El viernes negro estaba prohibido

 El viernes negro estaba prohibido

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Visto con los ojos de hoy puede parecer extraño, pero la campaña de rebajas comerciales, que inicia la temporada de navidad, estaba prohibida hasta no hace mucho tiempo. En España la libertad económica y empresarial siempre se ha visto como un riachuelo que era mejor desecar. Todavía hoy los "enemigos del comercio", que diría Escotado, abundan y son mayoría en el paisanaje local.

La historia política da muchas vueltas y hace extraños compañeros de cama. Hubo un tiempo en que el partido socialista contó con un ministro partidario de abrir la economía nacional a las iniciativas individuales. Miguel Boyer liberalizó en 1985, entre otras cosas, muchas de las normas que restringían el comercio al por menor, aunque dejó la aplicación de tales medidas al desarrollo normativo de las comunidades autónomas. De manera que la práctica totalidad de los gobiernos locales acabaron por esterilizar lo liberalizado.

Los dirigentes de los gobiernos autonómicos tienen una marcada tendencia a sobre-regular los sectores económicos que consideran que les pueden apoyar. La idea es, supuestamente, proteger a los empresarios ya instalados con respecto a los que podrían constituir una nueva competencia. Así, con esta brújula se redujeron los días en que los comercios podían abrir sus puertas, y también los periodos del calendario en que pudiesen llevar a cabo campañas de rebajas.

De esta forma, los descuentos realizados durante esta tercera semana de noviembre, es decir, los del “viernes negro”, estuvieron literalmente prohibidos durante mucho tiempo. No importó que se pudiesen dinamizar las ventas y, por tanto, la actividad generadora de empleo y riqueza. La prensa vinculada al poder, mayoritariamente, apoyaba las restricciones a pesar de la evidencia de que estaban perdiendo los suculentos ingresos publicitarios que la campaña conlleva.

Sin embargo, las rebajas son una excelente oportunidad para llevar a cabo lo que los economistas denominan “discriminación de precios”, una práctica que permite el incremento de los ingresos por ventas. Pues, en resumidas cuentas, consiste en vender un mismo producto, o servicio, a diferentes precios a públicos diferentes con la finalidad de captarlos todos.

Tras el estallido de la crisis de 2008 se llegó a formar un amplio consenso para salir de la misma, sin las trampas ligadas a la inflación, mediante el diseño de políticas reformistas que permitieran alcanzar mayores niveles de actividad económica y, por tanto, de prosperidad. Una de esas reformas consistía en retomar la liberalización comercial pendiente desde 1985, lo que incluía permitir mejores horarios comerciales y periodos de rebaja liberalizados.

Fue por ello que, en 2012, los nuevos gobiernos de aquel momento eliminaron muchas de las restricciones comerciales en vigor. De esta forma, los empresarios más dinámicos aprovecharon la cultura difundida por Hollywood para importar el Black Friday, añadiendo así un nuevo periodo de promociones a los tradicionales de Reyes y verano.

Como ha ocurrido con todas las reformas, al introducir algún tipo de novedad, los sectores más reacios al cambio protestaron y organizaron manifestaciones, aunque rápidamente quedó demostrado que la liberalización resultaba ser muy positiva incluso para aquellos que más se opusieron a ella. En este sentido ayudó mucho el que la prensa percibiese, de forma casi inmediata, el maná publicitario de todos aquellos establecimientos que iniciaron la primera campaña.

En definitiva, la introducción del viernes negro en nuestros comercios es una lección que debería ser recordada en los libros de texto de política económica. Sectores como el de las ITVs, del taxi, etc podrían aprender mucho. Aunque, ¡Claro! recurrir a la inflación es más sencillo.

 

La narrativa del tranvía

 La narrativa del tranvía

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Desde hace ya mucho tiempo, creo que décadas, y con independencia de si están gobernando o no, el PSOE promete la construcción de un utópico tranvía en Palma. Convirtiéndolo, a través de la prensa colaboracionista, en el símbolo de una vuelta a la ciudad pacífica, amable y añorada que se desvaneció en algún momento de la historia. De esta forma pasan los años, y las legislaturas, y la historia se repite de forma casi virginal.

