Reducir el peso del sector público para no tener que reducir los salarios.

La competitividad empresarial española.

La competitividad consiste en que el público prefiera los artículos o servicios producidos en España antes que los producidos en otro lugar. Lo que pasa, haciendo un necesario ejercicio de simplificación, por dos grandes ejes.

El primero es que los costes de producción estén contenidos, al menos, a  un nivel similar al de las mejores prácticas empresariales mundiales. Pues para ser los elegidos en el entorno de gran competencia internacional actual, los precios tienen que estar en la línea de los que ofrecen los otros competidores.

En segundo lugar, los productos y servicios marca España tienen que diferenciarse lo suficiente como para que los compradores potenciales puedan identificarlos como singulares y mejores, en calidad u otra característica, a los de la competencia.

Para conseguir lo primer hay que considerar que los principales costes empresariales, hoy por hoy, son seis: Las materias primas, la energía, los intereses, los alquileres, los impuestos, y los salarios.

Como los salarios también son el principal componente de la demanda, es importante que estén a un nivel que permita el crecimiento económico. Por lo que lo deseable es que sean las otras partidas las que se ajusten a los niveles que permitan la competitividad.

Veamos, las materias primas generalmente están sometidas a precios marcados en mercados internacionales, por lo que la política económica carece de influencia.

Sin embargo, los precios de la energía si están muy condicionados por las políticas desarrolladas. En España, por ejemplo, el precio de la electricidad es uno de los mayores de Europa, que a su vez es muy superior al que rige en muchos otros países como pueden ser los propios Estados Unidos. Lo cual es fruto de una continuada intervención gubernamental a través de la elaboración de sucesivos planes energéticos de corte soviético. Un razonamiento similar, aunque quizás más matizado, se podría hacer con otras fuentes de energía.

Por eso es urgente proceder a una liberalización ordenada del sector, que evite cargar a los usuarios costes distintos de los netamente energéticos. En este sentido queda mucho camino por recorrer; con las dificultades que conlleva ser un sector de poca competencia empresarial, que se resistirá al cambio no sólo retorciendo los argumentos, sino también la propia información.

Respecto al tercero los costes, los intereses, se puede observar como el anuncio de adopción de una política económica ortodoxa lleva a una reducción de la “prima de riesgo” que podría traducirse en una disminución de los tipos para el público. Aunque para que eso se produzca tiene que pasar dos cosas, la primera es completar la reforma del sistema financiero con la correspondiente capitalización de las instituciones que han sobrevivido al tsunami. La segunda condición es que se reduzcan las enormes necesidades de financiación del sector público, que es el principal consumidor del crédito, y de momento casi único beneficiario de la reducción de los tipos. Es decir, la disminución de los costes financieros pasa por una fuerte reducción del gasto público.

El mercado del crédito español es muy dependiente del extranjero, ya que en el país no se genera el suficiente. Lo que a su vez es debido a un exceso de consumo e inversión tanto de particulares como de empresas y administraciones públicas. Por lo que también es necesario fomentar la virtud del ahorro, lo que puede hacerse con distintos instrumentos, siendo el principal el sistema fiscal que debe modificarse (reforma fiscal) para conseguir incentivar la producción por encima de consumo, esto es: el ahorro.

Quizás, se pueda intentar alguna fórmula provisional mientras ambos procesos se completan, pero sin cambiar los condicionantes profundos sólo se podrán obtener resultados muy parciales.

Por lo que hace al precio de los alquileres se puede observar como han experimentado cierta moderación durante los últimos tiempos, tras la reforma financiera que ha comenzado a dar frutos. Aunque todavía tienen que recorrer una buena parte del camino hacia abajo. Para conseguir este objetivo, otra vez la reforma fiscal puede jugar un importante papel, junto con la adecuada administración del Sareb.

Por último, uno de los costes empresariales diferenciales más importantes lo constituyen los impuestos. Un país con impuestos elevados no puede ser competitivo en un entorno como el actual caracterizado por procesos productivos que desbordan las fronteras nacionales.

Ahora bien, reducir impuestos sin reducir el gasto público sólo lleva a incrementar los déficits y las necesidades de financiación pública que acaban produciendo, como se ha señalado más arriba, incrementos de los tipos de interés. Por lo que la única forma realmente sólida de reducir los tributos es reduciendo el gasto público. Y de forma muy especial todo el relacionado con las ayudas y subsidios corporativos. Siguiendo una línea iniciada en Baleares es importante que no sean los gobiernos los que elijan ni empresas ni sectores campeones, sino que sea el propio público y la habilidad de los trabajadores y empresarios quien lo haga.

A pesar de que una parte de los ajustes ya están hechos como demuestra la buena marcha de las exportaciones, estamos en uno de los momentos más cruciales de una crisis que ha incrementado el peso del sector público desde el 37% del PIB a más del 48% actual. Fijarse de forma especial en esta variable, vigilando su evolución a la baja será algo beneficioso para la competitividad, lo que a la vez que permitirá que los salarios, que hasta ahora han protagonizado buena parte del ajuste, puedan recuperarse a niveles adecuados y deseados.

En cuanto al otro eje, dejamos su análisis para otro momento. Como también dejamos para otro tuit el análisis de la competitividad de las empresas de baleares, que suman a la citadas, la necesidad de contención en los costes del transporte tanto de personas como de viajeros.