Lobby funcionarial
Si me preguntan cuál es el principal lobby que opera con éxito en Baleares, y por extensión, en el resto de autonomías y también en el ámbito nacional, diría que es el de los funcionarios. Lo hace con tanta destreza que nunca aparece en los medios, y en consecuencia, a diferencia de otros, consigue evitar cualquier crítica social.
Es cierto que los cuerpos de funcionarios son muchos y muy variados, por tanto, no es un colectivo con intereses homogéneos. Sin duda, las aspiraciones de un sanitario no son equivalentes a las de un bombero, ni estas a las de un empleado en la recogida de basura o de un profesor de universidad. Sin embargo, tienen los suficientes elementos en común como para que por encima de todos ellos pueda existir una élite capaz de autoerigirse con cierto poder de negociación social, un fenómeno que se potenció sobremanera con la creación de las comunidades autónomas.
Los políticos ocupan sus cargos de forma muy provisional, estarán en ellos una parte relativamente pequeña de sus propias carreras profesionales, con excepción de aquellos devenidos, precisamente, en funcionarios de la política. En el caso de la comunidad autónoma son esencialmente consellers y directores generales. Todos ellos dependen, para el desarrollo de sus programas de gobierno, del concurso de sus respectivos funcionarios quienes atesoran el conocimiento técnico e histórico del funcionamiento de la administración.
Pues bien, estos altos funcionarios tienen dos categorías, una obtenida por concurso oposición y otra, superior con un complemento salarial de cerca del cincuenta por ciento, resultado de su designación por el poder político. Estos últimos suelen mantenerse en sus elevados puestos incluso cuando los gobiernos cambian de color.
Se trata por tanto de compañeros de carrera con historias personales que, con frecuencia, guardan muchas similitudes, y que comparten no sólo la posesión de una completa formación, sino también mucha información, casi siempre muy superior a la del político que figura como su jefe. De esta forma, entre ellos se pueden establecer relaciones informales por las que circula aquello que se considera bueno y acertado y aquello otro que no tiene tal consideración.
Este colectivo podrá crecer si la administración, o el sector público, también lo hace. Es decir, los incrementos presupuestarios autonómicos suponen que más funcionarios de la primera categoría puedan aspirar a alcanzar la segunda, con su sustancioso complemento salarial.
En mi opinión, esta es una, entre otras varias, de las explicaciones del porqué los gobiernos autonómicos tienen tendencia a incrementar los impuestos (quejándose de la financiación en la elaboración de su narrativa) en vez de ajustar el mucho gasto superfluo y redundante existente.
Como este esquema de funcionamiento se repite en la totalidad de las comunidades autónomas, pienso que también contribuye a explicar, en parte, la deriva independentista catalana. Es por esto que pienso que opinadores yerran cuando se preguntan acerca del liderazgo de la burguesía catalana en el inacabado proceso. Sería más acertado preguntarse sobre el posicionamiento de los altos funcionarios. De hecho, no es descabellado concluir que estos mandarines pueden pensar que su influencia y su situación personal puede mejorar prescindiendo de los controles que sobre ellos realizan sus homólogos ministeriales.
En definitiva, la actual acción gubernativa, y por motivos que hoy no vamos a analizar aquí, tiene dos componentes fundamentales. El primero es la comunicación que constituye casi la única variable que controlan realmente los políticos durante sus mandatos. La otra es la implementación administrativa y gerencial que recae, básicamente, sobre los cuerpos de funcionarios de élite. Pensar, como hacen muchos, que los políticos y los funcionarios, a diferencia de empresarios y particulares, son seres angelicales carentes de intereses propios, personales y de grupo, es uno de los grandes éxitos de este lobby.
También es el motivo esencial por el que resulta tan interesante, para la sociedad en su conjunto, limitar el poder y el tamaño de los gobiernos
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