martes, 29 de septiembre de 2020

EL FENÓMENO GLORIA ÁLVAREZ

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EL FENÓMENO GLORIA ÁLVAREZ

Si con la radio y la televisión la dimensión informativa de la política era nacional, ahora con las redes sociales es idiomática. Eso explica, en parte, que el populismo, o socialismo del siglo XXI, hispanoamericano haya aterrizado, con fuerza, en España de la mano del tándem Sánchez-Iglesias.

Así que, de igual manera, es más que posible que la respuesta a esa empobrecedora corriente política también venga del otro lado del charco. Al menos así apunta el fenómeno Gloria Álvarez. Se trata de una joven y mediática politóloga guatemalteca afincada en México, de sólida formación y verbo arrollador, que ha alcanzado fama internacional mediante la presentación en youtube de los varios libros “best-sellers” de los cuales es autora o coautora. Además, aunque le faltaba más de un lustro para alcanzar la edad mínima de 40 años que la Constitución de Guatemala establece para ser candidato oficial a la presidencia del país, decidió participar en la última carrera presidencial de 2019 para dar a conocer sus propuestas reformistas a través de las redes.

Sus videos muestran su envidiable manejo del español, su fresco aspecto juvenil y, sobre todo, su potente argumentario liberal y anti-populista-socialista. Están causando, no sólo asombro, sino también numerosos nuevos adeptos a las ideas libertarias. Suele comenzar desenmascarando el origen del neo-populismo actual que sitúa en la orfandad que se crea entre los movimientos de izquierda tanto, la caída de la URSS, como la desaparición de casi todas las dictaduras americanas. A partir de 1989, reunidos Castro, Lula y otros en Sao Paulo, diseñan una estrategia para alcanzar el poder mediante la introducción de emociones sencillas en las contiendas electorales que desplacen el debate racional. El plan comienza fomentando un odio que divida a la sociedad, una multitud de promesas que pueden cambiar dependiendo del auditorio receptor con el nexo común del aumento de los empleos estatales que les permita extender la red clientelar y la ocupación de todas las instituciones incluidas las judiciales, educativas, informativas, empresariales, sindicales o las fuerzas armadas. Así, el líder, que siempre habla en nombre de todo el pueblo, alcanza un poder sin apenas limitaciones.

A ese populismo Álvarez contrapone la República en su sentido cívico (no en el revanchista de Sánchez-Iglesias), es decir, la unidad social a través del refuerzo de los derechos individuales, incluido el de la propiedad. Profundizar en la división de poderes mediante una mejora de la representatividad de los cargos electos y del funcionamiento de la justicia; una prensa alejada del gobierno;  respecto escrupuloso a las minorías, cuya mínima expresión es la propia persona; una educación que en vez de seguir consignas de pensamiento único acepte la diversidad; una economía con mercados competitivos, y por tanto sin los gremiales privilegios (ley privada) que con frecuencia se derivan de muchas regulaciones y del exceso de Estado; y en lo social, la despenalización de la prostitución, las drogas, la eutanasia, etc.

En definitiva, considera que el eje izquierda versus derecha ha quedado superado por el del social-populismo versus república cívica. Lo hace con un discurso que es igual de atractivo tanto para Guatemala, como para Argentina, México, Uruguay, Ecuador, Brasil, Venezuela, etc. o, ahora, España. Por lo que vale la pena estar muy atentos a la trayectoria de esta brillante divulgadora que no milita públicamente en ningún partido de ningún país, aunque muchos serían los que la querrían ver en sus filas.

En cualquier caso, de momento todo aquel que esté inquieto por el avance del populismo y sus tristes consecuencias puede leer sus libros o acudir a youtube y teclear “Gloria Álvarez Cross”, percibirá un discurso novedoso, aunque basado en contrastados valores sociales que, quizás, le hagan recobrar la fe en la política de nuestro tiempo.

viernes, 25 de septiembre de 2020

Fracaso

FRACASO

"Fracaso" es la palabra que mejor describe la actuación gubernamental de la protección contra el covid-19. Un fracaso con tasas comparativas elevadas de contagios y muertes, que ha dado rienda suelta al miedo colectivo, a la supresión de derechos civiles, al abuso del “mando y ordeno”, al incremento abismal de la desigualdad, y a la ruina económica. Se ha manipulado la información desde instancias de poder y se ha hurtado el debate científico y la duda razonable. No ha habido lugar relevante ni para la discrepancia democrática ni para la científica. La Unión Europea no ha podido realizar una coordinación eficaz entre las naciones que igualase actuaciones y resultados. Los fallos del Gobierno español y del Govern autonómico han desembocado en unas asimetrías que hacen de España y de Baleares el país y la comunidad respectivamente más dañados en conjunto.

