La manivela de Sismondi

 La manivela de Sismondi

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Sismondi fue un notable pensador que vivió las grandes transformaciones sociales europeas de finales del siglo XVIII y XIX. Por su heterodoxa forma de pensar ha pasado a la historia como precursor del influyente Karl Marx, al ser uno de los primeros autores en romper con la creencia confianza en la armonía social que tan brillantemente defendió Adam Smith y que quedó plasmada en la, todavía vigente, Constitución norteamericana.

Su crítica al incipiente capitalismo industrial la fundamentaba en la división social que se produce, entre patronos y proletariado (es el primero en utilizar esta última expresión) por efecto de la competencia empresarial que obliga, a los primeros, a una continua reducción de costes con la consiguiente presión a la baja sobre los salarios. Esa misma dinámica conduce, cuando los jornales ya no pueden descender más, por ser incompatibles con mera subsistencia, a la sustitución de los hombres por máquinas.

Como muchos filósofos y pensadores acaba exagerando al máximo sus teorías por lo que afirmará que, de seguir con las tendencias capitalistas, en un futuro no muy lejano “el rey de Inglaterra se quedará solo en su isla dando vueltas a una manivela, lo que permitirá realizar, con autómatas, todo el trabajo de la nación”.

Traigo a colación esta historia, porque desde los inicios de la revolución industrial hemos convivido con el temor de que las maquinas acaben desplazando a las personas de sus puestos de trabajo. De hecho, un pensador mucho más reciente, Wassily Leontief, llegó a la impactante conclusión “El papel de los seres humanos como el más importante factor de producción está destinado a disminuir, de la misma forma que el papel de los caballos, en la producción agrícola, también disminuyó y luego desapareció con la introducción de los tractores”.

Esta argumentación está volviendo a ser empleada, por los más sofisticados defensores de la renta básica, ya que consideran que las dificultades para encontrar un puesto de trabajo remunerado dignamente se van mermando a medida que la digitalización avanza. Por lo que la idea fundamental de sus promotores es desvincular los ingresos personales de la producción.

Sin embargo, y a pesar de todos esos reiterados augurios, el capital humano continúa siendo, no sólo la principal fuente de producción, sino la más esencial y de la que dependen todas demás. De hecho, es la propia labor desarrollada por la imaginación de la mente de las personas la que ha procurado la creación de todos los prodigios que nos permiten ir prescindiendo de los trabajos más duros o tediosos, al tiempo que multiplicamos nuestras posibilidades de bienestar.

Cuando la imprenta se difundió, se volvió poco menos que inútil la labor de los frailes copistas que, de forma meticulosa, producían las costosísimas copias de los escasos libros que llegaban al limitado mercado. Ahora bien, a partir de la invención de Gutenberg fueron muchos más los que aprendieron a leer, y también a escribir, de forma que el trabajo ligado a los libros acabó creciendo de una forma jamás pensada. La imprenta supuso una revolución en la comunicación del conocimiento similar a la que estamos experimentando con Internet.

Cuando Henry Ford logró democratizar el automóvil, los oficios relacionados con la utilización de los caballos como medio de transporte declinaron, al tiempo que crecían exponencialmente nuevos oficios que unos años antes, simplemente, hubiesen resultado totalmente impensables.

Lo cierto y verdad es que conseguir zafarse de las tareas más aburridas, pesadas o repetitivas libera la energía creativa humana hasta límites insospechados, sobre todo cuando existen poderosos incentivos para ello. El capitalismo y el liberalismo clásico han sido las fórmulas empleadas, a base de respeto por la vida, la libertad y la propiedad, para generar tales incentivos.

Por todo ello, mirando al pasado, soy de la optimista opinión de que, efectivamente, la digitalización acabará con muchos de los actuales empleos, pero si la legislación y los gobiernos no lo impiden surgirán, de la mano del capitalismo liberal, muchos otros más cómodos, creativos y agradables que los que se vayan destruyendo.

Prima verde

 LA PRIMA VERDE

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Se llama prima de riesgo soberano, o simplemente prima de riesgo, al sobre precio que paga un país para financiarse en los mercados en comparación con otro más fiable. En la crisis del 2008, cuando la deuda de cada estado miembro de la UE era responsabilidad propia, constituyó un indicador de la falta de responsabilidad fiscal de las naciones que la tenían que soportar, tal como fue el caso de España.

Por similitud, Bill Gates popularizado el concepto de “prima verde” al sobrecoste derivado de las tecnologías y productos ecológicos que están generando limitación de acceso a los mismos a los estamentos menos favorecidos de la sociedad, expulsándolos de la clase media. El automóvil -esa máquina que ya cambió el mundo- es el ejemplo paradigmático de lo que está sucediendo, y que, probablemente, se replicará en otros sectores.

La industria de la automoción, desde los tiempos de Henry Ford hasta hace poco, había apostado por abaratar el acceso al coche privado. Un proceso de democratización que, rápidamente, fue imitado por todos los sectores, desde la alimentación, el textil, etc., hasta el turismo. De esta forma se configuró una forma de capitalismo que consiguió sacar de la miseria secular a amplias capas de la humanidad.

Sin embargo, este proceso ha cambiado de la mano de sensibilización por el medio ambiente y la vida saludable, y, sobre todo, por la excusa que les otorga a los gobiernos para practicar duros intervencionismos de todo tipo. Qué duda cabe, que los principales demandantes de este de bienes, más sostenibles, son los sectores mejor posicionados de la sociedad, dispuestos a pagar la correspondiente “prima verde” para salvar su entorno, al planeta y así mismos. Es su demanda la que ha generado la programada agenda de la transición energética.

El sector del automóvil vuelve a ser el puntero en esta nueva etapa. Los fabricantes, con el coche eléctrico, dejan de orientarse hacia el cliente más modesto para centrarse en los de más alto poder adquisitivo. Los gobiernos, por su parte, se muestran encantados con esta nueva estrategia. De hecho, la refuerzan discriminando a favor de aquellos conductores que adquieren los modelos más caros, tal como ocurre con los tributos, las exigencias técnicas, las zonas de bajas emisiones, los sistemas de conexión, etc.  La confluencia de ambas fuerzas, la empresarial y la gubernamental, permite diseñar una estrategia que con menores volúmenes de producción que proporcionan mucha más rentabilidad. Se trata de una especie de vuelta al elitismo.

Previsiblemente, muchos otros sectores seguirán esta misma senda. De hecho, ya está pasando, alcanzando de lleno al sector turístico. Ya se puede observar cómo son los principales líderes empresariales del sector los que apelan a los gobiernos para que incrementen sus exigencias medioambientales de forma que sólo aquellos con el músculo financiero suficiente para afrontarlas puedan permanecer en el mercado. Por supuesto, los clientes a los que se dirige la nueva oferta, como en el caso del automóvil, serán exclusivamente aquellos que puedan pagarlo.

De esta forma, el capitalismo verde, fruto de confluencia del sector privado con el público, ha dejado, de momento, de ser un instrumento al servicio del gran público para centrase preferentemente en los más pudientes. La “prima verde” se ha olvidado de los hijos de la clase media que durante la generación anterior pudieron dar un salto social sin parangón en la historia.

Ahora bien, para los que creemos en las bondades del capitalismo, esto es solo una fase que no se podrá mantener mucho tiempo, pues a diferencia del comunismo o del nacionalismo el sistema económico capitalista ha mostrado sus dotes democratizadoras desde sus orígenes. Sin duda, la transición energética hubiese resultado menos traumática sin el concurso del poder estatal o, dicho con otras palabras, la “prima verde” habrán sido menor, sin embargo, y a pesar de ello, los principios básicos capitalistas tienen la fuerza suficiente como para sobreponerse.

