¿La política convertirá la movilidad en un lujo?

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¿La política convertirá la movilidad en un lujo?

Algunas democracias, entre ellas la nuestra, en aras a la simplificación han cometido el error de focalizar en una única variable toda la actuación de de un determinado responsable político. Una mala práctica achacable, en gran parte, a la connivencia de algunos de los principales grandes medios de comunicación con el poder. Se generan, así, en la persona que ocupa el cargo público de turno incentivos perversos, pues ésta tenderá a centrar su atención en esa única cuestión, descuidando el resto. Es decir, que mientras el guarismo publicitado sea positivo, como todo lo demás no se ve, tampoco se importa.

Así, juzgar al director general de tráfico únicamente por la siniestralidad incentiva, a que quien ostente el cargo, a prohibir o imponer todo tipo de restricciones a la movilidad con tal de reducir el número de accidentes. ¡Nada más interesa!  Este es el motivo de una de las últimas propuestas del actual Director General de Tráfico, Pere Navarro, al considerar la necesidad de prohibir la compra-venta de vehículos usados entre particulares, pues, según sus palabras, el auge de la “segunda mano” va en contra de la seguridad vial. Una idea que es más fruto de nuestra estructura política que de la "genialidad" de este señor.

De hecho, ya en su momento, se crearon las ITV como monopolios de los gobiernos autonómicos a los que el ciudadano tiene que dedicar tiempo, paciencia y dinero para demostrarles que observa unos determinados requisitos de seguridad que la inmensa mayoría de conductores cumple, lógicamente, por propia iniciativa. Por supuesto, esos requisitos se van endureciendo con el paso del tiempo con la clara intención de convertir, artificialmente, en obsoleto una parte creciente del parque móvil.

Si de igual manera, cuando la atención mediática sobre el medio ambiente se centra exclusivamente en las emisiones de CO2 de los vehículos, sin considerar ningún otro aspecto, tal como puede ser la propia fabricación, los políticos de turno pueden acabar diseñando una transición energética, en materia de movilidad, que les permita presentarse como grandes luchadores contra los combustibles fósiles, sin ninguna otra consideración medioambiental. Y, por supuesto, ocultando el precio que hay que pagar por ella. Una vez más, no es cuestión de quién ocupa un cargo de responsabilidad, sino de los incentivos a los que esa persona se ve sometido.

Es por todo ello que ahora nos encontramos no sólo con una energía mucho más cara, sino que también se ha activado el detonante de una empobrecedora inflación. Otra consecuencia secundaria de todo este proceso es el fuerte encarecimiento de los automóviles, alejándolos, poco a poco, del usuario medio. La rapidez con que se ha diseñado la transición hace que el precio de las materias primas para la producción de vehículos eléctricos se dispare, hasta tal extremo que ya hay analistas que creen que no se podrán cumplir los plazos previstos. Así que la respuesta del gobierno es incrementar la tributación de los vehículos de combustión en un intento de igualar precios, más allá de los, siempre presentes, fines recaudatorios

Con una economía renqueante, y un mercado de trabajo que no funciona, son muchos los conductores de nuestro país que ni tan siquiera se plantean la posibilidad de cambiar de coche, por lo que se está produciendo un efecto de cubanización del parque, tal como ya adelantamos en un artículo, publicado en estas mismas páginas, el pasado día 27 de julio. Este es el fenómeno que ha motivado al señor Pere Navarro ha realizar las declaraciones mencionadas.

Pero no acaba aquí el asunto, pues apenas se adquieren vehículos eléctricos a pesar de unas ayudas que no acaban de cuajar, por estar diseñadas más para publicitarse que por su efectividad. Un clamoroso fracaso, que incentiva una nueva "huida hacia adelante" consiste en decretar que los coches nuevos serán los únicos que podrán circular por determinadas zonas. Es decir, que los demás tendrán que pagar nuevos, o más elevados, impuestos por moverse, bajo la amenaza de ser declarados obsoletos.

