Explicitar
pagos a los medios de comunicación.
Sería muy interesante que en los presupuestos de las distintas administraciones se incluyese un apartado en donde se explicitan, con claridad suficiente, los pagos que realizan a los diferentes medios de comunicación.
Pues parece que hubo un tiempo en que se les llamaba “el cuarto poder”, tanto por su capacidad de controlar a los poderosos, y en especial a los gobiernos, como para conformar y formar a la opinión pública siguiendo criterios propios. Una portada, o un editorial podía tener más influencia que muchos grupos parlamentarios.
Es por esto que los gobiernos, desde siempre, los han tenido en su punto de mira, llegando a apropiarse literalmente de los audiovisuales con mayor capacidad de impacto. Sencillamente, una cuestión de poder. Pues no solo acapararon todo el espacio radioeléctrico obligando a cumplir determinados requisitos para obtener licencias, sino que, además, constituyeron cadenas de radio y televisión con una potencia tal que sólo posible con los abultados presupuestos públicos.
Ahora, con Internet, han aparecido una multitud de formas alternativas de información que están poniendo en serias dificultades a muchos de los clásicos medios privados, ya que, su estructura empresarial, creada en los tiempos gloriosos, se ha convertido en pesada, rígida y cara. Mientras que los públicos, sencillamente, pierden audiencia sin que eso se note ni en su cuenta de resultados ni en el número de empleos, con la fácil justificación de constituir un servicio público.
Seguramente por esa dualidad entre unos y otros, los primeros tienen que buscar fórmulas nuevas o, sencillamente, intentar engancharse también a los presupuestos estatales. Quizás por ello, en la actualidad, con la pandemia, hemos podido observar como apenas hay crítica a la mala gestión realizada por parte de los distintos gobiernos. Tampoco hay visiones alternativas, ni informaciones precisas sobre aquellos países que sí la han afrontado con más éxito. De esta forma, el ciudadano que desee una información al margen de la línea oficial no tiene más remedio que acudir a esos medios minoritarios que, en general, cuentan con recursos mucho más limitados. Lo que, a su vez, explicaría que el deseo, y los intentos, de instaurar alguna forma de censura o control en Internet no sólo surjan de los consejos de ministros sino también de algunos consejos de redacción.
Los filósofos de la democracia, tradicionalmente, han sostenido que el poder del gobierno sólo podía ser contenido por otro poder. Y sin duda, una opinión pública independiente, junto a la separación de poderes, ha constituido un claro límite que, sin embargo, ahora se está resquebrajando.
Seguramente, el proceso de expansión del Estado, a través del crédito gubernamental ilimitado que estamos viviendo, lleva a que las cosas sean así. Ahora bien, por honestidad, sería también importante que los gobiernos declaran de forma explícitamente transparente cuánto dinero dedican a cada medio. Esto es, que en los propios presupuestos gubernativos se destacarse (tal como ocurre por ejemplo con la territorialización de las inversiones) las partidas que destinan a cada uno de los diferentes grupos y bajo qué conceptos (publicidad, subvención, etc.). Pues de igual manera que un ciudadano sabe que al visionar cualquiera de las cadenas de televisión propiedad del estado está aceptando la perspectiva de quien la dirige, también sería interesante, en aras de contar con una ciudadanía bien formada, que cuando leemos o escuchamos otro determinado medio conocer si está financiado en un 25, un 35 o un 90% por el propio gobierno. Una iniciativa que, claro está, sólo puede surgir desde los nuevos, pequeños y realmente independientes medios de comunicación.
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