Ocurre que, en la lógica socialista, como en la lógica nacionalista, que todo aquello que no funciona correctamente es debido a algún grupo malhadado al que hay que arrinconar o, llegado el caso, destruir. Así, por ejemplo, si hay pobreza la responsabilidad es de los ricos acaparadores y egoístas, de manera que sometiéndolos y quitándoles su riqueza el problema, prometen, que quedará solucionado. De igual manera, sí el Govern no puede crear alguna otra agencia más, en donde colocar afines, la culpa es de los de “Madrid”, que escatiman la correspondiente financiación.

Pues bien, siguiendo esa misma lógica el tranvía fue desterrado de la ciudad por la presión de los automovilistas invasores. Antoni Noguera solía mencionar, bajo la complaciente mirada de Hila, a la “Dictadura del Automóvil” como uno de los males a combatir para lograr la anhelada ciudad utópica que prometía en sus discursos. De esta forma, en la narrativa de socialista, y de sus correspondientes socios, combatiendo esa mecanizada tiranía resultará sencillo alcanzar la utopía.

Y no conviene olvidar que el origen filosófico-político del socialismo es el que Marx bautizó como “Socialismo Utópico” por prometer a sus feligreses un diseño nuevo, y supuestamente racional, de una sociedad capaz de resolver todos los problemas. El propio pensador alemán concibió al comunismo como el paradisíaco éxito final del socialismo.

Así pues, la izquierda de ahora, que ha redescubierto el poder de la "narrativa" sobre la compleja realidad, necesita una utopía urbana, y un enemigo al que combatir y desplazar para alcanzarla. El tranvía ocupa ese papel al permitir que los medios afines al Govern divulguen imágenes idílicas, recreadas con las más modernas tecnologías, de ciudadanos sonrientes y felices, observando el paso del revivido medio de transporte. Al mismo tiempo, ese recobrado artefacto contribuye a desplazar al infame vehículo privado que, de forma execrable, viene señoreando las calles de nuestra amada Ciudad.

Por añadidura, el automóvil es un bien privado, que potencia la individualidad y la libertad personal, mientras que el tranvía es un vehículo colectivo carente de cualquier tipo de discrecionalidad al tener que desplazarse sobre raíles inamovibles. Ciertamente, el sueño socialista en forma de locomotora, vagones, cables y, sobre todo, vías incrustadas en el pavimento.

Poco importa que esa utopía no se llegue a alcanzar, tan sólo se ha firmado un protocolo cuyo objetivo es el despliegue propagandístico. Poco importa que exista la alternativa del "Transbus" que no necesita ni de tinglados de cables, ni de vías. Poco importa la incompatibilidad entre raíles y bicicletas o patinetes. Poco importa que la mayoría de urbes se planteen la construcción de una red suburbana cuando alcanzan el medio millón de almas. Lo importante es el sentimiento que el tranvía permite transmitir a la ciudadanía. Pues son ellos, los socialistas, los defensores de aquel vehículo recordado en viejas fotografías color sepia que sucumbió víctima de la dictadura del individualista automóvil, producido, además, por multinacionales capitalistas. Por fin se habrá hecho justicia.

Quizás sea que la imaginación vuela, o que me siento adoctrinado por esas nuevas leyes que reescriben la historia, pero tengo la impresión que el tranvía de Palma cumple, para sus promotores, un papel parecido al de su deseada república que siempre está por llegar.

Tributación sin representación: inflación

 Tributación sin representación: inflación

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La inflación equivale a un impuesto que no ha pasado por la cámara de representantes, y que, por tanto, nunca ha sido aprobado en las instituciones democráticas. Se podría decir que es un tributo creado saltándose los trámites establecidos para tales figuras, cuya base imponible es el total del dinero que tienen los habitantes de un país.

Sin duda, es el impuesto más tentador para todos los gobiernos, aunque lo emplean en mayor medida aquellos los populistas cuya motivación esencial es el mantenimiento del poder a cualquier precio. Ciertamente, como la democracia se inventó para limitar el poder tributario, aprobar nuevos impuestos legales conlleva riesgos, la historia está llena de gobiernos que han caído por ello. Incluso, se han producido asesinatos, como el del ministro mallorquín Cayetano Soler en tiempos de Godoy, quien encontró la muerte tras aplicar un gravamen a un bien tan básico y popular como el vino. Es por eso que, los más ambiciosos dirigentes, ávidos de poder, prefieren recurrir a la degradación del dinero; que eso y no otra cosa es la inflación.

