Noticia de Diario de Mallorca.
viernes, 8 de mayo de 2015
jueves, 7 de mayo de 2015
Cada balear paga una media de 940euros al año a su ayuntamiento
Noticia tomada de El Mundo El Día de Baleares
martes, 5 de mayo de 2015
Báñez anuncia la ampliación a febrero de la bonificación a los fijos discontinuos
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado este martes que la bonificación del 50 % de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores fijos discontinuos que se incorporen en marzo y noviembre se extenderá también al mes de febrero para incentivar la prolongación de la temporada turística.
Báñez ha dado a conocer esta iniciativa en respuesta a la “petición del Gobierno de las Islas Baleares y del sector turístico” del archipiélago durante un encuentro organizado en Palma por la Federación de Autónomos (ATA).
La ministra ha resaltado que esta medida se puso en marcha en 2012 con el propósito de “alargar la permanencia en el empleo y luchar contra la estacionalidad en un sector que es clave para la recuperación” económica de España.
El ejecutivo de Balears, la comunidad española con más trabajadores fijos discontinuos, confía en que en el próximo mes de febrero un millar de empresas se beneficien de esta medida mediante a contratación bonificada de unos 9.000 trabajadores, según ha explicado el conseller balear de Economía, Joaquín García.
Autor: mallorcadiario.com
domingo, 3 de mayo de 2015
miércoles, 29 de abril de 2015
lunes, 27 de abril de 2015
¿Adiós al paraíso de los eléctricos?
Noruega, el paraíso de los coches eléctricos, puede dejar de serlo en breve. En mayo, el Gobierno de aquel país decidirá si mantiene los privilegios a estos vehículos que han permitido que, con 5,1 millones de habitantes, en 2014 se vendieran allí 18.090 eléctricos. Para situarnos, más que en ningún otro país de la UE, casi uno de cada tres que se comercializaron en todo el Viejo Continente y menos de la mitad que en EEUU, donde la clientela potencial es de 320 millones de personas.
martes, 21 de abril de 2015
El adelanto de la temporada provoca un récord de fijos discontinuos en marzo
El adelanto de la temporada turística tiene un efecto directo en el empleo. Prueba de ello son las llamadas a los trabajadores fijos discontinuos.
En marzo de este año se registró un récord de afiliados con este tipo de contrato, según datos de la Dirección Provincial en Balears de la Tesorería General de la Seguridad Social.
El mes pasado había 32.284 trabajadores fijos discontinuos indefinidos afiliados a la Seguridad Social, el mayor número en un mes de marzo de los últimos tres años. Este incremento se corresponde con una mayor apertura de establecimientos hoteleros. Un 46,6 % de la planta hotelera de Mallorca estaba abierta en marzo, un 5,4 % más que el mismo mes del año pasado, según datos de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), que ya ha constatado un adelanto de la temporada.
La secretaria de Ocupación de CCOO, Silvia Montejano, recordó que el trabajador fijo discontinuo es el primero al que llaman las empresas y que este año, el incremento de afiliación en marzo coincide con el inicio de la Semana Santa, a principios de abril. Montejano lamentó que si bien hace años el trabajador fijo discontinuo estaba en activo hasta diez meses al año, «ahora justo llega al medio año». Por ese motivo, desde CCOO abogan por mejorar la calidad del empleo.
jueves, 16 de abril de 2015
Aguiló, una apuesta personal de Duran en Palma
A más de uno le sorprendió que Pep Ignasi Aguiló, exconseller de Economía, Hacienda y Ocupación en el primer...
martes, 14 de abril de 2015
lunes, 13 de abril de 2015
sábado, 11 de abril de 2015
viernes, 10 de abril de 2015
miércoles, 1 de abril de 2015
lunes, 30 de marzo de 2015
El 1 de abril se pone fin a 30 años de cuota láctea en el mercado de la UE
La Comisión Europea pondrá fin el próximo miércoles a la aplicación de las cuotas lácteas nacionales impuestas por Bruselas hace 30 años. La libertad de producción de leche abre un nuevo escenario cargado de interrogantes en el sector, tanto sobre la producción como sobre la industria. Sin embargo, la liberalización, al menos a medio plazo, despeja un panorama de oportunidades para aquellas explotaciones y empresas que sean cada vez más eficientes, innovadoras y competitivas.
elpais.com
elpais.com
jueves, 26 de marzo de 2015
miércoles, 25 de marzo de 2015
El déficit público de la CAIB se vuelve a incrementar
Una mala noticia. Hay que recordar que el déficit se transforma en deuda, y, por tanto, en más impuestos. Habrá que redoblar esfuerzos.
