transmisor de la cultura individualista, aquella que sostenía el estilo de vida norteamericano y, por extensión occidental, ya no es ni sombra de lo que fue. Los pleitos interpuestos por los diferentes colectivos de ofendidos, propios de la cultura woke, lo han convertido en inviable.

El control estatal crece sin parar, reduciendo la posibilidad de llevar una vida propia al margen de él. Es por esto que la economía, entendida como oportunidad de progreso personal, ya no es una prioridad. Cada vez menos gente aspira a mejorar su situación. De hecho, ni los más jóvenes anhelan una mayor prosperidad, por creerla imposible. La única pretensión es tener el vínculo más favorable (o menos desfavorable) para con el estado.

Así que, desde aquí, me atrevo a ofrecer un nuevo slogan a los candidatos a las altas magistraturas del país, “ya no es la economía, estúpidos”. 

Incentivos a las denuncias por violencia de género

 

La Fiscalía de Asturias pide la retirada inmediata de la reforma que bloquea el régimen de visitas tras una denuncia por maltrato

La Memoria del Ministerio Público advierte de que el automatismo de la medida puede propiciar las denuncias falsas elmundo.es

La Fiscalía de Asturias ha pedido la retirada "inmediata" de la reforma que desde el año pasado impide a los padres denunciados por maltrato visitar a sus hijos. Entre los motivos que esgrime se encuentra el riesgo de que disparen las denuncias falsas dirigidas a obtener casi de forma automática los beneficios que conlleva para quien denuncia.

"Podría alentar el aumento de denuncias instrumentales, dirigidas deliberadamente a tratar de obtener posibles beneficios en la custodia de los menores, así como en todos los efectos inherentes a dicha custodia parental, tales como los atinentes al uso y disfrute de la vivienda familiar o al pago de las prestaciones o pensiones alimenticias correspondientes a los menores", afirma la Fiscalía del Asturias en la Memoria presentada hace unas semanas.

El documento resalta que, aunque la denuncia acabe siendo archivada, esa decisión "puede prolongarse en el tiempo durante meses, e incluso años", un período en el que los menores y el progenitor afectado "estarían privados de la posibilidad de relacionarse". Incluso en caso de absolución o archivo la relación paternofilial habría sufrido "consecuencias y perjuicios de muy difícil o imposible reparación, dada la estigmatización que tales situaciones generan tanto en los progenitores como en los hijos menores".

"INMEDIATA REVISIÓN"

El artículo cuestionado entró en vigor en septiembre de 2021 y, según los datos del CGPJ, multiplicó inmediatamente las medidas que retiraban el régimen de visitas a los padres. Conforme al nuevo artículo 94.4 del Código Civil, el punto de partida para los jueces es que los denunciados se quedan sin régimen de visitas, que solo se podría mantener con un informe motivado del juez.

"Estimamos que dicha modificación debería ser objeto de una inmediata revisión o contrarreforma [en negrita en la Memoria] que llevase a la definitiva eliminación del precepto referido, dado que a pesar del escaso lapso temporal transcurrido desde su entrada en vigor, ya se ha evidenciado el desacierto de la reforma y las disfunciones que provoca su aplicación", afirma el documento.

Los 200 folios de la Memoria correspondiente a 2021 se cierran con un apartado referido a las "propuestas de reforma legislativa", y en particular con una extensa diatriba contra la reforma del Código Civil, de la que ha informado inicialmente La Nueva España.

Conforme a la Memoria presentada por la fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, se trata de una reforma que "no solo no es acertada, sino que es desafortunada y perturbadora porque no resuelve ni da respuesta a situaciones que no tuviesen cauces de resolución ya previstos legalmente -por otra parte, más ponderados, razonables y acertados-, genera inseguridad jurídica y generaliza una respuesta única y con graves consecuencias jurídicas y personales para los progenitores y los menores para situaciones familiares que pueden ser muy diferentes y a las que, sin embargo, se aplica el mismo criterio, pudiendo bastar para ello la mera interposición de una denuncia".

