Este acuerdo se contempla hoy como una patriótica operación de Estado. Los partidos, la patronal y los sindicatos antepusieron sus intereses para salvar del desastre a la economía. Ahora, desde numerosos ámbitos de la opinión se aboga por una repetición de esa fórmula para afrontar la crisis derivada del covid-19. Ante esa iniciativa es importante recordar las implicaciones que aquel patriótico gesto tuvo.
Los Pactos de la Moncloa sirvieron para yugular una inflación galopante, pero no lograron iniciar una dinámica de reducción progresiva de ese desequilibrio y sentaron los cimientos de esa práctica perversa consistente en comprar la "paz social" a cambio de más gasto público. El coste presupuestario del acuerdo monclovita fue del 1% del PIB y se vio acompañado por una serie de medidas laborales que acabaron con cualquier expectativa de liberalizar el mercado de trabajo y fueron una causa eficiente del acelerado aumento del desempleo. El Estatuto de los Trabajadores de 1979, un subproducto de los Pactos, consagró unas instituciones laborales rígidas, responsables de la persistencia durante las casi cuatro décadas siguientes de una elevada tasa de paro.
En los años posteriores al acuerdo, España fue incapaz de superar la estanflación por culpa del keynesianismo macro y el intervencionismo micro, compartido por todos los partidos e inspirador del diseño y ejecución de las políticas socialdemócratas de la UCD. Así, se cuestionaba el origen monetario de la inflación y se atribuía su crecimiento a la evolución de otras variables, como el alza del petróleo y los salarios. En coherencia con esa concepción, el Banco de España, dependiente entonces del Ejecutivo, desplegó una estrategia monetaria acomodaticia entre 1977 y 1982. El aumento de la cantidad de dinero en circulación se mantuvo siempre por encima del de la economía, lo que explica la persistencia de una alta tasa de inflación (14,6%) durante todo ese período.
La política de rentas, piedra angular de los Pactos y sus secuelas, era el eufemismo empleado para designar el control de precios y sueldos. Sus resultados fueron los contrarios a los esperados. Ni sirvió para moderar la evolución salarial ni para combatir la inflación. Su principal aportación fue perpetuar la falta de flexibilidad del mercado laboral, distorsionar los precios relativos de la mano de obra y agudizar la rigidez salarial. Entre 1977 y 1982, los salarios reales por hora trabajada crecieron un increíble 85%. La remuneración por asalariado lo hizo un 26,8% en 1977 para, gracias a los Pactos, descender a la "moderada tasa del 24,8% en 1978. Esa brecha tan acusada entre el comportamiento salarial de la economía española y el que correspondería al nivel de equilibrio del mercado de trabajo provocó una escalada del paro y una crónica incapacidad de generar empleo. En los dos años posteriores a los Pactos, la tasa de crecimiento del empleo tuvo signo negativo y así persistió hasta 1986. Pero ahí no termina la historia...
Los Pactos de la Moncloa inauguraron y pusieron las bases para la gran expansión del gasto público y la presión fiscal que tuvo lugar en los años siguientes. El vertiginoso aumento de los desembolsos estatales nada tuvo que ver con la imagen de un Estado suministrador de bienes y servicios públicos, constructor de equipamientos sociales o inversor, sino con una máquina orientada a la redistribución, al consumo y a la compra de soporte sociopolítico para los Gobiernos de la UCD. Otra de las derivaciones de los Pactos fue la reforma fiscal de Fernández Ordóñez-Fuentes Quintana, inspirada en el Informe Carter, cuyos principios se basaban en las ideas de la fiscalidad keynesiana, que ya estaban en retirada en los países desarrollados, cuando se convirtieron en una realidad en Hispania.
En suma, la idea según la cual un gran acuerdo nacional entre el Gobierno, las fuerzas sociales y políticas fue y es una pócima mágica para superar la crisis no resiste el menor análisis teórico, empírico e histórico. En cualquier caso, un pacto de esas características puede ser bueno, malo o regular. No tiene valor intrínseco. Depende de sus contenidos. En las actuales circunstancias, ¿alguien en su sano juicio puede pensar que es posible llegar a un pacto capaz de poner en marcha la política económica que se necesita para salir de la crisis con este Gobierno? ¿Deben la oposición y la patronal dar su plácet a la estrategia de estatificación de la economía nacional o contentarse con moderar esa tendencia para evitar males mayores?
La respuesta a esas preguntas es negativa. Quien no sea consciente de que en el postcovid-19 habrá que optar entre un sistema sustancialmente colectivizado y uno de libre empresa no está entendiendo nada. Por añadidura, ni este PSOE es el de 1977 ni Unidas Podemos es el PCE de la Transición. Por tanto, quien esté dispuesto a convalidar un modelo insostenible, incapaz de sacarnos de la crisis y sentar las bases de la recuperación, cometerá un grave error de percepción e incurrirá en una enorme responsabilidad. España está en una encrucijada decisiva y la misión de la oposición no consiste en ser el compañero de viaje de este Gobierno, sino en plantearle una alternativa que permita superar la situación a la que su estrategia económica nos conduce. Esta tarea quizá sea ingrata y desagradable, pero es la que toca.
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