40 años de autonomía

 

¿Puede un gobierno con todo el dinero del mundo perder las elecciones?

 ¿Puede un gobierno con todo el dinero del mundo perder las elecciones?

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Las próximas elecciones serán atípicas, por diferentes cuestiones, una de ellas será porque los gobiernos actuales, por obra y gracia del BCE, se pueden presentar disfrutando de unas potentes líneas de crédito que casi equivalen a tener “todo el dinero del mundo” en las arcas hacendísticas.

El fenómeno ya se nota en la propaganda que nos llega por todos los medios, cuya desproporción con la que puede asumir la oposición es contundente. Los argumentarios gubernativos se repiten con tanta asiduidad que, no serán pocos, los electores que los asuman como ciertos y propios.

De igual forma se repiten los anuncios de grandes planes que no se han realizado durante la legislatura. Las primeras piedras, las presentaciones, o las inauguraciones de proyectos se suceden sin solución de continuidad pudiendo generar la sensación de que, realmente, los actuales dirigentes se merecen su sueldo por buenos administradores.

El momentáneo cuerno de la abundancia del acceso infinito al crédito incluso permite influir en los principales datos estadísticos. Así, por ejemplo, una simple subvención a la gasolina puede llevar a un mejor dato de inflación, lo que redundará en la idea anterior de que las cosas van bien. De igual forma se pueden contratar a muchos más empleados públicos en condiciones laborales claramente superiores a la media. El “boca a boca” del votante medio que ha obtenido un puesto de trabajo público puede actuar como apóstol del gobernante actual. El debate económico con la alternativa política está ganado de antemano.

Para los colectivos que no aspiren a una plaza funcionarial se puede implementar un reparto de cheques que faciliten el consumo de aquellos bienes que en condiciones normales no se alcanzan a adquirir. Sin duda, un porcentaje de los receptores de esos talonarios estarán agradecidos por ello. Ante tal evidencia los aspirantes de la oposición, quizás se ciñan a intentar poner el foco en otras cuestiones diferentes de las económicas.

Por supuesto, el acceso ilimitado al crédito permite implementar todas las actuaciones anteriores sin apenas incrementar los impuestos, de manera que el público no tiene porqué llegar a ser consciente de que, tarde o temprano, todo se tiene que pagar. ¡Los Reyes Magos con sus almuerzos gratis parece que sí son reales!

Sin duda, hay muchos motivos para no votar a los actuales gobernantes, muchos no son económicos, aunque en líneas generales los que sí lo son requieren cierta elaboración. Por ejemplo, se puede razonar que el exceso de gasto público-político constituye la verdadera causa de la empobrecedora inflación que, no sólo equivale a una injusta disminución salarial, sino que pone palos en las ruedas en el futuro de nuestros hijos. O lo mismo se podría decir del intervencionismo que ha dado nuevas alas a la asfixiante burocracia.

Así, a pesar de que la crítica es menos intuitiva que el eslogan publicitario, muchos de esos motivos más razonados estarán presentes en buena parte de aquellos que se acerquen a depositar en su papeleta en la urna correspondiente. Sin embargo, ninguno de ellos tendrá la capacidad de influencia que está teniendo Christine Lagarde y Úrsula von der Leyen, con su peculiar forma de dirigir el Banco Central y la Comisión Europea.

Lo cierto y verdad es que, tengo la sensación, que a estas dos altas damas les preocupa tanto la estabilidad social que la están confundiendo con la estabilidad política, lo que puede tener graves consecuencias en el devenir democrático. 

Mis escalofríos con las externalidades del cambio climático

 Mis escalofríos con las externalidades del cambio climático

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PIgou fue un notable economista, profesor de Cambridge hacia principios del siglo XX. Eran los inicios académicos de una materia con una enorme influencia en los dirigentes políticos de un gran imperio comercial.

Esa época se caracterizó, hasta el verano de 1914, por un crecimiento sin parangón impulsado, en buena medida, por los grandes prodigios alumbrados tras la Guerra Civil estadounidense un puñado de brillantes emprendedores, como los Vanderbilt, Morgan, Carnegie, Edison, Tesla, Ford y otros, llevaron a la economía de su país a cotas jamás vistas. Provocando un cambio tan radical en los estilos de vida que muchos países europeos se sintieron amenazados. Unos respondieron con movimientos nacionalistas, comunistas otros.

Inglaterra seguirá un camino propio al que contribuyó el maestro Pigou, desde su privilegiado púlpito universitario, al introducir el concepto de “externalidad” o “fallo de mercado” para justificar la intervención gubernamental en una nación hasta aquel momento muy reticente. El influyente profesor, básicamente, consideraba que, en determinados campos, la economía de mercado no funciona correctamente porque los agentes (empresarios y familias) no consideran los efectos externos (externalidades) de sus acciones.

Inicialmente identificó externalidades positivas. Por ejemplo, consideró que las familias tendían a invertir insuficientemente en la formación de sus vástagos, justamente por carecer de la formación suficiente. Lo mismo ocurría en materia de sanidad la sanidad y con el sistema de protección al declinar de la edad, pues en un caso los sanos no valoran suficientemente la salud, mientras que los jóvenes suelen pensar que la vejez nunca llega.

Como el lector se puede imaginar, ese razonamiento justificaba la intervención directa del gobierno en tales materias. Abriendo, de esta forma, una puerta que con el tiempo y con la ayuda de su discípulo Keynes daría lugar a los elefantiásicos estados modernos.

Por su parte la externalidad negativa por antonomasia consideró la contaminación que se produce como efecto colateral o externo al producir. Así, siguiendo el criterio del catedrático de Cambridge, se podía combatir la polución mediante impuestos desincentivadores además de otras formas de intervención. Es por ello que a los tributos medioambientales los conocemos como “impuestos pigouvianos”. De esta forma, en definitiva, las externalidades fueron la primera piedra en el camino teórico a la justificación en la liberal Inglaterra la intervención estatal que más tarde seguría medio mundo.

Desde aquellos tiempos ha llovido mucho, y también han llovido las regulaciones que tienen por objetivo acotar y controlar las actuaciones que producen externalidades de empresas y particulares por parte de gobiernos y burócratas.

El cambio climático identificado por los diferentes paneles de expertos al servicio de la ONU es una forma de externalidad extrema que, siguiendo a Pigou, permite justificar todo tipo de intervenciones y controles gubernamentales sobre los ciudadanos no sólo en materia económica, sino de todo tipo. No es raro, pues, que a los más ambiciosos gobernantes abracen con fuerza estas ideas. Nunca podrán encontrar una mayor legitimidad para aumentar su poder.

Por todo ello, tengo que confesar que, como amante de la libertad personal, me suele recorrer la espalda un ligero escalofrío cuando oigo pronunciar, por cualquier persona, la palabra “externalidad”. Me sucede lo mismo cuando escucho en boca de un político la expresión "cambio climático".

Pronóstico para el año que hoy comienza

 "El incremento de los conocimientos de todo tipo -que se acumulan e interrelacionan con mayor rapidez que nunca gracias a la digitalización- los convierte en instrumentos de control en vez de ser liberalizadores"

Siempre es difícil imaginar lo que sucederá en el futuro, aunque sea tan cercano como el año que comienza, pues los “cisnes negros” de Nassim Taleb ya nos han acostumbrado a constante presencia. Ciertamente, desde que el investigador y financiero libanes publicó su libro, hace poco más de una década, sobre los acontecimientos imprevistos e imprevisibles de gran impacto, estos se han sucedido sin solución de continuidad (la gran recesión, la forma china de gestionar la pandemia en Occidente, la guerra de Ucrania, etc.)