Este oscuro episodio sanitario-económico ya está provocando un sufrimiento humano varias veces mayor que el de la anterior Gran Recesión. Y eso que no se puede considerar que una pandemia sea un “cisne negro” (un acontecimiento imprevisible), puesto que todas las especies animales -los humanos somos una más- padecen alguna en algún momento. Por lo que no es del todo cierto que nos haya cogido tan de sorpresa, y lo es mucho menos en cuanto en los últimos años ya habíamos tenido varias amenazas serias.

Sin duda, una parte del espectro político dirá que han faltado recursos, pero eso es solo una excusa de mal pagador incapaz de desarrollar una gestión eficaz. Sobre todo cuando no han escaseado recursos, aunque sí escrúpulos, para convertir el gasto público en gasto político. Si en la bonanza el ahorro es siempre prevención, el déficit es imprevisión. A todas luces esta es una de las causas de la asimetría de resultados entre países y regiones.

El menosprecio ideológico hacia las reglas de la economía conduce a la falsa dicotomía que la contrapone con la salud. Una mala idea que está en el origen de algunas actuaciones de trazo grueso, torpe y en ocasiones contradictorio que han acabado dañando gravemente, aunque de forma muy desigual, al tejido productivo empresarial y laboral. Tan cierto es que las economía tiene que fortalecer el sistema de salud, como que el sistema de salud tiene que hacer lo propio con la economía. Son dos dovelas de un mismo arco.

En cualquier caso, la actual coyuntura crítica nos vuelve a poner sobre viejas disyuntivas: ¿Queremos un sistema político con representantes preparados o de cuota?, ¿Una educación que promueva la excelencia con autonomía intelectual o que fomente la igualdad también de pensamiento?, ¿Unos gobiernos que pongan más énfasis en el crecimiento inclusivo o en reivindicar más fondos a instancias superiores?, ¿Unos medios de comunicación de masas independientes o seguidores de dogmas?, etc. Desafortunadamente, quizás, ya hemos elegido.


jueves, 24 de septiembre de 2020

Por fin un poco de cordura entre tanto abuso e histerismo covid

 infobase


Jayanta Bhattacharya, profesor de salud pública de Stanford: “No nos tienen que preocupar 50.000 casos de coronavirus si no causan muertes”

Dirige el Centro de Demografía de la Salud y el Envejecimiento de la universidad californiana y es autor de tres estudios sobre la presencia de anticuerpos en la población estadounidense. Preocupado por los costes sociales del confinamiento, propone una estrategia diferenciada por edad y cuestiona la utilidad del testeo masivo y el rastreo de contactos en este momento de la pandemia

martes, 22 de septiembre de 2020

CONSECUENCIAS NO INTENCIONADAS

Consecuencias no intencionadas mallorcadiario.com

Los economistas denominan “consecuencias no intencionadas” a aquellas decisiones gubernamentales que, a pesar de su aparente buena intención, tienen un resultado calamitoso al despreciar las causas esenciales del problema que se quiere abordar, y solo actuar sobre los más visibles síntomas, con la finalidad de facilitar la “venta política” inmediata.

El ejemplo más manido es el de la limitación de precios mediante el Edicto promulgado por el emperador romano Diocleciano en el año 301. Ante las imparables subidas de precios estableció un tope para 1.000 productos básicos (grano, carne, cerveza, abrigos, sandalias etc.) con la finalidad de evitar el descontento del populacho. En la misma ley estableció la pena de muerte para acaparadores y especuladores en un intento de trasladarles la responsabilidad de la inflación.

El Edicto calmó los ánimos cuando se anunció, pero su implementación no consiguió detener la escalada de precios, añadiendo además un dramático episodio de desabastecimiento de trascendentales dimensiones, pues los mercaderes dejaron de vender, al igual que los artesanos dejaron de producir. Ciudades enteras entraron en una decadencia que no se detendría hasta el hundimiento total del Imperio.

La realidad acabó demostrando que el populista Diocleciano, no quiso aceptar que la auténtica causa de la inflación era el exceso de gasto público, financiado con la acuñación de nuevas monedas de progresivo menor valor metálico.