VISTO BUENO DEL CONSTITUCIONAL

La lista de críticas a la reforma continúa: "Atenta contra la presunción de inocencia, otorgando a la mera denuncia valor de prueba plena, recordando trasnochadas situaciones afortunadamente superadas en nuestro ordenamiento, por lo que estimamos más acertado derogar -más pronto que tarde- el texto reformado en los particulares reseñados y mantener la redacción del precepto que estaba vigente con anterioridad a la reforma".

La Fiscalía asturiana considera que con esta modificación del Código Civil "el legislador parece desconocer la realidad diaria en juzgados y tribunales de que no todas las denuncias interpuestas por los delitos referenciados en el artículo 94 del Código Civil acaban con una condena". Explica que no son "infrecuentes" las absoluciones al por no darse los hechos por probados y que, cuando hay condenas, lo son por hechos de muy distinta gravedad.

La fiscalía critica el "automatismo" de la reforma, que apenas deja margen de actuación a los jueces en la decisión sobre el régimen de visitas. "Parece subyacer en la reforma del precepto una indisimulada desconfianza en los operadores jurídicos, especialmente en jueces y fiscales, que se plasma sin duda en la redacción definitiva del artículo".

Esta última a queja aparecía en las dos cuestiones de inconstitucionalidad que se presentaron por parte de juzgados de Madrid y Zaragoza, que pusieron en duda el encaje de la reforma en la Constitución. También Vox presentó un recurso de inconstitucionalidad.

La respuesta del TC a esas iniciativas ha sido que la norma es constitucional porque, aunque es cierto que parte de la revocación del régimen de visitas, no se trata de una medida automática e ineludible, porque los jueces podrían mantener el régimen de visitas de forma motivada. En una línea muy alejada de lo sostenido por la Fiscalía de Asturias, la Fiscalía del Constitucional respaldó el aval a la reforma cuestionada.

El futuro económico de Europa

 

Atado y bien atado

 Atado y bien atado

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Sánchez, a imagen y semejanza de los nacionalistas, de la extrema izquierda y de otros personajes del pasado, intentará que todo quede “atado y bien atado” en caso de enfrentarse a una derrota electoral. De ahí su propósito constante de controlar políticamente todos los poderes del Estado, incluidas las empresas públicas, organismos independientes, sindicatos, la justicia o determinadas asociaciones civiles.

Errejón lo explicó con claridad en un vídeo de 2018 que continúa circulando por las redes sociales. “Para cuando perdamos las elecciones hay que dejar sembradas las instituciones populares, donde resistir y refugiarse cuando gobierne el adversario”. En esa locución propone colonizar asociaciones de vecinos, clubes de montaña, agrupaciones juveniles, espacios culturales, asociaciones deportivas, etc. El objetivo es poder recibir subvenciones para poder acoger a una buena parte de los actuales “colocados” (él los denomina cuadros militantes) que ahora desempeñan trabajos institucionales. Incluso llega a afirmar que hay que crear una estructura económica, porque la militancia no vive ni de las ideas ni del aire. De esta forma, concluye que se gobierna desde la oposición, defendiendo las leyes y las organizaciones hasta institucionalizarse, es decir, impidiendo que el adversario consiga gobernar.

Soy de la opinión que una buena parte de la política de Sánchez encuentra su inspiración en los nacionalismos catalán y vasco. No tanto por las alianzas que mantienen, sino porqué ambas agrupaciones políticas han demostrado una enorme capacidad para mantenerse en el poder. Tanta que incluso han mantenido el control de la mayoría de sus resortes estando formalmente en la oposición. De esta forma, han sido los únicos grupos políticos que han conseguido gobernar, desde los inicios de la democracia, sin que ningún rival les haya hecho sombra. Un éxito muy correlacionado con su ambición de controlar todas las instituciones sociales, sean éstas las universidades, las cámaras de comercio, los clubes de fútbol, el mundo del cine y la televisión, los centros de estadística y opinión, etc. Son muchos los sueldos que dependen, literalmente, de la difusión del relato nacionalista, lo que, a su vez, arrincona a los discrepantes.

Actualmente, el perfil de los cargos públicos es notablemente distinto al de los inicios de la Transición, pues si entonces encontrábamos a personas que se acercaban circunstancialmente a la política provenientes del mundo profesional, en la actualidad los principales dirigentes han desarrollado la totalidad de su vida laboral en el seno de los propios partidos políticos. Lo que lleva, tanto a un incremento de la rivalidad (polarización) como, a una mayor necesidad de buscar “colocación” a los militantes más afines. De hecho, con el crecimiento del sector público-político, también crece la militancia que lo observa como una oportunidad de vida.

