La mochila austríaca, otra oportunidad perdida

 mallorcadiario.com

La mochila austríaca, otra oportunidad perdida.

Con los fondos europeos y la reforma laboral se ha perdido una magnífica ocasión de implementar la “mochila austríaca” en nuestro país. Una fórmula que permitiría reducir en gran medida la injusta e ineficiente dualidad de nuestro mercado de trabajo.

Con nuestra legislación, los costes del desempleo recaen principalmente sobre las empresas que reducen sus puestos de trabajo vía indemnización por despido, con guarismos más elevados que las prestaciones estatales. Así, la dualidad se produce porque junto a esos trabajadores que tienen derecho a la indemnización hay otros que no lo tienen, Lo que genera, además de una situación de desigualdad flagrante, una enorme ineficiencia que se traduce en elevadísimas tasas de paro por el gran desincentivo a contratar con trabajadores indefinidos, teniendo la posibilidad de hacerlo con temporales.

La modalidad laboral austriaca supone sustituir las indemnizaciones por despido en función de la antigüedad por una retribución de un complemento salarial, a cada trabajador, para la constitución de una mochila o fondo. Por ejemplo, un empleado que ganase 2.000 euros mensuales, recibiría 200 euros adicionales cada mes como aportación a la mochila. Ese fondo solo se podría rescatar, o bien en caso de despido, o bien en caso de jubilación, de forma que la dualidad desaparece con todos sus problemas.

La mochila resuelve, por ejemplo, el dilema, que puede experimentar un trabajador de 59 años con una dilatada trayectoria de ingeniero de telecomunicaciones en una empresa de alta tecnología, si le ofrecen, en otra empresa, un puesto más atractivo, mejor retribuido y con mejores condiciones laborales. Si lo acepta perdería su derecho a la indemnización por despido, si se queda dónde está lo conserva. Ahora bien, si le pueden ofrecer mejores condiciones es porque sus servicios son más productivos en el nuevo empleo, de manera que quedarse en donde está significa no aprovechar todas sus potencialidades.

Pues bien, con la mochila austríaca ese trabajador podría cambiar de empresa sin perder ningún derecho, contribuyendo a mejorar, no sólo su situación, sino también la del conjunto de la sociedad.

Además, la mochila supone que deja de producirse un salto al transcurrir un periodo determinado del contrato laboral desde una situación de eventual a otra de fijo, pues se va afianzando la relación con el empleador día a día.

Entonces, ¿Por qué no se implementa en España esta modalidad laboral? Pues sencillamente, por sus costes transitorios. Pues, efectivamente, hasta su total implantación convivirán indemnizaciones por despido y con la dotación al fondo, lo que es un sobrecoste para las empresas, aunque a largo plazo sea un ahorro.

Álvaro Nadal, que ejercía de economista de la Moncloa cuando la reforma laboral del 2012, cuenta que ese fue el motivo de no haber incluido la fórmula de la mochila.  Es por ello que, ahora se tendría que haber aprovechado la llegada de los fondos europeos para implementarla, incrementando los derechos de los trabajadores al tiempo que otorgando más eficacia a los recursos humanos. Y recordemos que más eficacia, en este capítulo, significa menos desempleo y mejores salarios.

La oportunidad perdida nos condena a que el gran mal de males de nuestro país, el desempleo, continúe mostrando datos que no son para estar orgullosos, partiendo en dos al conjunto de los trabajadores: los de contratos estables y los otros precarios obligados a realizar ocasionales visitas a las oficinas del Sepe.

Si a todo esto añadimos que la reformita de Yolanda Díaz, incluye la vuelta a dar prioridad a los convenios sectoriales sobre los de empresa, devolviendo la ultra actividad de los mismos, con la finalidad de volver a potenciar a los sindicatos afines. Se está contribuyendo a poner barreras de entrada a nuevos competidores tanto empresariales como laborales, dirigiendo la economía nacional hacia un nuevo y enquistado statu quo, que potencia la inflación.

Quizás sea que al populismo de Pedro Sánchez le cuesta abandonar la concepción gremial de la economía, y el viejo sistema vertical corporativista del que tanto presumía el franquismo.

 

¿Cuántas personas han muerto realmente por el COVIB?

¿Cuántas personas han muerto realmente por el COVID?

mallorcadiario.com

El pasado 31 de enero el presidente de Canarias Ángel Víctor Torres se quejó de la existencia de importantes diferencias, entre comunidades autónomas, en la forma de contabilizar los fallecidos a causa del COVID. Además, pidió que el Consejo Interterritorial de Salud evite la confusión entre los óbitos producidos por la pandemia de aquellos que se producen por otros motivos, aunque con una PCR positiva.

Lo hacía con el habitual tono victimista de los Presidentes regionales cuando consideran que los datos no les son favorables. Cierto que, al ser del PSOE, se mostró disciplinadamente respetuoso con las decisiones tomadas por el gobierno actual nacional.