Pues bien, es más que posible que las normas anti-covid dictadas en el conjunto de España, y en Baleares, estén plagadas de “consecuencias no intencionadas”. Y que este sea el auténtico origen del monumental fracaso cosechado. De hecho, muchas de esas normas han despreciado las consecuencias económicas y sociales que conllevan, al no centrarse en identificar a las personas realmente afectadas.

En vez de focalizar la acción gubernamental preventiva en ayudar a la población de riesgo y a los afectados a mantenerse aislados, quizás hasta llevándoles los alimentos a sus domicilios durante su cuarentena, se ha preferido confinar a todos, a destiempo y por un periodo excesivo, mediante “mando y ordeno” impidiendo a los sanos seguir con su vida ordinaria, lo que puede ser especialmente demoledor en actividades económicas informales o cuasi-informales que carecen de cualquier tipo de protección. ¿Se genera así un incentivo no intencionado a no actuar conforme a las normas? Es muy posible que así sea a la vista de las zonas con más rebrotes.

Al mismo tiempo la proliferación de normas, contra-normas y más normas que se han dictado, acompañadas en algunos casos de falsedades oportunistas, son, desde luego, el origen de la consecuencia no intencionada de la brutal pérdida de credibilidad de los gobernantes e, incluso, del propio Estado que encarnan. El desprecio de ministros, consellers, y presidents al arraigado sentido común y sensatez del 98% de la población ha hecho evidente la falta del mismo de muchos de ellos, provocando otro poderoso incentivo a relajarse en el cumplimiento de algunas normas, por confundir las correctas y las incorrectas.

En definitiva, aunque el gobierno no quiera auditorías que analicen los motivos del fracaso de su gestión, poco a poco habrá economistas, u otros profesionales, que irán estudiando todas y cada una de las normas promulgadas para hacer frente al covid-19 desde la perspectiva de las consecuencias no intencionadas. Quizás sea entonces cuando descubramos, como ocurrió con Diocleciano, que sí en Baleares o España se han producido peores resultados que en otros lugares no es por un defecto de carácter de sus gentes, sino porque sus gobiernos han preferido el populismo de atacar los síntomas antes que las causas.

martes, 15 de septiembre de 2020

LIBERALES, FUNCIONARIOS E INCENTIVOS

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LIBERALES, FUNCIONARIOS E INCENTIVOS

La economía es la ciencia de los incentivos. De hecho, así como los ingenieros se dedican a estudiar cómo dominar las fuerzas de la naturaleza, los economistas intentan descubrir el inmenso poder, no siempre evidente, de los incentivos. Lo cual resulta especialmente interesante para el gobernante, quien de esta forma puede contar con un criterio objetivo para valorar la utilidad social de sus actuaciones y normas.

Por ejemplo, uno de los primeros derechos fundamentales de las constituciones democráticas más exitosas es el de la propiedad. Ya que esta institución es la que permite a los individuos recoger el fruto del propio esfuerzo, incentivando el trabajo que contribuye a la prosperidad de toda la comunidad. Es por eso que sin su protección siempre deviene la decadencia, tal como se puede observar en todos aquellos países en los que las expropiaciones arbitrarias están a la orden del día.

La libertad de precios en las transacciones es otro magnífico ejemplo de incentivos positivos. Si esa libertad no existe, por estar regulados, éstos serán excesivamente bajos cuando el gobernante-regulador quiere favorecer al votante-consumidor, y demasiado altos cuando lo que pretende es conseguir el apoyo de los productores.

En el primer caso se dictan “precios máximos” que desincentivan la oferta, como cuando se fijan topes sobre alquileres. Una actuación que siempre termina en desabastecimiento. En el segundo, se establecen “precios mínimos”, como ha podido ser el caso de algunos productos agrícolas, lo que crea un incentivo a producir en exceso, teniendo que afrontar los costes y la gestión de almacenar los excedentes. Sólo la libertad de precios garantiza que se produzca lo que se consume, sin excesos ni defectos, a los precios más bajos realmente posibles. Una garantía para la prosperidad.

Un ejemplo más, de otro incentivo que conlleva a la generación de riqueza para todos, es el de la libertad de creación de empresas que inicia el proceso de “destrucción creativa”. Cuando ésta existe, no se desaprovecha la oportunidad de ocupar un nicho de mercado que atienda a alguna de las necesidades del público. Mientras que si se regula con el requerimiento de licencias que establezcan cupos o incluso monopolios, como verbigracia ocurre con el caso de las ITV’s se pone en marcha un poderoso incentivo a la ineficiencia que la gente tendrá que pagar en forma de colas, precios elevados y otras incomodidades que dificultan la economía.

