La mochila austríaca, otra oportunidad perdida

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La mochila austríaca, otra oportunidad perdida.

Con los fondos europeos y la reforma laboral se ha perdido una magnífica ocasión de implementar la “mochila austríaca” en nuestro país. Una fórmula que permitiría reducir en gran medida la injusta e ineficiente dualidad de nuestro mercado de trabajo.

Con nuestra legislación, los costes del desempleo recaen principalmente sobre las empresas que reducen sus puestos de trabajo vía indemnización por despido, con guarismos más elevados que las prestaciones estatales. Así, la dualidad se produce porque junto a esos trabajadores que tienen derecho a la indemnización hay otros que no lo tienen, Lo que genera, además de una situación de desigualdad flagrante, una enorme ineficiencia que se traduce en elevadísimas tasas de paro por el gran desincentivo a contratar con trabajadores indefinidos, teniendo la posibilidad de hacerlo con temporales.

La modalidad laboral austriaca supone sustituir las indemnizaciones por despido en función de la antigüedad por una retribución de un complemento salarial, a cada trabajador, para la constitución de una mochila o fondo. Por ejemplo, un empleado que ganase 2.000 euros mensuales, recibiría 200 euros adicionales cada mes como aportación a la mochila. Ese fondo solo se podría rescatar, o bien en caso de despido, o bien en caso de jubilación, de forma que la dualidad desaparece con todos sus problemas.

La mochila resuelve, por ejemplo, el dilema, que puede experimentar un trabajador de 59 años con una dilatada trayectoria de ingeniero de telecomunicaciones en una empresa de alta tecnología, si le ofrecen, en otra empresa, un puesto más atractivo, mejor retribuido y con mejores condiciones laborales. Si lo acepta perdería su derecho a la indemnización por despido, si se queda dónde está lo conserva. Ahora bien, si le pueden ofrecer mejores condiciones es porque sus servicios son más productivos en el nuevo empleo, de manera que quedarse en donde está significa no aprovechar todas sus potencialidades.

Pues bien, con la mochila austríaca ese trabajador podría cambiar de empresa sin perder ningún derecho, contribuyendo a mejorar, no sólo su situación, sino también la del conjunto de la sociedad.

Además, la mochila supone que deja de producirse un salto al transcurrir un periodo determinado del contrato laboral desde una situación de eventual a otra de fijo, pues se va afianzando la relación con el empleador día a día.

Entonces, ¿Por qué no se implementa en España esta modalidad laboral? Pues sencillamente, por sus costes transitorios. Pues, efectivamente, hasta su total implantación convivirán indemnizaciones por despido y con la dotación al fondo, lo que es un sobrecoste para las empresas, aunque a largo plazo sea un ahorro.

Álvaro Nadal, que ejercía de economista de la Moncloa cuando la reforma laboral del 2012, cuenta que ese fue el motivo de no haber incluido la fórmula de la mochila.  Es por ello que, ahora se tendría que haber aprovechado la llegada de los fondos europeos para implementarla, incrementando los derechos de los trabajadores al tiempo que otorgando más eficacia a los recursos humanos. Y recordemos que más eficacia, en este capítulo, significa menos desempleo y mejores salarios.

La oportunidad perdida nos condena a que el gran mal de males de nuestro país, el desempleo, continúe mostrando datos que no son para estar orgullosos, partiendo en dos al conjunto de los trabajadores: los de contratos estables y los otros precarios obligados a realizar ocasionales visitas a las oficinas del Sepe.

Si a todo esto añadimos que la reformita de Yolanda Díaz, incluye la vuelta a dar prioridad a los convenios sectoriales sobre los de empresa, devolviendo la ultra actividad de los mismos, con la finalidad de volver a potenciar a los sindicatos afines. Se está contribuyendo a poner barreras de entrada a nuevos competidores tanto empresariales como laborales, dirigiendo la economía nacional hacia un nuevo y enquistado statu quo, que potencia la inflación.

Quizás sea que al populismo de Pedro Sánchez le cuesta abandonar la concepción gremial de la economía, y el viejo sistema vertical corporativista del que tanto presumía el franquismo.

 

¿Cuántas personas han muerto realmente por el COVIB?

¿Cuántas personas han muerto realmente por el COVID?

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El pasado 31 de enero el presidente de Canarias Ángel Víctor Torres se quejó de la existencia de importantes diferencias, entre comunidades autónomas, en la forma de contabilizar los fallecidos a causa del COVID. Además, pidió que el Consejo Interterritorial de Salud evite la confusión entre los óbitos producidos por la pandemia de aquellos que se producen por otros motivos, aunque con una PCR positiva.

Lo hacía con el habitual tono victimista de los Presidentes regionales cuando consideran que los datos no les son favorables. Cierto que, al ser del PSOE, se mostró disciplinadamente respetuoso con las decisiones tomadas por el gobierno actual nacional.

En cualquier caso, a raíz de esas declaraciones, el doctor José Miguel Gaona, en su programa “La Reunión Secreta” emitido en directo el pasado viernes 11 a través de su canal de YouTube, buceó en las páginas web de las diferentes consejerias de sanidad comprobando, que efectivamente, las formas de contabilizar las muertes causadas por el maldito bicho difieren mucho y tienden a la confusión apuntada por el canario.

Hasta tal punto existen 17 formas de tratar el tema que incluso, en algunos casos, se toman como referencia las esquelas publicadas en los medios de comunicación e Internet, o en otros una PCR positiva realizada con seis meses de anterioridad al deceso es suficiente para poder considerarse “muerto por COVID”, aunque el deceso se haya producido por un accidente de tráfico. En algunas otras ese período se reduce misteriosamente a la mitad. También las hay que advierten que el número de fallecidos por esta causa puede ser superior al de PCR efectuadas. En Baleares admiten que no pueden asegurar la bondad de los datos publicados.

Sin duda, se trata de una disfunción de la máxima relevancia porque en base a esos datos las autoridades han tomado graves medidas restrictivas de los derechos y libertades de las personas, con indeseables consecuencias, no sólo para la economía, sino también para la salud de todos aquellos que están afectados por otras enfermedades.

¿Existe algún interés en elevar las cifras de fallecidos por la pandemia?, ¿Cómo es que no se han establecido protocolos que permitan una mejor calidad de datos tan importantes?, ¿Es pura ineficiencia administrativa? Son preguntas que se suman a otras anteriores como ¿Qué fue lo que llevó al Gobierno de España, seguido por una parte de la oposición, a tomar medidas anticonstitucionales?, ¿Por qué se gestionó al estilo chino y no al occidental?, ¿Por qué algunos gobiernos autonómicos, como el Balear, tomaron medidas posteriormente fueron revocadas por los tribunales?

Ahora que parece que la enfermedad remite, es el momento de mirar hacia atrás con calma y perspectiva para analizar todas estas cuestiones, que han demostrado que, ante una pandemia tan importante tan como el desarrollo de la mismísima ciencia médica, lo es el de la solvencia de las instituciones sociales.

En cualquier caso, como probablemente, esa mirada hacia atrás no se hará de forma objetiva ni desde esas mismas instituciones oficiales, ni tampoco desde los grandes medios de comunicación a su servicio a pesar de que la verdad siempre interesa, les aconsejo visionar el programa del doctor Gaona que está disponible en YouTube bajo el título “La gran mentira de COVID”.

 

Lobista versus innovador

 

El nuevo modelo de financiación: Ayuso gana.

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Nuevo modelo de financiación: Ayuso gana.

El nacionalismo es el principal responsable del actual modelo de financiación autonómica, configurado en sucesivas rondas. Pues el sistema político-electoral español otorga mayor poder de negociación a los partidos bisagra, un hecho que los nacionalistas nunca han desaprovechado. Así, que a pesar de que se rasgan las vestiduras cada cierto tiempo, ellos son los principales artífices del actual sistema.

La característica principal del mismo es el intento de diluir la responsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos compartiendo los grandes impuestos (como IRPF e IVA) con el gobierno central. Este tipo de tributos tienen dos tramos uno por cada una de las dos administraciones. De forma que al ciudadano corriente le resulta difícil identificar quien es responsable de lo que tiene que pagar. De hecho, el público piensa exclusivamente en el gobierno central cuando los paga a pesar de la gran capacidad legislativa de los ejecutivos regionales en el caso del impuesto sobre la renta.

Así mismo, el sistema también contempla algunos tributos, de menor potencia recaudatoria, totalmente cedidos como competencia exclusiva a las comunidades. Estos sí que están identificados, por los electores, con la política autonómica, permitiendo así visualizar y diferenciar de forma diáfana el tipo de política fiscal de cada comunidad. Pues bien, los nacionalistas, en contra de lo inicialmente se podría pensar, también quieren que estos tributos se compartan, a partir del nuevo modelo, entre ambas administraciones de forma similar a lo que ocurre con los de mayor potencia. Es decir, incoherentemente quieren renunciar al autogobierno en aras a una mayor recentralización.

