Una vez más el Gobierno se inclina por el efectismo mediático sobre la actuación para iniciar las reformas que la economía española necesita de una forma cada vez más urgente. No obstante, la principales medidas adoptadas responden a la obligatoria adaptación española a la llamada directiva Bolkestein, que es de obligado cumplimiento para todos los estados miembros de la Unión a partir del 2010.
La esencia de este Anteproyecto para adaptarse a la Directiva Bolkestein es la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios a través de sustituir la supervisión ex ante, por la supervisión ex post. Esto significa que, por regla general, un prestador de servicios podrá operar sin más limitaciones que las que se le imponen a cualquier otra actividad económica.
Sólo podrán exigirse requisitos a la libre prestación de servicios cuando estén debidamente justificados por razones de salud pública, de protección del medio ambiente, de orden público o de seguridad pública; sean proporcionados y no sean discriminatorios por razón de nacionalidad o domicilio social. Esperemos que estas cláusulas no se utilicen como coartada para limitar la libre entrada en los diferentes mercados.
Por primera vez se van a establecer obligaciones legales para que todas las Administraciones evalúen sus autorizaciones, trámites y cualquier requisito que exija para el desarrollo de una actividad con criterios objetivos, transparentes y contrastables. Los ciudadanos podrán exigir la supresión de requisitos no justificados, desproporcionados o discriminatorios. Se crea un instrumento legal para que todas las administraciones se pongan de acuerdo entre ellas y eviten solicitar trámites por duplicado y presenciales.
Este paquete normativo tendrá efectos sobre el sector de los Rent-a-Car ya que se suprimen requisitos tales como contar con un número mínimo de coches para alquilar o el contar con un local de unas dimensiones determinadas. Es decir, se eliminan algunas de las "barreras de entrada", que han configurado al sector tal como ahora la conocemos.
Dada la importancia del sector en las Baleares, veremos como reacciona el Govern, bien aceptando estos cambios o bien limitando la libertad de mercado através de las clausulas que permiten, por la vía medioambiental o de salud pública, intervenir en los mercados.
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