La teoría de los incentivos

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La teoría de los incentivos

Si los ingenieros tratan averiguar el funcionamiento de las fuerzas de la naturaleza, los economistas intentan conocer la fuerza de los incentivos, y también en dónde estos tienen su origen. Dominar la “teoría de los incentivos” es clave para conocer el mundo en el que vivimos, y también para tratar de mejorarlo. Y es especialmente relevante para el político cuando actúa como legislador. Aunque también lo es para el elector que observa el propio comportamiento de los dirigentes y gobernantes.

El punto de partida de la teoría de los incentivos establece que cuando los hombres y las mujeres no tienen que responsabilizarse de sus actos, éstos tienden a ser irresponsables. Alternativamente, este es también el elemento fundamental por el cual la propiedad privada puede considerarse como una de las instituciones sociales más importantes, a la hora de explicar la prosperidad económica, al armonizar los incentivos individuales con los colectivos. Es decir, por su contribución a “la mano invisible” de Smith.

Por otro lado, cuando el juego de los incentivos actúa simultáneamente sobre distintos grupos sociales produce otro efecto denominado “teoría de las consecuencias no intencionadas”. Así, por ejemplo, cuando Luís XVI de Francia, y más tarde los revolucionarios que le sustituyeron, establecieron precios máximos para el pan, y otros productos básicos, con el objetivo de aliviar la situación que la inflación causaba a los más pobres, provocaron, de forma indeseada, sendas debacles al eliminar los estímulos a la producción de aquel alimento. Las consecuencias de cualquier acción son muchas y no siempre fácilmente determinables, de ahí la importancia y la complejidad de los estudios de economía.

En el plano de la política, un elector cualquiera por ejemplo uno de nosotros, puede pensar que nuestro voto tiene una capacidad de influencia tan limitada, que no vale la pena esforzarnos en conocer suficientemente, ni las diferentes propuestas ofertadas, ni los “incentivos” que mueven al proponente, ni mucho menos las “consecuencias no intencionadas” que se pueden derivar de ellas. Nos resulta mucho más sencillo prestar atención únicamente a la puesta en escena o a los titulares que se incluyen en el discurso.

Como hombres y mujeres inteligentes y ambiciosos que suelen ser, los candidatos de las distintas opciones políticas conocen a la perfección estos mecanismos mentales. Por lo que sus mensajes pondrán mucho más énfasis en la forma que en el fondo, prometiendo soluciones a diestro y siniestro sin considerar ninguna de las teorías mencionadas. Por supuesto, nunca jamás revelarán los auténticos incentivos que les mueve a participar en el juego político. Es más, bombardean a los votantes con la idea que los grandes empresarios se mueven por intereses propios, que también lo hacen las potencias extranjeras, los miembros de otras comunidades, o los de los partidos contrarios. Pero nunca reconocerán que ellos mismos también están sometidos al diseño de los incentivos implícitos en todas las leyes, en especial, las electorales.

Sin embargo, los políticos, como todos los demás mortales, están sometidos al juego de los incentivos y con ellos también la acción del gobierno, aunque se adorne con la vaga expresión del bien común. Es por ello que es tan importante el papel de la división y equilibrio de poderes y los límites que marca una Constitución.

En cualquier caso, Sánchez, Armengol, Hila y muchos otros dirigentes actuales comparten un determinado perfil, que algunos han denominado “funcionario de partido”, que es fruto de los incentivos que generan las leyes, los reglamentos y los usos establecidos en la arena política española. Es ese perfil el que impide llegar a consensos con la oposición para mejorar la calidad institucional de nuestra democracia. De ahí la gran importancia que tiene debatir sobre los incentivos a la participación ciudadana en los asuntos públicos, con especial atención a las leyes electorales.

En memoria de la Peseta

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En memoria de la Peseta

Este año se cumple el 20 aniversario de la desaparición de la Peseta. Una moneda que nos acompañó como unidad de cuenta nacional durante 134 años, tantos que mi padre nunca ha sido capaz de pensar en euros. Nació con un intento de unión monetaria y dejó de existir por la misma razón. Quizás por todo eso, soy de la opinión que tendríamos que rendirle un homenaje en nuestra comunidad, quizá en forma de monumento o quizás bautizando una calle relevante de Palma, nuestra capital.

La Peseta era una antigua moneda de plata, nacida en Cataluña durante la Guerra de Sucesión. Las primeras unidades se acuñaron en Barcelona en 1707 para financiar al bando del Archiduque Carlos con la denominación de “Real de a dos” aunque pronto el pueblo la bautizó “pesseta" que en castellano sería algo así como "piececita”. Tras la guerra, Felipe V no la retiró de circulación.

