LIBERALES, FUNCIONARIOS E INCENTIVOS
La economía es la ciencia de los incentivos.
De hecho, así como los ingenieros se dedican a estudiar cómo dominar las
fuerzas de la naturaleza, los economistas intentan descubrir el inmenso poder,
no siempre evidente, de los incentivos.
Lo cual resulta especialmente interesante para el gobernante, quien de esta
forma puede contar con un criterio objetivo para valorar la utilidad social de
sus actuaciones y normas.
Por ejemplo, uno de los primeros derechos fundamentales de las
constituciones democráticas más exitosas es el de la propiedad. Ya que esta
institución es la que permite a los individuos recoger el fruto del propio
esfuerzo, incentivando el trabajo
que contribuye a la prosperidad de toda la comunidad. Es por eso que sin su
protección siempre deviene la decadencia, tal como se puede observar en todos
aquellos países en los que las expropiaciones arbitrarias están a la orden del
día.
La libertad de precios en las transacciones es otro magnífico ejemplo
de incentivos positivos. Si esa
libertad no existe, por estar regulados, éstos serán excesivamente bajos cuando
el gobernante-regulador quiere favorecer al votante-consumidor, y demasiado
altos cuando lo que pretende es conseguir el apoyo de los productores.
En el primer caso se dictan “precios
máximos” que desincentivan la
oferta, como cuando se fijan topes sobre alquileres. Una actuación que siempre
termina en desabastecimiento. En el segundo, se establecen “precios mínimos”, como ha podido ser el
caso de algunos productos agrícolas, lo que crea un incentivo a producir en exceso, teniendo que afrontar los costes y
la gestión de almacenar los excedentes. Sólo la libertad de precios garantiza
que se produzca lo que se consume, sin excesos ni defectos, a los precios más
bajos realmente posibles. Una garantía para la prosperidad.
Un ejemplo más, de otro
incentivo que conlleva a la generación de riqueza para todos, es el de la
libertad de creación de empresas que inicia el proceso de “destrucción creativa”. Cuando ésta existe, no se desaprovecha la
oportunidad de ocupar un nicho de mercado que atienda a alguna de las
necesidades del público. Mientras que si se regula con el requerimiento de
licencias que establezcan cupos o incluso monopolios, como verbigracia ocurre con
el caso de las ITV’s se pone en marcha un poderoso incentivo a la ineficiencia que la gente tendrá que pagar en forma
de colas, precios elevados y otras incomodidades que dificultan la economía.
Nuestro país es notablemente respetuoso con los derechos mencionados, pero por desgracia el
respeto a la propiedad todavía está sensiblemente cercenado por multitud de
cambiantes e inseguras normas y tributos. Al igual que no hay temporada en la
que algún político demagogo (ahora el Parlament catalán) amenace con precios
máximos o mínimos. Y nuestros legisladores, una y otra vez, optan por proteger
a los instalados a costa de los que se inician. Además, al mismo tiempo, van
mejorando las condiciones de los trabajadores más blindados y con más poder de
negociación, en especial, de los empleados públicos.
Si a todo ello añadimos que en España los puestos de mando (diputados,
concejales, ministros, directores generales, etc.) se nutren mayoritariamente
de funcionarios, o de trabajadores de sectores regulados, no debería extrañar a
nadie que cualquier joven mínimamente formado, tenga la ideología que tenga,
esté sometido a los incentivos que
le lleven a desear formar parte del sector público, o de otro protegido, en vez
de optar por la aventura empresarial, aunque sea como empleado.
En cualquier caso, los liberales, funcionarios o no, son aquellos que
consideran que las distorsiones en estos incentivos son uno de nuestros
principales problemas. Sobre todo, porque el sector público vive de lo que
produce el privado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario