Abanderados de la descentralización fiscal

Abanderados de la descentralización fiscal

mallorcadiario.com

Por fin el Partido Popular se ha decidido a alzar, en todo el país, la bandera de la competencia fiscal entre comunidades autónomas. Una muy buena noticia que, en el futuro, se debería redondear con una modificación del sistema de financiación autonómica, mediante un reparto más claro y transparente del reparto de los principales tributos, es decir, dejando en las manos exclusivas de las CCAA algún impuesto fuerte como puede ser el IRPF.

Los políticos, como cualquier otra persona, no son seres angelicales, sino que tienen sus propios intereses particulares. Es por eso que los sistemas institucionales les marcan los incentivos para desarrollar su labor.  Si se gobierna una institución que únicamente tiene capacidad de gasto, como ha sido caso de las CCAA, se tenderá a gastar en exceso, tal como ha venido ocurriendo. De ahí que tengamos múltiples y costosos organismos públicos de dudosa utilidad social creados tan solo con el ánimo de conseguir más votos. Y no hay que olvidar que el peso del sector público descansa sobre el privado que, por ello, cuando se enfrenta a mercados abiertos, lo hace con plomo en las alas.

Por esta razón hay que aplaudir que un partido político de ámbito nacional se haya decidido a abanderar la autonomía tributaria de una forma clara y contundente. Pues, si bien es cierto que la presidenta de Madrid hace tiempo que viene defendiendo esta posición, parece que ahora se está haciendo extensiva a otras comunidades en donde se gobierna o se tienen opciones a hacerlo a partir del próximo año.

La filosofía subyacente bajo la descentralización fiscal, bien encauzada, puede acabar promoviendo sistemas fiscales más atractivos que contribuyan, por la vía del estímulo al crecimiento, al mantenimiento de servicios públicos robustos sin necesidad de recurrir a los déficits generadores de múltiples desequilibrios. Es decir. Las comunidades más osadas pueden convertirse en imanes para los sectores más creativos, dinámicos y menos prejuiciosos de la sociedad global, con efectos beneficiosos de todo tipo y para todos.

Nada hay más político, y por tanto menos técnico, que discutir sobre la tributación. Sabemos, desde la pandemia, que los comités de expertos en este tipo de temas se pueden elegir a gusto del pagador. Este es uno de los motivos por lo que le duele tanto a la izquierda, y a los contradictorios y erráticos nacionalistas, la bandera ahora izada. De la noche a la mañana, la iniciativa política ha pasado al campo de los populares.

El esperpento que supone ver a Armengol, y a sus gurús económicos, pedir una mayor centralización (aunque la llamen armonización) es de tal dimensión que, me temo, que más pronto que tarde, tendrán que hacer algún tipo de replanteamiento. De hecho, el haber expuesto a Escrivá, para defender esta postura anti-autonomista, en vez de al propio Sánchez, hace pensar en que el PSOE deja abierta la puerta a la rectificación.

España, y sus comunidades, tienen un problema que se llama déficit público, origen principal de la actual inflación y de muchos otros males. Es un problema que no se va a solventar subiendo los actuales tributos, ya de por sí elevados, sino haciendo que estos configuren un sistema más coherente y atractivo que, al mismo tiempo, desincentive aquella parte del gasto gubernamental que es meramente político y que, por tanto, no se destina a los servicios públicos demandados por la población.

Como señalaba al principio, el órdago lanzado por los del PP para ejercer plenamente la corresponsabilidad fiscal, actualmente en vigor, debería desembocar en una propuesta de modificación del sistema de financiación autonómico, con la finalidad de poder identificar a las comunidades con alguno de los grandes tributos. Así, tal como ocurre con los ayuntamientos, los presidentes regionales tendrían menos incentivos al exceso de gasto y más a administrar mejor de acuerdo con las auténticas preferencias de los ciudadanos.

En democracia no es infrecuente que un partido asuma postulados de sus adversarios, aunque previamente los haya descalificado. Toni Blair o Bill Clinton gobernaron aprovechando el enorme potencial de las ideas liberal-conservadoras a las que previamente se habían opuesto. Por lo que me atrevo a pronosticar que, si el Partido Popular continúa profundizando, no en la corresponsabilidad fiscal, sino en la responsabilidad fiscal, defendiendo este principio como elemento básico del próximo modelo de financiación autonómica, los gurús económicos de los socialistas, y de los nacionalistas, le acabarán siguiendo, aunque, lógicamente, nunca acepten reconocerlo.