Sánchez está demostrando ser un alumno aventajado del pujolismo. Hasta tal punto que a la Oposición parece que le resulta difícil conseguir, no sólo un mínimo de protagonismo político, sino también un perfil propio claramente diferenciado. Lo que nos puede hacer pensar que en caso de alcanzar una victoria electoral tendrán grandes dificultades para definir e implementar una política que corrija las perniciosas derivas sanchistas, sin recibir constantes ataques desde los múltiples puestos en los que se refugien los numerosos mandamases electoralmente derrotados.

En este sentido, el ciudadano de a pie, puede estar sintiendo cierto desasosiego al observar cómo, día a día, se deterioran las condiciones económicas y sociales. Al tiempo que lo público invade más y más espacios antes considerados privados, sin la esperanza de vislumbrar la luz al final del túnel que se materializa en la alternancia política. 

España necesita reformas profundas y serías que le den renovado oxígeno al sistema democrático. Pero para eso resulta imprescindible el concurso de una amplia mayoría del espectro político, tanto de la derecha como de la izquierda. Lo que, a su vez, implica promocionar perfiles y actitudes políticas diferentes a las actuales.

No parece una tarea sencilla, ahora bien, para terminar con un rayo de esperanza basta recordar que la frase que encabeza este artículo hacía referencia a una situación mucho más difícil de cambiar, y que, sin embargo, se cambió.

 

Planeros de Armengol

 Planeros de Armengol

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El impresionante primer artículo de la Constitución de 1812 decía que la “Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”, dando cabal idea, no sólo de las colosales dimensiones de la misma, sino también y sobre todo de la raigambre de la hermandad hispana.

Ese maravilloso artículo de “La Pepa” podría reformularse, a la luz de la peronista intervención de Armengol en el debate del estado de la autonomía, por otro que señale que ahora diga qué “quedamos igualados por nuestra condición de económicamente argentinos”.

En el País de la Plata llevan décadas comprando votos mediante multitud de subvenciones que se implementan en forma de “planes”. De hecho, no es infrecuente hablar de una nueva categoría social: “los planeros”. Es decir, de aquellas personas que se las arreglan para poder vivir, o consumir, saltando de un plan gubernamental a otro plan gubernamental.

Muchas veces se ha dicho que Argentina es el único gran misterio que se escapa a la comprensión de los economistas. Pues parece difícil de entender como una nación que cuenta con todo tipo de riquezas, incluida una población preparada y bien formada, no consiga salir del agujero.

Aunque sabemos que la nación hermana, en cada nuevo proceso electoral, abre una puerta al abismo económico debido a la arraigada costumbre de comprar votos mediante la técnica de lanzar planes gubernativos, que, de una manera u otra, comprometen una renta pública, lo que genera incentivos para adaptarse a las condiciones propuestas, con frecuencia, a costa de renunciar a una participación activa en la economía.

Tras su viaje a Argentina, Armengol, a diferencia de otros correligionarios autonómicos, ha decidido seguir la misma línea kirchnerista de su desgastado jefe Sánchez. Desde luego sabe que ni la compra de los cada día menos leídos medios de comunicación en papel, ni el control de la declinante televisión pública, serán suficientes para asegurarle una reelección en tiempos de zozobra como los actuales. De ahí que haya decidido emplear a fondo el poder del crédito ilimitado que parece que sigue manando del Banco Central Europeo a pesar del tremendo mal que genera vía inflación y fomento de una gestión cada día más deficiente.

Tengo escrito en estas mismas páginas que la política de la comunidad autónoma debería aspirar, sencillamente, a realizar una buena gestión de los importantes servicios públicos que maneja. Algo que no sería demasiado complicado si los dirigentes políticos centraran sus energías en esa labor. Pero resulta que tienen tanto pavor a la pérdida del poder, y de los puestos que conlleva, que no dudan, como le ocurre a la actual presidenta, en desarrollar una peligrosa política mil veces ensayada y mil veces fracasada.

Ciertamente, Baleares necesita un nuevo tipo de política que encumbre a personas con perfiles diferentes a las actuales, capaces de distinguir lo importante de lo accesorio, asumiendo el riesgo que supone la toma de decisiones encaminadas a alcanzar el bien común. Lo que implica que el debate político debería virar hacia el rediseño de los incentivos generados por la arquitectura institucional. Pero como esto último no llega a producirse, el camino hacia la argentinización ya ha comenzado. En la próxima confrontación electoral los "planeros'' podrán ser uno de los colectivos a los que intentar seducir para reclamar su voto.

 

Industria balear

 Industria Balear

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La mejor política industrial consiste en contar con un abastecimiento de energía seguro, barato y sostenible, una buena formación en cuestiones técnicas, y un coste razonable del transporte de las mercancías, además de otras cuestiones que afectan a la marcha económica general.

Baleares nunca ha tenido su fuerte en tales materias, así, aunque existan muy meritorias excepciones, por lo general la industria insular se basó, sobre todo, en la demanda del limitado mercado local. De esta forma el fenómeno globalizador supuso la casi completa desaparición del sector.

Sin embargo, la perspectiva de los últimos años ha cambiado, pudiendo llevar a pensar que, paralelamente a la producción en masa, y a gran escala, de bienes se podía desarrollar otra más centrada en las particularidades de cada mercado que, en nuestro caso ya supera con creces el millón de almas. De hecho, los procesos productivos, gracias a las nuevas tecnologías, son susceptibles de descentralización. Por añadidura, la reciente pandemia mostró lo interesante que resulta ser autosuficiente en determinados productos.

De esta forma, la llegada de nuevos competidores en transporte marítimo, manteniendo los precios a raya, junto con la solera alcanzada por las carreras técnicas de la UIB y, poco a poco, también en formación profesional, podían hacer presagiar un posible renacer del sector, pendientes sólo de contar con un sector energético menos intervenido y, por tanto, más libre de costes políticos, al tiempo que más interconectado con la península, dada la enorme importancia de las economías escala del sector.

Sin embargo, el desarrollo de la llamada “transición energética”, junto los cambios en la posición española en política exterior, unida a los últimos acontecimientos bélicos en Europa, parece que va a hacer muy complicado que tal proceso reindustrializador pueda darse. Aunque el encarecimiento generalizado de la energía, previsiblemente, afectará más a la gran industria de masas que a la potencialmente local.

Llegados a este punto de nuestra reflexión tenemos que considerar que lo auténticamente relevante siempre son los precios relativos, de manera que lo importante es que el coste de la energía en las Islas no sea superior al del continente. Lo que requiere que el mercado energético local esté bien interconectado y que no padezca de estrangulamientos monopolistas, ni de sobrecostes políticos, ni de dificultades añadidas por regulaciones excesivamente restrictivas.

Así pues, parece razonable pensar en una potencial reindustrialización balear. Lo que convierte en especialmente relevantes las decisiones que se tomen en el Parlament al objeto de facilitar, o no, su posible desarrollo.

Abanderados de la descentralización fiscal

Abanderados de la descentralización fiscal

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Por fin el Partido Popular se ha decidido a alzar, en todo el país, la bandera de la competencia fiscal entre comunidades autónomas. Una muy buena noticia que, en el futuro, se debería redondear con una modificación del sistema de financiación autonómica, mediante un reparto más claro y transparente del reparto de los principales tributos, es decir, dejando en las manos exclusivas de las CCAA algún impuesto fuerte como puede ser el IRPF.

Los políticos, como cualquier otra persona, no son seres angelicales, sino que tienen sus propios intereses particulares. Es por eso que los sistemas institucionales les marcan los incentivos para desarrollar su labor.  Si se gobierna una institución que únicamente tiene capacidad de gasto, como ha sido caso de las CCAA, se tenderá a gastar en exceso, tal como ha venido ocurriendo. De ahí que tengamos múltiples y costosos organismos públicos de dudosa utilidad social creados tan solo con el ánimo de conseguir más votos. Y no hay que olvidar que el peso del sector público descansa sobre el privado que, por ello, cuando se enfrenta a mercados abiertos, lo hace con plomo en las alas.