Así, por ejemplo, quieren que el impuesto de patrimonio sea dual en todo España, es decir, que se establezca un tipo estatal y otro autonómico, para garantizar que se recauda por Hacienda, aunque la parte regional pueda estar bonificada en algunas regiones, como es el caso de Madrid. La misma configuración demandan para el impuesto de sucesiones y donaciones, con lo que Baleares también perderá.

En realidad, tratan de embarrar el terreno de juego, tal como ocurre con el IRPF e IVA, diluyendo la responsabilidad de pasar la factura a los ciudadanos. Es decir, se trata de evadir la rendición de cuentas electoral, de forma que se puede continuar utilizando el gasto público como gasto político.

Para más inri, los nacionalistas también quieren crear toda una nueva colección de tributos que llamarán “verdes” para facilitar su aceptación por parte del público, que todas las autonomías tendrán que implementar obligatoriamente bajo amenazas de sanción.

En definitiva, en aras a aumentar su poder, quieren crear, y probablemente lo conseguirán, un modelo de financiación autonómica populista de graves consecuencias para el conjunto del país, al crear una tendencia al desequilibrio presupuestario, que tarde o temprano se traduce en incrementos tributarios y, por tanto, en mayores dificultades para la competitividad empresarial, el crecimiento económico y la propia vida del día a día.

Ahora bien, a pesar de que con toda seguridad el nuevo modelo que vea la luz sea ese homogéneo y extractivo (armonizado lo llamarán) de los nacionalistas, lo mejor del Estado de las Autonomías es que permite comparar distintas formas de regir los asuntos públicos. Por lo que los electores ya saben que hay formas distintas de hacer las cosas en materia fiscal. La joven presidenta de Madrid ya ha mostrado un camino diferente y enormemente atractivo, cuando el principal gasto, con diferencia, al que hace frente una familia cualquiera es el tributario. Así, aunque pierda en la votación correspondiente en el Congreso, Ayuso gana.

 

 

Los empleados del BCE y la inflación

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Los empleados del BCE y la inflación

Ben Bernanke, el todopoderoso gobernador de la Reserva Federal durante la Gran Recesión, defensor del “helicóptero del dinero”, sostenía que la política monetaria es en un 98% comunicación y, en un 2% acción. Ciertamente, la economía nunca ha sido únicamente técnica, tal como demostró Mario Draghi ante la incomparecencia de los principales líderes de las instituciones europeas.

Pues bien, quizás ahora el Banco Central Europeo opere en una realidad muy distinta, o quizás la ausencia de comunicación sea una forma de comunicación. A finales de noviembre pasado, mientras la presidenta Christine Lagarde se desgañitaba defendiendo que la inflación de la eurozona era meramente “transitoria”; los empleados de la institución reivindicaban incrementos salariales que evitasen la pérdida, de en torno al 6%, del poder adquisitivo consecuencia del aumento de los precios en la Eurozona, rechazando la subida del 1,3% pactada. ¡No son unos trabajadores cualquiera, son los trabajadores del BCE!

Sin duda, se trata de una noticia de la mayor relevancia, mucho más que la última subida del precio de la electricidad. Una contradicción de tal magnitud entre la dirección política del BCE y sus empleados, mayoritariamente altamente cualificados, resulta de gran interés para el conjunto de la población. Sin embargo, apenas la recogieron algunos diarios especializados hace un par de meses. Y, desde entonces, no hemos vuelto a tener información sobre cómo se ha resuelto la disputa. Una vez más, planea la sensación de que los grandes medios de comunicación no están cumpliendo el papel que se espera de ellos. ¡Dime quién te financia y sabré qué línea editorial sigues!

Volviendo al tema, Jerome Powell, a diferencia de su homóloga europea, ya ha anunciado subidas de tipos para neutralizar el enorme poder destructivo de una potencial inflación estructural. Por su parte, Draghi sostenía, cuando en 2015 ponía en marcha un potente programa de expansión monetaria, que esa política tenía que tener fecha de caducidad. Ahora, casi siete años después, De Guindos ha pedido a las empresas que no suban los salarios al ritmo de los precios, señalando que vincula una potencial alza de tipos, a las subidas salariales por encima del 3%, al objeto de evitar los efectos de las llamadas “segundas rondas” de escalada precios-salario.

Pero... ¿Qué ha pasado con las reivindicaciones de la Organización Internacional y Europea de Servicios Públicos, sindicato que defiende los intereses del personal del Banco Central Europeo?. No lo sabemos, sin embargo, dado el interés de la entidad monetaria central en la estabilidad de precios, la ausencia de noticias al respecto puede indicar que la institución puede estar dispuesta a atender las peticiones de sus trabajadores, haciendo caso omiso a sus propias recomendaciones.

A la falta de comunicación sobre este asunto, se une al trasiego de personas que pasan desde algún cargo político de gobierno a ocupar puestos directivos en el banco, o viceversa, lo que puede estar transmitiendo la idea de falta de neutralidad e independencia de la institución monetarias. Un peligro que ya vivimos, con dolor, hace cinco décadas.

En definitiva, si Ben Bernanke tiene razón, y no dudo que la tenga, el Banco Central Europeo desgraciadamente no parece estar siguiendo el mejor camino para librarnos del catastrófico mal de la inflación.

El lobby político-funcionarial y los autónomos

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El lobby político-funcionarial y los autónomos

A propósito del importante incremento de las cotizaciones a los autónomos planteado por el Gobierno, y la falta de respuesta por parte de estos, quizás se deba tener en consideración que si hay un lobby poderoso en nuestro país ese es el político-funcionarial. La “industria política-funcionarial” no deja de crecer, con independencia de crisis o pandemias. En ningún otro sector se pueden obtener las rentas suficientes para multiplicar el propio patrimonio de una forma similar a lo ocurrido con Irene Montero. Además, al estar desconectado la productividad, puede generar más empleo, mejor remunerado y estable que cualquier otro, al ser suficiente la voluntad del mandamás de turno.

Las élites político-funcionariales copan la inteligencia de la nación. En ningún otro ámbito hay tantas personas con formación superior, lo que les convierte en el colectivo con mayor capacidad de influencia. Por eso, a nadie le debe extrañar que, de forma directa o indirecta, también ejercen el control de muchos medios de comunicación, de la mayoría de los teatros, de numerosas manifestaciones artísticas, y de muchos de los creadores de cultura, e incluso de la producción científica. El sector del saber es, en un elevado porcentaje, estatal.

Por ello no es descabellado pensar que incluso pueden existir problemas genuinamente nacionales que tengan su origen en este desigual reparto de poder. Así, por ejemplo, si tenemos un nivel de paro muy superior al de los países de nuestro entorno puede deberse, al menos en parte, a haber generado, nucleada por el sector público, una “industria del desempleo” de la que muchos viven con notable estabilidad y holgura. De igual manera, se han ido creando otros organismos que, con el tiempo, devendrán en nuevas industrias. De hecho, el tablero político está más inclinado hacia la izquierda por proclamar, -a diferencia de la derecha-, que hay que hacer crecer al Estado a costa del mercado.

Por descontado, muchos funcionarios son auténticos servidores públicos que ganaron su plaza a pulso. Y también muchos son conscientes del origen de los fondos que financian sus departamentos: el mercado libre. Así mismo muchos votan a partidos liberales. Pero más Estado significa mayores posibilidades de ascenso, de contar con más colaboradores, en definitiva más poder para su negociado.

De hecho, a Zapatero lo abandonaron sus votantes con cajas destempladas, no por errar con su política, sino por traicionarla con la rectificación del 12 mayo de 2010. Por supuesto, y a pesar de la reducción sin precedentes de los salarios públicos que se decretó ese mismo día, la crisis entonces generada fue mucho más llevadera para los empleados estatales.

Al manejar los presupuestos públicos, que debemos recordar, que rondan la mitad de toda la actividad económica, este estamento puede tener la tendencia de ir arrinconando, poco a poco, a los sectores que permanecen independientes. Y sin duda, uno de ellos es el de los autónomos, los dentistas, los fontaneros, los tenderos, los youtubers, los pintores, los de mantenimiento, los que sirven cafés en el barrio, etc. gente que se gana la vida ofreciendo sus servicios a los demás de forma directa, asumiendo riesgos sin la protección estatal del resto de los trabajadores. Son los generadores de riqueza que admiraba Adam Smith y que consiguieron sacar a Inglaterra primero, y después al resto del mundo de la pobreza secular.

Ahora bien, aunque comparten el hecho de que sus actividades están sometidas a la disciplina productiva que impone el mercado, son tan heterogéneas que difícilmente podrán convertirse en un grupo de presión capaz de arrancar privilegios regulatorios compartidos. Lo que los convierte en el “objeto del deseo” de cualquier hacendista ávido de más recursos para sostener a la creciente masa del poderoso lobby que comentamos. Por ello, aún siendo un colectivo con un peso electoral similar al de los que está en la nómina gubernamental tienen todas las de perder.