A todo ello hay que sumar que los descomunales déficits públicos han supuesto un parón casi completo en el desarrollo de nuevas inversiones en infraestructuras. Desde hace años ni se construyen nuevas carreteras, ni aparcamientos, ni cualquier otro elemento que facilite la movilidad. Al revés, está previsto que habrá que pagar nuevos peajes por circular por vías ya amortizadas.

Por supuesto, la deficiente gestión del transporte público también se enjuaga con pingües subidas de precios camufladas en la diversidad tarifaria, sin que se implementen mejoras relevantes más allá de la lógica renovación parcial de flotas.

Por todo ello, es lícito preguntarse; ¿Se pretende convertir la movilidad en un lujo, en vez de en un derecho al alcance del ciudadano medio?¿De verdad no hemos de realizar reformas fundamentales en nuestro sistema político que racionalicen los incentivos de los gobernantes?

 

Las Charlas de CyR: Pep Ignasi Aguiló

Me gustaría que encontraseis un momento para escuchar esta charla que mantengo con Pep Ignasi Aguiló Fuster , presidente de PLIS Educación, dentro de la serie de charlas que estamos llevando a cabo en Consenso y Regeneración.

Lengua, nacionalismo, Educación, esos son los ejes de la charla. Creo que a algunos os sorprenderá.

Sanchismo y franquismo sociológico

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El peronismo practicado por Pedro Sánchez y sus socios requiere de un enemigo terrible que los convierta en salvadores de la patria. De ahí que intenten resucitar a Franco una y otra vez. El árbol no debe, sin embargo, dejarnos ver el bosque. Si comparamos algunas de las pautas políticas del franquismo sociológico con muchos de los tics de la actual izquierda, quizás podemos encontrar puntos similares.

Por ejemplo, en materia económica tanto unos como otros se muestran partidarios de practicar un corporativismo oligopolístico que les asegure el apoyo de determinados sectores empresariales mediante un discurso que rechaza la libertad de mercado. Una estrategia que les permite colonizar a las organizaciones sindicales, poniéndolas a su servicio.

Ambos prefieren la inflación antes que las reformas económicas, en un intento de mostrar el liderazgo estatal-gubernamental frente a la ortodoxia en el manejo de los asuntos económicos. Es decir, comparten unos y otros un declarado intervencionismo con proclamas sociales y populistas para justificarlo.

El propio hecho de construir un enemigo imaginario que contribuya a cohesionar las fuerzas propias, a falta de una ideología bien definida, es otra cuestión compartida entre el franquismo y el sanchismo. Así, mientras el primero se presentaba como la tabla de salvación frente a los complots de hordas marxistas, el segundo ensaya una narrativa simétrica frente a la ultraderecha. 

Coinciden también en ejercer un control estatal sobre la propia historia, llegando a legislar, en ambos casos, para construir la que se podría denominar “versión oficial” de la misma. Ciertamente en sentidos opuestos, pero con instrumentos parecidos, con la pretensión de deformarla tanto en los libros de texto como en las propias escuelas o, incluso, con el trasiego de féretros. Todo vale para mutar los hechos históricos, que siempre son complejos, en mitos simples.

El control de los principales medios de comunicación y el uso masivo de la propaganda es otro punto compartido. Desde el inicio de la democracia buena parte de la prensa escrita adscrita al régimen franquista se reconvirtió en izquierdista, sumándose así a muchos otros grandes medios de comunicación existentes o nuevos. Lo que ha dado como resultado un dominio mediático que consigue crear un marco mental que muchos terminan aceptando. En Mallorca, incluso, el diario de mayor difusión parece haber retrocedido varias décadas, al llevar las noticias judiciales y los anuncios de las promesas de los partidos en el poder a primera plana, relegando cualquier atisbo de la crítica que debería caracterizar al cuarto poder a breves artículos en las páginas de opinión.

Ese marco mental que el peronismo sanchista ha logrado construir junto con la irrupción de masas de acoso que, a través de cualquier medio, consiguen intimidar o amedrentar al discrepante conduce a muchos opinadores a la autocensura.