Por esta razón hay que aplaudir que un partido político de ámbito nacional se haya decidido a abanderar la autonomía tributaria de una forma clara y contundente. Pues, si bien es cierto que la presidenta de Madrid hace tiempo que viene defendiendo esta posición, parece que ahora se está haciendo extensiva a otras comunidades en donde se gobierna o se tienen opciones a hacerlo a partir del próximo año.

La filosofía subyacente bajo la descentralización fiscal, bien encauzada, puede acabar promoviendo sistemas fiscales más atractivos que contribuyan, por la vía del estímulo al crecimiento, al mantenimiento de servicios públicos robustos sin necesidad de recurrir a los déficits generadores de múltiples desequilibrios. Es decir. Las comunidades más osadas pueden convertirse en imanes para los sectores más creativos, dinámicos y menos prejuiciosos de la sociedad global, con efectos beneficiosos de todo tipo y para todos.

Nada hay más político, y por tanto menos técnico, que discutir sobre la tributación. Sabemos, desde la pandemia, que los comités de expertos en este tipo de temas se pueden elegir a gusto del pagador. Este es uno de los motivos por lo que le duele tanto a la izquierda, y a los contradictorios y erráticos nacionalistas, la bandera ahora izada. De la noche a la mañana, la iniciativa política ha pasado al campo de los populares.

El esperpento que supone ver a Armengol, y a sus gurús económicos, pedir una mayor centralización (aunque la llamen armonización) es de tal dimensión que, me temo, que más pronto que tarde, tendrán que hacer algún tipo de replanteamiento. De hecho, el haber expuesto a Escrivá, para defender esta postura anti-autonomista, en vez de al propio Sánchez, hace pensar en que el PSOE deja abierta la puerta a la rectificación.

España, y sus comunidades, tienen un problema que se llama déficit público, origen principal de la actual inflación y de muchos otros males. Es un problema que no se va a solventar subiendo los actuales tributos, ya de por sí elevados, sino haciendo que estos configuren un sistema más coherente y atractivo que, al mismo tiempo, desincentive aquella parte del gasto gubernamental que es meramente político y que, por tanto, no se destina a los servicios públicos demandados por la población.

Como señalaba al principio, el órdago lanzado por los del PP para ejercer plenamente la corresponsabilidad fiscal, actualmente en vigor, debería desembocar en una propuesta de modificación del sistema de financiación autonómico, con la finalidad de poder identificar a las comunidades con alguno de los grandes tributos. Así, tal como ocurre con los ayuntamientos, los presidentes regionales tendrían menos incentivos al exceso de gasto y más a administrar mejor de acuerdo con las auténticas preferencias de los ciudadanos.

En democracia no es infrecuente que un partido asuma postulados de sus adversarios, aunque previamente los haya descalificado. Toni Blair o Bill Clinton gobernaron aprovechando el enorme potencial de las ideas liberal-conservadoras a las que previamente se habían opuesto. Por lo que me atrevo a pronosticar que, si el Partido Popular continúa profundizando, no en la corresponsabilidad fiscal, sino en la responsabilidad fiscal, defendiendo este principio como elemento básico del próximo modelo de financiación autonómica, los gurús económicos de los socialistas, y de los nacionalistas, le acabarán siguiendo, aunque, lógicamente, nunca acepten reconocerlo.

 

Dos daños colaterales de los persistentes déficits públicos

 Dos daños colaterales de los persistentes déficits públicos

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La gente, los partidos políticos y los gobiernos se preocupan mucho de incrementar el gasto público, incluso aunque en muchas ocasiones sea mero gasto político, sin preguntarse nunca de donde proviene ese dinero. De este modo hay fuertes incentivos para gastar por encima de lo recaudado, teniendo que apelar al endeudamiento para endosar la factura a las generaciones que todavía no tienen derecho a voto o que, sencillamente, todavía no han nacido.

Si esa tendencia no se corrige, tal como es nuestro caso, sino que además se agrava, al residir las principales partidas de gasto en manos de unas administraciones (las comunidades autónomas) diferentes a las que recaudan (central); entonces las necesidades de endeudamiento se vuelven endémicas, y finalmente, sólo pueden ser financiadas mediante el engaño de la sobre-impresión de dinero. Un viejo truco practicado históricamente en momentos de decadencia.

