viernes, 14 de abril de 2017

De como el PP atajó el grave problema de los desahucios

El clima social del primer año de la legislatura de Mariano Rajoy era de grandes heridas abiertas. De entre las cuales el drama de los desahucios fue uno de los peores síntomas. Cada día se veían en televisión familias que perdían su casa.

Perder el empleo es doloroso y difícil de afrontar, pero quedarse sin vivienda es lo peor que le puede suceder a una familia.

Y todo esto ocurrian mientras se negociaba la ayuda a los bancos; cuando sus directivos cobraban o pretendían cobrar cantidades de escándalo tras haber arruinado a sus entidades. Cuando los pequeños ahorradores estaban atrapados con las preferentes o habían acudido a la salida a Bolsa de Bankia y, lógicamente, se sentían engañados.

Todos pagábamos más impuestos para arreglar los desperfectos de una muy mala política anterior. Además, los escándalos de corrupción de todos los tamaños y colores ocupaban buena parte de los telediarios.

Desde luego, no se podía perder de vista que la morosidad hipotecaria no llegaba al 5%, a pesar de que las hipotecas suponen el 40% del negocio bancario.

Contra los desahucios se utilizó el código buenas prácticas (CBP). Por el cual las entidades firmantes se comprometieron a reestructurar la deuda, aplicar quitas y, en último extremo, a la dación en pago, permitiendo que el deudor mantuviese la casa mediante un alquiler reducido.

Se trataba de mantener el equilibrio entre la cultura de "las deudas se pagan" y la asistencia a las personas que de buena fe se encuentran en dificultades.  El CBP fomentó, sobre todo, las refinanciaciones como mejor solución.

Además, se supendieron durante dos años los desahucios de colectivos vulnerables. Suspensión que más tarde se prolongó hasta 2017.

En 2013 se creó el Fondo Social de Viviendas dotado con 9.000 inmuebles. Se trataba de viviendas puestas a disposición de personas desahuciadas que tenían ingresos reducidos. Las mensualidades de los alquileres se situaron en una horquilla que iba de los 150 a los 400 euros/mes. Unas 65.000 familias se habían beneficiado de estos programas a mediados de 2016.

Y todo ello sin olvidar que lo importante era darle la vuelta a la terrible situación económica.
 

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