Tomado de Ultima Hora.
lunes, 23 de marzo de 2015
Los productos agrícolas no subvencionados son los que mejor funcionan
Una nueva lección de liberalismo:
DiariodeMallorca.
DiariodeMallorca.
viernes, 20 de marzo de 2015
¿A quien engaña la ex-alcaldesa Aina Calvo?
Ayer, la exalcaldesa Aina Calvo dijo que el que Barceló participara en el concurso para la adjudicación del Palacio de Congresos era una indignidad porque se sintió extorsionada. Hoy recibe respuesta:
Tomado de El Mundo-El día de Baleares
Tomado de El Mundo-El día de Baleares
jueves, 19 de marzo de 2015
miércoles, 18 de marzo de 2015
La nueva sede del BCE en Francfort: un proyecto faraónico
Hasta ahora, el edificio que ocupaba el organismo era alquilado
Ha costado 1.300 millones, casi un 50% más de lo inicialmente previsto
La nueva sede está formada por dos torres de cristal unidas por un atrio
martes, 17 de marzo de 2015
La 'guerra de Airbnb': Competencia, Gobierno y CCAA, a la gresca por el alquiler vacacional
Airbnb puede ser el (inesperado) escenario de la próxima batalla política en España. En la última semana, Hacienda, las comunidades autónomas y las autoridades de Competencia han movido ficha en el sector de los alquileres vacacionales privados. El éxito de las webs de alojamiento a través de internet (especialmente de la americana) preocupa a unos y alegra a otros. No está claro qué pesará más, si su capacidad para generar ingresos para las administraciones o la presión de la industria.
Así, el miércoles de la semana pasada Hacienda presentaba su Plan de control Tributario y Aduanero para 2015 con un objetivo claro: internet y los nuevos servicios colaborativos. El Ministerio habla de "actuaciones de control sobre los prestadores de servicios que comercialicen sus bienes o servicios a través de Internet para garantizar la adecuada tributaciónde las rentas generadas". Incluso, amenaza con mandar a los chicos de Montoro a los pisos en alquiler con el objetivo de detectar actuaciones irregulares.
Dos días después, era la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la que entraba en escena y anunciaba la interposición de un recurso contencioso-administrativo "contra el Decreto 79/2004, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico en la Comunidad de Madrid". En concreto, la CNMC alega que el artículo 17.3 de ese Decreto, que prohíbe alquilar una vivienda para uso turístico menos de cinco días, es un "obstáculo a la competencia efectiva". Según el recurso, con este tipo de normas, "se restringe la capacidad de elección del consumidor (eliminando del mercado a cierto tipo de operadores) o se elevan los costes de estos operadores, lo que se vería reflejado en el precio que los consumidores deberán pagar". Por eso, la Comisión asegura que "la medida no está justificada en términos de necesidad y proporcionalidad y producirá una restricción grave para la competencia en este mercado".
La presión
Madrid no es la única región que ha legislado en contra de los intereses de este tipo de web. Como puede verse en esta recopilación de idealista news, prácticamente todas las regiones han aprobado normas (o las van a aprobar en el futuro cercano) para limitar o controlar la capacidad de los particulares para alquilar sus viviendas. El lobby hotelero presiona fuerte para detener un nuevo tipo de negocio que sienten que amenaza su futuro.
En realidad, Competencia, Hacienda y comunidades autónomasplantean cuestiones diferentes, pero que al final pueden acabar teniendo puntos en común. En principio, puede parece que el Gobierno central, las regiones y los hoteleros tradicionales forman un frente común. Todos ellos lanzan la misma acusación contra Airbnb y otras webs similares: que operan al margen de la ley, no pagan impuestos y se benefician así de una suerte de competencia desleal frente a los negocios establecidos.
