Impuesto anti-Ayuso
El “impuesto a los
ricos” es en realidad un impuesto “anti-Ayuso” y, de paso, anti Partido
Popular. Los impuestos nunca han estado realmente motivados por razones de
justicia, sino más bien por su capacidad recaudatoria o por su oportunidad
política. Esta es la razón por la que el sistema tributario español está
constituido por una constelación deslavazada de diferentes e inconexas figuras
impositivas. También es el motivo por el cual tenemos de las presiones fiscales
más elevadas, al tiempo que la recaudación resulta sistemáticamente
insuficiente.
Ahora bien, nunca como con Sánchez se había establecido un impuesto tan descaradamente oportunista como el nuevo “impuesto a los ricos” cuya única y exclusiva finalidad es, en realidad, la de romper la exitosa estrategia política de la Comunidad de Madrid.
Hace ya tiempo que la autonomía de la capital, navegando contracorriente, decidió suprimir el impuesto sobre el patrimonio. Lo que convirtió a la región en un polo de atracción de muchos de aquellos que tienen que hacer frente a esta doble tributación. El resultado fue un fuerte incremento de recaudación por otras vías que amplió notablemente las posibilidades financieras de la comunidad.
Este tema siempre disgustó profundamente a los separatistas de Cataluña quienes, de forma totalmente contradictoria con su ideología, emprendieron una batalla “armonizadora” que Sánchez y su manso PSOE inicialmente decidieron abanderar, pensando que suele resultar fácil colocar un impuesto que, supuestamente, no pagarán sus votantes, sino los odiosos ricos.
La estrategia les salió mal pues varias comunidades autónomas también anunciaron su intención de suprimir, o reducir de forma drástica, ese tributo. Lo hicieron presentando no sólo potentes argumentos de corte liberal, sino también números que demostraban que la recaudación a la que se renunciaba o no era significativa, o, que incluso podría aumentar por el llamado “efecto Laffer”. La propuesta caló entre no sólo entre los votantes populares sino también entre los socialistas. De hecho, alguna comunidad gobernada por estos últimos no tuvo más remedio que sumarse al carro. ¡Una derrota ideológica sanchista-separatista en toda regla!
De esta forma los fontaneros de Moncloa se pusieron a trabajar para idear una fórmula que rompiera con la exitosa estrategia fiscal del PP. Alumbraron el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas” que es, básicamente, un nuevo impuesto de patrimonio que si no lo implementa la comunidad correspondiente lo hace la Hacienda nacional apropiándose, así, de la recaudación.
El resultado esperado es que Madrid, y el resto de comunidades que la seguían, no tengan el más mínimo incentivo a suprimir dicho tributo. Por supuesto, el País Vasco, con su régimen especial si lo podrá hacer. Se pretende de esta forma que ninguna comunidad del régimen común pueda convertirse en fiscalmente atractiva.
Este tipo de actuaciones, más allá de suponer clara merma de la autonomía financiera de las comunidades de régimen común, supone agravar las deficiencias de nuestro poco coherente sistema tributario agravando, de forma indirecta, recaudatorias de la hacienda estatal. En definitiva, los problemas tradiciones del país, una vez más, parecen agravarse con el gobierno Frankenstein.
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