Cuando se produce un aumento significativo en el volumen del dinero y crédito en circulación, el valor de ese mismo dinero y crédito, se reduce. Mientras que, en paralelo, se produce el efecto de elevar el valor de otros activos como es el caso de los inmuebles.

En 2012 Mario Draghi rompió el plan y los acuerdos establecidos para fortalecer la economía del conjunto de la Unión Europea mediante una moneda sólida con aspiraciones de referencia internacional. El italiano, de esta forma, consiguió sortear la crisis de aquel momento y el aplauso general, pero lo hizo al coste de hipotecar el futuro en el que ahora ya estamos.

Efectivamente, al dar renovadas alas a los gobiernos gastadores, se dejó de pensar en los variados daños colaterales que generan los permanentes déficits públicos. Hoy me referiré únicamente a dos de ellos, el precio de las viviendas y la polarización social.

El alza del precio de los inmuebles tiene varios desencadenantes como pueden ser la falta de protección a los propietarios, el retraso en la concesión de licencia de construcción, restricciones urbanísticas, la deficiente planificación municipal, una fiscalidad inadecuada o excesiva, etc. A todos ellos hay que añadir la política monetaria expansiva (flexibilización cuantitativa) que, con el objetivo principal de financiar a los gobiernos deficitarios, opta por bajos tipos de interés y una excesiva impresión de dinero. Una actuación que tiene la consecuencia indirecta, tal como hemos señalado, provocar un fuerte incremento del precio de los activos alternativos al dinero degradado.

La política de Draghi, continuada por Lagarde, no sólo ha incrementado mucho el precio de la vivienda, sino que también ha permitido mantener el auge de los mercados de capitales. Dicho en otras palabras, han implementado un tipo de actuación altamente beneficioso para aquellos que son lo suficientemente ricos como para poseer activos. Pues, al ser el dinero prestado en esencia gratuito ha podido ser empleado por los inversores para mejorar su financiación empujando al alza sus ganancias. La combinación de ambos efectos, viviendas caras y ricos beneficiados, tiene como lógico resultado un incremento de la polarización social.

Es decir, como en materia económica todo está relacionado con todo, los gobiernos que pretenden ponerse medallas de protección social gastando por encima de sus posibilidades, acaban dañando a los sectores más vulnerables, al crearles dificultades indirectas para acceder al bien básico de la vivienda. Un capítulo más de la teoría de las consecuencias no intencionadas típica de los intervencionistas.

Sí, además, se beneficia a los mejor posicionados, profundizando las brechas de riqueza, se está produciendo un daño al conjunto de la sociedad que, de persistir, puede generar no sólo polarización sino, lo que es más grave, también confrontación y dificultades de convivencia.

Desgraciadamente, en nuestro país, el actual presidente de gobierno también opta por una política de confrontación como método para aglutinar a las minorías que le apoyan.

 

 

Pactos izquierda-derecha o viceversa

Pactos izquierda-derecha o viceversa

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Si nos fijamos en la política de los últimos tiempos ha sido una constante, desde Rajoy a Feijóo, que el PP haya ofrecido pactos al PSOE que este ha rechazado con la contundencia de frases utilizadas como eslóganes como aquel del “No es no”. Se puede afirmar que lo mismo sucede a nivel autonómico, por lo que resulta interesante reflexionar sobre esta importante cuestión.

 En primer lugar, debo advertir al lector que estoy en el segmento social que considera que la situación económica y social española atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas, por lo que considero que la posibilidad de alcanzar nuevos pactos entre las grandes fuerzas políticas con el objetivo de realizar algunas de las reformas pendientes que pudieran dotar de nuevo impulso al país y a la gente sería una buena noticia.

 Sin embargo, la política no va del bien común, sino de alcanzar y mantenerse en el poder. Por lo que las estrategias seguidas por todos los partidos van encaminadas en esa dirección. Así, desde los tiempos del primer Pacte de Progrés balear, o del Tripartit catalán, esa parte del espectro ideológico descubrió que realizar coaliciones de minorías tiene amplias ventajas. La primera es que, como en los estantes de un supermercado, la variedad permite ampliar el público objetivo. Así, si bien es cierto que la Ley d`Hont, empleada en nuestro sistema electoral, penaliza las divisiones, la suma de electores tan teóricamente diferentes como pueden serlo socialistas y nacionalistas proporciona una ampliación del campo de mayor dimensión.