En cualquier caso, a raíz de esas declaraciones, el doctor José Miguel Gaona, en su programa “La Reunión Secreta” emitido en directo el pasado viernes 11 a través de su canal de YouTube, buceó en las páginas web de las diferentes consejerias de sanidad comprobando, que efectivamente, las formas de contabilizar las muertes causadas por el maldito bicho difieren mucho y tienden a la confusión apuntada por el canario.

Hasta tal punto existen 17 formas de tratar el tema que incluso, en algunos casos, se toman como referencia las esquelas publicadas en los medios de comunicación e Internet, o en otros una PCR positiva realizada con seis meses de anterioridad al deceso es suficiente para poder considerarse “muerto por COVID”, aunque el deceso se haya producido por un accidente de tráfico. En algunas otras ese período se reduce misteriosamente a la mitad. También las hay que advierten que el número de fallecidos por esta causa puede ser superior al de PCR efectuadas. En Baleares admiten que no pueden asegurar la bondad de los datos publicados.

Sin duda, se trata de una disfunción de la máxima relevancia porque en base a esos datos las autoridades han tomado graves medidas restrictivas de los derechos y libertades de las personas, con indeseables consecuencias, no sólo para la economía, sino también para la salud de todos aquellos que están afectados por otras enfermedades.

¿Existe algún interés en elevar las cifras de fallecidos por la pandemia?, ¿Cómo es que no se han establecido protocolos que permitan una mejor calidad de datos tan importantes?, ¿Es pura ineficiencia administrativa? Son preguntas que se suman a otras anteriores como ¿Qué fue lo que llevó al Gobierno de España, seguido por una parte de la oposición, a tomar medidas anticonstitucionales?, ¿Por qué se gestionó al estilo chino y no al occidental?, ¿Por qué algunos gobiernos autonómicos, como el Balear, tomaron medidas posteriormente fueron revocadas por los tribunales?

Ahora que parece que la enfermedad remite, es el momento de mirar hacia atrás con calma y perspectiva para analizar todas estas cuestiones, que han demostrado que, ante una pandemia tan importante tan como el desarrollo de la mismísima ciencia médica, lo es el de la solvencia de las instituciones sociales.

En cualquier caso, como probablemente, esa mirada hacia atrás no se hará de forma objetiva ni desde esas mismas instituciones oficiales, ni tampoco desde los grandes medios de comunicación a su servicio a pesar de que la verdad siempre interesa, les aconsejo visionar el programa del doctor Gaona que está disponible en YouTube bajo el título “La gran mentira de COVID”.

 

Lobista versus innovador

 

El nuevo modelo de financiación: Ayuso gana.

 mallorcadiario.com

Nuevo modelo de financiación: Ayuso gana.

El nacionalismo es el principal responsable del actual modelo de financiación autonómica, configurado en sucesivas rondas. Pues el sistema político-electoral español otorga mayor poder de negociación a los partidos bisagra, un hecho que los nacionalistas nunca han desaprovechado. Así, que a pesar de que se rasgan las vestiduras cada cierto tiempo, ellos son los principales artífices del actual sistema.

La característica principal del mismo es el intento de diluir la responsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos compartiendo los grandes impuestos (como IRPF e IVA) con el gobierno central. Este tipo de tributos tienen dos tramos uno por cada una de las dos administraciones. De forma que al ciudadano corriente le resulta difícil identificar quien es responsable de lo que tiene que pagar. De hecho, el público piensa exclusivamente en el gobierno central cuando los paga a pesar de la gran capacidad legislativa de los ejecutivos regionales en el caso del impuesto sobre la renta.

Así mismo, el sistema también contempla algunos tributos, de menor potencia recaudatoria, totalmente cedidos como competencia exclusiva a las comunidades. Estos sí que están identificados, por los electores, con la política autonómica, permitiendo así visualizar y diferenciar de forma diáfana el tipo de política fiscal de cada comunidad. Pues bien, los nacionalistas, en contra de lo inicialmente se podría pensar, también quieren que estos tributos se compartan, a partir del nuevo modelo, entre ambas administraciones de forma similar a lo que ocurre con los de mayor potencia. Es decir, incoherentemente quieren renunciar al autogobierno en aras a una mayor recentralización.

Así, por ejemplo, quieren que el impuesto de patrimonio sea dual en todo España, es decir, que se establezca un tipo estatal y otro autonómico, para garantizar que se recauda por Hacienda, aunque la parte regional pueda estar bonificada en algunas regiones, como es el caso de Madrid. La misma configuración demandan para el impuesto de sucesiones y donaciones, con lo que Baleares también perderá.

