¿La política convertirá la movilidad en un lujo?

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¿La política convertirá la movilidad en un lujo?

Algunas democracias, entre ellas la nuestra, en aras a la simplificación han cometido el error de focalizar en una única variable toda la actuación de de un determinado responsable político. Una mala práctica achacable, en gran parte, a la connivencia de algunos de los principales grandes medios de comunicación con el poder. Se generan, así, en la persona que ocupa el cargo público de turno incentivos perversos, pues ésta tenderá a centrar su atención en esa única cuestión, descuidando el resto. Es decir, que mientras el guarismo publicitado sea positivo, como todo lo demás no se ve, tampoco se importa.

Así, juzgar al director general de tráfico únicamente por la siniestralidad incentiva, a que quien ostente el cargo, a prohibir o imponer todo tipo de restricciones a la movilidad con tal de reducir el número de accidentes. ¡Nada más interesa!  Este es el motivo de una de las últimas propuestas del actual Director General de Tráfico, Pere Navarro, al considerar la necesidad de prohibir la compra-venta de vehículos usados entre particulares, pues, según sus palabras, el auge de la “segunda mano” va en contra de la seguridad vial. Una idea que es más fruto de nuestra estructura política que de la "genialidad" de este señor.

De hecho, ya en su momento, se crearon las ITV como monopolios de los gobiernos autonómicos a los que el ciudadano tiene que dedicar tiempo, paciencia y dinero para demostrarles que observa unos determinados requisitos de seguridad que la inmensa mayoría de conductores cumple, lógicamente, por propia iniciativa. Por supuesto, esos requisitos se van endureciendo con el paso del tiempo con la clara intención de convertir, artificialmente, en obsoleto una parte creciente del parque móvil.

Si de igual manera, cuando la atención mediática sobre el medio ambiente se centra exclusivamente en las emisiones de CO2 de los vehículos, sin considerar ningún otro aspecto, tal como puede ser la propia fabricación, los políticos de turno pueden acabar diseñando una transición energética, en materia de movilidad, que les permita presentarse como grandes luchadores contra los combustibles fósiles, sin ninguna otra consideración medioambiental. Y, por supuesto, ocultando el precio que hay que pagar por ella. Una vez más, no es cuestión de quién ocupa un cargo de responsabilidad, sino de los incentivos a los que esa persona se ve sometido.

Es por todo ello que ahora nos encontramos no sólo con una energía mucho más cara, sino que también se ha activado el detonante de una empobrecedora inflación. Otra consecuencia secundaria de todo este proceso es el fuerte encarecimiento de los automóviles, alejándolos, poco a poco, del usuario medio. La rapidez con que se ha diseñado la transición hace que el precio de las materias primas para la producción de vehículos eléctricos se dispare, hasta tal extremo que ya hay analistas que creen que no se podrán cumplir los plazos previstos. Así que la respuesta del gobierno es incrementar la tributación de los vehículos de combustión en un intento de igualar precios, más allá de los, siempre presentes, fines recaudatorios

Con una economía renqueante, y un mercado de trabajo que no funciona, son muchos los conductores de nuestro país que ni tan siquiera se plantean la posibilidad de cambiar de coche, por lo que se está produciendo un efecto de cubanización del parque, tal como ya adelantamos en un artículo, publicado en estas mismas páginas, el pasado día 27 de julio. Este es el fenómeno que ha motivado al señor Pere Navarro ha realizar las declaraciones mencionadas.

Pero no acaba aquí el asunto, pues apenas se adquieren vehículos eléctricos a pesar de unas ayudas que no acaban de cuajar, por estar diseñadas más para publicitarse que por su efectividad. Un clamoroso fracaso, que incentiva una nueva "huida hacia adelante" consiste en decretar que los coches nuevos serán los únicos que podrán circular por determinadas zonas. Es decir, que los demás tendrán que pagar nuevos, o más elevados, impuestos por moverse, bajo la amenaza de ser declarados obsoletos.

A todo ello hay que sumar que los descomunales déficits públicos han supuesto un parón casi completo en el desarrollo de nuevas inversiones en infraestructuras. Desde hace años ni se construyen nuevas carreteras, ni aparcamientos, ni cualquier otro elemento que facilite la movilidad. Al revés, está previsto que habrá que pagar nuevos peajes por circular por vías ya amortizadas.

Por supuesto, la deficiente gestión del transporte público también se enjuaga con pingües subidas de precios camufladas en la diversidad tarifaria, sin que se implementen mejoras relevantes más allá de la lógica renovación parcial de flotas.

Por todo ello, es lícito preguntarse; ¿Se pretende convertir la movilidad en un lujo, en vez de en un derecho al alcance del ciudadano medio?¿De verdad no hemos de realizar reformas fundamentales en nuestro sistema político que racionalicen los incentivos de los gobernantes?