Añadamos que ambas tipologías políticas han estado o están encabezadas por un líder carismático que no duda en presentarse investido de una clara superioridad plasmada en la exhibición de los grandes bienes materiales del Estado puestos a su disposición, ya sean éstos un clásico Roll Royce o un moderno Falcon.

En materia sexual el catolicismo extremo, del que se sirvió el franquismo, imposibilitó muchas relaciones satisfactorias entre mujeres y hombres. Una tendencia que, tras el desquite de los años de la transición, vuelve con fuerza de la mano de un neopuritanismo que considera sospechosos de prácticas heteropatriarcales abusivas a la mitad de la población por el simple hecho de ser varones.

Incluso el fútbol, que se llegó a considerar la “tapadera del franquismo”, tiene un claro paralelismo con las series de las grandes plataformas de televisión, al conseguir distraer y canalizar las pasiones del gran público, manteniéndolos alejados de los problemas reales que les afectan. Ambos fenómenos se han utilizado políticamente de una forma parecida.

En cualquier caso, y no menos relevante, los dos conglomerados políticos transmiten la sensación de anhelar monopolizar el poder por encima de todo, estando dispuestos a utilizar para ello cualquier recurso a su alcance. ¡Menos mal que ahora tenemos la Constitución! Por eso cuando algunos socialistas se preguntan a dónde fue a parar el franquismo ideológico, quizás, antes de buscar en otros lugares, podrían comenzar mirando también en su propia casa.

¿Novedades sobre la ecotasa?

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¿Novedades sobre la ecotasa?

Hace unos días nos enteramos de que algunas partidas recaudadas en el Impuesto de Turismo Sostenible se estaban destinando a la financiación de eventos de la prensa amiga. Más tarde un nuevo medio de comunicación desvinculado del Govern nos informó que sólo uno de cada tres proyectos aprobados y presupuestados hace cinco años se ha ejecutado o iniciado. Así que es de suponer que las enormes cuantías recaudadas se han dedicado a engordar, más todavía, la administración autonómica.

Y eso que la mayoría de proyectos son de una dimensión tan pequeña que no parece excesivamente difícil llevarlos a cabo. De hecho, no hay ninguno con la suficiente envergadura como para abanderar y visualizar la transformación ambiental que se pretendía, sin menoscabo de las micro actuaciones.

¡Nada nuevo bajo el sol! Crear un impuesto que no tienen que pagar los votantes es el sueño de todo hacendista. Aunque es cierto que los hoteleros-recaudadores hubieran podido protestar, tal como ocurrió cuando se implantó por primera vez bajo el mandato del señor Antich. Pero ahora, la nueva-vieja política corporativista que evita la competencia mercantil, abrazada por la izquierda post-obrera, les lleva a callar y sonreír con el conseller del ramo sobre el photocall de cualquier evento. Los nuevos socialistas pueden aliarse sin problema con las fuerzas económicas con la sola condición de ser feministas, eco-friendly y resilientes.

Por otro lado, cualquier hacendista sabe que un tributo sólo es finalista de cara a su “venta política” puesto que la labor de las haciendas públicas no es otra que la utilización de todos sus recursos al servicio de una constante maximización de la recaudación. O, dicho en otras palabras, su labor es exprimir al ciudadano hasta el nivel más elevado que pueda aguantar sin explotar, por lo que siempre acaban integrando cualquier fuente de financiación.

Por otro lado, las fragmentaciones de grandes fondos en pequeñas promesas de inversión tienen la ventaja de contribuir a reforzar las redes clientelares, al tiempo que dificulta al gran público hacer un seguimiento pormenorizado de las mismas. Tan sólo tenemos que rastrear las partidas prometidas en concepto de capitalidad de Palma durante los últimos años para hacernos una idea de este esquema de funcionamiento. Una inversión de cierta envergadura normalmente tendrá partidarios y detractores repartidos de forma incierta, por los dirigentes políticos las tratan de evitar como si fueran gatos escaldados. Además, un gran proyecto obliga a movilizar a la administración en materia de contratos públicos con el riesgo judicial típico de la hiperregulación, lo que explica que desde la época del President Matas la única infraestructura relevante realizada sea un “Port Petit”.

