Un error de Martí March
March es un tipo agradable de risa amplia que utiliza para desengrasar los
problemas serios, generando empatía y complicidad en sus interlocutores. Hasta
ahora, le ha tocado ocupar el cargo de Conseller de Educación en unas
condiciones en las que la abundancia de recursos económicos no hacía prever
ninguna dificultad importante. Además, al incorporar a su equipo a algunos de
los miembros más activos de los movimientos nacional-corporativistas del sistema,
la paz del sector parece haber estado asegurada.
Quizás
por ello, su mandato ha ido pasando sin gran pena ni gloria con el coste que
eso significa para una agrupación gubernamental de izquierdas que considera la
educación un coto propio, del que hay que mantener alejados a los partidos de
la derecha, sobre todo si muestran actitudes más liberales y abiertas.
Seguramente por eso, y mientras las normas de Rajoy estaban vigentes, decidió
elaborar una ley educativa autonómica que le proporcionará el protagonismo que
le faltaba a su paregórico mandato. Una ley que, por supuesto le dejó de
interesar cuando, de forma sorpresiva, otra coalición afín se hacía con el
gobierno de la nación anunciando también otro nuevo código más.
Pues
bien, aparte de otros temas de desigual relevancia, un punto del borrador de la
no nata ley, redactado de modo algo confuso, señalaba que la educación balear
debía “blindar” su financiación
mediante una vinculación férrea y directa al PIB. Cuando en noviembre se
presentó el anteproyecto, ese vínculo hubiese supuesto un incremento del
presupuesto educativo de una enorme magnitud, sin que la norma indicara que
otras partidas debían disminuir su participación porcentual. Por lo para
lograrlo se auto-concedían un largo plazo de ocho años, evitando que el actual
equipo, al frente de la Conselleria, asumiera ninguna responsabilidad.
Sin
embargo, correlacionar financiación y PIB tiene sus grandes peligros. Dejando
de lado, sin que el borrador lo mencione, que lo más recomendable es maximizar
la transparencia, calculando y publicando el “coste efectivo” de cada servicio con la finalidad de mejorar en
eficiencia actuando donde se detecte mayor necesidad. Pues el éxito de las
políticas educativas, a partir de un determinado nivel, depende mucho más de cómo se gaste que de cuánto se gaste.
Efectivamente,
si la ley-March hubiese tenido
vigencia plena en esta crisis sanitario-económica, las partidas destinadas al
sistema educativo se hubiesen visto disminuidas en la misma proporción del PIB,
que según el Govern será de un -31%. Es decir, el presupuesto de la Conselleria
tendría que disminuir en una cantidad tan descomunal que resultaría, a día de
hoy, aproximadamente equivalente a la mitad de las retribuciones del
profesorado. Dicho en otras palabras, la broma supondría un ajuste similar a la
mitad del salario de los docentes.
Con
tal bomba de relojería, sin duda, el mandato del Conseller hubiera dejado de
ser tranquilo y anodino. Incluso es posible que él mismo hubiese prefiriese
irse y refugiarse en las bellas tierras pollensinas antes que gestionar tal
despropósito. O tal vez, como el presidente Sánchez, tendría que haber montado una compleja estrategia para
decir “digo” en donde dije “Diego”. Y es que el crecimiento
económico nunca está asegurado, son muchos los condicionantes que requiere,
aunque algunos los den por supuestos.
Pep
Ignasi Aguiló, economista.
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