El sistema de financiación autonómica es uno de los principales soportes de la arquitectura institucional de España. Un instrumento imprescindible a través del cual las comunidades pueden financiar sus gastos en sanidad, educación y servicios sociales de forma más o menos equitativa. Cada año reciben en torno a 90.000 millones de euros, el equivalente al 9% del PIB, de los impuestos cedidos por el Estado (50% del IRPF, 50% del IVA y 58% de los impuestos especiales).
La fórmula sobre la que se distribuye esa cantidad genera terribles tensiones territoriales y políticas. Todas las comunidades recelan del resto y reclaman cada vez más recursos para sí. Se quejan insistentemente de los perjuicios del sistema cuando, evidentemente, todas no pueden salir mal paradas.
Lo cierto es que este mecanismo tan importante para el equilibrio del Estado es opaco, complejo, confuso y está cuajado de parches que tratan de tapar injusticias históricas o compensar reclamaciones políticas. Eso es lo que piensan la mayoría de los expertos consultados para elaborar esta información.
“Es como un Frankenstein”. Así lo calificó uno de los 50 catedráticos de Hacienda Pública que participaron hace unos meses en un seminario organizado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) y la red de investigadores en financiación autonómica y descentralización financiera en España (RIFDE) para debatir sobre el modelo y proponer alternativas para mejorarlo. “Un Frankenstein sí, pero que refleja la realidad”, matizó otro de los asistentes.
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