Posteriormente se vuelve a acuñar en el bando afrancesado durante la Guerra de Independencia Española. Y también más tarde durante el trienio liberal. No obstante, durante todo este periodo no deja de ser una moneda más de entre el caos del cerca del centenar que circulaban por todo el país.

No será hasta la reforma liberal de 1868 cuando se convertirá en divisa nacional, durante los primeros días de la Revolución Gloriosa que inicia el sexenio democrático. Sustituye al  Escudo y al Real que se habían intentado sin éxito unos años antes. El Ministro de Hacienda Laureano Figuerola eligió la peseta, de entre sus distintas opciones, porque por entonces se pretendía por parte de Francia, Italia, Suiza, Bélgica y más tarde Grecia crear la “Unión Monetaria Latina”, un gran proyecto antecesor remoto del Euro. La Peseta, con sus poco más de cinco gramos de plata, era la moneda con un contenido metálico más parecido al franco y a la lira.

Como buen reformista el flamante titular de Hacienda actuó con la máxima rapidez. Tomó posesión del cargo de ministro el día 9 de octubre, promulgando el decreto de adopción de la nueva unidad de cuentas tan sólo 10 días después. Utilizó para ello justificaciones netamente económicas, pero también políticas como fue la de evitar la circulación de monedas con símbolos del régimen anterior.

Como es sabido, la Gloriosa llega tras una doble crisis, política por una parte y económica por otra. Esta última es la que inspira la reforma monetaria que, además, llega acompañada de medidas netamente liberales impulsadas por el ministro catalán, como la concesión de más libertad para los agentes económicos facilitando la creación de sociedades de responsabilidad limitada, la supresión de las aduanas interiores, la liberalización de buena parte del comercio exterior, la descentralización de la gestión del puerto de Barcelona y otros, la constitución de préstamos hipotecarios, o un mejora del sistema tributario en la misma línea.

Ciertamente, Laureà Figuerola Ballester era natural de Calaf, catalán de pura cepa. Pero, tal como ocurre hoy en día, el nacionalismo lo consideró un mal catalán por la razón de ser liberal y contrario al prohibicionismo. De hecho, incluso, a principios de este siglo XXI se intentó construir un museo de la Peseta en su población natal, proyecto que quedó en una simple exposición probablemente por razones similares.

Sin embargo, Figuerola puede ser considerado como uno de los más importantes modernizadores de nuestro país. La Peseta, que como hemos señalado, nació con el mismo valor del franco y la lira, cuando fue sustituida por la actual divisa europea equivalía a 4 francos viejos (de antes de la reforma de finales de la década de los cincuenta del siglo XX) o a 11 liras italianas. De modo que, a pesar de la densa y en ocasiones trágica historia de nuestro país, la "rubia" conservó mejor su valor que las monedas de nuestros vecinos, y esa es la principal función de cualquier moneda.

Por todo ello, siendo un firme partidario del Euro, pienso que dedicar un tiempo, y un espacio permanente, a recordar a la Peseta y a su creador Figuerola es algo que nos debemos a nosotros mismos.

Datos y desigualdad laboral

 

Reformas económicas

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Reformas económicas

El modelo económico de libre empresa, que Marx bautizó como capitalismo, experimenta un permanente cambio tecnológico puesto que los empresarios tienen que poner todas sus energías y capacidades en el control y la contención de costes, así como en la diferenciación o mejora de sus productos para hacer frente a la dinámica de la competencia. Esta es la única estrategia que les puede permitir tener alguna ventaja, casi siempre temporal, sobre el resto de empresas.

Sin embargo, la existencia de las regulaciones gubernativas ofrece una alternativa; la de apelar al gobierno para evitar la competencia. Así, los empresarios a cambio de protección pueden ofrecer apoyo político. Una práctica que beneficia mucho a unos pocos y que perjudica aparentemente poco a muchos, por lo que a su vez resulta sencilla su “venta” electoral. Este tipo de actuación tiene como consecuencia indeseada trasladar parte del gasto empresarial que se hubiese dedicado al desarrollo de nuevos procesos y productos hacia acciones lobistas. Es decir, se gasta más en abogados y menos en ingenieros.

La consecuencia de todo ello no es otra que los países en los que la competencia está más arraigada y salvaguardada suelen coincidir con aquellos que generan nuevas tecnologías, procesos y productos. Mientras que aquellos otros con más intervención gubernativa acostumbran a ir siempre a remolque en esta materia.

España, por las políticas del gobierno central, y también por las de comunidades autónomas, está en el grupo de los países en los que es más rentable contratar abogados lobistas que ingenieros desarrolladores de procesos y/o productos.