Cuando los déficits públicos se financian con la venta bonos que nadie quiere adquirir por miedo a futuros impagos por exceso de deuda, a los bancos centrales no les queda más remedio que "imprimir" nuevos billetes para poder comprarlos.

El propio Adam Smith fue consciente de este fenómeno cuando escribió: “En todos los países del mundo, la avaricia y la injusticia de los príncipes de los Estados soberanos, abusando de la confianza de sus súbditos, han disminuido gradualmente la cantidad verdadera de metal que primitivamente contenían sus monedas”.

Por supuesto, la impresión de dinero no crea riqueza, -sí no fuese así quizás podríamos dar la bienvenida, y celebrar, a los falsificadores-. Sin embargo, está forma de actuar sí tiene potentes efectos redistributivos. Con la inflación las deudas se reducen a costa de reducir también los ahorros. Es decir, se produce una transferencia de renta desde los ahorradores (perdedores) a los deudores (ganadores).  Como los gobiernos son los principales deudores, son estos los principales beneficiarios del desastroso fenómeno que estamos experimentando. Pero, es que, además, los colectivos mejor organizados (empleados de servicios públicos, etc.) serán capaces de mantener, o incluso acrecentar, sus retribuciones, a diferencia de los que no tengan tal capacidad. Es decir, los ganadores económicos dejan de ser aquellos que más contribuyen al bien común, para pasar a ser los más chantajistas.

De hecho, los economistas suelen proclamar que el endeudamiento gubernamental supone trasladar el pago del gasto actual a las generaciones futuras. Así que, podemos concluir, que la inflación no es más que el pago de los enormes déficits en los que, desde hace años, incurren nuestras administraciones acumulando una deuda a la que se puede hacer frente por las vías ordinarias. O, dicho de otra manera, ahora toca vivir peor para pagar aquello que se gastó en su momento. La irresponsabilidad fiscal de los gobiernos está en la base que ha roto el axioma occidental según el cual los hijos podían aspirar a vivir mejor que los padres.

Ahora bien, la inflación es un impuesto muy destructivo, a pesar de su alta capacidad recaudatoria, pues, por un lado, al desaparecer los incentivos al ahorro se merman las posibilidades de crecimiento futuro, mientras que por otro se dificultan que el sistema de precios cumpla su papel, ya que puede resultar difícil saber si un precio sube porque se ha producido un cambio de preferencias o condicionantes o, simplemente, porque el dinero se está corrompiendo. Sin un sistema de precios libres que asegure el “cálculo económico” no hay posibilidad de que la economía funcione adecuadamente.

De hecho, es esta dificultad la que emplean los potentísimos aparatos propagandísticos del gobierno para trasladar la responsabilidad de la inflación a agentes externos, como ocurre en la actualidad con la Guerra de Ucrania.

Ahora bien, por encima de los males económicos, está el mencionado en el título de este artículo. Se daña a la democracia al saltarse sus mecanismos más preservadores. Europa que ha sido un bastión de la de los sistemas de gobiernos con poder limitado parece que ahora sé lo toma menos en serio al relajar exageradamente sus propias normas sobre la necesaria y democrática disciplina fiscal.

El año sin verano

La erupción, en 1815, del volcán del monte TAMBORA en Indonesia, unida a un mínimo de actividad solar, provocó una disminución de la temperatura media mundial de 0, 7º. El año siguiente 1816 fue el llamado año sin verano. Fue un año en el que disminuyeron las cosechas provocando importantes hambrunas, sin embargo, fue muy productivo desde el punto de vista cultural.