Por mi parte, estoy meditando comenzar a recomendar a mis alumnos orientar sus carreras a conseguir un puesto cualquiera en las administraciones públicas, en vez de esforzarse en servir al conjunto de la sociedad en el sector del mercado ofreciendo cosas útiles. Tal como están las cosas, vivirán mejor aunque el país se vaya empobreciendo paulatinamente.

Hila: el punto más débil de Armengol

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Hila: el punto más débil de Armengol

A Armengol le ha tocado gobernar un período en donde los recursos públicos se han multiplicado como en el milagro de los panes y los peces, ha gozado de un crédito ilimitado fruto de un retorno a la vieja política monetaria de décadas atrás, tras el fiasco de tener un Euro que se pareciese al antiguo Marco. Eso le ha permitido incorporar, clientelar-mente, a su proyecto a mucha gente de muchos sectores, en especial, al de los periodistas. Además, ha desarrollado una política plana de tipo corporativista, limitando, en mayor o menor grado, la competencia empresarial, lo que le ha granjeado la amistad de los sectores económicos más poderosos. De esta forma, los errores y las torpezas, que evidentemente ha cometido a lo largo de seis años, los ha podido soslayar pasando de puntillas sobre ellos o endosando la culpa a terceros.

Por otro lado, sus socios de gobierno han demostrado, por activa y por pasiva, su bisoñez dejándose llevar por los lemas ideológicos con los que llegaron al poder. Ante lo cual la inquera, casi siempre, ha sabido aprovechar la ocasión. Demostrando maquiavélicamente que no tiene manías en utilizar los resortes de poder puestos a su disposición.

Sin dudas se trata de un tipo de política que cercena el desarrollo y creatividad de las potencialidades de los isleños, aunque, por fortalecer el statu quo, permite construir y difundir una narrativa edulcorada del gusto de los grupos más organizados, privilegiados e influyentes.

La farmacéutica, así mismo, se ha encontrado con una oposición todavía dividida, a la que a la que le cuesta encontrar el tono adecuado de su mensaje. Quizás por ello, desde la bancada opuesta, han preferido centrarse en las críticas del día a día, en vez de en las cuestiones de fondo, dejando pasar la ocasión de realizar auténticas propuestas alternativas con mayor capacidad de seducción.

Así que el escenario político que la presidenta tiene delante parece que le puede resultar bastante halagüeño. Sin embargo, tiene un punto débil: Hila, el alcalde de Palma. Ciertamente, a diferencia de los asuntos del Govern, los municipales son casi exclusivamente cuestión de gestión pura y dura. Es decir, temas tan cercanos, cotidianos y próximos al elector que ni siquiera un ejército de periodistas a sueldo puede tergiversar u ocultar. La gestión es la asignatura pendiente que se le resiste al primer edil de la ciudad. Y Palma, que es la mitad del cuerpo electoral balear, lo experimenta cada día.

Don José encontró un ayuntamiento que funcionaba porque, viniendo de una etapa catastrófica durante la gestión de Calvo y sus socios, -incluía a la Unión Mallorquina de triste memoria-, los muchos servicios municipales estaban mejorando su funcionamiento al compás del saneamiento de las cuentas públicas. Sin embargo, tras las elecciones de 2015, los nuevos mandatarios municipales pusieron en práctica una política que descuidó por completo la gestión municipal para centrarse en temas ideológicos que nunca habían estado en la agenda de los palmesanos, o en batallas judiciales con el ánimo de desprestigiar las alternativas. Me estoy refiriendo al énfasis puesto en el derribo de monumentos, el cierre de terrazas, la ralentización en las licencias, las moratorias, las sospechas lanzadas sobre determinados funcionarios, la paralización de la contratación, los cambios de nomenclatura por motivos erróneos, etc. Temas que, poco o mucho, han ido minando el tradicional dinamismo de una ciudad acostumbrada a ser trepidante.

El extraño caso del federalismo fiscal de Armengol

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El extraño caso del federalismo fiscal de Armengol

Armengol dice, junto a su homólogo Ximo Puig, que presentarán una nueva propuesta de financiación autonómica basada en el federalismo fiscal, esto es, en la mayor corresponsabilidad entre Gobierno y comunidades autónomas. Pero, paradójicamente, también solicitan someter a la Comunidad de Madrid a una armonización fiscal, por supuesto, al alza. Dicho de forma más vulgar, pretende soplar y sorber al mismo tiempo. Se envuelve en la bandera nacionalista reclamando más autonomía, al tiempo que pide disminuir la de la única comunidad que, de verdad, la ejerce.

Desde hace mucho tiempo sostengo la necesidad de que las comunidades gestionen en su totalidad el IRPF. De forma que los electores puedan observar, con total nitidez, que más recursos para los políticos equivale menos para los propios bolsillos. Esta medida introduciría, además, un poderoso incentivo para mejorar la utilización de los fondos públicos. Evidentemente, no se gasta igual cuando hay que pedirle dinero al propio votante, que a un abstracto e indefinido “Madrid”. Por eso, lo del federalismo fiscal me suena muy bien.

Sin embargo, el federalismo fiscal conlleva el que las comunidades puedan competir, no sólo gastando más, sino también administrando mejor, o incluso prescindiendo de gasto político y, por tanto, disminuyendo el dinero que restan de sus salarios e ingresos a sus ciudadanos. Esta fórmula, pues, es absolutamente incompatible con la armonización fiscal. Ambas propuestas están en los extremos opuestos de las opciones hacendísticas.

Entonces, nos podemos preguntar, ¿Por qué la presidenta hace simultáneamente dos propuestas tan contradictorias?, la respuesta es que, siguiendo los incentivos a los que está sometida, su auténtica intención es maximizar su presupuesto y, con él, su poder. Ciertamente, como decía el francés Colbert, subir los impuestos es un arte parecido al de desplumar a una oca, pues se trata de obtener el mayor número de plumas con el mínimo de graznidos. Ser confuso, poco claro, mezclar conceptos e ideas, decir lo uno y su contrario en un mismo discurso, no puede estar motivado por otra razón que la de exprimir más a los sufridos contribuyentes baleares sin que éstos lleguen a piar, o que si lo llegan a hacer sea ante Ayuso, aunque la beneficiaria sea lógicamente Armengol y toda su muy extensa corte.

Desgraciadamente el trilerismo político no tiene por qué dar malos resultados electorales, pues al igual que el practicado con cubiletes en una mesa plegable del Arenal, atrae a mucha gente que cuando pierde es inducida echar la culpa al azar, a su propia falta de pericia, o a cualquier otra causa alejada de la realidad para que no perciba que le han tomado el pelo.

No está de más recordar, una vez más, que quién inicialmente rechazó la corresponsabilidad fiscal fue el propio patriarca del nacionalismo catalán Jordi Pujol. Siempre prefirió el “Madrid ens roba” a estar sometido a una restricción presupuestaria rígida, clara y conocida que, sin duda, le hubiese dificultado la construcción de la constelación de entidades y medios de comunicación que ahora reclaman la independencia, y con los cuales se hostiga los que consideran disidentes. Una eficaz forma de impedir la alternancia política.

Ciertamente, mientras las comunidades autónomas sean percibidas como sometidas a una restricción presupuestaria blanda, que les permite eludir la responsabilidad del rigor presupuestario, una parte considerable del gasto público se continuará convirtiendo irremediablemente en gasto político, sin otra utilidad que incrementar el poder de los que están al mando, y frenando a su vez la buena marcha de la economía.

Por este motivo sostengo, así mismo, que habría que revisar también cuáles son las causas verdaderas de la pérdida de posiciones en los rankings tanto de Baleares como del conjunto nacional. Porqué, por su constancia, es posible que sea debido a algún fallo del diseño institucional. Si así fuera, el sistema de financiación autonómica seguramente sería el primero, aunque no el único, que habría que analizar.

Ahora a los de la oposición les corresponde desenmascarar la falsedad de la contradictoria propuesta armengoliana. También estaría bien que, pasando a ser propositivos, se sumasen al desarrollo de un modelo, fácil de visualizar, de auténtica corresponsabilidad fiscal. Neutralizando la torticera trampa de la armonización, al tiempo que contribuyendo a frenar el crecimiento del contraproducente gasto político. Es decir, mejorando las condiciones de vida del conjunto de la sociedad y no solo una pequeña parte.

 

¿Nos servirán de algo los fondos europeos?

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¿Nos servirán de algo los fondos europeos?

Ni los gobiernos, ni los estados, ni las instituciones europeas crean riqueza, motivo por el cual los fondos que ahora reparten, en realidad se financian con la inflación que nos empobrece, y con los impuestos que nos reducen los salarios y se lo reducirán nuestros hijos. No obstante, así y todo, esos fondos, podrían tener sentido si servían para que los gobernantes pudieran llevar a cabo las reformas económicas y sociales que, rompiendo con el paralizador statu quo que impone la política, pueden impulsar la actividad generadora de prosperidad.