En estas circunstancias la llegada de los fondos europeos puede permitir que algunas empresas adquieran la tecnología de otros entornos económicos. Algo que sin duda puede constituir una puesta al día puntual en algunos casos. No obstante, la dinámica económica no cambiará por sí sola, por lo que los efectos positivos se irán diluyendo rápidamente. Si, además, esos fondos se financian con nuevas emisiones de deuda, puede producirse un incremento del nivel de precios que tenga consecuencias negativas, no sólo en el funcionamiento del mercado interno, sino también en la competitividad de las exportaciones.

Este es el motivo de la trascendental importancia que tienen las llamadas "reformas económicas estructurales'' que, en principio, condicionarán la llegada de los fondos. Todas ellas van encaminadas a dar mayor protagonismo a los criterios de mercado; limitando de forma clara las posibilidades de intervención y prohibicionismo gubernativo. Ahora bien, esas reformas son muy difíciles de llevar a cabo desde el poder político porque alteran el statu quo que lo aupó. Jacques Delors decía: “sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo”. Este es uno de los principales dilemas a los que nos enfrentamos en el presente. Aunque desde el Gobierno se nos repita, una y otra vez, que la llegada de fondos lo solventará todo, lo cierto y verdad es que sin un programa de reformas la alegría durará muy poco.

Históricamente, solo en dos ocasiones España ha podido culminar un plan de reformas económicas profundo: durante la "Gloriosa", en 1868, cuando se adoptó la Peseta como moneda nacional; y en 1959 con el Plan de Estabilización. En ambos casos el poder político, deseoso de mantenerse en los puestos de mando, aceptó la colaboración de reformadores capaces de volverse a casa una vez finalizada su tarea. En ambos casos las políticas populistas previas habían agravado la situación. Ahora bien, en el primer caso fue necesario un cambio de régimen, en el segundo tan sólo un reemplazo de ministros que afianzó al dictador.

Hasta ahora el presidente Sánchez ha practicado un populismo de manual, sin importarle tensionar al máximo a las principales instituciones del país ni sus consecuencias económicas. Ha demostrado estar dispuesto a pagar cualquier precio para permanecer en Palacio. Pronto las reformas económicas pendientes se convertirán en una parte más de ese precio.

Impuestos y seudo impuestos sobre la electricidad

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Impuestos y seudo impuestos sobre la electricidad.

Los precios de la energía a nivel internacional, y situaciones de escasez o de conflicto, por sí solas llevarían a la sustitución de las fuentes no-renovables por otras, es decir, sin ninguna intervención llevarían al abandono de los combustibles fósiles. De hecho, Elon Musk, prototipo de personaje netamente capitalista, está haciendo más por la transición energética que muchas de las abundantes agencias gubernamentales.

Sin embargo, la lucha contra el cambio climático, y su consideración de “estratégico” supone la aceptación de elementos del sector energético que son un “bien público” que no pueden ser financiados por el mercado. Así, las restricciones a las emisiones de CO₂, la fijación de objetivos de energía renovable, la prohibición de determinadas fuentes, el mantenimiento del empleo minero ineficiente, la igualdad tarifaria en todo el país de forma independiente de las condiciones geográficas, o el monopolio de las principales líneas de distribución de electricidad, las primas a las renovables, la moratoria nuclear, etc., tienen que financiarse por formas diferentes a las de mercado, básicamente con unos seudo tributos denominados "costes regulados". En definitiva, el energético es uno de los sectores más intervenido, junto con la educación y la sanidad, de toda la actividad económica.

Es por ello, que una correcta política para este fundamental sector debe elaborarse conociendo muy bien su estructura, mecanismos y funciones. Algo que no resulta nada sencillo, pues el debate político y mediático predominará sobre el técnico, generando posturas extremas. De esta forma, se mencionan sólo los beneficios y nunca los costes de cualquier actuación sobre el mismo. Se anuncia hoy un buen objetivo, en la seguridad de que la factura no llegará hasta mañana.

Por otro lado, los energéticos, junto con los laborales y los tributarios, son unos de los principales costes a los que tiene que hacer frente cualquier empresa. De manera que una desviación en las decisiones tomadas respecto a las del mercado, suponen un lastre para la competitividad empresarial en relación con otros países. De hecho, esta es una de las varias causas que explican los movimientos de deslocalización.

Efectivamente, si los precios de los bienes y servicios que se producen en un país se forman en los mercados internacionales y se quiere que los salarios de esa economía sean elevados, hay que buscar la competitividad en la diferenciación del producto y en la reducción de los costes no-salariales, incluidos los energéticos. Dicho en otras palabras, la competitividad más allá de la diferenciación del producto, se obtiene mediante impuestos, precios energéticos y otros costes (financieros, etc.) moderados.