Nuestro país es notablemente respetuoso con los derechos mencionados, pero por desgracia el respeto a la propiedad todavía está sensiblemente cercenado por multitud de cambiantes e inseguras normas y tributos. Al igual que no hay temporada en la que algún político demagogo (ahora el Parlament catalán) amenace con precios máximos o mínimos. Y nuestros legisladores, una y otra vez, optan por proteger a los instalados a costa de los que se inician. Además, al mismo tiempo, van mejorando las condiciones de los trabajadores más blindados y con más poder de negociación, en especial, de los empleados públicos.

Si a todo ello añadimos que en España los puestos de mando (diputados, concejales, ministros, directores generales, etc.) se nutren mayoritariamente de funcionarios, o de trabajadores de sectores regulados, no debería extrañar a nadie que cualquier joven mínimamente formado, tenga la ideología que tenga, esté sometido a los incentivos que le lleven a desear formar parte del sector público, o de otro protegido, en vez de optar por la aventura empresarial, aunque sea como empleado.

En cualquier caso, los liberales, funcionarios o no, son aquellos que consideran que las distorsiones en estos incentivos son uno de nuestros principales problemas. Sobre todo, porque el sector público vive de lo que produce el privado.

 

 

martes, 8 de septiembre de 2020

CAMISETA OBLIGATORIA

 CAMISETA OBLIGATORIA mallorcadiario.com

 Sería muy conveniente que, este próximo otoño-invierno, el Govern se planteara seriamente el uso obligatorio de la camiseta para toda la población, los días en que el termómetro desciende por debajo de una determinada temperatura que podría variar dependiendo de las franjas de edad de cada colectivo. Para ello tendría que dictar los oportunos protocolos y publicitarlos, no sólo en los medios habituales, sino también a través de la megafonía de los coches y motos de las patrullas policiales, desde los helicópteros de vigilancia o mediante altavoces de nueva instalación. Por supuesto, la locución sería exclusivamente en catalán con una agradable, aunque contundente y autoritaria, voz femenina.

 Ciertamente, tan pronto comiencen a descender las temperaturas aumentará el riesgo de contraer resfriados, que en los casos extremos pueden convertirse en gripes. Una dolencia que en plena pandemia de coronavirus se vuelve especialmente inconveniente, pues además de que muchos de sus síntomas se pueden confundir, sobre todo, resta efectivos humanos y recursos materiales para combatir el Covid-19. El Govern, como parte de su responsabilidad en la lucha contra el maldito bicho, también tiene que estar atento al del constipado común.

 El resfriado es una infección viral de la nariz y la garganta, es decir, del tracto respiratorio superior. Se trata de un virus que puede propagarse a través de gotículas que entran en el cuerpo por la boca, la nariz o los ojos. También lo puede hacer por el contacto mano a mano, o a partir de objetos contaminados, de alguien contagiado.

Entre los factores de riesgo está la edad, las enfermedades crónicas previas, el tabaquismo, la mayor exposición (pasar más tiempo en espacios cerrados compartidos) y, de forma especial, el debilitamiento corporal ligado a las bajas temperaturas que provocan una disminución de las defensas inmunológicas. Para evitarlo es importante lavarse las manos con frecuencia, eludir el contacto con personas afectadas, así como abrigarse de forma suficiente. Y es aquí donde entran en juego las camisetas, pues su simple uso contribuye a mantener en mejores condiciones el sistema inmunológico.

Como seguramente los más jóvenes serían los más reacios a la utilización de esta prenda, por motivos de moda, estéticos o de inconsciencia, el Govern tendría que vigilar a este colectivo con particular atención. Además, suelen ser los más propensos a saltarse las normas dictadas de forma rápida e improvisada. Una actitud que los convierte en responsables esenciales de la difusión del inconveniente resfriado. Dado su bajo poder adquisitivo también habría que diseñar un reglamento punitivo que genere una disuasión efectiva y real de tales actitudes, evitando que las sanciones se trasladen a sus progenitores.