Sin embargo, aunque en eso hay consenso, la aproximación al problema es diferente. Las regiones y las empresas hoteleras lo que quieren es prohibir la actividad y utilizan argumentos no sólo fiscales (también se habla de seguridad para los clientes, higiene de los alojamientos o molestias para los vecinos). A primera vista, lo que pretende Hacienda es otra cosa muy distinta: aprovechar esta nueva burbuja para recaudar. Y España es uno de los principales destinos turísticos del mundo por lo que hay mucho margen para obtener ingresos.
Sólo con coger los datos de Airbnb ya podemos hacernos una idea del tamaño del pastel. La compañía asegura que ya tiene más de 800.000 alojamientos en todo el mundo y gestiona más de 10 millones de reservas al año. ¿Cuánto corresponde a España? ¿A qué cantidad aspira Hacienda con su amenaza de inspecciones?
La cuestión es importante porque cambia por completo el terreno de juego. Como apuntamos, uno de los argumentos clásicos contra estos negocios es que no pagan impuestos. Y está claro que a la mayoría de los propietarios de las casas les interesa mantenerse como hasta ahora,por debajo del radar de Montoro. Pero cuidado, si Hacienda consigue su objetivo también acabaría de un plumazo con la acusación. Es decir, lo que puede ser malo por un lado podría servir por el otro para legitimar la situación de la compañía. Además, a esto se podría sumar la petición de Competencia de no interferir en el mercado; una postura que también debería ayudar al negocio.
En un país como España, la patronal de los hoteles siempre va a tener peso. Pero cuidado, no hay que minimizar la presión de la opinión pública. Si Competencia se une al bando de los usuarios y además las administraciones públicas comienzan a ver a las webs como una fuente de nuevos ingresos, no será tan fácil acabar con la actividad.
Una de las claves de la guerra de los taxistas con Uber, con un primer asalto que ha terminado con la victoria parcial de las organizaciones del sector, ha sido que la multinacional norteamericana prácticamente no había iniciado sus operaciones. Con el negocio en marcha y cientos de miles de clientes habría sido políticamente mucho más complicado echarle el cierre.
En este sentido, Airbnb y otras empresas similares tienen mucho ganado. Por una razón u otra, han conseguido establecerse antes de que las administraciones se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Habrá gresca seguro. Los hoteleros presionarán. Las regiones han escogido bando. En el caso del Gobierno central no está tan claro. Y en mitad de todo este follón la pregunta que sobrevuela no es fácil de responder: ¿se puede permitir España, tercer destino turístico del planeta, prohibir o dificultar la actividad de la empresa turística más exitosa de la última década?
viernes, 13 de marzo de 2015
Los fijos discontinuos crecen un 29% en 2014
Menos parados registrados, más ocupados aunque trabajan menos horas y menos población activa, son las claves de los cambios que experimentó el mercado laboral balear en en 2014. El empleo empieza a repuntar.
ultimahora.es
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martes, 10 de marzo de 2015
domingo, 8 de marzo de 2015
jueves, 5 de marzo de 2015
Los chicos sacan peores notas pero confían más en sí mismos que las chicas
... las chicas tienen menos confianza en sí mismas y eso es, quizá, lo que les impide llegar más lejos en su desarrollo profesional. Las mujeres ganan un 15% menos que los hombres en los países de la OCDE y sólo ocupan uno de cada cuatro cargos directivos en las empresas españolas.
elmundo.es
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sábado, 28 de febrero de 2015
Una propuesta de reforma electoral para Baleares
Reflexiones políticas del autor del blog que incluyen una primera propuesta de REFORMA ELECTORAL EN BALEARES (Borrador início discusión)
La crisis económica que se inicia en 2007 puso sobre la mesa la necesidad de modernizar y adaptar las estructuras económicas y políticas nacionales a la nueva realidad mundial caracterizada por un mundo mucho más interconectado e interdependiente. Que conlleva la exigencia del aprovechamiento exigente de los recursos, es decir, la necesidad de estar permanentemente vigilante para evitar despilfarros.
Desde mayo de 2010 cuando el Gobierno de entonces decide reconocer la existencia de la crisis y su gravedad, se pone en marcha un proceso reformista, que se verá reforzado con la llegada al poder del PP junio de 2011 en las CCAA y seis meses después el Gobierno del Estado.