Un grupo de jóvenes intelectuales aburridos paso una temporada en Villa Diodati, una mansión a orillas del lago Lemán, cerca de Ginebra. El mal tiempo reinante hizo que no pudieran disfrutar del verano, por lo que decidieron entretenerse contándose historias de terror. Allí estaban Lord Byron, Mary W. Shelley y John Polidori, entre otros. De esos juegos saldrían las novelas Frankenstein de Mary Shelley y El Vampiro de Polidori, que fue la obra que inspiró a Bram Stoker a escribir Drácula.

Además, otro efecto la actividad del Tambora fue que la acumulación de polvo en suspensión en la atmosfera, que reflejaba o dispersaba rayos solares, hizo que los atardeceres y amaneceres fuesen algo rojizos y tremendamente bellos durante varios años lo cual quedó reflejado en muchos de los cuadros del movimiento cultural romántico de esa época.

Tomado del libro "Ecologismo real" de J.M. Mulet

Limitar la compra de pisos a no residentes

 Limitar la compra de pisos a no residentes

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El pobrismo es el recurso natural de aquellos políticos incapaces de promover una sociedad que gane en prosperidad y bienestar. El nacionalismo de todos los partidos y, también la izquierda actual, se caracteriza por considerar que la armonía social, descrita por la “mano invisible” de Adam Smith, no es posible. Así, permanentemente identifican grupos sociales contrapuestos y antagónicos, ricos versus pobres, nacionales versus foráneos, rurales versus urbanos, hombres versus mujeres, etc. Este es el fundamento profundo de la propuesta de volver a limitar la compra de viviendas a los no residentes que ya existió en tiempos de la dictadura.

Ciertamente, las políticas antiliberales desarrolladas en los últimos años, principalmente por las coaliciones de nacionalistas y comunistas con socialistas, han desembocado en un escenario económico declinante, en el cual los distintos grupos sociales sólo pueden aspirar a mejorar su posición si empeora la correspondiente a algún otro grupo.

El rampante intervencionismo gubernamental nos ha conducido a un tipo de economía en el cual las perspectivas de un crecimiento sostenido no se alcanzan a vislumbrar. Pues, por un lado, han supuesto una fuerte expansión del sector público más improductivo, que está lastrando al resto, al tiempo que se coarta el potencial imaginativo y creativo típico del genuino capitalismo.

Este triste panorama contiene el caldo de cultivo que puede activar la conflictividad social, pues, por supuesto, con tales políticas junto a algunos grandes beneficiados, otros resultan notablemente perjudicados. Así que para evitar esos posibles estallidos hay que crear una narrativa según la cual la pobreza contenga algún elemento de superioridad moral. Eso es el pobrismo.

Sin duda, la alternativa a la propuesta realizada estos días podría haber consistido en hacer de las Islas una tierra de oportunidades que crease las condiciones para liberar el talento de cualquiera que decidiese que esta es su tierra, contando con excelentes servicios de educación y otros, de tal forma que, razonablemente, se pudiese aspirar no sólo a la compra de una vivienda aquí, sino en cualquier lugar del orbe. Una visión que parecía que se podría haber abierto paso en los años en que el Parlament no acumulaba la actual montaña legislativa. Sin embargo, poco a poco, las posibilidades económico-creativas se han ido cercenando sepultadas bajo un creciente número de páginas del BOCAIB.

Ahora estamos donde estamos. El tiempo de pagar las deudas acumuladas, vía inflación y empobrecimiento, ha llegado. Lo ha hecho, además, en un complicado momento de desglobalización que, lógicamente, conlleva mayores costes productivos para todos, también para los baleares. Por ello no debe extrañar que resurjan propuestas que creíamos olvidadas, tal como la aquí comentada.

No será la última ocurrencia que nos evoque los años cincuenta del siglo XX, a pesar del propagandístico antifranquismo de los actuales dirigentes. De hecho, ya conocemos otras iniciativas en esa línea como la limitación de los alquileres, los subsidios cruzados, etc.

En cualquier caso, también hay que recordar que el último año de aquella década, trajo consigo grandes cambios que alteraron por completo la visión pobrista dominante, y el horizonte de los baleares, con el Plan de Estabilización de 1959.