 

Dos daños colaterales de los persistentes déficits públicos

 Dos daños colaterales de los persistentes déficits públicos

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La gente, los partidos políticos y los gobiernos se preocupan mucho de incrementar el gasto público, incluso aunque en muchas ocasiones sea mero gasto político, sin preguntarse nunca de donde proviene ese dinero. De este modo hay fuertes incentivos para gastar por encima de lo recaudado, teniendo que apelar al endeudamiento para endosar la factura a las generaciones que todavía no tienen derecho a voto o que, sencillamente, todavía no han nacido.

Si esa tendencia no se corrige, tal como es nuestro caso, sino que además se agrava, al residir las principales partidas de gasto en manos de unas administraciones (las comunidades autónomas) diferentes a las que recaudan (central); entonces las necesidades de endeudamiento se vuelven endémicas, y finalmente, sólo pueden ser financiadas mediante el engaño de la sobre-impresión de dinero. Un viejo truco practicado históricamente en momentos de decadencia.

Cuando se produce un aumento significativo en el volumen del dinero y crédito en circulación, el valor de ese mismo dinero y crédito, se reduce. Mientras que, en paralelo, se produce el efecto de elevar el valor de otros activos como es el caso de los inmuebles.

En 2012 Mario Draghi rompió el plan y los acuerdos establecidos para fortalecer la economía del conjunto de la Unión Europea mediante una moneda sólida con aspiraciones de referencia internacional. El italiano, de esta forma, consiguió sortear la crisis de aquel momento y el aplauso general, pero lo hizo al coste de hipotecar el futuro en el que ahora ya estamos.

Efectivamente, al dar renovadas alas a los gobiernos gastadores, se dejó de pensar en los variados daños colaterales que generan los permanentes déficits públicos. Hoy me referiré únicamente a dos de ellos, el precio de las viviendas y la polarización social.

El alza del precio de los inmuebles tiene varios desencadenantes como pueden ser la falta de protección a los propietarios, el retraso en la concesión de licencia de construcción, restricciones urbanísticas, la deficiente planificación municipal, una fiscalidad inadecuada o excesiva, etc. A todos ellos hay que añadir la política monetaria expansiva (flexibilización cuantitativa) que, con el objetivo principal de financiar a los gobiernos deficitarios, opta por bajos tipos de interés y una excesiva impresión de dinero. Una actuación que tiene la consecuencia indirecta, tal como hemos señalado, provocar un fuerte incremento del precio de los activos alternativos al dinero degradado.

La política de Draghi, continuada por Lagarde, no sólo ha incrementado mucho el precio de la vivienda, sino que también ha permitido mantener el auge de los mercados de capitales. Dicho en otras palabras, han implementado un tipo de actuación altamente beneficioso para aquellos que son lo suficientemente ricos como para poseer activos. Pues, al ser el dinero prestado en esencia gratuito ha podido ser empleado por los inversores para mejorar su financiación empujando al alza sus ganancias. La combinación de ambos efectos, viviendas caras y ricos beneficiados, tiene como lógico resultado un incremento de la polarización social.

Es decir, como en materia económica todo está relacionado con todo, los gobiernos que pretenden ponerse medallas de protección social gastando por encima de sus posibilidades, acaban dañando a los sectores más vulnerables, al crearles dificultades indirectas para acceder al bien básico de la vivienda. Un capítulo más de la teoría de las consecuencias no intencionadas típica de los intervencionistas.

Sí, además, se beneficia a los mejor posicionados, profundizando las brechas de riqueza, se está produciendo un daño al conjunto de la sociedad que, de persistir, puede generar no sólo polarización sino, lo que es más grave, también confrontación y dificultades de convivencia.

Desgraciadamente, en nuestro país, el actual presidente de gobierno también opta por una política de confrontación como método para aglutinar a las minorías que le apoyan.

 

 

Pactos izquierda-derecha o viceversa

Pactos izquierda-derecha o viceversa

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Si nos fijamos en la política de los últimos tiempos ha sido una constante, desde Rajoy a Feijóo, que el PP haya ofrecido pactos al PSOE que este ha rechazado con la contundencia de frases utilizadas como eslóganes como aquel del “No es no”. Se puede afirmar que lo mismo sucede a nivel autonómico, por lo que resulta interesante reflexionar sobre esta importante cuestión.