 La izquierda históricamente se construye por dos grandes principios. El primero, por ser más antiguo, es el de la utopía. Así, desde los tiempos iniciales del socialismo utópico, realizan promesas imposibles de cumplir, bien por ser contradictorias (cabalgan sus contradicciones) o bien por carecer de fundamento real, al despreciar los principios esenciales de la organización social. La ensoñación utópica que ignora las limitaciones de la naturaleza se sigue utilizando porque resulta un poderoso atractivo para todo un conjunto de electores que no tiene ni tiempo ni recursos para indagar en las carencias de ese tipo de propuestas.

 El segundo principio esencial de la izquierda, lo constituye la lucha de clases o, lo que es lo mismo, el rechazo a cualquier posibilidad de armonía social espontánea. Esto se traduce en la construcción mental de enemigos como explicación narrativa de los males de los peor situados. Una construcción que, para este sector, presenta dos grandes ventajas. La fundamental es la de endosar la imposibilidad de alcanzar su utopía a sus adversarios de la derecha, asumiendo un papel el papel en héroes robinhoonianos.  Así mismo, desde los tiempos de Marx, también han identificado como enemigo a un indeterminado empresariado contrapuesto al poder del gobierno, lo que les permite justificar una expansión del estado en beneficio propio.

 Dicho en otras palabras, la izquierda necesita de mitos utópicos, ya sean igualitaristas, feministas, veganos, eco saludables o un simple tranvía para Palma; al tiempo que también requieren identificar y recrear enemigos que impidan cualquier posibilidad de armonía social espontánea. Las ventajas electorales de lo dicho hasta ahora resultan evidentes, aunque los resultados económicos y sociales de tales principios dificulten el progreso, al generar una tendencia al control excesivo que, claramente desincentivación de la creatividad individual y emprendedora.

 Alternativamente, en el ADN de la derecha rigen dos principios rectores aparentemente contrapuestos, el conservador y el liberal. No son del todo contradictorios, aunque se diferencian con claridad. El primero considera que la organización social existente es digna de preservación, mientras que el segundo considera que lo es, únicamente, en la medida en que esa organización es fruto del reconocimiento de la libertad individual, una convergencia propia de las democracias más sólidas. Con estos fundamentos, ante los cambios que de forma natural se van produciendo en la realidad social, pueden realizar propuestas moderadamente reformistas y adaptativas. De esta forma su ventaja electoral se vuelve más visible en tiempos de zozobra poco propicios para ensoñaciones.

 Definidos ambos grupos principales, resulta que las reformas pendientes, señaladas por la UE y otros organismos internacionales, van encaminadas, sobre todo, a limitar y disminuir el poder de los ejecutivos y del estado, ampliando los márgenes de acción y protección de los individuos, y reforzando el sistema de contrapesos democrático.

Se trata de un tipo de reformas aparentemente más en línea con el pensamiento de la derecha, de ahí el origen de las propuestas de pacto y el de su rechazo, aunque lo cierto y verdad es que ambos grupos tienen enormes dificultades para disminuir el propio poder que desean alcanzar y preservar.

El embrollo no tiene una fácil solución, más cuando llevamos demasiado tiempo sufriendo el llamado "efecto trinquete" de las administraciones públicas, en alusión a esos engranajes que se mueven con soltura en una sola dirección, provoca que sea muy sencillo incrementar los presupuestos gubernativos por cualquier motivación, y prácticamente imposible volverlos a ajustar.

En definitiva, los pactos derecha-izquierda podrían resultar enormemente convenientes y ventajosos para el conjunto de la sociedad, aunque hoy por hoy desgraciadamente tienen características utópicas, a pesar de que atravesamos tiempos difíciles poco propicios para ensoñaciones.

Inversiones públicas

 ultimahora.es

¿Podrá el PP cambiar el rumbo?

¿Podrá el PP cambiar el rumbo?