No obstante, hay tendencias de fondo que se mantienen impertérritas a pesar de las sorpresas del camino. Por ejemplo, la pulsión de muchos gobiernos por gastar por encima de sus posibilidades, tanto si están viviendo un año electoral como si no es así, los llevará a continuar presionando a los bancos centrales para que mantengan la política monetaria lo más laxa posible. Motivo por el cual es previsible que la inflación continúe dañando a la economía productiva con mayor o menor intensidad.

Por los mismos motivos, los precios de las viviendas continuarán situados a gran distancia de las posibilidades de compra de una parte creciente de la población, con sus negativos efectos sobre la cohesión social. Al mismo tiempo los salarios reales no podrán crecer al mismo ritmo que los precios, por la falta de las necesarias reformas estructurales que la dinámica política imposibilita. La consecuencia conjunta de ambos efectos continuará siendo la merma de la dimensión de las clases medias.

El envejecimiento de la población unido al declive demográfico y la crisis de la familia convierte, de forma paulatina, a la cultura social en más refractaria a las innovaciones. Así, a pesar del incremento de los conocimientos de todo tipo -que se acumulan e interrelacionan con mayor rapidez que nunca gracias a la digitalización- los convierte en instrumentos de control en vez de ser liberalizadores".

En política, la izquierda global, desde sus potentes, y dominantes, medios de difusión ideológica, continuará promocionando el victimismo ligado a la división identitaria de la sociedad. Lo que contribuye una excusa perfecta para la creciente intervención gubernamental en cada vez más ámbitos que hasta ahora de la vida. La máxima “lo personal es político” combinada con las más modernas tecnologías continuará el avance que ya ha emprendido, erosionando la libertad individual.

Es cierto que el año que viene es electoral en nuestro país, pero las tendencias que aquí menciono van más allá de quien ostente los cargos de poder en un determinado momento. Sin embargo, no se puede negar que un gobierno diferente puede tener un cierto impacto.

Por último, en el ámbito de la geopolítica, el crecimiento de la economía mundial previsiblemente será menor que el experimentado hasta ahora. Mientras que la rivalidad por el liderazgo global entre la superpotencia actual (EEUU) y la ascendente (China) también se verá incrementada. La combinación de ambos efectos, moderación del crecimiento y lucha por la hegemonía, aumenta los riesgos de conflicto.

En definitiva, el 2023 comienza mostrando un panorama complicado, aunque siempre puede hacer aparición un nuevo “cisne negro” que, a diferencia de los últimos conocidos, tenga un fuerte impacto positivo.

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Impuesto anti-Ayuso

 Impuesto anti-Ayuso

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El “impuesto a los ricos” es en realidad un impuesto “anti-Ayuso” y, de paso, anti Partido Popular. Los impuestos nunca han estado realmente motivados por razones de justicia, sino más bien por su capacidad recaudatoria o por su oportunidad política. Esta es la razón por la que el sistema tributario español está constituido por una constelación deslavazada de diferentes e inconexas figuras impositivas. También es el motivo por el cual tenemos de las presiones fiscales más elevadas, al tiempo que la recaudación resulta sistemáticamente insuficiente.

Ahora bien, nunca como con Sánchez se había establecido un impuesto tan descaradamente oportunista como el nuevo “impuesto a los ricos” cuya única y exclusiva finalidad es, en realidad, la de romper la exitosa estrategia política de la Comunidad de Madrid.

Hace ya tiempo que la autonomía de la capital, navegando contracorriente, decidió suprimir el impuesto sobre el patrimonio. Lo que convirtió a la región en un polo de atracción de muchos de aquellos que tienen que hacer frente a esta doble tributación. El resultado fue un fuerte incremento de recaudación por otras vías que amplió notablemente las posibilidades financieras de la comunidad.

Este tema siempre disgustó profundamente a los separatistas de Cataluña quienes, de forma totalmente contradictoria con su ideología, emprendieron una batalla “armonizadora” que Sánchez y su manso PSOE inicialmente decidieron abanderar, pensando que suele resultar fácil colocar un impuesto que, supuestamente, no pagarán sus votantes, sino los odiosos ricos.

La estrategia les salió mal pues varias comunidades autónomas también anunciaron su intención de suprimir, o reducir de forma drástica, ese tributo. Lo hicieron presentando no sólo potentes argumentos de corte liberal, sino también números que demostraban que la recaudación a la que se renunciaba o no era significativa, o, que incluso podría aumentar por el llamado “efecto Laffer”. La propuesta caló entre no sólo entre los votantes populares sino también entre los socialistas. De hecho, alguna comunidad gobernada por estos últimos no tuvo más remedio que sumarse al carro. ¡Una derrota ideológica sanchista-separatista en toda regla!

De esta forma los fontaneros de Moncloa se pusieron a trabajar para idear una fórmula que rompiera con la exitosa estrategia fiscal del PP. Alumbraron el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas” que es, básicamente, un nuevo impuesto de patrimonio que si no lo implementa la comunidad correspondiente lo hace la Hacienda nacional apropiándose, así, de la recaudación.

El resultado esperado es que Madrid, y el resto de comunidades que la seguían, no tengan el más mínimo incentivo a suprimir dicho tributo. Por supuesto, el País Vasco, con su régimen especial si lo podrá hacer. Se pretende de esta forma que ninguna comunidad del régimen común pueda convertirse en fiscalmente atractiva.

Este tipo de actuaciones, más allá de suponer clara merma de la autonomía financiera de las comunidades de régimen común, supone agravar las deficiencias de nuestro poco coherente sistema tributario agravando, de forma indirecta, recaudatorias de la hacienda estatal. En definitiva, los problemas tradiciones del país, una vez más, parecen agravarse con el gobierno Frankenstein.

 

La política catalana inspira a Sánchez

 La política catalana inspira a Sánchez

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Hace tiempo que sostengo que la política catalana inspira el sanchismo, no por sus alianzas sino por sus resultados. El nacionalismo, en sus diferentes versiones, ha gobernado en aquella comunidad autónoma de forma ininterrumpida durante casi medio siglo, incluso cuando se ha producido alguna alternancia al frente de la Generalitat. La oposición ha quedado reducida a la mínima expresión necesaria para legitimar su poder. De manera que el único anhelo que les queda pendiente es incorporar a su estructura al poder judicial. La independencia es tan sólo una promesa a utilizar a modo de utopía para continuar encaramados en los puestos de mando bien retribuidos.

El “Programa 2000”, publicado por El Periódico en 1990 y atribuido al entorno de Pujol, es la descripción del plan que, con paciencia, han ido desplegando los separatistas y que ahora les permite afrontar cualquier convocatoria electoral con perspectiva de éxito, aunque no lleguen a alcanzar el primer puesto.

El programa se puede resumir diciendo que hay que utilizar los presupuestos del gobierno autonómico y su capacidad legislativa y regulatoria para incentivar la penetración de la “conciencia nacional” en todos y cada uno de los estamentos de la sociedad catalana, al tiempo que hay penalizar cualquier discrepancia. La palanca principal de tal actuación es la explotación del victimismo, ya que, en nuestra sociedad las víctimas gozan del prestigio necesario para exigir ser escuchadas e inmunizarse contra cualquier crítica.

Pues bien, Sánchez también tiene elaborado su propio “Programa 2000” aunque todavía ningún medio de comunicación haya podido publicarlo. Como el pujolismo, los sanchistas pretenden utilizar los presupuestos generales del estado y su poder su capacidad legislativa y reglamentaria para colocar a los Tezanos que haga falta en todas y cada una de las instituciones sociales, relegando a la soledad a cualquier Leguina que se mueva.