En nuestro país son varios los asuntos que requieren una revisión en profundidad, destacando la necesidad de reducir las catastróficas cifras de desempleo, y asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin duda, hay muchos otros aspectos de nuestra vida social que también habría que racionalizar y modernizar con el objetivo de mejorar la productividad que permite mayores salarios y mejores servicios públicos y sociales.

Así era de esperar que con los fondos llegados de Bruselas se intentará la introducción de novedades en la legislación laboral que facilitasen a los trabajadores poder cambiar de empresa sin perder derechos; que la injusta dualidad, que impide a muchos empleados incluso hacer cualquier plan de vida, se redujera; o que la incorporación al trabajo de los más jóvenes pudiese ser algo factible para todos y no sólo para aquellos que gozan de conexiones personales. Que aquellas personas que desean trabajar jornadas reducidas durante un tiempo lo puedan hacer sin tener que dar explicaciones; etc.

Todo eso facilita la vida del trabajador al tiempo que haría al empleador menos renuente a contratar a una persona más para desarrollar nuevos proyectos. Se trata de las fórmulas legislativas que están ensayadas en los países más avanzados de Europa. Incluso, en ocasiones, llevan el nombre del país desde donde se difunden como es el caso de la “mochila austríaca”.

Nada de eso ha pasado, sino más bien todo lo contrario. La mini-reforma que ha presentado a bombo y platillo Sánchez, y su coaligada Díaz, va en la dirección contraria. Cambia de nombre algún contrato eventual para denominarse, ahora, fijo sin serlo, y añade algunas rigideces con la única intención de incrementar el poder de los sindicatos.

En cuanto a las pensiones, la idea fundamental debería ser que es necesario fomentar el ahorro para afrontar el futuro, lo cual pasa por mejorar los niveles salariales y modificar la fiscalidad con la finalidad de incentivarlo. Sin embargo, también en esta materia los pasos dados van en la dirección contraria sin aprovechar en absoluto ese dinero salido de nuestros sufridos bolsillos y del de nuestros hijos.

Este año 2022 los salarios se reducirán como nunca lo habían hecho durante el siglo por efecto de la inflación y los incrementos tributarios. Y, aunque sea algo menor, también se reducirá fuertemente el poder adquisitivo de las pensiones.

Quizás los fondos tan reiteradamente anunciados por Ursula Von der Leyen acaben en manos de empresas, o instituciones públicas, con gabinetes de abogados capaces de cumplir las intrincadas condiciones impuestas, pero de momento, no parece que vayan a tener ningún efecto en la corrección de los principales males de nuestro país, ni mucho menos entre los sufridos contribuyentes de las pequeñas y medianas empresas que, estos sí, generan el 99% de la riqueza nacional.

Por todo ello, en esta nublada mañana de enero en que escribo esta carta me pregunto ¿nos servirán de algo los fondos europeos?

¿La política convertirá la movilidad en un lujo?

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¿La política convertirá la movilidad en un lujo?

Algunas democracias, entre ellas la nuestra, en aras a la simplificación han cometido el error de focalizar en una única variable toda la actuación de de un determinado responsable político. Una mala práctica achacable, en gran parte, a la connivencia de algunos de los principales grandes medios de comunicación con el poder. Se generan, así, en la persona que ocupa el cargo público de turno incentivos perversos, pues ésta tenderá a centrar su atención en esa única cuestión, descuidando el resto. Es decir, que mientras el guarismo publicitado sea positivo, como todo lo demás no se ve, tampoco se importa.

Así, juzgar al director general de tráfico únicamente por la siniestralidad incentiva, a que quien ostente el cargo, a prohibir o imponer todo tipo de restricciones a la movilidad con tal de reducir el número de accidentes. ¡Nada más interesa!  Este es el motivo de una de las últimas propuestas del actual Director General de Tráfico, Pere Navarro, al considerar la necesidad de prohibir la compra-venta de vehículos usados entre particulares, pues, según sus palabras, el auge de la “segunda mano” va en contra de la seguridad vial. Una idea que es más fruto de nuestra estructura política que de la "genialidad" de este señor.

De hecho, ya en su momento, se crearon las ITV como monopolios de los gobiernos autonómicos a los que el ciudadano tiene que dedicar tiempo, paciencia y dinero para demostrarles que observa unos determinados requisitos de seguridad que la inmensa mayoría de conductores cumple, lógicamente, por propia iniciativa. Por supuesto, esos requisitos se van endureciendo con el paso del tiempo con la clara intención de convertir, artificialmente, en obsoleto una parte creciente del parque móvil.

Si de igual manera, cuando la atención mediática sobre el medio ambiente se centra exclusivamente en las emisiones de CO2 de los vehículos, sin considerar ningún otro aspecto, tal como puede ser la propia fabricación, los políticos de turno pueden acabar diseñando una transición energética, en materia de movilidad, que les permita presentarse como grandes luchadores contra los combustibles fósiles, sin ninguna otra consideración medioambiental. Y, por supuesto, ocultando el precio que hay que pagar por ella. Una vez más, no es cuestión de quién ocupa un cargo de responsabilidad, sino de los incentivos a los que esa persona se ve sometido.

Es por todo ello que ahora nos encontramos no sólo con una energía mucho más cara, sino que también se ha activado el detonante de una empobrecedora inflación. Otra consecuencia secundaria de todo este proceso es el fuerte encarecimiento de los automóviles, alejándolos, poco a poco, del usuario medio. La rapidez con que se ha diseñado la transición hace que el precio de las materias primas para la producción de vehículos eléctricos se dispare, hasta tal extremo que ya hay analistas que creen que no se podrán cumplir los plazos previstos. Así que la respuesta del gobierno es incrementar la tributación de los vehículos de combustión en un intento de igualar precios, más allá de los, siempre presentes, fines recaudatorios

Con una economía renqueante, y un mercado de trabajo que no funciona, son muchos los conductores de nuestro país que ni tan siquiera se plantean la posibilidad de cambiar de coche, por lo que se está produciendo un efecto de cubanización del parque, tal como ya adelantamos en un artículo, publicado en estas mismas páginas, el pasado día 27 de julio. Este es el fenómeno que ha motivado al señor Pere Navarro ha realizar las declaraciones mencionadas.

Pero no acaba aquí el asunto, pues apenas se adquieren vehículos eléctricos a pesar de unas ayudas que no acaban de cuajar, por estar diseñadas más para publicitarse que por su efectividad. Un clamoroso fracaso, que incentiva una nueva "huida hacia adelante" consiste en decretar que los coches nuevos serán los únicos que podrán circular por determinadas zonas. Es decir, que los demás tendrán que pagar nuevos, o más elevados, impuestos por moverse, bajo la amenaza de ser declarados obsoletos.

A todo ello hay que sumar que los descomunales déficits públicos han supuesto un parón casi completo en el desarrollo de nuevas inversiones en infraestructuras. Desde hace años ni se construyen nuevas carreteras, ni aparcamientos, ni cualquier otro elemento que facilite la movilidad. Al revés, está previsto que habrá que pagar nuevos peajes por circular por vías ya amortizadas.

Por supuesto, la deficiente gestión del transporte público también se enjuaga con pingües subidas de precios camufladas en la diversidad tarifaria, sin que se implementen mejoras relevantes más allá de la lógica renovación parcial de flotas.

Por todo ello, es lícito preguntarse; ¿Se pretende convertir la movilidad en un lujo, en vez de en un derecho al alcance del ciudadano medio?¿De verdad no hemos de realizar reformas fundamentales en nuestro sistema político que racionalicen los incentivos de los gobernantes?

 

Las Charlas de CyR: Pep Ignasi Aguiló

Me gustaría que encontraseis un momento para escuchar esta charla que mantengo con Pep Ignasi Aguiló Fuster , presidente de PLIS Educación, dentro de la serie de charlas que estamos llevando a cabo en Consenso y Regeneración.

Lengua, nacionalismo, Educación, esos son los ejes de la charla. Creo que a algunos os sorprenderá.

Sanchismo y franquismo sociológico

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El peronismo practicado por Pedro Sánchez y sus socios requiere de un enemigo terrible que los convierta en salvadores de la patria. De ahí que intenten resucitar a Franco una y otra vez. El árbol no debe, sin embargo, dejarnos ver el bosque. Si comparamos algunas de las pautas políticas del franquismo sociológico con muchos de los tics de la actual izquierda, quizás podemos encontrar puntos similares.

Por ejemplo, en materia económica tanto unos como otros se muestran partidarios de practicar un corporativismo oligopolístico que les asegure el apoyo de determinados sectores empresariales mediante un discurso que rechaza la libertad de mercado. Una estrategia que les permite colonizar a las organizaciones sindicales, poniéndolas a su servicio.