Se llevan a cabo reformas importantes, como la modificación de la propia Constitución en aras a una mejor administración de los recursos públicos; reformas sobre el sistema de pensiones; sobre todo el sistema financiero con la desaparición de la práctica totalidad de las antiguas Cajas de Ahorros; sobre una parte de la legislación laboral; sobre la política energética desarrollada hasta ese momento; sobre parte de la legislación fiscal, etc.
A nivel autonómico, la mayoría de las comunidades han seguido ese mismo camino, con cambios en la legislación comercial, de turismo, territorial, etc.
Sin embargo, muchas de esas reformas no se han podido completar y muchas otras han quedado, simplemente pendientes, como la reforma de la propia administración pública. Debido, principalmente, a la fuerte contestación social que ha experimentado todo el proceso.
Parte de esa contestación social que puede tener su origen en una crisis añadida a la económica de representatividad, ya que los ciudadanos perciben a los políticos como personas distantes, que toman decisiones de forma desconectada con respecto a los deseos de sus representados.
A lo que hay que añadir el afloramiento de muchos errores de inversión pública y de acción política cometidos en el pasado, cuyo máximo ejemplo son la gran cantidad de infraestructuras sobredimensionadas y, muchos de los casos de corrupción frecuentemente vinculados.
En buena medida, el el rechazo al cambio es lógico y fácilmente explicable, ya que los potenciales perdedores evitarán que se produzca, mientras que los potenciales ganadores no estarán seguros de una ganancia que, ciertamente, todavía está por venir. Sin embargo, cuando el cambio es imprescindible como con la actual crisis, una parte del rechazo proviene de la incomprensión que generan las decisiones tomadas en un ámbito político que se percibe como distante y oscuro.
La ciudadanía observa los parlamentos, tanto nacional como autonómicos, como aquellos lugares en donde se juega una especie de partido de fútbol en que los goles se meten cuando se le dice al contrario “y tú más”. Dejando una amarga sensación de orfandad tanto para la comprensión de las medidas tomadas, como para la búsqueda y comparación de las alternativas de solución..
Sin embargo, cuando se produce una situación de decrecimiento o estancamiento económico la política tiende a ganar protagonismo al transformarse la economía en un juego de suma cero, en donde la única forma de ver un futuro mejor es a costa de otros grupos sociales
Todo esto debería haber puesto sobre la mesa la necesidad de reformar los propios partidos políticos y el sistema de representación. Sin embargo, esta reforma no ha estado en ninguno de los potenciales foros. Se toman decisiones de reforma que casi nunca afectan a los propios dirigentes. Generando una sensación de frustración que se ha traducido en la percepción de que la alternancia en el gobierno ha dejado de ser un instrumento de rendición de cuentas de los políticos para con la ciudadanía.
Ciertamente, la duración de la crisis ha provocado que la alternancia en el poder no haya reducido el descontento con nuestro sistema político.
La aparición de partidos radicales, creados de forma rápida, con mensajes populistas de corte extremista, se ha de interpretar más, como una reacción a la situación descrita, que como de una alternativa.
El Partido Popular, que tiene en su haber, las realización de complicadas reformas económicas que comienzan a dar frutos de forma satisfactoria, tiene la oportunidad de liderar un nuevo proceso de cambio, esta vez en el ámbito estrictamente político, que contribuya a aumentar la vinculación del conjunto de la ciudadanía con sus líderes políticos, al tiempo que refuerza el papel de las instituciones. Contribuyendo decisivamente a la necesaria estabilidad que requiere toda sana economía.
Una reforma de los partidos, y sobre todo, del sistema de representación podría ayudar a recuperar la confianza en la política. Pues un mejor sistema de representación podría facilitar la completar las reformas pendientes. La calidad de la política estará muy correlacionada con la calidad de los resultados.
Decía el Premier británico Disraeli que los partidos políticos son la opinión organizada de un país, al agregar preferencias, presentándolas en forma de programas, con la iniciativa en el debate, implementado políticas públicas y seleccionando a la élites.
Sin duda, los partidos políticos son, y deben seguir siendo, la pieza fundamental para la participación de la ciudadanía en la res-pública. Por ello es fundamental minimizar la percepción negativa que de ellos tiene una parte nada despreciable de la población.