El programa de Sánchez, como el de Pujol, comienza transformando la historia en un elemento de legitimación del líder y sus seguidores, por haber sido supuestas víctimas de la misma. El plan continúa identificando al PSOE con el estado del bienestar, atribuyendo sus posibles disfunciones a la casposa y mal intencionada oposición.

Siguiendo esa hoja de ruta, todos los medios de comunicación al servicio del líder proclaman, día tras día, que éste representa la modernidad entroncada con la agenda internacional más avanzada, y deseada por todo aquel que pretenda tener conciencia de pueblo solidario. Así los que dificultan sus planes lo hacen por una malhadada añoranza de un pasado oscuro o, quizás por ser incapaces de ver la luz del presente.

La superioridad moral de la nueva izquierda sanchista es tan evidente e importante que tiene que quedar plasmada en los libros de texto escolares y en las series de Netflix. También en las películas subvencionadas, aunque las vea muy poca gente. Quien contribuya a que sea así, será premiado con su promoción social, y quien no, relegado.

El lenguaje es un instrumento tan potente que hay que cuidarlo con especial mimo. Al igual que Pujol consiguió, imponiendo el uso de determinados vocablos y expresiones, que se identificara a toda Cataluña con su grupo político y su persona, Sánchez pretende hacer lo mismo con la corrección política que impone formas de vivir, comer, viajar o relacionarse. Su mesianismo es líquido y adaptable, aunque en ambos casos recurren a la ostentación de los símbolos del poder para subrayarlo.

Por último, en este breve repaso, no puede faltar el victimismo que con el actual presidente toma forma de imaginaria conjura del IBEX con la ultraderecha, o de cartas amenaza, los golpes de estado togados y, como no, de guerra-civilismo revivido.

En la política catalana el Pacte del Tinell tristemente parece que, de facto, rinde los frutos deseados por sus firmantes. ¿Ocurrirá lo mismo en el conjunto de España?

 

Austeridad privada, abundancia pública

 Austeridad privada, abundancia pública

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Si la crisis del 2008 se intentó remediar apelando a la necesaria austeridad pública retornando a la senda del equilibrio presupuestario; la actual crisis se enfoca apelando a la austeridad privada de las familias y empresas.

Entre ambas crisis toma carta de naturaleza la Agenda 2030 con unos muy loables objetivos que, sin embargo, se utilizan para confrontar a la humanidad con la naturaleza. El máximo exponente viene de la mano del cambio climático antropomórfico que crea una urgencia medioambiental que impone la necesidad de cortar de raíz las emisiones humanas de CO2.

El razonamiento no puede ser más claro, el despegue capitalista iniciado con la revolución industrial incrementa exponencialmente el número de seres humanos hasta convertirlos en perniciosos para el medio natural. Así, es por ello que el nuevo feminismo aboga, no tanto por la igualdad entre mujeres y hombres, sino por considerar a ambos sexos como antagónicos. Un relato que dificulta el compañerismo que produce niños.

La difusión de la ideología queer tiene objetivos similares. El animalismo, por su parte, nos relata cómo cualquier otra especie está mejor enraizada en la madre tierra que nosotros mismos.

Con esta narración, lo que podemos hacer los individuos para alcanzar los objetivos de la Agenda consiste en no reproducirnos y, simultáneamente, en reducir al máximo nuestros niveles de consumo. Para lo primero, como ya se ha comentado, se fomenta un tipo de feminismo que concibe a hombres y mujeres como enfrentados en una especie de lucha de clases. Para lo segundo, las empresas tecnológicas nos brindan la oportunidad de aprovechar mejor los recursos ya existentes (plataformas para compartir bienes, o compras de segunda mano, etc.) y el consumo de bienes inmateriales (redes sociales o de entretenimiento). Con todos esos mimbres los ritmos de crecimiento económico que hemos conocido en las últimas décadas probablemente no se volverán a alcanzar, puesto que, la austeridad privada se irá acentuando en el tiempo, declinando los niveles reales de PIB.

Ahora bien, el gran peligro del decrecimiento siempre ha sido que, al convertir a la economía en un juego de suma cero, incrementa las posibilidades de estallidos de conflictos sociales que, en el margen, pueden llegar a ser bélicos. Sin crecimiento las ganancias o mejoras de cualquier grupo social, únicamente se pueden conseguir a costa de otros que empeoren su situación.

No obstante, la historia nos muestra cómo las religiones que ensalzan la pobreza pueden proporcionar estabilidad, y paz, a sociedades económicamente estancadas. Es por ello que soy de la opinión que la Agenda 2030 se está instrumentalizando a modo de una nueva religión que calme los ánimos ante el inicio de la actual senda de estancamiento, sin que ello desemboque en excesivos conflictos. En definitiva, a partir de los deseables objetivos propuestos se establece una instrumentalización, de entre las muchas posibles, encaminada a conseguir la aceptación de unos menores estándares de vida para los hijos de los que han gozado los padres.

La austeridad privada, además, permite la abundancia de lo público, lo cual se necesita para crear una nueva élite de sumos sacerdotes que articulen y prediquen el necesario control de los individuos que evite las desviaciones características de los librepensadores.

En nuestro país, Sánchez aprovecha estas tendencias para proclamarse Nuncio Papal de esta nueva creencia. Por ello gusta tanto de revestirse de la púrpura y oropeles que le permiten continuar avanzando en la nueva austeridad privada, y la modificación de los conceptos del bien y del mal, sin ser cuestionado.

 

Dualidad digital

 Dualidad digital

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La digitalización de cada vez más actividades productivas es ya una tendencia imparable que, poco a poco, expulsa del mercado a aquellas empresas, profesionales o sectores que no se están adaptando. La “destrucción creativa” schumpeteriana, tan característica del capitalismo más genuino, es implacable sustituyendo el trabajo humano por el mecánico…. ¡Aunque no tanto! Pues el sector público redimensiona al alza sus plantillas mientras experimenta el mismo proceso. Y lo hace con una dinámica propia situada en las antípodas de la empresa privada. Ciertamente resulta fácil observar como en cualquier organismo público el incremento de la informatización o robotización, paradójicamente, suele ir acompañado por un incremento del personal que lo atiende.

De hecho, este es uno de los motivos que explica que esté aumentando el empleo a costa de una reducción de la productividad. O, dicho en otras palabras, el sector público aumenta sus efectivos para la realización de tareas que parecen resultar totalmente socialmente prescindibles.

En términos económicos, mientras la digitalización reduce los costes productivos en el sector privado, los incrementa en el público. Se pone en marcha, de esta manera, un peligroso círculo vicioso que se retroalimenta, pues a medida que el sector privado prescinde a algunos de sus trabajadores para hacer frente al incremento, sobre todo, de sus costes laborales y tributarios, en el sector público ocurre lo contrario, añadiendo aún más presión, vía nuevas necesidades fiscales, sobre el sector privado.

A lo anterior hay que añadir que el sector privado suele operar en régimen de competencia, mientras que el público lo hace como monopolio. La división se traslada, entonces, al ámbito de las condiciones laborales pues la competencia siempre es más exigente que el complaciente monopolio.

Está dinámica transforma las potenciales grandes ventajas de la digitalización, en un instrumento de control que limita las energías creativas, cercenando la libertad individual. Por ejemplo, surgen nuevas exigencias sociales, feministas, animalistas, etc., -siempre con apariencia de buena intención-, que engordan las filas de lo público socavando el potencial productivo privado. El resultado es un creciente dirigismo que, de forma lenta, añade dificultades a la iniciativa individual con el resultado de la disminución de los estamentos medios de la sociedad. De esta forma la polarización social está servida.

