Tendencias de los gobiernos autonómicos
La acción de un gobierno autonómico puede ser bastante tranquila pues los incentivos que tienen los dirigentes públicos que participan en ellos están extremadamente marcados. Tan marcados están que una parte de la sociedad, de cada comunidad, se ha adaptado a este tipo de gobierno al calor de sus presupuestos.
Veamos, las principales funciones de los ejecutivos regionales están relacionadas, en primer lugar, con la gestión de servicios públicos muy estructurados, como es el caso de la sanidad, la educación, algunos servicios sociales, algunas modalidades de transporte, etc. En todos ellos los márgenes de maniobra para la acción política son relativamente pequeños, aunque se pueden establecer algunos cambios en las pautas a largo plazo, es decir, en periodos de tiempo que superan los de una legislatura. Así, en este ámbito la tendencia de los gobiernos autonómicos se limitará, fundamentalmente, a patrocinar incrementos presupuestarios que, lógicamente, intentarán que beneficien a los de las filas propias, bien sea excluyendo a la lengua común en los usos oficiales, o de cualquier otro modo.
Una segunda vertiente importante para este tipo de ejecutivos está referida a la ordenación, sobre todo territorial, aunque no exclusivamente, de los principales sectores económicos. Sin duda, un tema con mayores implicaciones ideológicas y, por tanto, políticas. Aquí la tendencia será a intentar elaborar leyes ambientales, sociales y de seguridad que, en el fondo, estén destinadas a proteger los intereses de las empresas, profesionales y agrupaciones locales frente a una potencial competencia foránea. De hecho, con las autonomías apareció una constelación de patronales y sindicatos que, básicamente, han tenido esta orientación.
Un tercer punto más peliagudo de la acción autonómica lo constituye la realización de inversiones en infraestructuras relevantes. Pues, a pesar de que con frecuencia éstas son necesarias para el progreso económico y social de la comunidad, al mismo tiempo pueden causar un impacto negativo sobre amplios sectores de electores, bien sea porque les afectan directa o indirectamente en sus propiedades, o, simplemente, porque no benefician a sus propios intereses inmediatos. Es decir, en estos temas siempre habrá quien considerará que soporta más costes que beneficios con respecto a otros conciudadanos. Por ello, con frecuencia gobierno y oposición tomarán posicionamientos encontrados a pesar de las grandes dificultades que puede comportar identificar con nitidez a quienes ganan y a quienes pueden perder con cada una de las diferentes grandes obras. De hecho, nadie nunca se ha planteado debatir un plan de inversiones a medio o largo plazo, aunque la legislación y la doctrina hacendística predique, por activa y por pasiva, su necesidad.
Además, desde el punto de vista de la rentabilidad electoral, al presidente autonómico de turno, le resultará más atractivo destinar recursos a incrementar el gasto corriente, utilizándolo al modo clientelar, que destinar esos mismos recursos a la realización de costosas, y siempre discutidas, infraestructuras. Este es el motivo por el cual, aquí en Baleares tenemos desaladoras, carreteras, depuradores, etc. que esperan el sueño de los justos desde hace décadas. Y este es también uno de los motivos por el cual está resultando tan difícil aprovechar, de verdad y sin márquetin, la llegada de los fondos europeos.
Por último, los ejecutivos autonómicos intentarán potenciar los signos culturales propios de su región. Pues constituyen formalmente, y en algunos casos realmente, el fundamento esencial de su existencia. Así se explica que estos gobiernos suelen preferir la “cultureta” a la gran cultura. Por supuesto, este es el campo mejor abonado para la actuación clientelar, por lo que a nadie le debería extrañar que las partidas dedicadas a estos menesteres crezcan y crezcan sin solución de continuidad. La normalización nunca se considerará alcanzada. Y lo mismo ocurre con la financiación.
Soy consciente de que estoy simplificando la realidad para entenderla, tal como ocurre con un mapa. Pero así, podemos concluir que casi todos (hay excepciones) los gobiernos autonómicos han seguido, en mayor o menor medida, las grandes pautas aquí descritas, por estar marcadas en sus estatutos de autonomía a través del sistema competencial, en la legislación electoral y en el sistema de financiación. De hecho, sólo una modificación de estas normas básicas o un liderazgo muy potente, capaz de proyectarse más allá de una o incluso dos legislaturas mediante la reunión de sólidos equipos capaces de elaborar, compartir y difundir propuestas propias, puede traer algo nuevo. Si ocurre, con facilidad será para mejor.
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