Quizás, parte del problema reside en que los partidos son organizaciones que también necesitan adaptarse a la demanda de “más política” que existen entre los ciudadanos. De hecho, hasta ahora, se ha intentado que prime la fortaleza de la organización sobre la propia participación de la militancia y simpatizantes, utilizando el instrumento de las listas cerradas y bloqueadas, mediante un sistema de representación proporcional que permite la participación de las minorías.
viernes, 27 de febrero de 2015
Reforma electoral y económica
Nuevo artículo publicado hoy, que se puede leer en versión completa en: El Económico de UH. En la versión impresa no aparece el último párrafo.
En la versión también está completo, se puede ver en:ultimahora.es
En la versión también está completo, se puede ver en:ultimahora.es
miércoles, 25 de febrero de 2015
Syriza se arrodilla ante la Troika
Tras varias semanas de postureo por ambas partes, el nuevo gobierno de Syriza ha parido finalmente la ratonil lista de reformas a cambio de la cual se prorroga la extensión del plan de rescate de la Troika (perdón, de “las instituciones”). Pese a toda la retórica antiausteridad con la que Syriza se encaramó al poder, al final la radical izquierda helénica se ha quedado en un servil propio de Bruselas (hasta el punto de que, al parecer, la lista de reformas fue redactada por un eurócrata de la Comisión Europea).
A continuación les adjunto un resumen de las más llamativas:
- Subida efectiva del IVA: Syriza acepta “racionalizar” los gravámenes del IVA para “maximizar los ingresos” por la vía de “limitar exenciones y descuentos no razonables”. Por tanto, probablemente no veremos subidas en los tipos, pero sí reclasificación de productos (en línea con lo que también ha hecho Rajoy en España).
- Subida del IRPF: Nuevamente, se habla de “modernizar el impuesto sobre la renta” y de “eliminar exenciones”. No habrá probablemente subidas de tipos nominales pero sí efectivos: como cuando Rajoy eliminó la deducción por compra de vivienda habitual o limitó la de aportaciones a planes de pensiones.
- Lucha enérgica contra el fraude fiscal: Aunque a los adalides de la supremacía estatal todo lo que suene a “combatir el fraude fiscal” les encanta, reparemos por un momento que el fraude en materia de IVA suele concentrarse en las rentas bajas y, sobre todo, que el fraude en el impuesto sobre la renta y sobre la Seguridad Social se concentra en Grecia entre los trabajadores autónomos (el 50% de ellos ni siquiera cotiza). Por tanto, una efectiva lucha contra el fraude significará una brutal subida de impuestos, especialmente para los más desfavorecidos. Así debe ser como Syriza lucha contra la “crisis humanitaria”: sableando a las clases medias y bajas cual déspota montoril.
- Rebaja de las pensiones: Evidentemente, la carta no lo expresa de este modo, pero su significado es obvio. Syriza se compromete a “establecer una mayor relación entre las contribuciones a la Seguridad Social y la renta”. Como se ha hecho en España, se alargará el período de cómputo de la base reguladora y se reducirá el porcentaje aplicable a la base reguladora. Resultado: menores pensiones per cápita.
- Alargar la edad de jubilación: Como es obvio, tampoco se expresa de manera clara en la carta (la transparencia ante el pueblo no es el fuerte de Syriza), pero no otra cosa significa “eliminar las laguna y los incentivos que dan lugar a una excesiva tasa de jubilaciones anticipadas por toda la economía”. De nuevo, calcado a lo que ha hecho Rajoy: trabajar más y cobrar menos.
- Consolidar los planes privados de pensiones como forma de reducir los gastos de la Seguridad Social: Sí, ha leído bien, Syriza promoverá el uso de los planes privados de pensiones para evitar que los gastos en la Seguridad Social sigan creciendo. Supongo que a esto se referirán muchos cuando hablan de “desmantelar y privatizar por la puerta de atrás el Estado de Bienestar para promover el negociete de los bancos”. Bueno, si es así, en Grecia disponen de todo un referente al respecto.