Ahora bien, como en España, y en buena parte de la UE, los precios de la energía son elevados por los tributos que soportan, se puede concluir que la competitividad con salarios elevados sólo se alcanzará con una política de contención de los tributos. Sin embargo, la electricidad está gravada con el tipo elevado de IVA, con un impuesto especial, y por los "costes regulados," (que es otra forma de imposición).

Así que, si a alguien le llama la atención que un bien tan básico soporte tal tributación, la respuesta hay que buscarla en lo que los economistas llaman la rigidez de la demanda. Es decir, como precisamente se trata de un bien necesario carente de sustitutivos un incremento de la imposición apenas disminuye su consumo, tal como ocurre con las gasolinas, lo que les confiere una gran potencia recaudatoria.

Por todo ello, no debería extrañar que un gobierno que considera que el gasto público, no solo es intocable, sino que debe seguir incrementándose, no le quede otro remedio que explotar al máximo todas las figuras impositivas y seudo-impositivas a su alcance.

 

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Fondos europeos y el cambio de modelo

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Las distintas administraciones públicas españolas necesitan de reformas estructurales porque tienen un grave problema de gestión, es decir, no gestionan bien. Los ejemplos son muchos y van desde los proyectos más grandes a los más pequeños. Así, la llegada de Fondos Europeos en cantidades ingentes, es, desde luego, una oportunidad, pero también un auténtico embolado.

Quien haya tenido ocasión de observar de cerca el funcionamiento de cualquier administración pública a la hora de llevar a cabo el desarrollo de un proyecto, sabe que es frecuentemente desesperante al requerir de unos plazos larguísimos y de innumerables correcciones que pueden acabar frustrando o desvirtuando por completo lo iniciado. Además, los fondos procedentes de la UE son especialmente exigentes respecto a las condiciones que marcan, lo que redobla su dificultad de gestión.

Cualquier proyecto, más si pretende cambiar nada más y nada menos que el modelo económico, requiere de una planificación a medio y largo que no es fácil por falta de incentivos. En gran parte porque la administración, con los dirigentes políticos en su cúspide, siempre piensan en el muy corto plazo. También, porque no hay elementos objetivos que permitan adoptar un criterio u otro. Así, por ejemplo, se pueden priorizar inversiones territoriales sobre otras de mayor eficiencia para contentar a una determinada comunidad autónoma, municipio o líder.

Tras la fase de planificación viene la de presupuestación, en la que los actuales gobernantes (Sánchez, Armengol, etc.) presionan para maximizar las cantidades correspondientes a los dos años que quedan de legislatura. Pero las prisas siempre provocan errores. Lo lógico es esperar nuevas correcciones o replanificaciones que retrasarán, inevitablemente, la siguiente fase de ejecución mediante la correspondiente elaboración de complicados pliegos de condiciones ajustados a los reglamentos, no siempre claros, elaborados en Bruselas.

Mientras se van sucediendo los plazos establecidos, se irán aconteciendo otras interferencias políticas de todo tipo. Lo que llevará a que la escala burocrática sea especialmente escrupulosa en el cumplimiento de las condiciones, por lo que se tenderá a agotar cualquier vencimiento o, incluso, a solicitar prórrogas. En el caso de la administración balear todavía está muy presente la legislatura del presidente Matas, así que nadie quiere “pillarse los dedos”. De hecho, desde entonces, los tiempos para la realización de cualquier proyecto, por pequeño que este sea, se han ido dilatando más y más.

A la fase de ejecución le sucederá la de verificación en la que los funcionarios de la Intervención y delegados europeos comprobarán cómo se ha desarrollado todo el proceso para así poder proceder, en todo caso, a la certificación, es decir, al envío del dinero. En definitiva, la llegada de los fondos no tan sólo no será inmediata, sino que las vías por donde deben circular al no están en las mejores condiciones pueden producir descarrilamientos.

Por último, ante estas carencias lo más fácil será aumentar las plantillas de funcionarios, lo que puede traduciéndose en más burocracia paralizante. En fin, ¿Un cambio de modelo económico? … ¡Cuán largo me lo fiais!

 

Centros comerciales ¿Reformulación?

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Centros comerciales ¿Reformulación?

Los grandes centros comerciales, como el resto del sector del ocio no-virtual, ha sido uno de los principales afectados por las fuertes restricciones de reunión implementadas por la pandemia. A lo que hay que añadir las crecientes limitaciones a la circulación, adquisición y mantenimiento de automóviles privados y, como no, el boom de las ventas por on-line.

