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demediado
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Hila, el alcalde
menguante
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La levedad del
alcalde
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29 abril 2016
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La percepción generalizada de que el grueso de la recaudación fiscal está en manos del Gobierno central mientras que el gasto lo soportan las CCAA ha hecho recurrente el uso del recurso «Madrid nos mata» o, en el extremo, el «Madrid ens roba», a pesar de que la financiación se haya duplicado en la última década. Así, no es de extrañar que en casi todas las autonomías piensen que su comunidad está mal financiada y que la solución, por tanto, consiste en incrementar los recursos de la comunidad, sin ser conscientes de que mayor financiación implica también mayores impuestos.
Un 70% de los contribuyentes españoles desconoce a qué administración paga los impuestos. Sólo un 17,6% de los españoles sabe que una parte sustantiva (el 50%) del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es recaudado por las CCAA, y lo más curioso es que el 58% de los españoles cree que se trata de un impuesto exclusivamente estatal. Así las cosas, a nadie le puede extrañar que con este sistema de financiación sea casi imposible el saneamiento presupuestario y la reducción de la elevada deuda pública.
Pero lo que ocurre con el IRPF puede resultar anecdótico si lo comparamos con el IVA o los impuestos especiales. El desconocimiento de que la mitad de lo recaudado por el impuesto se ingresa en las arcas autonómicas es abrumador. Únicamente un 12,2% conoce dicho dato, cifra que además palidece cuando hablamos de los impuestos especiales. Sólo el 7% de la población sabe que más de la mitad de la recaudación (el 58%) le corresponde a las CCAA
Excepto el País Vasco y Navarra, el resto de comunidades se financian fundamentalmente gracias a su participación en los impuestos anteriormente citados (50% del IRPF, 50% del IVA y 58% de los impuestos especiales), complementando su recaudación con una serie de impuestos cedidos y propios, además de una serie de transferencias e inversiones provenientes del Estado Central.
Curiosamente, este desconocimiento de las fuentes tributarias no se produce al hablar de los ayuntamientos. El 80% de los ciudadanos sabe que la tasa de basuras la paga a su ayuntamiento, y lo mismo ocurre con los vados (74,9%), o el impuesto sobre vehículos con tracción mecánica (53.4%). Quizás por ello, los ciudadanos se mantengan más vigilantes con sus alcaldes cuando deciden subir impuestos en vez de disminuir gastos. De hecho, en los últimos ejercicios los ayuntamientos han sido las únicas administraciones que han obtenido superávit en sus cuentas y regularmente han reducido su nivel de endeudamiento sin mayores críticas públicas por su ortodoxia financiera.
Por el contrario, la falta de corresponsabilidad fiscal, por la restricción presupuestaria blanda que genera el actual sistema, o falta de asociación de los gastos autonómicos a los impuestos clama al cielo. ¿Exigiría el público tan alegremente nuevos gastos si supiera la relación directa que tiene sobre sus impuestos? Seguramente serían más exigentes con el uso de su dinero que con el que proveniente de un «indefinido Madrid». ¿Cómo podemos acabar con esta ilusión fiscal e incrementar la eficacia, la responsabilidad y el control del gasto en el nivel autonómico? Imitando a la financiación municipal. Así, una de las ideas que lanzamos es una reforma radical del sistema de financiación basada en la cesión total del IRPF e impuestos especiales a las CCAA a cambio de la cesión total o casi mayoritaria de la recaudación del IVA al Gobierno central. Aunque parezca muy atrevido este cambio resulta interesante, o al menos, deberíamos debatirlo.
¿Por qué el IRPF? El IVA y el impuesto de sociedades tienen limitaciones procedentes del ámbito europeo que complican y limitan mucho su discrecionalidad. Por el contrario, el IRPF o el impuesto de patrimonio poseen una mayor flexibilidad y premian la frugalidad y disciplina fiscal de un pueblo o, alternativamente, reflejan el compromiso social y solidaridad de cada región a cambio de más impuestos.
Por otro lado, y por racionalidad en la gestión y control de los impuestos, IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, deberían ser gestionados por una única administración tributaria autónoma y coordinada en función de la legislación de cada territorio.
Otra ventaja añadida es que se puede medir mejor el grado de solidaridad interregional. Implícitamente, cada región estaría «cediendo» la recaudación de su IVA al pago de los gastos generales del país, lo que las acercaría, en cierta medida, a un concierto fiscal como el que poseen el País Vasco y Navarra. Un presupuesto basado en tales figuras permitiría cuantificar el coste de los servicios de la Administración Central.
Por último, la recaudación del IVA asignada al Estado que retornara a cada Comunidad podría variar para cada una ellas en función de variables objetivas ligadas a las necesidades de gasto, como por ejemplo la población real, insularidad, o bien, tal como ocurre ahora, en función de la atribución del lugar de consumo y/o recaudación, etc.
En conclusión, en las circunstancias actuales el modelo de financiación autonómica no fomenta el control del gasto, ni la solidaridad y ni el ajuste fiscal. Por el contrario, es un foco de descontento de los ciudadanos por la falta de transparencia y de control del gasto, además de generar desunión entre comunidades autónomas y entre éstas y el Estado. Una forma de asegurar un mayor control y transparencia otorgando mayor grado de responsabilidad a los ciudadanos sería asignar figuras tributarias concretas a cada administración y en concreto la asignación más factible y eficiente sería muy posiblemente ceder a las comunidades autónomas el IRPF y los impuestos especiales, mientras que el estado central se financiase principalmente por medio de una mayor parte del IVA y del impuesto de sociedades.