 

Trabajadores vs consumidores, y la política

Trabajadores vs consumidores, y la política 

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Todos somos consumidores y la mayoría, también, trabajadores. De esta forma, nuestra perspectiva de la economía cambia si la miramos desde nuestra posición de compradores, o si lo hacemos desde la nuestra posición de productores. Una contradicción que los políticos populistas-cortoplacistas aprovechan para hacer sus ofertas electorales con graves consecuencias para el conjunto de la sociedad.

Como consumidores preferimos la libre competencia, los precios voluntariamente pactados, la libertad de empresa y la innovación que conlleva. Los productos, o los servicios, suelen ser mejores, de mayor calidad y a precios más ajustados, con lo que mejora al conjunto de la sociedad. Sin embargo, como trabajadores preferimos que la empresa en donde estamos empleados tenga poder de mercado, esto es, que actúe como monopolista, o con alguna clase de protección o privilegio gubernamental en forma de regulación. Es lógico, en competencia se trabaja más y se cobra lo justo, mientras que si esta no existe los salarios pueden ser mayores y las condiciones de trabajo más benignas.

En líneas generales los empleos públicos, tanto de sus administraciones como de sus organismos y empresas, responden a esquemas de oferta monopolística. Lo mismo sucede con aquellas empresas que operan en áreas fuertemente reguladas o intervenidas. En ambos casos los salarios son más elevados, con menores cargas laborales de todo tipo.

Ocurre, como decíamos, que en los sectores privados competitivos es en donde se produce la innovación y la ganancia de productividad que se traduce en mejoras generales (tanto salariales como otras), mientras que en los monopolísticos no se produce ni una cosa ni otra, aunque siempre vayan por delante en retribuciones. Así que mientras los primeros sean mayoritarios y los segundos minoritarios la economía puede avanzar. Pero resulta que, en general, la gente se siente más identificada con su profesión, o con su ocupación laboral que con su papel de consumidor. Al mismo tiempo, está claro que, como consumidores, los trabajadores monopolísticos, con sus mayores salarios, pueden disfrutar más de las ventajas de la competencia que los propios trabajadores de estos mismos sectores.

El político populista cortoplacista, por tanto, tiene más incentivos para intentar ofrecer más puestos de trabajo en los sectores de empleo privilegiado que en conseguir una estructura económica más dinámica que genere mejoras y prosperidad general fomentando la competencia. Este es el motivo por el cual, en las campañas electorales, se observa todo un abanico de promesas que llevan implícitas, bien de creación directa de empleos públicos, bien más regulaciones (restricciones a la competencia) en los sectores privados, o la creación de nuevos segmentos de actividad nacidos al calor de normativas de promoción ideológicas, como puede ser el nacionalismo lingüístico, el feminismo, el animalismo, etc.

Esta forma de aprovechar la dicotomía consumidor-trabajador, por parte de la política, es la que dio lugar a los regímenes corporativistas del pasado que, de forma lenta, constituyeron un potente freno al progreso de las naciones que lo abrazaron. Motivo por el cual, tras aproximarse a auténticos períodos de hundimiento, se tuvieron que iniciar procesos de desmontaje de tales prácticas.

España participó de estas formas de corporativismo durante las primeras etapas de la dictadura de Franco para, posteriormente, desmontarlas progresivamente mediante diferentes procesos de liberalización. Lo que permitió al país ascender en todos los rankings más significativos. Pero de un tiempo a esta parte, se le ha dado la vuelta a la tortilla, porque la dinámica electoral, propia de nuestra democracia, tristemente ha terminado por favorecer aquel tipo de actuaciones.

Es cierto que la izquierda y los nacionalismos tienen una mayor tendencia que la derecha a discurrir por esta vía. Pero también es cierto que es posible que ese sea uno de los fundamentos por los cuales han gobernado durante más tiempo que la derecha. De hecho, los españoles, durante bastante tiempo, estuvieron acostumbrados a tener un nivel de vida inferior al de otros países europeos. Así, casi no resulta extraño que un nuevo descenso en los rankings comparativos se esté aceptando con normalidad.

En esta línea han ido las muchas medidas intervencionistas planteadas por los partidos del Govern. Sin esa tradición corporativista, quizás podrían haber realizado propuestas alternativas liberalizadoras con el objetivo principal de elevar el nivel de vida de todos baleares y no solo de algunos.