Efectivamente, al pasear por un gran centro comercial de cualquier ciudad se pueden observar locales vacíos, probablemente víctimas de los fenómenos antes citados. Lo que, sin duda, estará provocando una reducción en los precios de los alquileres y, por tanto, en la rentabilidad, que les va a empujar a tener que reinventarse para poder volver a ofrecer un más alto valor añadido. Tendrán que reconvertirse en lugares mucho más atractivos.

Efectivamente, mientras la tendencia de los centros urbanos es la de mantener, o incluso incrementar, su poder de seducción como puntos de encuentro, reunión y socialización a medida que aumentan las limitaciones al uso del coche, con tiendas dedicadas a las compras más esenciales o como puntos de recogida de pedidos on-line; los centros comerciales de la periferia van a necesitar de nuevas ideas e inversiones para poder competir.

Para ello van a requerir de una normativa urbanística más flexible que les permita cambiar los usos. Pues el público va a reclamar más espacio al aire libre, con más zonas ajardinadas y de naturaleza. Probablemente la cultura entrará de lleno sus recintos tal vez en forma de museos interactivos de todo tipo, incluido la experiencia de visitar lugares emblemáticos de cada vez más restringidos como puede ser, por ejemplo, el Machu Picchu, el Partenón de Atenas o cualquier otro lugar único que, a partir de ahora, será de mucho más por difícil acceso, por las reducciones de los aforos.

Sin duda, también habrá locales dedicados a los temas más locales. En nuestro caso no será extraño ver, por fin, un museo digno sobre la presencia en nuestras islas de la cultura talayótica, la fenicia o la romana. Quizás también quieran optar por ofrecer actividades extraescolares en colaboración con los diferentes centros educativos. O nuevas formas teatrales. Muchas actividades médicas y de salud o de atención a los mayores puede ser que también acaben siendo uno objetivos de sus directivos. Al tiempo que, por supuesto, la restauración y la gastronomía de todo tipo ganará espacio y protagonismo a lo meramente comercial.

Seguramente, intentarán conectarse con los núcleos urbanos por medio de carriles bici y paseos. Aunque también es posible que con el objetivo de reducir desplazamientos y atraer a turistas extranjeros (exportación), puedan decidir que una parte de su superficie pase a estar dedicada a la oferta de alojamiento, incluidas viviendas en régimen de alquiler especial.

En definitiva, los centros comerciales funcionan con la lógica típica del capitalismo. Así que ahora que se ven afectados negativamente tanto por circunstancias estructurales como coyunturales, a buen seguro reaccionarán con la suficiente imaginación que, desde luego, somos incapaces de predecir. Lo que sí es seguro es que, si las normas y leyes no lo impiden, resurgirán resilientes, sostenibles y sin ayudas.

 

La London School of Economics y Hayek

 En cierta ocasión le preguntaron a Hayek (lo que se recoge en el libro Hayek sobre HayeK):

La London School of Economics era originariamente una institución fabiana. ¿Cómo es que para 1931 se encontraba en la facultad tanto Robbins como usted?

A lo que el austríaco responde: Supongo que todo se debió a Edwin Cannan. Los Webb eran en este sentido muy decentes. Querían un buen teórico de mente independiente, y hasta tal punto estaban convencidos de que un estudio de economía libre de prejuicios conduciría al socialismo que cometieron el error de admitir a alguien que disentía absolutamente de tal conclusión. Y Cannan, que era el catedrático más importante, y Foxwell, que ocupaba una cátedra de dinero y banca, estaban completamente separados de la parte fabiana. En un aspecto, Laski y yo teníamos algo en común, que nos gustaba coleccionar libros, pero por lo demás no teníamos nada que ver el uno con el otro, casi ni hablábamos el mismo lenguaje. No me pida que empiece a contarle historias del la LSE, porque si era un lugar tan peculiar, era precisamente por alguien tan extraordinario como Harold Laski.

Así mismo, también le preguntan: Los alumnos de la London School, ¿eran casi todos fabianos, se trataba de simples estudiantes que sólo buscaban un título?¿Qué motivaba ir a la LSE en los años treinta?

A lo que responde: Hay que distinguir entre profesores y estudiantes. Dentro de los primeros existía una enorme diferencia entre economistas por un lado y científicos políticos y sociólogos por otro. Entre medio estaban los juristas, geógrafos, historiadores de la economía..., que eran neutrales o, si acaso, ligeramente fabianos. Gente del grupo de Bloomsbury, como Eileen Power, o enganchados a ese grupo; era gente, a su manera, muy agradable y presentable, nada doctrinarios.

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