- No readmisión de los funcionarios despedidos por los anteriores gobiernos: Syriza se compromete a no bajar los sueldos de los funcionarios pero tampoco tiene permitido incrementar el gasto total en salarios públicos. O dicho de otra forma, ni subidas salariales ni nuevas contrataciones (salvo para reponer la plaza de algunos de los funcionarios que se vayan jubilando). Como Rajoy, vaya.
- Recortes en educación, sanidad y asistencia social: Syriza se compromete a “revisar y controlar el gasto en todas las áreas de la administración (educación, defensa, transporte, ayuntamientos y beneficios sociales)”. Asimismo, también habla de “controlar el gasto sanitario y mejora la provisión de servicios de calidad, asegurando el acceso universal”. El lenguaje típicamente troikiano (idéntico al utilizado por Rajoy para aprobar sus propios recortes) apunta, como poco, a que los recortes anteriores se mantendrán cuando no ahondarán. No habrá más gasto en servicios sociales, de modo que es de suponer que la “crisis humanitaria” provocada por el austericidio en materia de política social seguirá tal cual.
- Mantener todos los compromisos de privatizaciones de activos públicos: Las privatizaciones ya acordadas se mantendrán en las condiciones aprobadas por los anteriores gobiernos (¿Syriza ratifica el reparto caprichoso de “lo público” acometido por la “cleptocracia anterior?). Los proyectos de privatización no se cancelarán, si bien podrán revisarse las condiciones preliminarmente acordadas.
- La Troika decidirá cuándo se sube el salario mínimo: Aquí sí son bastante claros cuando dicen que “la magnitud y el momento de cambiar el salario mínimo se consultará con los socios europeos y las instituciones internacionales, incluyendo la OIT, así como de una nueva autoridad independiente que evaluará si los cambios en los salarios van en línea con la mejora de la productividad y de la competitividad”. Primero aumento de la productividad, luego aumento de los salarios mínimos. Lo mismo que hemos venido escuchando en España desde hace años.
- Se mantendrán los desahucios: Aunque la carta habla de que “se colaborará con la dirección de los bancos y con las instituciones [Troika] para evitar ejecuciones de la vivienda principal por debajo de un umbral de renta” (umbral no especificado) y de que “se tomarán medidas para apoyar a las familias más vulnerables que no pueden pagar sus deudas”, ambas actuaciones están restringidas a no perjudicar la capitalización de los bancos ni el déficit público (nada distinto, por cierto, a lo que ya viene sucediendo en España con el código de buenas prácticas bancarias aprobado por el PP). En materia de desahucios, de lo que se trata es de repartir un agujero entre familias, bancos y gobierno: si nos dicen ni bancos ni gobierno se van a comer ese agujero, ¿quién cree que lo seguirá asumiendo? Obvio: las familias. No en vano, la misma carta enfatiza la necesidad de “promover una intensa cultura del pago de las deudas familiares”. No habrá simpa, sino mucho compa.
- Lucha contra la crisis humanitaria sólo sobre el papel: El último de los epígrafes contenidos en la carta recalca el compromiso del gobierno griego de luchar contra la crisis humanitaria que asuela al país. Es una loable declaración de intenciones que, sin embargo, tiene un problema: no va acompañada de dotación presupuestaria. A la postre, la condición que ha aceptado Grecia para implantar este programa es “garantizar que la lucha contra la crisis humanitaria no tendrá efectos fiscales negativos”. Vamos, que nada nada de déficit para financiar la medida estrella de su campaña electoral.
Súmenle, además, a esta lista de reformas el “compromiso inequívoco” que asumió la propia Syriza en el Eurogrupo del pasado viernes sobre la necesidad de “cumplir con todas las obligaciones financieras plenamente y en el momento acordado”.
A la vista de todo ello, Syriza queda irreconocible: una mera calcomanía del Pasok y de Nueva Democracia salvo acaso porque para muchos Tsipras sea más simpático y empático que Papandreu o Samarás. Pero, en última instancia, ni aumento del gasto social, ni rebaja de los impuestos, ni readmisión de funcionarios, ni “desprivatizaciones”, ni reestructuración de la deuda. Nada. Tan sólo han quitado a unos de la poltrona para ponerse ellos. Casta y neocasta.
Eso sí, recuerden siempre que estamos hablando de un gobierno griego: nadie se sorprenda si Syriza, como ya hicieran el Pasok y Nueva Democracia, no cumple ni uno solo de sus compromisos. El papel lo aguanta todo.