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Las cosas no van bien, en parte porque las dinámicas internacionales no son favorables y, sobre todo, porque la dirección de los dos gobiernos españoles (nacional y autonómico) han elegido el rumbo del populismo, conformado como una coalición de minorías con intereses diferentes del general, cuyas decadentes consecuencias expuse la semana anterior. No obstante, vivimos en una democracia, así que, aunque esta no atraviese su mejor momento, podemos concebir esperanzas de un cambio político.

Sin embargo, el populismo es un mal muy difícil de combatir incluso desde las altas esferas del Estado, pues echa raíces muy profundas que penetran por todo el entramado social con menosprecio del bien común. Tal como señalé en mi anterior artículo, el fomento de la confrontación social que ha caracterizado el mandato sanchista será difícil de superar. Sólo se podrá hacer mediante un liderazgo claro y decidido que apele a objetivos comunes compartidos. Fácil de decir, pero muy difícil de implementar sin caer en el riesgo de aceptar algunos de los perversos postulados actualmente promovidos.

 Dicho de otra forma, el PP, como alternativa de gobierno, tiene que conseguir un complicado equilibrio que, por un lado, permita al público visualizar su propósito de enmendar las políticas, las leyes, las actuaciones y la narrativa de Sánchez con sus socios; mientras, al mismo tiempo, lanza mensajes de unidad, no sólo territorial, sino también y, sobre todo, doctrinal y social. Algo sumamente enrevesado cuando se tiene enfrente al capitán del Pacte del Tinell y del “No es no” en aras a coaligar intereses minoritarios.

Además, tampoco resulta especialmente favorable la acumulación de poder por parte de organismos supranacionales con dinámicas propias y dudosamente democráticas. Ocurre lo mismo con la coyuntura internacional que ha generalizado una mala gestión de la pandemia, que pilota mal la transición energética y que sigue un erróneo y errático planteamiento de las relaciones de Occidente con Rusia y China. El mundo camina hacia una desglobalización con peligros, no solo económicos sino, lo que es peor, bélicos. Todo esto constituye una dificultad añadida para quien, en principio, desea desarrollar políticas sensatas sin dejarse arrastrar por la ola populista.

Basta hacer el ejercicio de imaginar cómo sería la situación sí el PP estuviese en el gobierno. Las huelgas, las manifestaciones de malestar y las protestas de trabajadores que pierden poder adquisitivo, o de aquellos que recibieron promesas incumplidas por la extensión de la pobreza energética o alimentaria, o por la pérdida de libertades, etc. serían algo así como el pan nuestro del descontento de cada día. Sería así, porque tanto el PSOE como Unidas Podemos, a imagen y semejanza de los nacionalistas, procuran puestos de poder que vayan más allá de las derrotas electorales. Desde los cuales pueden seguir impulsando la ingeniería social gradualista que oportunamente les mantenga en el poder.

Considerando todos estos elementos, y ante la hipotética próxima victoria electoral, el PP se enfrenta al dilema de si actuar al modo de un simple administrador concursal, afrontando sólo las mínimas transformaciones económicas que permitan salir del bache sin remover el cuerpo social. O, si por el contrario se opta por desarrollar cambios de mayor calado que intenten evitar la decadencia nacional.

En este último caso, la disyuntiva será si desarrollar cambios lentos que minimicen su impacto social, o alternativamente, implementarlos de forma rápida y decidida para evitar que las inevitables tensiones sociales se prolonguen en el tiempo. La primera opción tiene la ventaja de consolidar al partido en los puestos de poder, aunque tiene el inconveniente de fortalecer la dialéctica, la argumentación y la organización de alianzas de todas aquellas minorías que se opongan al proceso regenerador.

La alternativa contraria, actuar de forma rápida, es a mi juicio la que albergaría mayores posibilidades de éxito. Sin embargo, eso requiere una preparación previa rigurosa y minuciosa. Lo que fácilmente se puede traducir en destapar las cartas antes de hora, facilitando las embestidas populistas.

En definitiva, sobre el PP, y sobre su líder Feijó, recae ya una grave responsabilidad que requiere, no solo pulso firme y cabeza bien fría, sino, sobre todo, claridad de objetivos y determinación para alcanzarlos. ¡Ahí es nada!