ECONOMÍA ELECTORAL

Llegan las elecciones. Y crece el gasto público. Se ha convertido ya en una regla y el Gobierno no se va a privar de que se cumpla una vez más. Y menos cuando la sensación de recuperación puede convertirse en el principal as electoral del PP. Los primeros trazos de este plan de gasto ya se conocen: se devolverá la extra a los funcionarios incluyendo una entrega en metálico; se aumentará el gasto social de las autonomías con un nuevo mecanismo de apoyo a las regiones; y se reducirán los intereses que tienen que pagar las comunidades rescatadas de forma que puedan incrementar aún más el gasto. Es decir, que con una previsión de déficit de casi 60.000 millones a cierre de año, seguimos elevando el gasto público. Porque el gasto, y no el crecimiento sin deuda, sigue siendo el principal anzuelo electoral.

> Así es. Y esa es la principal causa de que la deuda del conjunto de las administraciones se haya elevado por encima del billón de euros (1.007.319 millones). Por culpa de los distintos derroches convertidos en bazas electorales. Muchos son antiguos: procedentes de aquella época reciente en que el déficit llegó a superar el 11% mientras se nos hablaba de la Champions. Pero otros son el fruto de haber pasado los últimos años sin cortar en seco algunas de las partidas de derroche y sin abordar la necesaria reforma en profundidad de la Administración. Punto, este último, en el que lejos de prosperar, el debilitamiento de las expectativas del PP y el auge de una izquierda radical llevarán a un peligroso aumento del gasto autonómico.

> Y es que Hacienda ha decidido ampliar la liquidez regional –es decir, los fondos disponibles de las comunidades– en más de 1.300 millones retrasando hasta 2032 el pago de las devoluciones negativas de los años 2008 y 2009. En otros 2.000 millones, por medio de la posibilidad de las CCAA acogidas al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de diferir los pagos de amortización de 2015 correspondientes al rescate. Y en 2.000 millones más, gracias a la rebaja de los intereses autonómicos del FLA. Unas medidas que, sólo en el caso de Cataluña, supondrán un aumento de liquidez de 1.900 millones en pleno desafío separatista. En resumen, que volvemos a la economía electoral, a la del cheque y gasto público. Y con la deuda pública disparada. Un peligroso combinado que nadie dude de que acabaremos pagando.

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