Competencia multa con 32,4 millones a cinco petroleras por pactar precios
Multa millonaria para las petroleras por pactar precios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha impuesto sanciones por un total de 32,4 millones a cinco petroleras por los precios de las gasolinas. Competencia sanciona a Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil con un total de 32,4 millones de euros, aunque el grueso corresponde a Repsol y Cepsa.
elpais.com
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lunes, 9 de febrero de 2015
Reformar la Ley Electoral según Esperanza Aguirrre
De un tiempo a esta parte todas las conversaciones sobre política acaban con la conclusión de que España está viviendo momentos de especial gravedad y que tiene que hacer frente a problemas de inusitada dificultad. Muchas veces esa constatación es expresada, incluso, con un pesimismo que roza el catastrofismo. Ese pesimismo me parece, por un lado, injustificado, y, por otro, enormemente peligroso.
Es verdad que los momentos que vivimos no son fáciles, pero también es verdad que los españoles hemos vivido momentos mucho más difíciles y hemos sabido superarlos. Como también es verdad que nunca en nuestra historia hemos contado con un marco político más democrático y más adecuado para afrontar todos esos problemas: la Constitución Española de 1978.
El catastrofismo que aparece en muchas de esas conversaciones de los últimos tiempos hunde sus raíces en los graves problemas que están en la boca de todos: la crisis económica con la secuela tremenda del paro, el desafío independentista de los nacionalistas catalanes y, para terminar de oscurecer el cuadro, los escandalosos casos de corrupción de demasiados políticos.
En ese caldo de cultivo es donde hay que enmarcar propuestas de ruptura como las que propugna, sin ambages, Podemos. Ante las dificultades que plantea la crisis económica, ante las tensiones independentistas y ante la corrupción en la que han caído algunos –demasiados– políticos, Podemos quiere hacernos creer que la solución mágica es su propuesta de dar por liquidado el régimen constitucional de 1978.
Es una constante en la Historia de España la de hacer tabla rasa de lo ya existente, para, a continuación, querer empezar todo de cero. Con consecuencias siempre nefastas. Basta contemplar la historia de la elaboración de las Constituciones Españolas, que, en muchos casos, se ha guiado por la ley del péndulo y por el afán de imponer a media España la voluntad de la otra media. En este sentido, como en muchos más, la Constitución del 78, ésa que algunos quieren jubilar de manera insensata, es el ejemplo de lo mejor que ha producido la clase política española en los dos últimos siglos.
Al contrario de lo que propugnan los catastrofistas, es precisamente nuestra Constitución del 78, la Constitución del consenso y de la concordia, el marco más adecuado para afrontar la solución de todos los problemas que hoy nos acucian.
De esto no tengo la menor duda. Como tampoco la tengo de que ha llegado la hora de hacer política muy en serio. Fernando Savater, en un libro aparecido hace poco (Defensa de la ciudadanía Ed. Ariel), dice: «ser político en el sentido auténtico del término, no en el insultante y pueril, es preferir enmendar errores a linchar culpables». Creo que es un acertado consejo para todos. Claro que ese consejo implica taxativamente la enmienda de los errores por parte de los políticos. No me refiero a la corrupción, porque la corrupción no es un error, sino un delito gravísimo en un político. Me refiero a todos los errores en los que los políticos han –hemos– caído en los más de 36 años de vida constitucional que llevamos.
Errores que, además de la corrupción, han acabado por provocar una innegable desafección de los ciudadanos hacia los políticos.
Una de las causas de esa distancia que, cada vez más, separa a políticos y ciudadanos, la tenemos en el funcionamiento interno de los partidos políticos. Los partidos políticos hoy viven y se mueven hacia adentro, siempre pendientes de sus cúpulas dirigentes, que mantienen muy pocos canales de comunicación con los ciudadanos e, incluso, con sus propios militantes de base.
Esta situación es el resultado de los casi 38 años de vigencia de una Ley Electoral, que está pidiendo a gritos ser reformada. Porque con las listas cerradas y bloqueadas, los electores sólo conocen al cabeza de lista, que, además, es el único que de verdad se la juega en las elecciones.
