La batería avanzada
de San Carlos
Se trata de una de tantas vergüenzas provocadas por un "fallo de gobierno" en toda regla, uno de esos que no se suelen explicar en los libros de texto de economía. Otra costosa inversión fallida que aguarda una solución circulando lentamente por las estanterías de algún juzgado. Nuestra administración cuenta con tantos niveles que, con frecuencia, como en los casos vinculados al litoral, es difícil saber quién es el auténtico responsable.
Según reza un cartel, firmado por Ports de Balears y por la Autoritat Portuaria de Balears emplazado in situ, mediante un convenio entre distintas administraciones fechado en 2003 se aprobó un proyecto para rehabilitar las edificaciones y la zona denominada Batería Avanzada de San Carlos con el objetivo de recuperar la fisonomía original de 1762, añadiendo soluciones actuales en temas de accesibilidad. El proyecto fue encargado al arquitecto Juan González de Chaves y se llevó a cabo a lo largo del año 2010.
El mismo cartel nos recuerda que San Carlos fue el resultado de la demanda de los comerciantes palmesanos del siglo XVII que deseaban contar con una defensa para resguardar nuestro importante puerto de cualquier tipo de incursión. Así, inicialmente se construyó el Castillo y, más tarde la Batería Avanzada para poder abrir fuego a modo “de tenaza”. Por este motivo, ambas fortificaciones están situadas en los mejores emplazamientos que enlazan la ciudad con el mar.
En 2012 la Autoridad Portuaria saca a concurso el aprovechamiento y mantenimiento de las ya renovadas instalaciones consistente en un bar, cafetería y restaurante que incluye una piscina y un solárium. Ese mismo año elige a la empresa que considera más ventajosa, contando -según señalan- con el visto bueno del Ayuntamiento de Palma y demás administraciones implicadas (Consell, Ministerio, etc.).
Todavía circulan en Internet fotografías del magnífico espacio que se pretendía ofrecer a la ciudadanía. Una terraza con inmejorables vistas a la bahía y al mar abierto que, se decía, adoptan la forma de chill out mediante instalaciones provisionales y desmontables. Así, no resultaría difícil subsanar cualquier incumplimiento en materia de protección del patrimonio. Finalmente, en 2015 abrieron el local al público, contratando a 19 trabajadores.
Sin embargo, en mi opinión, el concesionario cometió el gran error de rebautizar el lugar con el frívolo nombre de “Lolita Club” de reminiscencias novokovianas. No fueron conscientes de que los políticos acostumbran a dar más importancia a las apariencias que a la realidad. Y aunque, desde luego, cambiar un nombre es más fácil que modificar cualquier tipo de instalación, el enigmático reparto de competencias entre administraciones unido a la tipología de nuestros políticos, lo hacía prácticamente imposible. Así, inmediatamente se ordenó, por parte de una de las innumerables administraciones con competencias en el litoral, el cierre del impresionante enclave. En concreto fue el alcalde Noguera.
Desde entonces, tras diversos avatares, el lugar no sólo permanece cerrado, sino que ofrece un espantoso, deplorable y terrible aspecto de degradación con abundante acumulación de suciedad que, en parte, puede acabar cayendo al mar.
En definitiva, una vez más, la falta de claridad en cuanto a las competencias del litoral (un claro fallo de gobierno) provoca un nuevo foco de degradación y contaminación, sin importar tan siquiera que el lugar sea patrimonio histórico.
¿De verdad, esperamos que sea la Administración quien solucione la catástrofe del Mar Menor?, ¿Cuál de ellas?
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