Ambos prefieren la inflación antes que las reformas económicas, en un intento de mostrar el liderazgo estatal-gubernamental frente a la ortodoxia en el manejo de los asuntos económicos. Es decir, comparten unos y otros un declarado intervencionismo con proclamas sociales y populistas para justificarlo.

El propio hecho de construir un enemigo imaginario que contribuya a cohesionar las fuerzas propias, a falta de una ideología bien definida, es otra cuestión compartida entre el franquismo y el sanchismo. Así, mientras el primero se presentaba como la tabla de salvación frente a los complots de hordas marxistas, el segundo ensaya una narrativa simétrica frente a la ultraderecha. 

Coinciden también en ejercer un control estatal sobre la propia historia, llegando a legislar, en ambos casos, para construir la que se podría denominar “versión oficial” de la misma. Ciertamente en sentidos opuestos, pero con instrumentos parecidos, con la pretensión de deformarla tanto en los libros de texto como en las propias escuelas o, incluso, con el trasiego de féretros. Todo vale para mutar los hechos históricos, que siempre son complejos, en mitos simples.

El control de los principales medios de comunicación y el uso masivo de la propaganda es otro punto compartido. Desde el inicio de la democracia buena parte de la prensa escrita adscrita al régimen franquista se reconvirtió en izquierdista, sumándose así a muchos otros grandes medios de comunicación existentes o nuevos. Lo que ha dado como resultado un dominio mediático que consigue crear un marco mental que muchos terminan aceptando. En Mallorca, incluso, el diario de mayor difusión parece haber retrocedido varias décadas, al llevar las noticias judiciales y los anuncios de las promesas de los partidos en el poder a primera plana, relegando cualquier atisbo de la crítica que debería caracterizar al cuarto poder a breves artículos en las páginas de opinión.

Ese marco mental que el peronismo sanchista ha logrado construir junto con la irrupción de masas de acoso que, a través de cualquier medio, consiguen intimidar o amedrentar al discrepante conduce a muchos opinadores a la autocensura.

Añadamos que ambas tipologías políticas han estado o están encabezadas por un líder carismático que no duda en presentarse investido de una clara superioridad plasmada en la exhibición de los grandes bienes materiales del Estado puestos a su disposición, ya sean éstos un clásico Roll Royce o un moderno Falcon.

En materia sexual el catolicismo extremo, del que se sirvió el franquismo, imposibilitó muchas relaciones satisfactorias entre mujeres y hombres. Una tendencia que, tras el desquite de los años de la transición, vuelve con fuerza de la mano de un neopuritanismo que considera sospechosos de prácticas heteropatriarcales abusivas a la mitad de la población por el simple hecho de ser varones.

Incluso el fútbol, que se llegó a considerar la “tapadera del franquismo”, tiene un claro paralelismo con las series de las grandes plataformas de televisión, al conseguir distraer y canalizar las pasiones del gran público, manteniéndolos alejados de los problemas reales que les afectan. Ambos fenómenos se han utilizado políticamente de una forma parecida.

En cualquier caso, y no menos relevante, los dos conglomerados políticos transmiten la sensación de anhelar monopolizar el poder por encima de todo, estando dispuestos a utilizar para ello cualquier recurso a su alcance. ¡Menos mal que ahora tenemos la Constitución! Por eso cuando algunos socialistas se preguntan a dónde fue a parar el franquismo ideológico, quizás, antes de buscar en otros lugares, podrían comenzar mirando también en su propia casa.

¿Novedades sobre la ecotasa?

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¿Novedades sobre la ecotasa?

Hace unos días nos enteramos de que algunas partidas recaudadas en el Impuesto de Turismo Sostenible se estaban destinando a la financiación de eventos de la prensa amiga. Más tarde un nuevo medio de comunicación desvinculado del Govern nos informó que sólo uno de cada tres proyectos aprobados y presupuestados hace cinco años se ha ejecutado o iniciado. Así que es de suponer que las enormes cuantías recaudadas se han dedicado a engordar, más todavía, la administración autonómica.

Y eso que la mayoría de proyectos son de una dimensión tan pequeña que no parece excesivamente difícil llevarlos a cabo. De hecho, no hay ninguno con la suficiente envergadura como para abanderar y visualizar la transformación ambiental que se pretendía, sin menoscabo de las micro actuaciones.

¡Nada nuevo bajo el sol! Crear un impuesto que no tienen que pagar los votantes es el sueño de todo hacendista. Aunque es cierto que los hoteleros-recaudadores hubieran podido protestar, tal como ocurrió cuando se implantó por primera vez bajo el mandato del señor Antich. Pero ahora, la nueva-vieja política corporativista que evita la competencia mercantil, abrazada por la izquierda post-obrera, les lleva a callar y sonreír con el conseller del ramo sobre el photocall de cualquier evento. Los nuevos socialistas pueden aliarse sin problema con las fuerzas económicas con la sola condición de ser feministas, eco-friendly y resilientes.

Por otro lado, cualquier hacendista sabe que un tributo sólo es finalista de cara a su “venta política” puesto que la labor de las haciendas públicas no es otra que la utilización de todos sus recursos al servicio de una constante maximización de la recaudación. O, dicho en otras palabras, su labor es exprimir al ciudadano hasta el nivel más elevado que pueda aguantar sin explotar, por lo que siempre acaban integrando cualquier fuente de financiación.

Por otro lado, las fragmentaciones de grandes fondos en pequeñas promesas de inversión tienen la ventaja de contribuir a reforzar las redes clientelares, al tiempo que dificulta al gran público hacer un seguimiento pormenorizado de las mismas. Tan sólo tenemos que rastrear las partidas prometidas en concepto de capitalidad de Palma durante los últimos años para hacernos una idea de este esquema de funcionamiento. Una inversión de cierta envergadura normalmente tendrá partidarios y detractores repartidos de forma incierta, por los dirigentes políticos las tratan de evitar como si fueran gatos escaldados. Además, un gran proyecto obliga a movilizar a la administración en materia de contratos públicos con el riesgo judicial típico de la hiperregulación, lo que explica que desde la época del President Matas la única infraestructura relevante realizada sea un “Port Petit”.

Por último, las inversiones siempre son la partida más volátil de cualquier presupuesto. Pues los gastos comprometidos para el propio funcionamiento de las administraciones crecen a paso firme de año en año, devorando la mayor parte de la financiación pública y dejando muy pocos recursos para aquellos gastos susceptibles de ser alejados en el tiempo.

En definitiva, tras un lustro desde su implantación, ya sabemos que la teoría económica se ha cumplido; un impuesto siempre es un impuesto por mucho que se le adorne con nombres bonitos y amables. Como se estudia en los manuales de economía desde hace más de dos siglos, cualquier tributo conlleva una “pérdida irrecuperable de eficiencia” cuya recaudación nunca es capaz de evitar.

Los sucesos de Canet de Mar

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Los sucesos de Canet de Mar

¿Cómo es posible que la política catalana haya dado el triste espectáculo ocurrido en una escuela de Canet de Mar? ¿Cómo es posible que se haya llegado a tal extremo de degeneración democrática y de desviación moral? Ciertamente, el acoso, y hostigamiento al que ha sido sometido un niño, de tan sólo cinco años, que solicitaba que en su escuela se cumpliera con la ley. Sin duda las amenazas y la intimidación tienen la clara intención de evitar nuevas peticiones en el mismo sentido, tal como ya ocurrió con los hijos de guardias civiles.

Sin duda, el nacionalismo es una ideología populista y perversa fundamentada en la creación y exaltación de hechos diferenciales que señalan al que consideran opuesto como enemigo a batir. ¡Xenofobia más o menos encubierta! Pues cierto que puede haber nacionalismos más moderados y otros más exaltados, sin embargo, tanto unos como otros se asientan en los mismos principios.

Pues bien, en nuestro país, por debajo de la Constitución ahora invocada, existen dos leyes importantes que contribuyen a extender y reforzar el imaginario nacionalista, como una negra mancha de aceite que va devorando el tradicional “seny” catalán, y que amenaza, seriamente, con hacer lo mismo en nuestra comunidad y, también en otras.

La ley electoral y de partidos, entre otros muchos defectos, otorga una absurda ventaja a los partidos “bisagra'', es decir, a aquellos que se asocian según conveniencias indistintamente con cualquiera otro del espectro político. De esta manera, las formaciones que, cumpliendo este requisito, concentran la totalidad de sus votos en muy pocas circunscripciones, tal como les ocurre a los nacionalistas, gozan de un desmesurado poder de negociación que, a su vez, les permite implementar toda una colección de políticas clientelares y de control mediático de una magnitud tal dimensión que les perpetúa en el poder.

Dicho en otras palabras, la semilla irracional del nacionalismo está, en buena medida, en nuestras leyes electorales y de partidos. Motivo por el cual son los miembros de la sociedad civil, en vez de los líderes políticos, los que están dando la batalla en defensa de los más elementales derechos constitucionalistas en Cataluña.