Con el sistema actual los políticos acaban por preocuparse y ocuparse sólo de agradar al líder de su partido, que es el que les va a colocar en las listas en puestos de salida, en vez de preocuparse y ocuparse de servir a los ciudadanos que les han votado.
Puede no ser fácil la reforma de la Ley Electoral, pero es imprescindible. Lo que sería imperdonable es que no se aborde por egoísmo partidista o por miedo a que entre aire fresco en los partidos.
Antes de abordar las posibles reformas de la Constitución, que algunos propugnan, puede que de buena fe, sería mucho mejor consensuar una nueva Ley Electoral. Y no hacer caso ni a los catastrofistas ni a los que, con la excusa de que algunas cosas no van bien, quieren cargarse todo lo que tanto ha costado conseguir.
jueves, 5 de febrero de 2015
Discutiendo con el sector de más a la derecha
Mi tesis, que defendí en solitario ayer en el Club Diario de Mallorca es que hemos vivido y, aún estamos viviendo una crisis económica, no de valores. Pues con el decrecimiento económico la economía se convierte en un juego de suma cero en donde cada grupo sabe que la única forma de mejorar es a costa del empeoramiento de otros por lo que aparece el conflicto que, cuando es suave, se manifiesta en forma de tensión política.
Por eso aparecen tensiones independentistas en Cataluña o se vuelve a pensar que el leninismo de podemos es una solución.
No obstante, en España están pendientes dos grandes reformas: La de la financiación autonómica, hacia una mayor responsabilidad fiscal de las Comunidades, y la electoral que debe tender a limitar el enorme poder que tienen las cúpulas de los partidos.
martes, 3 de febrero de 2015
Baleares ha eliminado 104 entes públicos y 2.044 empleados
Baleares ha eliminado 104 entes públicos y 2.044 empleados
Baleares es, por detrás de Andalucía (132), la región que mayor número de entidades públicas ha disuelto
03.02.2015 | 11:36
diariodemallorca.es/Efe.Palma
La comunidad autónoma de Baleares ha eliminado 104 entidades del sector público desde 2012 y ha reducido su plantilla en 2.044 personas, lo que se ha traducido en un ahorro de 324 millones de euros, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En conjunto, las comunidades autónomas han suprimido en el mismo periodo 715 entidades de su sector público y entre 2011 y 2015 han reducido su plantilla en 53.544 personas.
Baleares es, por detrás de Andalucía (132), la región que mayor número de entidades públicas ha disuelto, y le sigue Cataluña (90).
Los datos corresponden al informe sobre reordenación del sector público autonómico con fecha de 1 de julio de 2014 -que se hace público ahora- para analizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Según ese informe, los procesos de reordenación y racionalización llevados a cabo por las autonomías entre 2011-2015 han supuesto un ahorro de 21.587 millones de euros por medidas de racionalización.
Desde 2012, se han producido 526 bajas de entes públicos y otras 189 entidades han cesado sus actividades o están en fase de liquidación, lo que supone un total de 715 entidades extinguidas o en fase muy próxima a la extinción.
El objetivo asumido por las autonomías en 2012 era acabar con 508 entes públicos, superado en un 41 % a estas alturas, pero en el último informe esos compromisos han aumentado hasta las 834 entidades, 326 más que las previstas inicialmente.
Así, cuando las autonomías cumplan el objetivo de supresión de entidades, habrán reducido su sector público instrumental en un 35,18 % y pasará de los 2.371 entes de 2012 a 1.537.
De este modo, el número de entidades será inferior a las 1.702 del año 2003, cuando se creó el inventario de entes dependientes de las comunidades autónomas.
Castilla-La Mancha es la región que más empleo publico ha destruido, con 15.399 empleados menos que en 2011, seguida por Cataluña (12.842) y Comunidad Valenciana (9.089).
El mayor ahorro, según las estimaciones de Hacienda, lo ha logrado Cataluña, con 6.675 millones de euros, mientras que la Comunidad Valenciana ha conseguido ahorrar 3.276 millones y Madrid 2.902.
En el informe no se incluyen los entes públicos del País Vasco, aquellos en los que participan varias comunidades autónomas ni los de Ceuta y Melilla.
domingo, 1 de febrero de 2015
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