 En primer lugar, debo advertir al lector que estoy en el segmento social que considera que la situación económica y social española atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas, por lo que considero que la posibilidad de alcanzar nuevos pactos entre las grandes fuerzas políticas con el objetivo de realizar algunas de las reformas pendientes que pudieran dotar de nuevo impulso al país y a la gente sería una buena noticia.

 Sin embargo, la política no va del bien común, sino de alcanzar y mantenerse en el poder. Por lo que las estrategias seguidas por todos los partidos van encaminadas en esa dirección. Así, desde los tiempos del primer Pacte de Progrés balear, o del Tripartit catalán, esa parte del espectro ideológico descubrió que realizar coaliciones de minorías tiene amplias ventajas. La primera es que, como en los estantes de un supermercado, la variedad permite ampliar el público objetivo. Así, si bien es cierto que la Ley d`Hont, empleada en nuestro sistema electoral, penaliza las divisiones, la suma de electores tan teóricamente diferentes como pueden serlo socialistas y nacionalistas proporciona una ampliación del campo de mayor dimensión.

 La izquierda históricamente se construye por dos grandes principios. El primero, por ser más antiguo, es el de la utopía. Así, desde los tiempos iniciales del socialismo utópico, realizan promesas imposibles de cumplir, bien por ser contradictorias (cabalgan sus contradicciones) o bien por carecer de fundamento real, al despreciar los principios esenciales de la organización social. La ensoñación utópica que ignora las limitaciones de la naturaleza se sigue utilizando porque resulta un poderoso atractivo para todo un conjunto de electores que no tiene ni tiempo ni recursos para indagar en las carencias de ese tipo de propuestas.

 El segundo principio esencial de la izquierda, lo constituye la lucha de clases o, lo que es lo mismo, el rechazo a cualquier posibilidad de armonía social espontánea. Esto se traduce en la construcción mental de enemigos como explicación narrativa de los males de los peor situados. Una construcción que, para este sector, presenta dos grandes ventajas. La fundamental es la de endosar la imposibilidad de alcanzar su utopía a sus adversarios de la derecha, asumiendo un papel el papel en héroes robinhoonianos.  Así mismo, desde los tiempos de Marx, también han identificado como enemigo a un indeterminado empresariado contrapuesto al poder del gobierno, lo que les permite justificar una expansión del estado en beneficio propio.

 Dicho en otras palabras, la izquierda necesita de mitos utópicos, ya sean igualitaristas, feministas, veganos, eco saludables o un simple tranvía para Palma; al tiempo que también requieren identificar y recrear enemigos que impidan cualquier posibilidad de armonía social espontánea. Las ventajas electorales de lo dicho hasta ahora resultan evidentes, aunque los resultados económicos y sociales de tales principios dificulten el progreso, al generar una tendencia al control excesivo que, claramente desincentivación de la creatividad individual y emprendedora.

 Alternativamente, en el ADN de la derecha rigen dos principios rectores aparentemente contrapuestos, el conservador y el liberal. No son del todo contradictorios, aunque se diferencian con claridad. El primero considera que la organización social existente es digna de preservación, mientras que el segundo considera que lo es, únicamente, en la medida en que esa organización es fruto del reconocimiento de la libertad individual, una convergencia propia de las democracias más sólidas. Con estos fundamentos, ante los cambios que de forma natural se van produciendo en la realidad social, pueden realizar propuestas moderadamente reformistas y adaptativas. De esta forma su ventaja electoral se vuelve más visible en tiempos de zozobra poco propicios para ensoñaciones.

 Definidos ambos grupos principales, resulta que las reformas pendientes, señaladas por la UE y otros organismos internacionales, van encaminadas, sobre todo, a limitar y disminuir el poder de los ejecutivos y del estado, ampliando los márgenes de acción y protección de los individuos, y reforzando el sistema de contrapesos democrático.

Se trata de un tipo de reformas aparentemente más en línea con el pensamiento de la derecha, de ahí el origen de las propuestas de pacto y el de su rechazo, aunque lo cierto y verdad es que ambos grupos tienen enormes dificultades para disminuir el propio poder que desean alcanzar y preservar.

El embrollo no tiene una fácil solución, más cuando llevamos demasiado tiempo sufriendo el llamado "efecto trinquete" de las administraciones públicas, en alusión a esos engranajes que se mueven con soltura en una sola dirección, provoca que sea muy sencillo incrementar los presupuestos gubernativos por cualquier motivación, y prácticamente imposible volverlos a ajustar.

En definitiva, los pactos derecha-izquierda podrían resultar enormemente convenientes y ventajosos para el conjunto de la sociedad, aunque hoy por hoy desgraciadamente tienen características utópicas, a pesar de que atravesamos tiempos difíciles poco propicios para ensoñaciones.

