Si algo es indudable en esta crisis es que algunas de las principales
reformas estructurales necesarias se han quedado por el camino. Entre
éstas destaca el sistema de financiación autonómico, cuya compleja y
poco transparente forma actual impide el correcto funcionamiento de la
economía y dificulta la resolución de los problemas territoriales. Hasta
hoy, y en las sucesivas rondas de reformas realizadas, nunca se ha
abordado el principal problema de la financiación autonómica: la falta
de incentivos para controlar el gasto, dando como resultado su continua
elevación hasta los límites de lo insostenible y la desaparición de
incentivos para el progreso de las regiones receptoras de recursos.
La
percepción generalizada de que el grueso de la recaudación fiscal está
en manos del Gobierno central mientras que el gasto lo soportan las CCAA
ha hecho recurrente el uso del recurso «Madrid nos mata» o, en el
extremo, el «Madrid ens roba», a pesar de que la financiación se haya
duplicado en la última década. Así, no es de extrañar que en casi todas
las autonomías piensen que su comunidad está mal financiada y que la
solución, por tanto, consiste en incrementar los recursos de la
comunidad, sin ser conscientes de que mayor financiación implica también
mayores impuestos.
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