La camiseta obligatoria no terminará con los catarros, pero ciertamente, puede ayudar a disminuir su incidencia. Por lo que en un momento tan grave como el actual parece estar sobradamente justificado, que, dentro del creativo abanico de nuevas normas dictadas por los ejecutivos autonómicos, se incluya el uso de esta pieza de ropa interior que tan solo resta una mínima libertad de vestimenta.

Desde luego, todo lo dicho nos puede parecer una absurda ocurrencia, pero no hay que descartar que serían muchos los que aceptarían la nueva obligación como una medida más en consonancia con otras muchas. Con la gran ventaja que muchos responsables gubernamentales podrían sentir que sus puestos de mando quedan más justificados. Esta es la sociedad y la política que tenemos.

martes, 1 de septiembre de 2020

Un mallorquín en Hacienda

 

UN MALLORQUÍN EN HACIENDA  mallorcadiario.com

En los años finales del siglo XVIII e inicios del XIX, una vez más, el Estado bordeaba la bancarrota. La sempiterna mala administración de las finanzas públicas con sus voluminosos déficits, su asfixiante deuda, el sostenimiento de guerras imposibles y una economía ineficiente por la falta de modernización de las instituciones y las normas, conducían a la nación hacia un irremediable “default”.

Para evitarlo, el mallorquín Miguel Cayetano Soler y Rabassa elaboró el informe “Estado de la Real Hacienda” de 1798. Dada su condición de ministro lo elevó a la consideración del monarca Carlos IV dos años más tarde, consciente de la necesidad de recabar los máximos de apoyos a la hora superar las muchas las dificultades que surgirán, por tocar con su plan intereses de las capas más influyentes de la sociedad del ancien régime, los lobbies de la época.

Por ello, también fue muy cauto en sus propuestas dada además su total aversión, como buen economista, a la introducción de nuevas medidas impositivas. De hecho, declaró en varias ocasiones que "los tributos detienen los progresos de la riqueza pública". Acertadamente consideró que el mayor peso del ajuste tenía que recaer en la amortización de las propiedades en “manos muertas”, para que pudiesen ser utilizadas en la mejor de las alternativas productivas, e igual importancia otorgó al control de los excesos de gasto público. Dicho en lenguaje actual su plan consistía en combinar el rigor presupuestario, con el inicio de un proceso reformista liberalizador.

Ocurre que una medida de este tipo suele ser beneficiosa para el conjunto de la economía y de la sociedad, pero casi siempre afecta desfavorablemente a algún sector o conjunto de personas, quienes probablemente intentarán convertirse en grupo de presión.

La reacción en contra de los afectados es lógica, sobre todo, si la reforma afecta a un sector y no a los demás. Es por esto que el impulsor de tal política, de ninguna manera puede ser un ministro o conseller, sino que tiene que serlo el propio Presidente involucrando a todo el gobierno.

Soler concibió y redactó su plan cuando accedió a la alta magistratura de Secretario de Estado del Despacho de Hacienda (Ministro) de la mano de su maestro y mentor Cabarrús, encuadrado en el sector aperturista y modernizador de Jovellanos. Justo en el momento en que el oportunista Godoy salió de la jefatura del gobierno por su oposición a los vientos transformadores que soplaban desde Francia.

Aunque, como era de esperar, el ventajista “Príncipe de la paz” no tuvo ningún inconveniente en modificar 180 grados sus posturas para volver a recuperar el poder al cabo de poco tiempo. El seductor y trilero Godoy, en este segundo mandato, le propuso al mallorquín permanecer en su puesto para avanzar en las líneas por él diseñadas. Soler, tal vez guiado por su vocación de leal servidor público, se equivocó aceptando continuar en el cargo.

Porque si el jefe del gobierno, en realidad, acepta la puesta en marcha de un proceso reformista únicamente de cara a la galería para ganar algún apoyo inicial a su nombramiento, lo traicionará tan pronto aparezcan las primeras dificultades. Y eso fue lo que le ocurrió al desgraciado Soler quien no solo cayó, junto con su arribista jefe, sin alcanzar sus objetivos, sino que, además de ser acusado injustamente de corrupción, como la gente lo identificaba como el autor del tributo conocido como “cuartillo del vino” fué vilmente asesinado estando en la vinícola población de Malagón en 1808.

La historia es, sin duda, una gran reserva de conocimiento, y la aquí expuesta se ha repetido tantas veces que puede estar incluida en los manuales de todo gobierno. Hacer reformas es tan difícil que no basta con un buen plan, hace falta un buen gobierno.