Inversiones públicas

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¿Podrá el PP cambiar el rumbo?

¿Podrá el PP cambiar el rumbo?

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Las cosas no van bien, en parte porque las dinámicas internacionales no son favorables y, sobre todo, porque la dirección de los dos gobiernos españoles (nacional y autonómico) han elegido el rumbo del populismo, conformado como una coalición de minorías con intereses diferentes del general, cuyas decadentes consecuencias expuse la semana anterior. No obstante, vivimos en una democracia, así que, aunque esta no atraviese su mejor momento, podemos concebir esperanzas de un cambio político.

Sin embargo, el populismo es un mal muy difícil de combatir incluso desde las altas esferas del Estado, pues echa raíces muy profundas que penetran por todo el entramado social con menosprecio del bien común. Tal como señalé en mi anterior artículo, el fomento de la confrontación social que ha caracterizado el mandato sanchista será difícil de superar. Sólo se podrá hacer mediante un liderazgo claro y decidido que apele a objetivos comunes compartidos. Fácil de decir, pero muy difícil de implementar sin caer en el riesgo de aceptar algunos de los perversos postulados actualmente promovidos.

 Dicho de otra forma, el PP, como alternativa de gobierno, tiene que conseguir un complicado equilibrio que, por un lado, permita al público visualizar su propósito de enmendar las políticas, las leyes, las actuaciones y la narrativa de Sánchez con sus socios; mientras, al mismo tiempo, lanza mensajes de unidad, no sólo territorial, sino también y, sobre todo, doctrinal y social. Algo sumamente enrevesado cuando se tiene enfrente al capitán del Pacte del Tinell y del “No es no” en aras a coaligar intereses minoritarios.

Además, tampoco resulta especialmente favorable la acumulación de poder por parte de organismos supranacionales con dinámicas propias y dudosamente democráticas. Ocurre lo mismo con la coyuntura internacional que ha generalizado una mala gestión de la pandemia, que pilota mal la transición energética y que sigue un erróneo y errático planteamiento de las relaciones de Occidente con Rusia y China. El mundo camina hacia una desglobalización con peligros, no solo económicos sino, lo que es peor, bélicos. Todo esto constituye una dificultad añadida para quien, en principio, desea desarrollar políticas sensatas sin dejarse arrastrar por la ola populista.

Basta hacer el ejercicio de imaginar cómo sería la situación sí el PP estuviese en el gobierno. Las huelgas, las manifestaciones de malestar y las protestas de trabajadores que pierden poder adquisitivo, o de aquellos que recibieron promesas incumplidas por la extensión de la pobreza energética o alimentaria, o por la pérdida de libertades, etc. serían algo así como el pan nuestro del descontento de cada día. Sería así, porque tanto el PSOE como Unidas Podemos, a imagen y semejanza de los nacionalistas, procuran puestos de poder que vayan más allá de las derrotas electorales. Desde los cuales pueden seguir impulsando la ingeniería social gradualista que oportunamente les mantenga en el poder.

Considerando todos estos elementos, y ante la hipotética próxima victoria electoral, el PP se enfrenta al dilema de si actuar al modo de un simple administrador concursal, afrontando sólo las mínimas transformaciones económicas que permitan salir del bache sin remover el cuerpo social. O, si por el contrario se opta por desarrollar cambios de mayor calado que intenten evitar la decadencia nacional.

En este último caso, la disyuntiva será si desarrollar cambios lentos que minimicen su impacto social, o alternativamente, implementarlos de forma rápida y decidida para evitar que las inevitables tensiones sociales se prolonguen en el tiempo. La primera opción tiene la ventaja de consolidar al partido en los puestos de poder, aunque tiene el inconveniente de fortalecer la dialéctica, la argumentación y la organización de alianzas de todas aquellas minorías que se opongan al proceso regenerador.

La alternativa contraria, actuar de forma rápida, es a mi juicio la que albergaría mayores posibilidades de éxito. Sin embargo, eso requiere una preparación previa rigurosa y minuciosa. Lo que fácilmente se puede traducir en destapar las cartas antes de hora, facilitando las embestidas populistas.

En definitiva, sobre el PP, y sobre su líder Feijó, recae ya una grave responsabilidad que requiere, no solo pulso firme y cabeza bien fría, sino, sobre todo, claridad de objetivos y determinación para alcanzarlos. ¡Ahí es nada!