Programa electoral:
derogar leyes
Si en la próxima campaña alguna oferta electoral puede resultarme auténticamente atractiva y movilizadora, será aquella que proponga la derogación de leyes, decretos y otras normas. Si, si, aquella propuesta que, en vez de prometer más legislación, prometa no sólo moderar su producción, sino suprimir parte de la actualmente están en vigor.
Desde siempre he sido partidario de que los períodos ordinarios de sesiones parlamentarias no fuesen demasiado prolongados, por lo que, me parece estupendo que sus señorías tengan muchos meses de “vacaciones”. También soy firmemente partidario de la existencia del Senado como cámara de segunda lectura. Pues, pienso que tiene el impagable papel de alargar el proceso legislativo, evitando así que se puedan promulgar más leyes por unidad de tiempo. Dicho de otra forma, no quiero ni pensar cuantas más leyes tendríamos si suprimimos, como muchos insensatos solicitan, la cámara alta a la que consideran inútil.
¡Ya ven! Me apunto al grupo de los que sostienen que uno de los grandes problemas de nuestra democracia es la enorme producción legislativa, que poco a poco, ha ido creando un ambiente de galimatías en donde todo está regulado, y por eso mismo, tan burocratizado que hasta a los mismísimos burócratas les resulta difícil saber lo que está permitido y lo que no lo está. Es decir, que el mal de la inseguridad jurídica, del que con frecuencia hablan los economistas, no sólo obedece a la existencia de leyes cambiantes y a veces incluso contradictorias, sino, sobre todo, a su gran abundancia. Con la indeseable consecuencia de paralizar proyectos empresariales, y vitales de todo tipo.
Tomemos como unidad de medida la última ley balear sobre educación. Ciento treinta páginas con 166 artículos que regulan un montón de cosas que no hace ninguna falta regular, tal como brillantemente ha señalado Joan Font. Pues bien, se calcula que en España hay unas cien mil leyes en vigor (aunque la cifra varía según la fuente consultada), de las cuales unas sesenta y siete mil son de carácter autonómico. Así que, haciendo una sencilla multiplicación, se puede concluir que se han necesitado unos trece millones de folios para escribirlas. Apilados uno encima de otro, y estableciendo la relación de un centímetro cada 100 páginas, ese montón de leyes alcanzaría casi una altura similar, nada más y nada menos, que al imponente Massanella.
El Parlament Balear -¡Gracias a Dios!- no es de los más productivos. No obstante, si suponemos una producción media neta de quince leyes o normas al año, durante casi cuatro décadas de existencia, tendremos que se sobrepasa, con creces, las quinientas normas.
De esta forma, no nos tiene que extrañar que uno de los últimos inventos de la parte izquierda del espectro político haya sido el proclamar que “Lo personal es político”. ¡Oh no! Han encontrado un nuevo terreno virgen sobre el que volcar nueva legislación, aunque sea a costa de restringir hasta la mínima expresión el campo de la libertad personal multiplicando el número de neo inquisidores que castigan cualquier comportamiento, ingesta alimentaria o palabra políticamente incorrecta.
Por todo ello, sin duda, sería un avance reducir no sólo la producción legislativa, sino también su stock, incluso aunque para ello haya que pagar. Así, por ejemplo, quizás sería interesante contar con un Senado Balear en donde emplear a políticos prejubilados o expolíticos que, de esta forma, no tendrían que ocupar cargos en organismos públicos que, en ocasiones, se han creado con la misma finalidad. Si esta nueva segunda cámara redujese, pongamos a la mitad, el número de normas aprobadas nos saldría barata.
En definitiva, si hasta ahora las campañas electorales han consistido en una subasta para aumentar el tamaño del estado, voy a confiar esperanzado en que llegue un día en que se conviertan en una subasta sobre la reducción legislativa.
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