El modelo no parece sostenible a largo plazo, aunque el proceso es lo suficientemente lento como para poder perdurar durante algún tiempo. En cualquier caso, hoy por hoy y por distintos motivos que incluyen la dualidad del proceso de digitalización, la democracia avanza hacia su transformación en una enorme y burocrática maquinaria que genera la suficiente inseguridad jurídica como para permitir legitimar abusos de poder, agravios y privilegios.

Sin duda, este diferente impacto del proceso de automatización y digitalización, se convierte, por tanto, en un argumento más para que, desde esta tribuna, abogue por una mayor limitación de los poderes estatales y una reducción del peso económico del sector público.

Hacer más con menos

 

El viernes negro estaba prohibido

 El viernes negro estaba prohibido

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Visto con los ojos de hoy puede parecer extraño, pero la campaña de rebajas comerciales, que inicia la temporada de navidad, estaba prohibida hasta no hace mucho tiempo. En España la libertad económica y empresarial siempre se ha visto como un riachuelo que era mejor desecar. Todavía hoy los "enemigos del comercio", que diría Escotado, abundan y son mayoría en el paisanaje local.

La historia política da muchas vueltas y hace extraños compañeros de cama. Hubo un tiempo en que el partido socialista contó con un ministro partidario de abrir la economía nacional a las iniciativas individuales. Miguel Boyer liberalizó en 1985, entre otras cosas, muchas de las normas que restringían el comercio al por menor, aunque dejó la aplicación de tales medidas al desarrollo normativo de las comunidades autónomas. De manera que la práctica totalidad de los gobiernos locales acabaron por esterilizar lo liberalizado.

Los dirigentes de los gobiernos autonómicos tienen una marcada tendencia a sobre-regular los sectores económicos que consideran que les pueden apoyar. La idea es, supuestamente, proteger a los empresarios ya instalados con respecto a los que podrían constituir una nueva competencia. Así, con esta brújula se redujeron los días en que los comercios podían abrir sus puertas, y también los periodos del calendario en que pudiesen llevar a cabo campañas de rebajas.

De esta forma, los descuentos realizados durante esta tercera semana de noviembre, es decir, los del “viernes negro”, estuvieron literalmente prohibidos durante mucho tiempo. No importó que se pudiesen dinamizar las ventas y, por tanto, la actividad generadora de empleo y riqueza. La prensa vinculada al poder, mayoritariamente, apoyaba las restricciones a pesar de la evidencia de que estaban perdiendo los suculentos ingresos publicitarios que la campaña conlleva.

Sin embargo, las rebajas son una excelente oportunidad para llevar a cabo lo que los economistas denominan “discriminación de precios”, una práctica que permite el incremento de los ingresos por ventas. Pues, en resumidas cuentas, consiste en vender un mismo producto, o servicio, a diferentes precios a públicos diferentes con la finalidad de captarlos todos.

Tras el estallido de la crisis de 2008 se llegó a formar un amplio consenso para salir de la misma, sin las trampas ligadas a la inflación, mediante el diseño de políticas reformistas que permitieran alcanzar mayores niveles de actividad económica y, por tanto, de prosperidad. Una de esas reformas consistía en retomar la liberalización comercial pendiente desde 1985, lo que incluía permitir mejores horarios comerciales y periodos de rebaja liberalizados.

Fue por ello que, en 2012, los nuevos gobiernos de aquel momento eliminaron muchas de las restricciones comerciales en vigor. De esta forma, los empresarios más dinámicos aprovecharon la cultura difundida por Hollywood para importar el Black Friday, añadiendo así un nuevo periodo de promociones a los tradicionales de Reyes y verano.

Como ha ocurrido con todas las reformas, al introducir algún tipo de novedad, los sectores más reacios al cambio protestaron y organizaron manifestaciones, aunque rápidamente quedó demostrado que la liberalización resultaba ser muy positiva incluso para aquellos que más se opusieron a ella. En este sentido ayudó mucho el que la prensa percibiese, de forma casi inmediata, el maná publicitario de todos aquellos establecimientos que iniciaron la primera campaña.

En definitiva, la introducción del viernes negro en nuestros comercios es una lección que debería ser recordada en los libros de texto de política económica. Sectores como el de las ITVs, del taxi, etc podrían aprender mucho. Aunque, ¡Claro! recurrir a la inflación es más sencillo.

 

La narrativa del tranvía

 La narrativa del tranvía

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Desde hace ya mucho tiempo, creo que décadas, y con independencia de si están gobernando o no, el PSOE promete la construcción de un utópico tranvía en Palma. Convirtiéndolo, a través de la prensa colaboracionista, en el símbolo de una vuelta a la ciudad pacífica, amable y añorada que se desvaneció en algún momento de la historia. De esta forma pasan los años, y las legislaturas, y la historia se repite de forma casi virginal.

Ocurre que, en la lógica socialista, como en la lógica nacionalista, que todo aquello que no funciona correctamente es debido a algún grupo malhadado al que hay que arrinconar o, llegado el caso, destruir. Así, por ejemplo, si hay pobreza la responsabilidad es de los ricos acaparadores y egoístas, de manera que sometiéndolos y quitándoles su riqueza el problema, prometen, que quedará solucionado. De igual manera, sí el Govern no puede crear alguna otra agencia más, en donde colocar afines, la culpa es de los de “Madrid”, que escatiman la correspondiente financiación.

Pues bien, siguiendo esa misma lógica el tranvía fue desterrado de la ciudad por la presión de los automovilistas invasores. Antoni Noguera solía mencionar, bajo la complaciente mirada de Hila, a la “Dictadura del Automóvil” como uno de los males a combatir para lograr la anhelada ciudad utópica que prometía en sus discursos. De esta forma, en la narrativa de socialista, y de sus correspondientes socios, combatiendo esa mecanizada tiranía resultará sencillo alcanzar la utopía.

Y no conviene olvidar que el origen filosófico-político del socialismo es el que Marx bautizó como “Socialismo Utópico” por prometer a sus feligreses un diseño nuevo, y supuestamente racional, de una sociedad capaz de resolver todos los problemas. El propio pensador alemán concibió al comunismo como el paradisíaco éxito final del socialismo.

Así pues, la izquierda de ahora, que ha redescubierto el poder de la "narrativa" sobre la compleja realidad, necesita una utopía urbana, y un enemigo al que combatir y desplazar para alcanzarla. El tranvía ocupa ese papel al permitir que los medios afines al Govern divulguen imágenes idílicas, recreadas con las más modernas tecnologías, de ciudadanos sonrientes y felices, observando el paso del revivido medio de transporte. Al mismo tiempo, ese recobrado artefacto contribuye a desplazar al infame vehículo privado que, de forma execrable, viene señoreando las calles de nuestra amada Ciudad.

Por añadidura, el automóvil es un bien privado, que potencia la individualidad y la libertad personal, mientras que el tranvía es un vehículo colectivo carente de cualquier tipo de discrecionalidad al tener que desplazarse sobre raíles inamovibles. Ciertamente, el sueño socialista en forma de locomotora, vagones, cables y, sobre todo, vías incrustadas en el pavimento.