Por último, las inversiones siempre son la partida más volátil de cualquier presupuesto. Pues los gastos comprometidos para el propio funcionamiento de las administraciones crecen a paso firme de año en año, devorando la mayor parte de la financiación pública y dejando muy pocos recursos para aquellos gastos susceptibles de ser alejados en el tiempo.

En definitiva, tras un lustro desde su implantación, ya sabemos que la teoría económica se ha cumplido; un impuesto siempre es un impuesto por mucho que se le adorne con nombres bonitos y amables. Como se estudia en los manuales de economía desde hace más de dos siglos, cualquier tributo conlleva una “pérdida irrecuperable de eficiencia” cuya recaudación nunca es capaz de evitar.

Los sucesos de Canet de Mar

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Los sucesos de Canet de Mar

¿Cómo es posible que la política catalana haya dado el triste espectáculo ocurrido en una escuela de Canet de Mar? ¿Cómo es posible que se haya llegado a tal extremo de degeneración democrática y de desviación moral? Ciertamente, el acoso, y hostigamiento al que ha sido sometido un niño, de tan sólo cinco años, que solicitaba que en su escuela se cumpliera con la ley. Sin duda las amenazas y la intimidación tienen la clara intención de evitar nuevas peticiones en el mismo sentido, tal como ya ocurrió con los hijos de guardias civiles.

Sin duda, el nacionalismo es una ideología populista y perversa fundamentada en la creación y exaltación de hechos diferenciales que señalan al que consideran opuesto como enemigo a batir. ¡Xenofobia más o menos encubierta! Pues cierto que puede haber nacionalismos más moderados y otros más exaltados, sin embargo, tanto unos como otros se asientan en los mismos principios.

Pues bien, en nuestro país, por debajo de la Constitución ahora invocada, existen dos leyes importantes que contribuyen a extender y reforzar el imaginario nacionalista, como una negra mancha de aceite que va devorando el tradicional “seny” catalán, y que amenaza, seriamente, con hacer lo mismo en nuestra comunidad y, también en otras.

La ley electoral y de partidos, entre otros muchos defectos, otorga una absurda ventaja a los partidos “bisagra'', es decir, a aquellos que se asocian según conveniencias indistintamente con cualquiera otro del espectro político. De esta manera, las formaciones que, cumpliendo este requisito, concentran la totalidad de sus votos en muy pocas circunscripciones, tal como les ocurre a los nacionalistas, gozan de un desmesurado poder de negociación que, a su vez, les permite implementar toda una colección de políticas clientelares y de control mediático de una magnitud tal dimensión que les perpetúa en el poder.

Dicho en otras palabras, la semilla irracional del nacionalismo está, en buena medida, en nuestras leyes electorales y de partidos. Motivo por el cual son los miembros de la sociedad civil, en vez de los líderes políticos, los que están dando la batalla en defensa de los más elementales derechos constitucionalistas en Cataluña.

En segundo lugar, las leyes de financiación autonómica que consagran la ausencia de corresponsabilidad fiscal auténtica, clara y diáfana entre los distintos niveles de gobierno. Contribuyendo a la difusión de un poderoso y recurrente argumento de los nacionalistas para azuzar sentimientos antiespañoles. Nunca, como en esta cuestión, el victimismo impostado resulta tan electoralmente rentable. Aunque lo peor de esta legislación es que convierte en irresponsables de casi todo a los dirigentes autonómicos, al evitarles tener que rendir cuentas a sus conciudadanos con tan sólo envolverse en la bandera de su comunidad. Un sistema en el que el gran perdedor es el contribuyente que ve cómo se multiplica el gasto político (que no público) clientelar.

