Ley Celaá
Estamos en pleno proceso de aprobación de la novena ley educativa del período democrático. Algo que en principio resulta, ya de por sí, especialmente llamativo, pues significa que la vida media de estas normas ronda los cinco años, cuando el periodo de escolarización supera ampliamente el doble de duración.
Pero, además, en esta ocasión se apuesta de una forma clara, sin tapujos, por fomentar la confrontación tratando de imponer un modelo de tipo sectario y monopolístico, sin posibilidades de elección, con los valores de sólo una parte del espectro político. Lo que conlleva, lógicamente, a una rebaja en la importancia del aprendizaje de contenidos, para dejar espacio a aspectos más de carácter ideológico ante los que se hace una renuncia expresa a la sana confrontación de ideas.
En coherencia con lo anterior se rebajan los niveles de exigencia penalizando, de forma indirecta, cualquier atisbo de esfuerzo que pueda conducir a la elaboración de un pensamiento propio e independiente a través del conocimiento de diferentes puntos de vista. Así, por ejemplo, el texto legal establece, literalmente, que hay que mostrar a los alumnos el “carácter social de los impuestos y la justicia fiscal”, sin considerar ni por un momento que pueden existir otra cara en la moneda, como la “pérdida irrecuperable de eficiencia” que provoca cualquier tipo de tributación. De esta forma, la Ley Celaá intenta privar a los estudiantes de una visión real y completa del mundo en el que se desarrollarán sus vidas, en aras de introducir una determinada y exclusiva forma de pensar. De igual forma, y en la misma línea, se sitúa en las antípodas del fomento de la propia responsabilidad.
Con esa filosofía subyacente, la supresión de la libertad de elección de centros se convierte en otro de los objetivos a conseguir. De ahí que se intente que los centros concertados vayan siendo, poco a poco, sustituidos por centros públicos en donde las doncellerías del ramo tengan más capacidad de mando a través de inspectores que, a partir de ahora, serán digitados en lugar de acceder al cargo por oposición.
Por supuesto, se introducen nuevas asignaturas que intentan ser un Caballo de Troya ideológico para facilitar, mediante la elaboración de los correspondientes nuevos libros de texto, la divulgación de los relatos que deseen en materia de memoria democrática. Sin duda, una forma subjetiva de conocer la verdadera historia. Ya lo decía el premio Nobel de Samuelson “En la batalla de las ideas económicas, dejarme a mi escribir los libros manuales”.
Todo esto no es nada realmente nuevo en Baleares y otras comunidades con gobiernos nacionalistas. Desde hace tiempo se apuran los márgenes de las leyes en vigor, o se incumplen directamente, en la confianza de la impunidad que otorga el pensamiento único que van imponiendo. Así que, para consagrar esta forma de actuar, ahora el castellano dejará de ser lengua vehicular, en un claro intento de romper otro nexo entre todos los españoles y, así, ir socavando la eficacia de nuestra Constitución que ampara a los disidentes.
En definitiva, el gobierno ha decidido que su continuidad pasa por un control total de la sociedad hasta el punto que se vaya imponiendo una única forma de pensar mediante no sólo medios de comunicación afines, control de las redes sociales y de los distintos instrumentos del propio Estado, sino, y esto es lo más grave, instrumentalización el mundo educativo.
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