PASAR
LA ITV EN VALLDEMOSSA
Pasar
la ITV en cualquier pequeño municipio habría sido posible si se hubiese
liberalizado el proceso de inspección de vehículos. Ciertamente, si los
pequeños talleres de pueblo hubiesen podido disfrutar de la demanda suficiente,
estable y segura que supone la ITV quizás no habrían desaparecido. Y lo mismo
pasaría en los barrios de las poblaciones de mayor tamaño. Una comodidad que
nos hubiese podido ahorrar al menos un día de incómodas gestiones.
Tampoco
habría demoras, ni colas, ni listas de espera, puesto que la oferta se iría
ajustando a la demanda automáticamente. No habría que esperar a que venza una
concesión, ni a debatir en un pleno de un consell, ni a que se elaboren nuevos
pliegos, ni a que se realice los correspondientes concursos, ni a que
finalmente se adjudique y, por fin, se ponga en funcionamiento.
Los
precios serían menores, al evitar la situación de monopolio, con su
correspondiente poder para fijar precios, con el único requisito de convencer
al político de turno. Cómo habría competencia, y libertad de elección,
podríamos disfrutar de precios muy cercanos a los costes. Además de ahorrarnos
el canon que cobran los consells a los concesionarios.
Se
reducirían los desplazamientos a las grandes concentraciones urbanas, evitando,
poco o mucho, la saturación de las infraestructuras. Se hubiesen creado puestos
de trabajo más dispersos, ligados a una determinada localidad, lo que supone un
mejor reparto territorial de la población. Y se habría potenciado y difundido
el now-how del sector.
Otro
hecho de no menor importancia es que se hubiesen evitado tentaciones de
prácticas corruptas. Quitándole el poder de decisión a políticos y funcionarios
se evita la ocasión de que éstos actúen de una forma indebida. Ni tan siquiera
hubiesen experimentado ningún tipo de presión para una mala actuación. Así,
alguno de los episodios de los que todos nos acordamos nunca se hubiesen
producido, contribuyendo a una mejor imagen de la gobernanza de nuestras
instituciones.
Los
estándares de seguridad podrían ser iguales o superiores, puesto que esos
pequeños negocios tendrían que pasar una homologación del material y los
procedimientos que emplean. Lo que supondría una mayor facilidad para adaptar
mejoras de todo tipo. Además, los mecánicos podrían conocer personalmente a sus
clientes, y en muchas ocasiones también tendrían una clara idea del historial
de sus automóviles, pudiendo aconsejar actuaciones de mejora.
De
hecho, la inspección de los buques está liberalizada, al igual que la de los
edificios, o la de las instalaciones eléctricas o de gas, o incluso, las
revisiones médicas de los conductores, sin que por ello nadie ponga en duda su
solvencia. Pues, aunque los precios sean más bajos que en situación de
monopolio administrativo, la calidad del servicio ofrecido es del nivel que se
requiere.
Pero
nada de lo dicho ocurrirá, pues una vez se aceptan los “intereses creados” y se desata el poder burocrático es casi
imposible revertir la situación. Una lástima.
Pep
Ignasi Aguiló, economista
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