Así que, ahora, cuando una buena parte de la casta política y mediática se rasga las vestiduras por los sucesos de Canet, en realidad están comportando como aquel gendarme de la película “Casablanca” cuando le dice a Rick (Humphrey Bogart): ¡Qué escándalo, qué escándalo he descubierto que aquí se juega!, para acto seguido embolsarse sus ganancias.

La Constitución, con todos sus defectos es, hoy por hoy, el mejor instrumento que tenemos para preservar nuestra convivencia en paz y libertad. Pero precisamente por ello pienso que resulta tan importante abrir el debate sobre la necesidad de llevar a cabo las reformas políticas de calado que nos permitan proteger nuestros valores democráticos más básicos. Sin embargo, y desgraciadamente mucho me temo que ese debate sólo se puede promover desde la sociedad civil con todas las dificultades que eso conlleva.

La magia (negra) de la inflación

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La magia de la inflación.

Ciertamente, estamos experimentando la que debe ser la mayor disminución salarial experimentada por los actuales trabajadores en activo. Y no pasa nada. Aunque eso sí, los empleados del Banco Central Europeo, quizás por contar con más información que los demás, quizás porque ellos sí saben que da igual que la inflación sea coyuntural o persistente, han sido los primeros en elevar sus reivindicaciones laborales para hacer frente a la bajada de salarios encubierta que supone. A buen seguro ganarán, aunque se intente evitar que nos enteremos.

Recordemos como la bajada de sueldos realizada por José Luís Rodríguez Zapatero se inició con una disminución, que nunca se revirtió, para los funcionarios. Luego se extendió a capas más amplias. Aquella medida tomada a contrapelo por el líder del PSOE en la primavera de 2010 le llevó a tener que convocar unas elecciones que, indudablemente, perdería. La inflación de este año ya ha mermado el poder adquisitivo de sueldos y salarios en una proporción mayor que en aquella ocasión.

Ahora, la vieja magia de la política inflacionista del nuevo líder socialista, en cambio, le permite llevar al país a un empobrecimiento claramente superior con muy amplias posibilidades de revalidar el cargo. Una simple cuestión psicológica, unida a un cambio de papel de los medios de comunicación y los sindicatos, hace que no se responsabilice al gobierno del desaguisado. Poco importa que las subidas del salario mínimo, de hace unas semanas, ya estén devoradas por las subidas de precios; Sánchez es ante la prensa sumisa y los sindicatos el adalid de los mileuristas.

El osado presidente sabe que el Banco Central Europeo lo tiene muy complicado para revertir la situación, pues una subida de tan sólo un punto de los tipos de interés resulta inasumible para los países sobre endeudados de la Unión. Así, es previsible que los gobiernos más populistas, como el suyo, actúen de la siguiente forma: en primer lugar, reforzar las alianzas (y las subvenciones) con los medios de comunicación y, también, con los sindicatos a fin de minimizar y diluir las posibles reivindicaciones al estilo de los empleados del Banco Central Europeo. De hecho, la significativa noticia ha sido prácticamente silenciada en España.

Más adelante, cuando el malestar sea algo más difícil de contener, se iniciará una narrativa en la que se culpe a capitalistas, especuladores, franquistas o al PP de la mala situación. Al tiempo que, como mínimo, se anunciarán bondadosas iniciativas para controlar los precios. Quizá esto último se haga utilizando algún neologismo que otorgue carácter técnico y académico a la propuesta. Por otro lado, como no toda la población sufre el perjuicio en la misma proporción, se pondrá énfasis en mostrar los casos más exitosos.

Todo esto lleva su tiempo, así que probablemente se puedan convocar las elecciones con garantía suficiente de reelección. En gran parte porque con la actual estructura electoral un debate con un mínimo de profundidad resulta casi imposible. De esta forma, el panorama sólo es optimista en los medios de desinformación.

En definitiva, una vez más soy de la opinión que los problemas de nuestro país hunden sus raíces en fallas del sistema de representación política cuya solución, sin embargo, no requiere tocar la Constitución. Por ello, vuelvo a animar a los partidos constitucionalistas, ahora en la oposición, a ser valientes y a realizar propuestas claras para la mejora del sistema.