El fracaso de las
viviendas vacías
Hace poco la Agencia Tributaria publicó por primera vez estadísticas sobre la vivienda en las distintas comunidades autónomas. Lo más llamativo es que la nuestra tiene un parque desocupado de 121.000, en torno al 30% del total. Una cifra que nos dice mucho sobre lo tremendamente distorsionado que está el mercado por el intervencionismo gubernamental. O, dicho de otra manera, un guarismo hace pensar que sin Govern y Gobierno no habría problema de vivienda en Baleares. Un fracaso en toda regla.
La inmensa mayoría de esos inmuebles son de pequeños propietarios que carecen de los incentivos necesarios para sacarles algún rendimiento. Quizás a algunos les resulte más sencillo esperar a los efectos de la inflación, y eso a pesar de saber que la rentabilidad de los alquileres en Baleares es de las más altas del país. Así que el motivo de esta pasividad no puede ser otro que el sentirse totalmente desprotegidos por las leyes que regulan el sector a la hora de llevar las viviendas al mercado. Realizar compra-ventas está tan castigado, tributariamente, que para muchos reduce drásticamente los incentivos suficientes para ponerlas en circulación. Además, los trámites para realizar cualquier reforma suponen una tremenda fuente de dolores de cabeza.
Sin tampoco olvidar que el problema de la inaccesibilidad de la vivienda conlleva, por añadidura, el de las dificultades para recibir trabajadores de otros lugares, lo que, sin duda, repercute no sólo en el elevado nivel de desempleo que constituye la principal lacra de la economía nacional, sino también en la pérdida del potencial que eso supone.
Efectivamente, con un excedente de viviendas de ese tamaño, es fácil pensar que cualquier mayor protección a los propietarios, disminuyendo los impuestos, las plusvalías, flexibilizando los períodos de alquiler, agilizando las acciones ante los impagos, etc. y acortando y simplificando los trámites para realizar las posibles obras de reforma, el problema de la vivienda no tan sólo estaría resuelto, al provocar una drástica bajada de precios por el aumento de la oferta, sino que además, al facilitar la movilidad laboral el bienestar se dispararía generando los recursos necesarios para mejorar los servicios de limpieza, transporte público, depuración de aguas, etc.
Con todo, lo que parece más grave es que a pesar de que la noticia sugiere una dura crítica a la política de vivienda desarrollada por el Govern, el diario que la publicaba hacía un análisis complaciente destacando en la actuación, a todas luces propagandística, sobre los llamados "grandes tenedores". Ciertamente, es preocupante que la noticia no haya generado un fuerte enfado público colectivo. Lo lleva a concluir que el problema continuará, sin menoscabo que unos rasgan las vestiduras y otros se inventen malignos fondos buitres a quienes atribuirles las culpas.
La influencia del poder sobre los medios de comunicación está anestesiando a la sociedad, provocando que los problemas se enquisten convirtiéndolos en males permanentes con los que hay que convivir. Por ello, hace tiempo que sostengo que se tendría que publicar de forma clara y explícita las cantidades que las instituciones públicas pagan a los medios de comunicación, al menos así podríamos saber quién entiende o justifica las políticas implementadas porque su salario depende de ello.
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