En segundo lugar, las leyes de financiación autonómica que consagran la ausencia de corresponsabilidad fiscal auténtica, clara y diáfana entre los distintos niveles de gobierno. Contribuyendo a la difusión de un poderoso y recurrente argumento de los nacionalistas para azuzar sentimientos antiespañoles. Nunca, como en esta cuestión, el victimismo impostado resulta tan electoralmente rentable. Aunque lo peor de esta legislación es que convierte en irresponsables de casi todo a los dirigentes autonómicos, al evitarles tener que rendir cuentas a sus conciudadanos con tan sólo envolverse en la bandera de su comunidad. Un sistema en el que el gran perdedor es el contribuyente que ve cómo se multiplica el gasto político (que no público) clientelar.

Así que, ahora, cuando una buena parte de la casta política y mediática se rasga las vestiduras por los sucesos de Canet, en realidad están comportando como aquel gendarme de la película “Casablanca” cuando le dice a Rick (Humphrey Bogart): ¡Qué escándalo, qué escándalo he descubierto que aquí se juega!, para acto seguido embolsarse sus ganancias.

La Constitución, con todos sus defectos es, hoy por hoy, el mejor instrumento que tenemos para preservar nuestra convivencia en paz y libertad. Pero precisamente por ello pienso que resulta tan importante abrir el debate sobre la necesidad de llevar a cabo las reformas políticas de calado que nos permitan proteger nuestros valores democráticos más básicos. Sin embargo, y desgraciadamente mucho me temo que ese debate sólo se puede promover desde la sociedad civil con todas las dificultades que eso conlleva.

La magia (negra) de la inflación

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La magia de la inflación.

Ciertamente, estamos experimentando la que debe ser la mayor disminución salarial experimentada por los actuales trabajadores en activo. Y no pasa nada. Aunque eso sí, los empleados del Banco Central Europeo, quizás por contar con más información que los demás, quizás porque ellos sí saben que da igual que la inflación sea coyuntural o persistente, han sido los primeros en elevar sus reivindicaciones laborales para hacer frente a la bajada de salarios encubierta que supone. A buen seguro ganarán, aunque se intente evitar que nos enteremos.

Recordemos como la bajada de sueldos realizada por José Luís Rodríguez Zapatero se inició con una disminución, que nunca se revirtió, para los funcionarios. Luego se extendió a capas más amplias. Aquella medida tomada a contrapelo por el líder del PSOE en la primavera de 2010 le llevó a tener que convocar unas elecciones que, indudablemente, perdería. La inflación de este año ya ha mermado el poder adquisitivo de sueldos y salarios en una proporción mayor que en aquella ocasión.

Ahora, la vieja magia de la política inflacionista del nuevo líder socialista, en cambio, le permite llevar al país a un empobrecimiento claramente superior con muy amplias posibilidades de revalidar el cargo. Una simple cuestión psicológica, unida a un cambio de papel de los medios de comunicación y los sindicatos, hace que no se responsabilice al gobierno del desaguisado. Poco importa que las subidas del salario mínimo, de hace unas semanas, ya estén devoradas por las subidas de precios; Sánchez es ante la prensa sumisa y los sindicatos el adalid de los mileuristas.

El osado presidente sabe que el Banco Central Europeo lo tiene muy complicado para revertir la situación, pues una subida de tan sólo un punto de los tipos de interés resulta inasumible para los países sobre endeudados de la Unión. Así, es previsible que los gobiernos más populistas, como el suyo, actúen de la siguiente forma: en primer lugar, reforzar las alianzas (y las subvenciones) con los medios de comunicación y, también, con los sindicatos a fin de minimizar y diluir las posibles reivindicaciones al estilo de los empleados del Banco Central Europeo. De hecho, la significativa noticia ha sido prácticamente silenciada en España.

Más adelante, cuando el malestar sea algo más difícil de contener, se iniciará una narrativa en la que se culpe a capitalistas, especuladores, franquistas o al PP de la mala situación. Al tiempo que, como mínimo, se anunciarán bondadosas iniciativas para controlar los precios. Quizá esto último se haga utilizando algún neologismo que otorgue carácter técnico y académico a la propuesta. Por otro lado, como no toda la población sufre el perjuicio en la misma proporción, se pondrá énfasis en mostrar los casos más exitosos.

Todo esto lleva su tiempo, así que probablemente se puedan convocar las elecciones con garantía suficiente de reelección. En gran parte porque con la actual estructura electoral un debate con un mínimo de profundidad resulta casi imposible. De esta forma, el panorama sólo es optimista en los medios de desinformación.

En definitiva, una vez más soy de la opinión que los problemas de nuestro país hunden sus raíces en fallas del sistema de representación política cuya solución, sin embargo, no requiere tocar la Constitución. Por ello, vuelvo a animar a los partidos constitucionalistas, ahora en la oposición, a ser valientes y a realizar propuestas claras para la mejora del sistema.

Todos los precios son marginalistas

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Todos los precios son marginalistas

Una demostración de cómo está funcionando la prensa de masas lo encontramos al tratamiento informativo otorgado al incremento del precio de la electricidad. En vez de realizar un análisis fundamentado de los motivos que hay detrás del mismo, con harta frecuencia, se ha optado por aceptar los razonamientos de los más ingenuos y pueriles defendidos por los nuevos políticos de partidos radicales intervencionistas.

Así, uno de los razonamientos más defendidos, y difundidos, ha sido que el fuerte incremento del recibo de la luz se ha debido al sistema de fijación de precios marginalista que da lugar a “beneficios caídos del cielo”. Una argumentación que tiene la intención de responsabilizar como “malo de película” a las empresas capitalistas exonerando al gobierno. Según este relato serían los grandes empresarios los interesados en fastidiar a los modestos consumidores. De hecho, alguno de estos nuevos líderes ha llegado a decir que les estamos pagando “se están pagando sardinas a precio de percebes”.

Lo sorprendente de esta versión, tan generalmente aceptada por una prensa que en otro tiempo fue seria, es que cualquier estudiante de primero de economía sería capaz de explicar al gacetillero más modesto que ¡Atención! ¡Todos los sistemas de precios de todos los productos son marginalistas!

Si, efectivamente, todos los precios formados en todos mercados, también en los que funcionan sin ningún tipo de intervención gubernamental son marginalistas, es decir, se establecen al nivel de los costes marginales, al tiempo que suponen los ingresos marginales de los oferentes. Una solución que hace que la producción y a la asignación de los bienes y servicios sea la más eficiente posible, o como dicen los economistas, dan lugar a óptimos de Pareto que empuja a los precios hacia abajo hasta el nivel de los costes. El motivo es que como los costes marginales crecen con la cantidad producida, inicialmente se produce de la forma menos costosa, y a medida que la demanda es mayor, se produce de forma más cara. Un sistema que es tan beneficioso para el consumidor que ha generalizado entre las clases más populares estándares de vida que hasta el desdichado Luís XVI hubiese deseado para sí.

Sin embargo, en el ultra intervenido mercado eléctrico es el gobierno quien decide qué sistema de producción entra en primer lugar y cual lo hará posteriormente para, de esta forma, conformar por criterios políticos -que no económicos- el mix energético. Porque han “vendido” a los electores la falsedad de que la electricidad producida de forma sostenible es más barata, cuando es evidente que esto no es así.

Es decir, como el proceso de des-carbonización energética es caro, pero no se quiere reconocer en las campañas electorales, algunos gobiernos deciden ocultar este hecho a sus votantes, y ahora, cuando la realidad se impone, como siempre, tienen que dar la culpa a otros. Así que nada mejor que un palabro técnico-económico poco intuitivo como “precios marginalistas” para trasladar la responsabilidad del desbarajuste o los siempre socorridos “oscuros capitalistas”.

En definitiva, lo más triste de esta historia no es la utilización política de la mentira que al fin y al cabo siempre ha sido así, sino el papel que está jugando una buena parte de la prensa actual, antes considerada “cuarto poder” y ahora "correa de transmisión del poder". Pues no es posible pensar que aceptan y difunden este tipo de argumentaciones por aceptarlos como una explicación racional de un hecho objetivo cuando un estudiante de primer curso de carrera está en condiciones de desmentir.

 

 

La imaginación política

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El liderazgo es mostrar un camino hacia una situación mejor, es crear una guía hacia un mundo en donde se puedan alcanzar más bienes y, también, deshacerse de más males. En este sentido no cabe duda que la izquierda muestra mucha más habilidad que la derecha en construir liderazgo. No porque sus propuestas sean realistas o auténticamente convenientes, sino por el simple hecho de hacerlas.

Desde mi punto de vista, aunque es la derecha quién tiene más capacidad argumentativa e instrumentos intelectuales sólidos, es la izquierda, sentimentaloide, simple y utópica, quién ejerce el papel de guía social. ¿Por qué esto es así? Pueden ser muchos los motivos, aunque, personalmente me inclinaría a pensar que desde la derecha se suele pensar que para hacer que la sociedad funcione bien es suficiente con tomar las medidas adecuadas cuando se está en los puestos de mando del poder. Mientras que la izquierda, por su parte, considera que lo relevante es la lucha por todos y cada uno de los resortes del poder, sean del nivel que sean.