Poco importa que esa utopía no se llegue a alcanzar, tan sólo se ha firmado un protocolo cuyo objetivo es el despliegue propagandístico. Poco importa que exista la alternativa del "Transbus" que no necesita ni de tinglados de cables, ni de vías. Poco importa la incompatibilidad entre raíles y bicicletas o patinetes. Poco importa que la mayoría de urbes se planteen la construcción de una red suburbana cuando alcanzan el medio millón de almas. Lo importante es el sentimiento que el tranvía permite transmitir a la ciudadanía. Pues son ellos, los socialistas, los defensores de aquel vehículo recordado en viejas fotografías color sepia que sucumbió víctima de la dictadura del individualista automóvil, producido, además, por multinacionales capitalistas. Por fin se habrá hecho justicia.

Quizás sea que la imaginación vuela, o que me siento adoctrinado por esas nuevas leyes que reescriben la historia, pero tengo la impresión que el tranvía de Palma cumple, para sus promotores, un papel parecido al de su deseada república que siempre está por llegar.

Tributación sin representación: inflación

 Tributación sin representación: inflación

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La inflación equivale a un impuesto que no ha pasado por la cámara de representantes, y que, por tanto, nunca ha sido aprobado en las instituciones democráticas. Se podría decir que es un tributo creado saltándose los trámites establecidos para tales figuras, cuya base imponible es el total del dinero que tienen los habitantes de un país.

Sin duda, es el impuesto más tentador para todos los gobiernos, aunque lo emplean en mayor medida aquellos los populistas cuya motivación esencial es el mantenimiento del poder a cualquier precio. Ciertamente, como la democracia se inventó para limitar el poder tributario, aprobar nuevos impuestos legales conlleva riesgos, la historia está llena de gobiernos que han caído por ello. Incluso, se han producido asesinatos, como el del ministro mallorquín Cayetano Soler en tiempos de Godoy, quien encontró la muerte tras aplicar un gravamen a un bien tan básico y popular como el vino. Es por eso que, los más ambiciosos dirigentes, ávidos de poder, prefieren recurrir a la degradación del dinero; que eso y no otra cosa es la inflación.

Cuando los déficits públicos se financian con la venta bonos que nadie quiere adquirir por miedo a futuros impagos por exceso de deuda, a los bancos centrales no les queda más remedio que "imprimir" nuevos billetes para poder comprarlos.

El propio Adam Smith fue consciente de este fenómeno cuando escribió: “En todos los países del mundo, la avaricia y la injusticia de los príncipes de los Estados soberanos, abusando de la confianza de sus súbditos, han disminuido gradualmente la cantidad verdadera de metal que primitivamente contenían sus monedas”.

Por supuesto, la impresión de dinero no crea riqueza, -sí no fuese así quizás podríamos dar la bienvenida, y celebrar, a los falsificadores-. Sin embargo, está forma de actuar sí tiene potentes efectos redistributivos. Con la inflación las deudas se reducen a costa de reducir también los ahorros. Es decir, se produce una transferencia de renta desde los ahorradores (perdedores) a los deudores (ganadores).  Como los gobiernos son los principales deudores, son estos los principales beneficiarios del desastroso fenómeno que estamos experimentando. Pero, es que, además, los colectivos mejor organizados (empleados de servicios públicos, etc.) serán capaces de mantener, o incluso acrecentar, sus retribuciones, a diferencia de los que no tengan tal capacidad. Es decir, los ganadores económicos dejan de ser aquellos que más contribuyen al bien común, para pasar a ser los más chantajistas.

De hecho, los economistas suelen proclamar que el endeudamiento gubernamental supone trasladar el pago del gasto actual a las generaciones futuras. Así que, podemos concluir, que la inflación no es más que el pago de los enormes déficits en los que, desde hace años, incurren nuestras administraciones acumulando una deuda a la que se puede hacer frente por las vías ordinarias. O, dicho de otra manera, ahora toca vivir peor para pagar aquello que se gastó en su momento. La irresponsabilidad fiscal de los gobiernos está en la base que ha roto el axioma occidental según el cual los hijos podían aspirar a vivir mejor que los padres.

Ahora bien, la inflación es un impuesto muy destructivo, a pesar de su alta capacidad recaudatoria, pues, por un lado, al desaparecer los incentivos al ahorro se merman las posibilidades de crecimiento futuro, mientras que por otro se dificultan que el sistema de precios cumpla su papel, ya que puede resultar difícil saber si un precio sube porque se ha producido un cambio de preferencias o condicionantes o, simplemente, porque el dinero se está corrompiendo. Sin un sistema de precios libres que asegure el “cálculo económico” no hay posibilidad de que la economía funcione adecuadamente.

De hecho, es esta dificultad la que emplean los potentísimos aparatos propagandísticos del gobierno para trasladar la responsabilidad de la inflación a agentes externos, como ocurre en la actualidad con la Guerra de Ucrania.

Ahora bien, por encima de los males económicos, está el mencionado en el título de este artículo. Se daña a la democracia al saltarse sus mecanismos más preservadores. Europa que ha sido un bastión de la de los sistemas de gobiernos con poder limitado parece que ahora sé lo toma menos en serio al relajar exageradamente sus propias normas sobre la necesaria y democrática disciplina fiscal.

El año sin verano

La erupción, en 1815, del volcán del monte TAMBORA en Indonesia, unida a un mínimo de actividad solar, provocó una disminución de la temperatura media mundial de 0, 7º. El año siguiente 1816 fue el llamado año sin verano. Fue un año en el que disminuyeron las cosechas provocando importantes hambrunas, sin embargo, fue muy productivo desde el punto de vista cultural.

Un grupo de jóvenes intelectuales aburridos paso una temporada en Villa Diodati, una mansión a orillas del lago Lemán, cerca de Ginebra. El mal tiempo reinante hizo que no pudieran disfrutar del verano, por lo que decidieron entretenerse contándose historias de terror. Allí estaban Lord Byron, Mary W. Shelley y John Polidori, entre otros. De esos juegos saldrían las novelas Frankenstein de Mary Shelley y El Vampiro de Polidori, que fue la obra que inspiró a Bram Stoker a escribir Drácula.

Además, otro efecto la actividad del Tambora fue que la acumulación de polvo en suspensión en la atmosfera, que reflejaba o dispersaba rayos solares, hizo que los atardeceres y amaneceres fuesen algo rojizos y tremendamente bellos durante varios años lo cual quedó reflejado en muchos de los cuadros del movimiento cultural romántico de esa época.

Tomado del libro "Ecologismo real" de J.M. Mulet

Limitar la compra de pisos a no residentes

 Limitar la compra de pisos a no residentes

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El pobrismo es el recurso natural de aquellos políticos incapaces de promover una sociedad que gane en prosperidad y bienestar. El nacionalismo de todos los partidos y, también la izquierda actual, se caracteriza por considerar que la armonía social, descrita por la “mano invisible” de Adam Smith, no es posible. Así, permanentemente identifican grupos sociales contrapuestos y antagónicos, ricos versus pobres, nacionales versus foráneos, rurales versus urbanos, hombres versus mujeres, etc. Este es el fundamento profundo de la propuesta de volver a limitar la compra de viviendas a los no residentes que ya existió en tiempos de la dictadura.

Ciertamente, las políticas antiliberales desarrolladas en los últimos años, principalmente por las coaliciones de nacionalistas y comunistas con socialistas, han desembocado en un escenario económico declinante, en el cual los distintos grupos sociales sólo pueden aspirar a mejorar su posición si empeora la correspondiente a algún otro grupo.

El rampante intervencionismo gubernamental nos ha conducido a un tipo de economía en el cual las perspectivas de un crecimiento sostenido no se alcanzan a vislumbrar. Pues, por un lado, han supuesto una fuerte expansión del sector público más improductivo, que está lastrando al resto, al tiempo que se coarta el potencial imaginativo y creativo típico del genuino capitalismo.

