La armonización fiscal y la
ley de granos
Las empresas que compiten lealmente entre sí, intentan contener sus costes y diferenciar sus productos haciéndolos más atractivos y asequibles para sus clientes. Es una labor que requiere tener los músculos y los nervios en tensión permanente, siempre atentos tanto a los cambios de gustos y preferencias del público, como a las mejoras en eficiencia productiva. El resultado es una vida más cómoda, próspera, holgada y larga para todos. Es el gran éxito del capitalismo.
Sin embargo, si por la circunstancia que fuera algún empresario o grupo se sitúa en una posición de poder, tal como ocurrió con los terratenientes británicos a los inicios del siglo XIX, intentarán zafarse de esa incómoda competencia. Aquellos lo hicieron promulgando la “Ley de Granos” según la cual se prohíba la importación de trigo de terceros países mientras el nacional no alcanzará un determinado precio. Por supuesto, lo hicieron envueltos en la Union Jack, y así, pudieron continuar con su elevado estilo de vida retratado por Jane Austen, mientras las clases populares pagaban caro el pan.
La gran ventaja de tener un Estado de las Autonomías podría haber sido que éstas compiten entre sí para ofrecer a sus residentes-votantes los mejores servicios públicos gestionados con eficacia y promoviendo el crecimiento económico. Lo que derivaría, lógicamente, en una sana moderación tributaria. Es decir, el Estado sería eficaz para con sus obligaciones.
Sin embargo, en general, las comunidades autónomas, con Cataluña a la cabeza, han preferido seguir el camino de los terratenientes británicos legislando para reforzar el poder de las élites locales. Jordi Pujol rechazó en su momento contar con tributos propios potentes, ya que le hubiesen obligado a financiar su “construcció de país” cambiando el “Madrid ens roba” por “catalans, us vaig a fregir a impostos”. Incluso cuando las necesidades financieras crecieron, el dirigente nacionalista no reclamó un tributo propio, sino que solicitó participar en los existentes gestionados por “Madrid”. Estableciendo, eso sí, cláusulas que impidiesen cualquier competencia fiscal.
Pero incluso así, el perverso sistema de financiación autonómico dejó sin atar del todo tanto el impuesto de patrimonio como el de sucesiones. Un hecho que aprovechó la Comunidad de Madrid para reducirlos a su mínima expresión. Algo que molesta tanto a los “Señores” de las autonomías como, siguiendo a los terratenientes británicos, ponerse en pie de guerra envueltos ahora en la bandera de la armonización fiscal.
Pues bien, quizás estaría bien recordarles a estos armonizadores territoriales que la “Ley de Granos” acabó teniéndose que derogar por las presiones de los industriales agraviados comparativamente y, sobre todo, ante la triste circunstancia de una monumental hambruna desatada en Irlanda como consecuencia de que el elevado precio del trigo obligaba a sus gentes a alimentarse, principalmente, de modestas patatas cuando una terrible plaga acabó con varias cosechas.
Ciertamente,
las similitudes de lo que estamos viviendo con lo sucedido con el
proteccionismo agrícola que benefició a los grandes propietarios de tierra de
la Gran Bretaña a costa del dolor y sufrimiento del resto de la población nos
debería poner en guardia. ¿Qué diferencia hay entre prohibir que los precios
puedan bajar o que lo puedan hacer los impuestos?
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