Nuevo modelo de
financiación: Ayuso gana.
El nacionalismo es el principal responsable del actual modelo de financiación autonómica, configurado en sucesivas rondas. Pues el sistema político-electoral español otorga mayor poder de negociación a los partidos bisagra, un hecho que los nacionalistas nunca han desaprovechado. Así, que a pesar de que se rasgan las vestiduras cada cierto tiempo, ellos son los principales artífices del actual sistema.
La característica principal del mismo es el intento de diluir la responsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos compartiendo los grandes impuestos (como IRPF e IVA) con el gobierno central. Este tipo de tributos tienen dos tramos uno por cada una de las dos administraciones. De forma que al ciudadano corriente le resulta difícil identificar quien es responsable de lo que tiene que pagar. De hecho, el público piensa exclusivamente en el gobierno central cuando los paga a pesar de la gran capacidad legislativa de los ejecutivos regionales en el caso del impuesto sobre la renta.
Así mismo, el sistema también contempla algunos tributos, de menor potencia recaudatoria, totalmente cedidos como competencia exclusiva a las comunidades. Estos sí que están identificados, por los electores, con la política autonómica, permitiendo así visualizar y diferenciar de forma diáfana el tipo de política fiscal de cada comunidad. Pues bien, los nacionalistas, en contra de lo inicialmente se podría pensar, también quieren que estos tributos se compartan, a partir del nuevo modelo, entre ambas administraciones de forma similar a lo que ocurre con los de mayor potencia. Es decir, incoherentemente quieren renunciar al autogobierno en aras a una mayor recentralización.
Así, por ejemplo, quieren que el impuesto de patrimonio sea dual en todo España, es decir, que se establezca un tipo estatal y otro autonómico, para garantizar que se recauda por Hacienda, aunque la parte regional pueda estar bonificada en algunas regiones, como es el caso de Madrid. La misma configuración demandan para el impuesto de sucesiones y donaciones, con lo que Baleares también perderá.
En realidad, tratan de embarrar el terreno de juego, tal como ocurre con el IRPF e IVA, diluyendo la responsabilidad de pasar la factura a los ciudadanos. Es decir, se trata de evadir la rendición de cuentas electoral, de forma que se puede continuar utilizando el gasto público como gasto político.
Para más inri, los nacionalistas también quieren crear toda una nueva colección de tributos que llamarán “verdes” para facilitar su aceptación por parte del público, que todas las autonomías tendrán que implementar obligatoriamente bajo amenazas de sanción.
En definitiva, en aras a aumentar su poder, quieren crear, y probablemente lo conseguirán, un modelo de financiación autonómica populista de graves consecuencias para el conjunto del país, al crear una tendencia al desequilibrio presupuestario, que tarde o temprano se traduce en incrementos tributarios y, por tanto, en mayores dificultades para la competitividad empresarial, el crecimiento económico y la propia vida del día a día.
Ahora bien, a pesar de que con toda seguridad el nuevo modelo que vea la luz sea ese homogéneo y extractivo (armonizado lo llamarán) de los nacionalistas, lo mejor del Estado de las Autonomías es que permite comparar distintas formas de regir los asuntos públicos. Por lo que los electores ya saben que hay formas distintas de hacer las cosas en materia fiscal. La joven presidenta de Madrid ya ha mostrado un camino diferente y enormemente atractivo, cuando el principal gasto, con diferencia, al que hace frente una familia cualquiera es el tributario. Así, aunque pierda en la votación correspondiente en el Congreso, Ayuso gana.
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