Este triste panorama contiene el caldo de cultivo que puede activar la conflictividad social, pues, por supuesto, con tales políticas junto a algunos grandes beneficiados, otros resultan notablemente perjudicados. Así que para evitar esos posibles estallidos hay que crear una narrativa según la cual la pobreza contenga algún elemento de superioridad moral. Eso es el pobrismo.

Sin duda, la alternativa a la propuesta realizada estos días podría haber consistido en hacer de las Islas una tierra de oportunidades que crease las condiciones para liberar el talento de cualquiera que decidiese que esta es su tierra, contando con excelentes servicios de educación y otros, de tal forma que, razonablemente, se pudiese aspirar no sólo a la compra de una vivienda aquí, sino en cualquier lugar del orbe. Una visión que parecía que se podría haber abierto paso en los años en que el Parlament no acumulaba la actual montaña legislativa. Sin embargo, poco a poco, las posibilidades económico-creativas se han ido cercenando sepultadas bajo un creciente número de páginas del BOCAIB.

Ahora estamos donde estamos. El tiempo de pagar las deudas acumuladas, vía inflación y empobrecimiento, ha llegado. Lo ha hecho, además, en un complicado momento de desglobalización que, lógicamente, conlleva mayores costes productivos para todos, también para los baleares. Por ello no debe extrañar que resurjan propuestas que creíamos olvidadas, tal como la aquí comentada.

No será la última ocurrencia que nos evoque los años cincuenta del siglo XX, a pesar del propagandístico antifranquismo de los actuales dirigentes. De hecho, ya conocemos otras iniciativas en esa línea como la limitación de los alquileres, los subsidios cruzados, etc.

En cualquier caso, también hay que recordar que el último año de aquella década, trajo consigo grandes cambios que alteraron por completo la visión pobrista dominante, y el horizonte de los baleares, con el Plan de Estabilización de 1959.

 

Trabajadores vs consumidores, y la política

Trabajadores vs consumidores, y la política 

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Todos somos consumidores y la mayoría, también, trabajadores. De esta forma, nuestra perspectiva de la economía cambia si la miramos desde nuestra posición de compradores, o si lo hacemos desde la nuestra posición de productores. Una contradicción que los políticos populistas-cortoplacistas aprovechan para hacer sus ofertas electorales con graves consecuencias para el conjunto de la sociedad.

Como consumidores preferimos la libre competencia, los precios voluntariamente pactados, la libertad de empresa y la innovación que conlleva. Los productos, o los servicios, suelen ser mejores, de mayor calidad y a precios más ajustados, con lo que mejora al conjunto de la sociedad. Sin embargo, como trabajadores preferimos que la empresa en donde estamos empleados tenga poder de mercado, esto es, que actúe como monopolista, o con alguna clase de protección o privilegio gubernamental en forma de regulación. Es lógico, en competencia se trabaja más y se cobra lo justo, mientras que si esta no existe los salarios pueden ser mayores y las condiciones de trabajo más benignas.

En líneas generales los empleos públicos, tanto de sus administraciones como de sus organismos y empresas, responden a esquemas de oferta monopolística. Lo mismo sucede con aquellas empresas que operan en áreas fuertemente reguladas o intervenidas. En ambos casos los salarios son más elevados, con menores cargas laborales de todo tipo.

Ocurre, como decíamos, que en los sectores privados competitivos es en donde se produce la innovación y la ganancia de productividad que se traduce en mejoras generales (tanto salariales como otras), mientras que en los monopolísticos no se produce ni una cosa ni otra, aunque siempre vayan por delante en retribuciones. Así que mientras los primeros sean mayoritarios y los segundos minoritarios la economía puede avanzar. Pero resulta que, en general, la gente se siente más identificada con su profesión, o con su ocupación laboral que con su papel de consumidor. Al mismo tiempo, está claro que, como consumidores, los trabajadores monopolísticos, con sus mayores salarios, pueden disfrutar más de las ventajas de la competencia que los propios trabajadores de estos mismos sectores.

El político populista cortoplacista, por tanto, tiene más incentivos para intentar ofrecer más puestos de trabajo en los sectores de empleo privilegiado que en conseguir una estructura económica más dinámica que genere mejoras y prosperidad general fomentando la competencia. Este es el motivo por el cual, en las campañas electorales, se observa todo un abanico de promesas que llevan implícitas, bien de creación directa de empleos públicos, bien más regulaciones (restricciones a la competencia) en los sectores privados, o la creación de nuevos segmentos de actividad nacidos al calor de normativas de promoción ideológicas, como puede ser el nacionalismo lingüístico, el feminismo, el animalismo, etc.

Esta forma de aprovechar la dicotomía consumidor-trabajador, por parte de la política, es la que dio lugar a los regímenes corporativistas del pasado que, de forma lenta, constituyeron un potente freno al progreso de las naciones que lo abrazaron. Motivo por el cual, tras aproximarse a auténticos períodos de hundimiento, se tuvieron que iniciar procesos de desmontaje de tales prácticas.

España participó de estas formas de corporativismo durante las primeras etapas de la dictadura de Franco para, posteriormente, desmontarlas progresivamente mediante diferentes procesos de liberalización. Lo que permitió al país ascender en todos los rankings más significativos. Pero de un tiempo a esta parte, se le ha dado la vuelta a la tortilla, porque la dinámica electoral, propia de nuestra democracia, tristemente ha terminado por favorecer aquel tipo de actuaciones.

Es cierto que la izquierda y los nacionalismos tienen una mayor tendencia que la derecha a discurrir por esta vía. Pero también es cierto que es posible que ese sea uno de los fundamentos por los cuales han gobernado durante más tiempo que la derecha. De hecho, los españoles, durante bastante tiempo, estuvieron acostumbrados a tener un nivel de vida inferior al de otros países europeos. Así, casi no resulta extraño que un nuevo descenso en los rankings comparativos se esté aceptando con normalidad.

En esta línea han ido las muchas medidas intervencionistas planteadas por los partidos del Govern. Sin esa tradición corporativista, quizás podrían haber realizado propuestas alternativas liberalizadoras con el objetivo principal de elevar el nivel de vida de todos baleares y no solo de algunos.

Renacido Mehari

 https://es.mlt-automotive.fr/

Ya no es la economía, estúpidos

 Ya no es la economía, estúpidos

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Ya no estamos en la era de la campaña electoral norteamericana de 1992 en la que Bill Clinton utilizó el eslogan “es la economía, estúpido” para imponerse a un aparentemente imbatible George Bush (padre) que ostentaba un 90% de popularidad por triunfos en el final de la Guerra Fría, y en otros asuntos de política exterior.

La frase hacía referencia a que, a la hora de votar, era más importante la situación económica de la población en general que los grandes triunfos colectivos nacionales. La aspiración del votante medio todavía era completar el “sueño americano”, por lo que el crecimiento económico y la esperanza de una mayor prosperidad individual eran aspiraciones prioritarias.

Sin embargo, aunque a muchos nos parece cercano aquel momento, han pasado treinta años desde entonces, y las cosas han cambiado mucho. El ascenso de China, la decadencia estadounidense y del resto de Occidente, la cultura woke que exalta el victimismo por encima del mérito y el esfuerzo, el miedo a un cambio climático inabordable, la obsesión por la igualdad de resultados, la preferencia por los comités de expertos sobre con fuente de autoridad, el control gubernamental de los medios y, lo que a partir del último discurso de Xi Jinping será un nuevo concepto de uso corriente, “la prosperidad colectiva”, han socavado aquellos viejos valores de la anterior generación de Bush-Clinton.