En realidad, tratan de embarrar el terreno de juego, tal como ocurre con el IRPF e IVA, diluyendo la responsabilidad de pasar la factura a los ciudadanos. Es decir, se trata de evadir la rendición de cuentas electoral, de forma que se puede continuar utilizando el gasto público como gasto político.

Para más inri, los nacionalistas también quieren crear toda una nueva colección de tributos que llamarán “verdes” para facilitar su aceptación por parte del público, que todas las autonomías tendrán que implementar obligatoriamente bajo amenazas de sanción.

En definitiva, en aras a aumentar su poder, quieren crear, y probablemente lo conseguirán, un modelo de financiación autonómica populista de graves consecuencias para el conjunto del país, al crear una tendencia al desequilibrio presupuestario, que tarde o temprano se traduce en incrementos tributarios y, por tanto, en mayores dificultades para la competitividad empresarial, el crecimiento económico y la propia vida del día a día.

Ahora bien, a pesar de que con toda seguridad el nuevo modelo que vea la luz sea ese homogéneo y extractivo (armonizado lo llamarán) de los nacionalistas, lo mejor del Estado de las Autonomías es que permite comparar distintas formas de regir los asuntos públicos. Por lo que los electores ya saben que hay formas distintas de hacer las cosas en materia fiscal. La joven presidenta de Madrid ya ha mostrado un camino diferente y enormemente atractivo, cuando el principal gasto, con diferencia, al que hace frente una familia cualquiera es el tributario. Así, aunque pierda en la votación correspondiente en el Congreso, Ayuso gana.

 

 

Los empleados del BCE y la inflación

 mallorcadiario.com

Los empleados del BCE y la inflación

Ben Bernanke, el todopoderoso gobernador de la Reserva Federal durante la Gran Recesión, defensor del “helicóptero del dinero”, sostenía que la política monetaria es en un 98% comunicación y, en un 2% acción. Ciertamente, la economía nunca ha sido únicamente técnica, tal como demostró Mario Draghi ante la incomparecencia de los principales líderes de las instituciones europeas.

Pues bien, quizás ahora el Banco Central Europeo opere en una realidad muy distinta, o quizás la ausencia de comunicación sea una forma de comunicación. A finales de noviembre pasado, mientras la presidenta Christine Lagarde se desgañitaba defendiendo que la inflación de la eurozona era meramente “transitoria”; los empleados de la institución reivindicaban incrementos salariales que evitasen la pérdida, de en torno al 6%, del poder adquisitivo consecuencia del aumento de los precios en la Eurozona, rechazando la subida del 1,3% pactada. ¡No son unos trabajadores cualquiera, son los trabajadores del BCE!

Sin duda, se trata de una noticia de la mayor relevancia, mucho más que la última subida del precio de la electricidad. Una contradicción de tal magnitud entre la dirección política del BCE y sus empleados, mayoritariamente altamente cualificados, resulta de gran interés para el conjunto de la población. Sin embargo, apenas la recogieron algunos diarios especializados hace un par de meses. Y, desde entonces, no hemos vuelto a tener información sobre cómo se ha resuelto la disputa. Una vez más, planea la sensación de que los grandes medios de comunicación no están cumpliendo el papel que se espera de ellos. ¡Dime quién te financia y sabré qué línea editorial sigues!

Volviendo al tema, Jerome Powell, a diferencia de su homóloga europea, ya ha anunciado subidas de tipos para neutralizar el enorme poder destructivo de una potencial inflación estructural. Por su parte, Draghi sostenía, cuando en 2015 ponía en marcha un potente programa de expansión monetaria, que esa política tenía que tener fecha de caducidad. Ahora, casi siete años después, De Guindos ha pedido a las empresas que no suban los salarios al ritmo de los precios, señalando que vincula una potencial alza de tipos, a las subidas salariales por encima del 3%, al objeto de evitar los efectos de las llamadas “segundas rondas” de escalada precios-salario.

Pero... ¿Qué ha pasado con las reivindicaciones de la Organización Internacional y Europea de Servicios Públicos, sindicato que defiende los intereses del personal del Banco Central Europeo?. No lo sabemos, sin embargo, dado el interés de la entidad monetaria central en la estabilidad de precios, la ausencia de noticias al respecto puede indicar que la institución puede estar dispuesta a atender las peticiones de sus trabajadores, haciendo caso omiso a sus propias recomendaciones.

A la falta de comunicación sobre este asunto, se une al trasiego de personas que pasan desde algún cargo político de gobierno a ocupar puestos directivos en el banco, o viceversa, lo que puede estar transmitiendo la idea de falta de neutralidad e independencia de la institución monetarias. Un peligro que ya vivimos, con dolor, hace cinco décadas.

En definitiva, si Ben Bernanke tiene razón, y no dudo que la tenga, el Banco Central Europeo desgraciadamente no parece estar siguiendo el mejor camino para librarnos del catastrófico mal de la inflación.