Palma está perdiendo el tren de la movilidad
Tener un alcalde sin pulso ni liderazgo tiene consecuencias. La UE calcula que en una ciudad tipo, como Palma, los atascos tienen un coste aproximado al 1% del PIB, lo que equivale a superar, con creces, los 100 millones de euros anuales, una cifra descomunal que supone un grave peso en las alas de la economía insular. Además, a lo que hay que sumar los problemas de salud derivados de la polución, el ruido y el estrés ambiental.
Por todo ello, durante el tiempo de los años de bonanza, que siguieron a la Gran Recesión, se tenía que haber aprovechado avanzar de forma decidida hacia una movilidad más moderna, inclusiva y resiliente. Varios son los ejes sobre los que se tendría que haber actuado y que, sin embargo, la deficiente gestión municipal e insular ha ignorado.
En primer lugar, desde los tiempos de Catalina Cirer no se ha realizado ninguna inversión importante en infraestructuras a pesar de los fuertes incrementos de los presupuestos municipales, del Consell o del Govern. No se ha cerrado el segundo cinturón ni se ha construido parking alguno, tampoco se ha ampliado el Metro. Esto último suele ocurrir cuando cualquier ciudad se acerca a los 500.000 habitantes, tal como es nuestro caso, momento en que se convierte en el medio de transporte de mayor eficiencia social.
Se han rechazado de forma sistemática los nuevos modelos de negocio orientados a mejorar la movilidad reduciendo el número de automóviles utilizados. Me refiero a los dedicados a compartir coches, y otros vehículos, bien tipo taxi con conductor o bien tipo alquiler sin conductor.
La gestión de la EMT ha resultado tan deficiente que además de contar con menos autobuses de los necesarios para afrontar las frecuencias mínimas que la hagan competitiva, ni tan siquiera ha sido capaz de agilizar la recarga de su tarjeta ciudadana, ni en más establecimientos, ni a través de Internet. A duras penas, se puede combinar con los transportes interurbanos del Govern.
Se podría decir que todo lo anterior va en beneficio del taxi, pero las quejas sobre su servicio son una constante que crece día a día. Incluso, los propios taxistas se quejan de la inoperancia de Cort a la hora de facilitarles algún tipo de flexibilidad que les permita ofrecer un mejor servicio ante la drástica reducción del número de coches de alquiler disponibles este año.
Por otro lado, la moderna micro movilidad se enfrenta a una inseguridad regulatoria total, con una clara tendencia al típico prohibicionismo que caracteriza a la izquierda política de cualquier ámbito. Lo que conduce a contradicciones tan flagrantes como que los patinetes eléctricos pueden estar equipados con motores de mucha mayor potencia que las bicicletas asistidas, a pesar de que estás son más seguras que aquellos. De hecho, la limitación de potencia (que no de velocidad) de estos vehículos impide que puedan ser utilizados para acompañar a los niños al colegio o para el reparto de mercancías de proximidad. Sin una mayor asistencia puede resultar muy difícil afrontar pendientes como, por ejemplo, las de La Bonanova o Génova.
En su momento se prohibieron los patinetes compartidos y también se rechazó una propuesta de la oposición, a inicios de la anterior legislatura, para que las bicicletas de Bicipalma pudieran contar también con asistencia eléctrica para, de esta manera, ampliar notablemente tanto las distancias abarcables como el público objetivo que las puede utilizar. En aquel momento, se consideró (aunque parece que se ha rectificado) que eso eran cosas propias de la ciudad de Madrid; ya saben la de Ayuso y Almeida.
El año que viene tiene que estar en marcha un nuevo PMUS (Plan de Movilidad) para acceder a determinados tramos de financiación europea. Sin embargo, a seis meses vista su implementación, los ciudadanos, desconocemos cuáles serán las normas que tal documento determinará. No sabemos ni si los coches eléctricos estarán autorizados a circular por las zonas de bajas emisiones, ni en qué condiciones lo podrán hacer, ni por donde podrán circular el resto de vehículos. Incluso recientemente, en un alarde de confusionismo consistorial, se llegó a afirmar, para rectificar después, que las motos verían aumentadas sus restricciones.
Por supuesto, no se ha incrementado significativamente los puntos de recarga de los coches con etiqueta "cero emisiones", ni se ha incentivado la moto eléctrica instalando enchufes en los parkings de este tipo de transporte. Eso sí, a pesar de no haber realizado ninguna de las actuaciones mencionadas en este artículo se decide reducir el número de carriles del Paseo Marítimo, lo que equivale a cargar a los ciudadanos con una dificultad más sin ningún tipo de contribución municipal.
Así mismo, se ha anunciado un nuevo Plan de Ordenación que no ha tenido en consideración facilitar servicios de barrio a través de un diseño policéntrico. Por poner un ejemplo, no se autorizan viviendas en el ParcBit, obligando a que la totalidad de sus trabajadores a realizar, como mínimo, dos desplazamientos diarios de salida y entrada a la ciudad a las mismas horas punta en que lo hacen los estudiantes y profesores de la UIB y el personal del principal hospital de la Comunidad.
La administración electrónica municipal, que podría contribuir a reducir las necesidades de desplazamientos tanto de usuarios como de funcionarios, muestra tantas deficiencias que ya nos hemos acostumbrado a que sus fallos aparezcan en los papeles.
Por no hacer, ni tan siquiera se han racionalizado las tarifas para aprovechar mejor las horas valle de los distintos equipamientos.
En definitiva, Palma está perdiendo el tren de la modernidad en movilidad racional, asumiendo por ello unos fuertes costes.
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