La gestión de la pandemia realizada por los gobiernos democráticos, al estilo chino, ha sido el gran punto de inflexión. La población, ante la amenaza de la enfermedad, aceptó dejar por completo de lado la prioridad económica, incluso también aceptó renunciar a los fundamentos mismos de las libertades individuales. Un fenómeno que lejos de ser pasajero se está consolidando con el paso del tiempo.

Lo colectivo se va imponiendo inexorablemente sobre lo individual. De hecho, se considera que “lo personal es político” y que, en consecuencia, la política puede dictar y reglamentar hasta nuestras más íntimas preferencias y actitudes. Esto a su vez, conlleva a la desfamiliarización de la vida (“los niños son del Estado”) y la reducción de la extensión de la clase media, considerada ésta como aquella independiente del poder estatal. La penalización fiscal del ahorro va en la misma dirección.

Con menos familias, y menos clase media, el leviatán del estado se convierte en la única fuente de seguridad personal posible, de manera que muchos optan por renunciar al control de sus propias vidas para confiárselas al gobierno, en una suerte de renovada servidumbre de la gleba. Para reducir la delincuencia se acepta la vigilancia digital permanente, al igual que para reducir los accidentes de tráfico o las infracciones al fisco, o incluso, para la preservación de la salud. El dinero físico se ve casi proscrito y la vida se hace imposible sin disponer de un smartphone-centinela. Este contexto de control social parece suficiente para el arraigo de discursos favorables al decrecimiento o, en neolengua, prosperidad colectiva.

Todavía no hemos llegado al “crédito social” chino, pero nos acercamos a grandes zancadas. El gran dragón rojo, poco a poco, va imponiendo su cosmovisión colectivista. De hecho, el Hollywood que se convirtió durante décadas en el gran transmisor de la cultura individualista, aquella que sostenía el estilo de vida norteamericano y, por extensión occidental, ya no es ni sombra de lo que fue. Los pleitos interpuestos por los diferentes colectivos de ofendidos, propios de la cultura woke, lo han convertido en inviable.

El control estatal crece sin parar, reduciendo la posibilidad de llevar una vida propia al margen de él. Es por esto que la economía, entendida como oportunidad de progreso personal, ya no es una prioridad. Cada vez menos gente aspira a mejorar su situación. De hecho, ni los más jóvenes anhelan una mayor prosperidad, por creerla imposible. La única pretensión es tener el vínculo más favorable (o menos desfavorable) para con el estado.

Así que, desde aquí, me atrevo a ofrecer un nuevo slogan a los candidatos a las altas magistraturas del país, “ya no es la economía, estúpidos”. 

Incentivos a las denuncias por violencia de género

 

La Fiscalía de Asturias pide la retirada inmediata de la reforma que bloquea el régimen de visitas tras una denuncia por maltrato

La Memoria del Ministerio Público advierte de que el automatismo de la medida puede propiciar las denuncias falsas elmundo.es

La Fiscalía de Asturias ha pedido la retirada "inmediata" de la reforma que desde el año pasado impide a los padres denunciados por maltrato visitar a sus hijos. Entre los motivos que esgrime se encuentra el riesgo de que disparen las denuncias falsas dirigidas a obtener casi de forma automática los beneficios que conlleva para quien denuncia.

"Podría alentar el aumento de denuncias instrumentales, dirigidas deliberadamente a tratar de obtener posibles beneficios en la custodia de los menores, así como en todos los efectos inherentes a dicha custodia parental, tales como los atinentes al uso y disfrute de la vivienda familiar o al pago de las prestaciones o pensiones alimenticias correspondientes a los menores", afirma la Fiscalía del Asturias en la Memoria presentada hace unas semanas.

El documento resalta que, aunque la denuncia acabe siendo archivada, esa decisión "puede prolongarse en el tiempo durante meses, e incluso años", un período en el que los menores y el progenitor afectado "estarían privados de la posibilidad de relacionarse". Incluso en caso de absolución o archivo la relación paternofilial habría sufrido "consecuencias y perjuicios de muy difícil o imposible reparación, dada la estigmatización que tales situaciones generan tanto en los progenitores como en los hijos menores".

"INMEDIATA REVISIÓN"

El artículo cuestionado entró en vigor en septiembre de 2021 y, según los datos del CGPJ, multiplicó inmediatamente las medidas que retiraban el régimen de visitas a los padres. Conforme al nuevo artículo 94.4 del Código Civil, el punto de partida para los jueces es que los denunciados se quedan sin régimen de visitas, que solo se podría mantener con un informe motivado del juez.

"Estimamos que dicha modificación debería ser objeto de una inmediata revisión o contrarreforma [en negrita en la Memoria] que llevase a la definitiva eliminación del precepto referido, dado que a pesar del escaso lapso temporal transcurrido desde su entrada en vigor, ya se ha evidenciado el desacierto de la reforma y las disfunciones que provoca su aplicación", afirma el documento.

Los 200 folios de la Memoria correspondiente a 2021 se cierran con un apartado referido a las "propuestas de reforma legislativa", y en particular con una extensa diatriba contra la reforma del Código Civil, de la que ha informado inicialmente La Nueva España.

Conforme a la Memoria presentada por la fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, se trata de una reforma que "no solo no es acertada, sino que es desafortunada y perturbadora porque no resuelve ni da respuesta a situaciones que no tuviesen cauces de resolución ya previstos legalmente -por otra parte, más ponderados, razonables y acertados-, genera inseguridad jurídica y generaliza una respuesta única y con graves consecuencias jurídicas y personales para los progenitores y los menores para situaciones familiares que pueden ser muy diferentes y a las que, sin embargo, se aplica el mismo criterio, pudiendo bastar para ello la mera interposición de una denuncia".

VISTO BUENO DEL CONSTITUCIONAL

La lista de críticas a la reforma continúa: "Atenta contra la presunción de inocencia, otorgando a la mera denuncia valor de prueba plena, recordando trasnochadas situaciones afortunadamente superadas en nuestro ordenamiento, por lo que estimamos más acertado derogar -más pronto que tarde- el texto reformado en los particulares reseñados y mantener la redacción del precepto que estaba vigente con anterioridad a la reforma".

La Fiscalía asturiana considera que con esta modificación del Código Civil "el legislador parece desconocer la realidad diaria en juzgados y tribunales de que no todas las denuncias interpuestas por los delitos referenciados en el artículo 94 del Código Civil acaban con una condena". Explica que no son "infrecuentes" las absoluciones al por no darse los hechos por probados y que, cuando hay condenas, lo son por hechos de muy distinta gravedad.

La fiscalía critica el "automatismo" de la reforma, que apenas deja margen de actuación a los jueces en la decisión sobre el régimen de visitas. "Parece subyacer en la reforma del precepto una indisimulada desconfianza en los operadores jurídicos, especialmente en jueces y fiscales, que se plasma sin duda en la redacción definitiva del artículo".

Esta última a queja aparecía en las dos cuestiones de inconstitucionalidad que se presentaron por parte de juzgados de Madrid y Zaragoza, que pusieron en duda el encaje de la reforma en la Constitución. También Vox presentó un recurso de inconstitucionalidad.

La respuesta del TC a esas iniciativas ha sido que la norma es constitucional porque, aunque es cierto que parte de la revocación del régimen de visitas, no se trata de una medida automática e ineludible, porque los jueces podrían mantener el régimen de visitas de forma motivada. En una línea muy alejada de lo sostenido por la Fiscalía de Asturias, la Fiscalía del Constitucional respaldó el aval a la reforma cuestionada.