Desgraciadamente la democracia española nunca ha sido del todo bipartidista, pues junto con los grandes partidos, con opciones de gobernar, siempre han existido otros de corte nacionalista o independentista que, de forma sistemática, se han decantado por el populismo centrifugo gozando de una gran capacidad de influencia también en el ámbito nacional.
Más tarde, a raíz de la crisis del 2008, surgió el un renovado populismo comunistoide que denunciaba que la alternancia en el poder del PSOE y el PP no era capaz de resolver los nuevos retos se estaban planteando. Y que, sobre todo, que no era capaz de materializar la auténtica rendición de cuentas que se supone comporta un cambio de gobierno.
Por último, la indefinición de aquel momento del Partido Popular en materia autonómica, al mostrarse, por un parte, relativamente próximo algunos de los planteamientos de determinados nacionalismos al tiempo que parecía apostar por una centralidad fiscal, que ahora, con Madrid al frente, está decidido a enmendar, conllevó la aparición de nuevas agrupaciones en el ámbito de la derecha cuando acaecieron los hechos del 2017 en Cataluña.
De esta forma, visto con perspectiva, quizás se puede observar como los partidos sin opción de gobierno han tenido un fuerte protagonismo en el devenir político en la democracia española. De hecho, es evidente que también se gobierna desde la oposición, o con alianzas muy puntuales, y así lo han hecho con notable éxito, de forma especial, los nacionalistas.
Las opciones políticas que no aspiran al gobierno se sienten menos constreñidas tanto a hora de elegir los problemas sociales como a la hora de realizar propuestas de solución, de manera que tienden a dedicar sus esfuerzos a construir relatos -en muchas ocasiones fantásticos o fantasiosos- que pueden acabar teniendo una gran influencia en el cuerpo electoral y, por tanto, indirectamente en quien está al frente el timón de mando.
Así, en mi opinión, muchos de los problemas sociales de nuestro país tienen su origen en una inadecuada política que ha sido, y es, el resultado de la influencia de los partidos más pequeños. El fuerte crecimiento del gasto público (con frecuencia mero gasto político), la dualidad en el mercado laboral, la configuración del recibo de luz (con sus grandes costes regulatorios), la burocratización de la administración, el deficiente funcionamiento de los lobbies de presión, la politización de la educación, el problema catalán, etc., etc. tienen, con frecuencia, su fundamento inicial en los relatos y las ofertas de los partidos que se presentan a las elecciones sin el freno que supone la perspectiva de tener que rendir cuentas desde una institución de gobierno (recordemos como Pujol, el gran populista, nunca quiso ministros convergentes).
Un bipartidismo realmente asentado supone un filtro añadido para las propuestas más estrambóticas y/o extremistas, así como para aquellas de corte populista. Una garantía automática para una política más estable, con mayor seguridad jurídica y con debates de mayor profundidad y, por tanto, con mayores posibilidades de éxito. Ahora, bien para que el bipartidismo se pueda dar en plenitud, los partidos tienen que ser más abiertos, más permeables y, sobre todo, menos dependientes de quien ejerza su liderazgo en un momento concreto.
La selección de las élites y cuadros que estarán al frente de las instituciones, es otra de las importantes labores que se realizan en el seno de los partidos. Y qué duda cabe que ésta será más rigurosa cuando realmente se tenga que hacer frente a los complejos problemas de la sociedad actual. Los gobiernos de coalición de 22 ministros además de inoperantes, necesariamente, tendrán que contar con personas menos solventes y preparadas.
Por todo ello, personalmente soy un firme partidario del bipartidismo, y desde hace tiempo sostengo que las leyes electorales, sobre todo en lo que hace referencia a la configuración de las circunscripciones marcan poderosamente el tipo de las organizaciones políticas que forman parte del juego democrático. Pienso, así, que el principal debate que debería abordar la sociedad española, y especialmente la balear, es el debate electoral, por muy difícil que este sea.
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