Este último es el motivo por el que la izquierda en el Gobierno, o fuera de él, crea constantemente organizaciones para premiar a militantes e influir difundiendo sus ideas. Por eso mismo dedican mucha más energía a controlar los principales medios de comunicación, crean sindicatos, fundaciones culturales, penetran en la escuela, en las universidades, en los departamentos de inspección, en las organizaciones no gubernamentales, en las películas y series que subvencionan, en las organizaciones internacionales, incluida la ONU, etcétera. Es decir, como la batalla no se limita a ganar unas elecciones le dan enorme importancia a la política total, por tierra, mar y aire. A las imágenes y los gestos. Así, cuando tienen ocasión rebautizan calles, colegios y hasta cambian el nombre de la ciudad o la comunidad con criterios ideológicos.

También modifican las denominaciones de concejalías, consellerías o ministerios. Adaptan ideológicamente el calendario, y eligen a los hijos ilustres o personajes históricos de su devoción, condenando a la hoguera narrativa a los que detestan. De esta forma, han llegado a conformar la “imaginación política» de una parte muy considerable del público, al que le venden la idea de la república, la independencia, los tranvías o lo que sea. Por muy irreales y ficticias que resulten se convierten en ideas-fuerza
que se introducen, a través de los poros epiteliales, en las mentes de amplísimos sectores. Lo que les permite gobernar incluso desde la oposición.

Las masas eligen el error cuando les seduce. Por eso, desde mi punto de vista, la derecha debería alterar sus objetivos inmediatos. Sin duda tiene que poner énfasis en ganar las próximas elecciones, pero, sobre todo, debería
poner mucho más en difundir su propia «imaginación política». Tiene sobrados y potentes argumentos. Acumula una experiencia de éxitos. Cuenta con simpatizantes, en muchos ámbitos y sectores, capaces y ganas de compromiso a los que tan solo hay que cuidar, apoyar y potenciar.

Tejiendo así, con perspectiva, un liderazgo múltiple y realista que, lejos del humo pernicioso de los rivales, permita mejoras sociales auténticas. De hecho, muchos politólogos actuales opinan que la división izquierda-derecha, ya no es la más adecuada. Pues la izquierda post-obrera se está caracterizando por lo que se podría llamar “el pensamiento Disney», esto es, por hacer propuestas infantiloides alejadas de la realidad que nunca consideran las consecuencias y resultados de sus acciones. Las
supersticiones ya no son religiosas, sino políticas. Ahora la división es más entre sí se acepta o no el debate racional e ilustrado.

Ante este panorama, con toda seguridad, son muchos los ciudadanos que echan de menos los gestos y las acciones encaminadas a valorar y difundir una imaginación política más imbricada y conectada con la verdad y la realidad. La lucha por el poder no es deshonrosa, pero quizás, para evitar que el tablero se incline del lado de los embaucadores, habría que
jugar con la misma intensidad.

Pep Ignasi Aguiló es profesor de Economía Aplicada en la Universitat de les Illes Balears.

¿Mejor un gerente que un alcalde?

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¿Mejor un gerente que un alcalde?

Una parte muy importante de la problemática municipal de una ciudad como Palma no es de orden político sino gerencial. Lo más relevante que los ciudadanos demandan de su ayuntamiento es que los muchos y fundamentales servicios municipales funcionen correctamente. La gente quiere autobuses cómodos y eficaces, limpieza de nivel, agua a precios razonables, seguridad garantizada, tráfico fluido, iluminación correcta, etc.

Sin duda, también hay temas políticos y de representación que conforman una visión de la ciudad a más largo plazo, tales como el modelo ordenamiento urbano, o la imagen que la ciudad quiere transmitir a sus vecinos y visitantes. Pero estos no deberían ir en detrimento del funcionamiento del día a día de la urbe, ni deberían configurar la estructura de Cort para que un determinado sector permanezca en los puestos de mando más allá de las confrontaciones electorales.

Hace cinco años ya escribí al respecto de este tema en un artículo publicado en El Económico titulado “City-manager” en donde me hacía eco de cómo algunas ciudades del ámbito anglosajón habían decidido prescindir de la figura de su alcalde. Ahora viendo como la actuación del nuestro, durante estas legislaturas, ha estado trufada de “alcaldadas”, al tiempo que muchos servicios dependientes del municipio, no sólo no han evolucionado al ritmo de los tiempos, sino que incluso han empeorado respecto a situaciones anteriores, me vuelvo a preguntar por las causas de tal devenir.

Hila es el prototipo de lo que podríamos denominar “funcionario de partido” es decir, de político cuyo principal objetivo es mantenerse, y mantener a los suyos, en el poder. De forma que no tiene capacidad de aceptar una idea original, o propia, para mejorar la ciudad, sino que se limita, porque para continuar su carrera no puede ni quiere hacer otra cosa, a seguir las consignas del partido, frecuentemente sometidas a la tiranía de la corrección política. Lo que, a su vez, está en la raíz del abandono de la siempre complicada buena gestión, pues, está claro que la considera una cuestión secundaria.

Nuestro sistema electoral y de partidos tiene graves defectos que se están acrecentando con el paso del tiempo, siendo uno de los más importantes el sistema de elección de candidatos, y, por tanto, del diseño e implementación de los programas. Se pone mucho más énfasis en las estrategias electorales de partido que en los auténticos debates capaces de mejorar las condiciones de la ciudadanía.

Por todo ello, al igual que opino, que nuestra comunidad autónoma debería ser la primera en modificar su sistema electoral, liderando un proceso con repercusiones en el resto de la nación. También pienso que nuestra ciudad podría ser pionera en ensayar algún tipo de fórmula para encargar a un gerente profesional, elegido por una amplia mayoría del Pleno y por un periodo de tiempo diferente al de los concejales, para responsabilizarse del buen funcionamiento de los múltiples y esenciales servicios públicos locales. Sometiendo a un especial control y transparencia toda la contratación, tanto de proveedores, concesiones, como, sobre todo, de los recursos humanos.

Por supuesto, el Pleno Municipal y su primer edil, tiene que continuar encargándose de los aspectos más políticos, algo así como la “hoja de ruta legislativa” a seguir. Una hoja que, sin embargo, se le encarga, en buena medida, al gerente. Un profesional altamente cualificado con elevados conocimientos jurídicos, económicos y de gestión, independiente de los partidos, con capacidad de coordinar los diferentes departamentos consistoriales, y cuya cotización esté vinculada a resultados.

No dudo que un nuevo alcalde puede administrar mejor que el actual, pero la tendencia será a que, tan pronto como los palmesanos hayan olvidado las recientes legislaturas, vuelvan a aparecer en el panorama nuevos funcionarios de partido con muchos de los defectos que ahora visualizamos con nitidez.

Pienso que nuestro sistema democrático necesita un “aggiornamiento”, aunque no necesariamente pasa por una modificación constitucional. El debate público es siempre el primer paso.

 

Alcoholismo inflacionario

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Cumbres del clima

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Cumbres del clima

El profesor de economía de Cambridge Arthur Cecil Pigou puso las bases, en las primeras décadas del siglo pasado, para el control de la economía por parte de los gobiernos. Lo hizo identificando las llamadas “externalidades” o “efectos derrame”, aunque más tarde los muy intervencionistas prefirieron la denominación “fallos de mercado”.

Tres fueron las externalidades positivas inicialmente identificadas, a saber, la educación, la salud y la protección ante la decadencia física consecuencia de la edad. Tres bienes, por tanto, a intervenir por parte de los gobiernos para configurar el “Estado del Bienestar. Está denominación se tomó del título de la obra principal de este autor. Más tarde, se añadiría la contaminación como externalidad negativa. Pues, sus defensores, argumentan que, cuando se produce, los costes sociales son siempre mayores que los particulares que soporta quien contamina. Quedó abierto, de esta forma, un vasto campo a la intervención estatal directa mediante todo tipo de regulaciones o a través de los impuestos que, en su honor, se bautizan como pigouvianos.

Por su parte, hasta hace poco al sector de la energía se le exigían tres grandes requisitos: seguridad en el suministro, competitividad económica y sostenibilidad ambiental. Los tres tenían un peso similar en el diseño de la regulación, aunque ésta fuese siempre en aumento.

Sin embargo, más recientemente, esa ponderación se ha ido alterando por la influencia de las cumbres climáticas, anteponiendo la sostenibilidad ambiental a los otros dos requisitos mencionados. Es decir, que tanto la seguridad, como sobre todo la competitividad pierden importancia en favor del clima. El pigouviano concepto de "externalidad" ha puesto a la política al frente del proceso de descarbonización. Esta es la principal causa que está en base del fuerte incremento experimentado por los precios de la electricidad y otros combustibles.

Con todo eso, toma fuerza y visibilidad la llamada pobreza energética y la desigualdad social derivada directamente de cómo se ha capitaneado la transición hacia las llamadas energías verdes. De manera que afloran dudas que hasta ahora habían permanecido silenciadas. Incluso aumentan los analistas que constatan cómo los gobiernos están convirtiendo la lucha contra el cambio climático en algo sumamente caro para la mayoría. Así aparecen nuevos interrogantes.

¿Son realmente limpias las energías verdes?, ¿Siempre van a conllevar un mayor consumo de gas fósil por su poca fiabilidad?, ¿Requieren de una fuerte minería destructora del medio ambiente?, ¿Necesitarán recursos que degraden parajes, fauna y flora?, ¿Puede suceder que alguno de los minerales que necesitan se encuentren en los lechos y fondos marinos y que estos se vean sometidos a una contaminación mayor que la derivada de la extracción de petróleo?, ¿Pueden acabar suponiendo un regreso a la producción nuclear, ahora declarada verde, tal como ha hecho Sánchez prorrogando concesiones?. Si en territorio español, por ejemplo, se rechazan explotaciones de tierras raras, esenciales para todo tipo de baterías y componentes electrónicos y electrónicos, ¿Quiere decir que hay que realizarlas en enclaves más pobres? ¿Es, en definitiva, la estabilización climática el final de la energía asequible?

En definitiva, ya llevamos el suficiente recorrido como para que tengamos la certeza de que, tras cada cumbre del clima, en la que se reafirme el concepto de externalidad, se incrementará la regulación y, con ella, el precio de la energía, así como sus cargas tributarias. Pero, sin embargo, no parece que podamos estar tan seguros de que la mejora ambiental y, sobre todo social, sea proporcional. Así que a mí, personalmente, me queda la duda de si la lucha contra el cambio climático podría haber seguido una orientación diferente.

Yolanda, instrumento de Sánchez

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Yolanda, instrumento de Sánchez

Está resultando apasionante el vodevil montado por el gobierno de Sánchez en torno a la ministra de trabajo Yolanda Díez, quien al tiempo que presumía de los buenos datos del empleo alcanzado bajo la legislación laboral reformada por Mariano Rajoy, prometía su derogación.

El gobierno de Sánchez lleva el tiempo suficiente como para haber realizado ya alguna reforma económica de calado. Sobre todo, considerando que, más allá de los juegos malabares con las cifras, el desempleo continúa siendo el principal drama de la nación al ser la mayor fuente de desigualdad entre los españoles. Sin embargo, en la agenda del primer mandatario tan sólo se puede encontrar leyes de carácter ideológico que afiancen su poder, relegando a la oposición a un papel testimonial que haga casi imposible la alternancia.

Por un lado, la necesidad de sustituir a Pablo Iglesias al frente del segundo partido de la coalición de gobierno obligaba a realizar el lanzamiento de la nueva líder con el suficiente protagonismo como para acaparar portadas de diario y aperturas de noticieros. Así que nada más fácil que arremeter con una ley identificada con el adversario político. Eso sí, sin importar lo más mínimo que, al mismo tiempo, se esté colgando la medalla de estar creando empleo a velocidad de crucero con esa misma ley. Lo importante no es la reforma en sí, tampoco lo es acabar con la catástrofe social que supone el desempleo, ni tan siquiera mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores. No, lo realmente importante es el lanzamiento de la nueva dirigente. Lo que quedó corroborado cuando, en plena campaña de promoción, en una entrevista realizada por Carlos Alzina en Onda Cero, el hasta hace poco principal lugarteniente del presidente Ivan Redondo incluyó a la podemita entre las tres únicas personas con posibilidades de alcanzar la silla curul monclovita.

Por otro lado, los únicos cambios normativos que se pueden vislumbrar con claridad son aquellos que han de contribuir a reforzar el poder de las grandes centrales sindicales que apoyan a los gobiernos de izquierdas y se oponen a los de derechas. Una labor que desgraciadamente lleva implícita la ampliación de la brecha entre fijos y eventuales y parados, es decir, lleva implícita la marca de la desigualdad.

La pantomima, alcanzó momentos esplendorosos cuando la propia ministra una mañana, con gesto severo y revestida con los oropeles de su cargo, anuncia su decidido empeño en la supresión de la reforma laboral del Partido Popular, para por la tarde, en un plató de una televisión amiga, declarar que no era "técnicamente" posible la completa derogación, es decir, que finalmente solo se harían retoques. Así que ahora mismo, toca otra derogación: la de la ley que bautizaron como mordaza, sin importar haberla utilizado para multar a todos aquellos ciudadanos que hicieron caso a la Constitución en vez de a las restricciones ilegales del gobierno.

Eso sí, para que los socios europeos que son quienes prestan el dinero no se alarmen, el ínclito presidente completa la escena con una televisada refriega entre vicepresidentas, generando de esta forma la confusión requerida.

Yolanda Díaz le resulta muy útil a Sánchez, quien, a su vez, necesita mantener con vida suficiente a “Unidas Podemos” como para mantener la bandera y el voto de la izquierda más extrema. También necesita una especie de ANC catalana que institucionalice su agenda ideológica, un papel que bien pueden cumplir las relanzadas grandes centrales sindicales. Nuestro pétreo presidente no dudaría ni un segundo en devolver el cadáver de Franco a su anterior sepultura si eso reforzaba su poder.

Por supuesto, toda la operación teatral está perfectamente sazonada y condimentada con un incremento espectacular de las subvenciones a sindicatos y patronales aprovechando la barra libre del BCE. Consiguiendo el efecto especial por el cual los interlocutores de las mesas de negociación ven brillar a la ministra bluf (“a panxa plena no hi entren penes'').

Definitivamente, con Sánchez se ha producido un cambio del paradigma político-electoral de la democracia española. Sin embargo, da la impresión de que no acabamos de comprenderlo. Quizás por eso, aunque a muchos las cosas no les vayan bien ¡Todos tan contentos!

 

“Balears” en vez de “Illes Balears”

 

“Balearmallorcadiario.coms” en vez de “Illes Balears”

Es sorprendente que nuestra comunidad se tenga que llamar “Illes Balears'' en vez de, simplemente, “Balears”. Y cuando, al mismo tiempo, se ha querido simplificar el nombre de nuestra capital al rebautizarla como “Palma” quitándole el apellido “de Mallorca”. ¿Por qué no hacer lo propio con el nombre de nuestra comunidad? Se diría que, incluso hay más motivos, puesto que, en este caso, el sobrenombre “Illes'' precede al nombre “Balears” creando mucha más confusión que en el caso de la principal ciudad. Una denominación compuesta, que, además, no carece de toda tradición.

Desde luego, si todo el mundo puede comprender que Palma hace referencia a nuestra mallorquina ciudad sin necesidad de expresarlo explícitamente. Pues exactamente lo mismo ocurre con la comunidad puesto que es más que evidente que las Baleares es un archipiélago, es decir, un territorio integrado por varias islas.

Una de las mayores incomodidades del nombre compuesto la puede comprobar cualquiera que busque a nuestra comunidad en un listado territorial español.  Inmediatamente dudará si tiene que buscar por la “I” inicial de “Illes” o por la “B” de “Balears” aunque, además, con frecuencia lo encontrará con la denominación invertida “Balears, Illes”. ¡Con lo sencillo que resultaría que se denominase, simplemente, Balears!

Pero mucho me temo que quienes aprobaron la ley que acortaba el nombre a la ciudad de Palma, en el fondo, no lo hicieron por simplificar el lenguaje, sino que, en realidad, subyacían motivos ideológicos en un intento de control mental. De hecho, en su momento, quisieron modificar por completo la denominación proponiendo el nombre “Ciutat”.

Si consiguieron, sin embargo, que el nombre de la comunidad vaya precedido del sustantivo “Illes'', y probablemente por los mismos motivos ocultos, puesto que esta es una denominación habitual realizada desde Cataluña, y que también, y esto seguramente es lo importante, puede simplificarse en la expresión “Les Illes” lo que denota pertenencia.

Es cierto que unos años después de la aprobación del Estatut de 1983, el nombre Illes Balears experimentó un refuerzo cuando las matrículas de los automóviles dejaron de utilizar el centralista “PM” (Palma de Mallorca) por el “IB” (Illes Balears), por la imposibilidad de utilizar el distintivo “B” que hacía casi un siglo que correspondía a Barcelona. Un problema que desaparece con la unificación de placas llevada a cabo por Aznar.

Llegados a este punto, y a pesar de todo ello, soy de la opinión que el argumento de la simplicidad es el más convincente, por lo que, debo decir, como estoy de acuerdo en que nuestra capital prescinda de su apellido. Así que, por las mismas razones, agravadas por el hecho que aquí se antepone, propongo que nuestra comunidad también prescinda de su inútil sobrenombre “Illas”.