CONSECUENCIAS NO INTENCIONADAS

Consecuencias no intencionadas mallorcadiario.com

Los economistas denominan “consecuencias no intencionadas” a aquellas decisiones gubernamentales que, a pesar de su aparente buena intención, tienen un resultado calamitoso al despreciar las causas esenciales del problema que se quiere abordar, y solo actuar sobre los más visibles síntomas, con la finalidad de facilitar la “venta política” inmediata.

El ejemplo más manido es el de la limitación de precios mediante el Edicto promulgado por el emperador romano Diocleciano en el año 301. Ante las imparables subidas de precios estableció un tope para 1.000 productos básicos (grano, carne, cerveza, abrigos, sandalias etc.) con la finalidad de evitar el descontento del populacho. En la misma ley estableció la pena de muerte para acaparadores y especuladores en un intento de trasladarles la responsabilidad de la inflación.

El Edicto calmó los ánimos cuando se anunció, pero su implementación no consiguió detener la escalada de precios, añadiendo además un dramático episodio de desabastecimiento de trascendentales dimensiones, pues los mercaderes dejaron de vender, al igual que los artesanos dejaron de producir. Ciudades enteras entraron en una decadencia que no se detendría hasta el hundimiento total del Imperio.

La realidad acabó demostrando que el populista Diocleciano, no quiso aceptar que la auténtica causa de la inflación era el exceso de gasto público, financiado con la acuñación de nuevas monedas de progresivo menor valor metálico.

Pues bien, es más que posible que las normas anti-covid dictadas en el conjunto de España, y en Baleares, estén plagadas de “consecuencias no intencionadas”. Y que este sea el auténtico origen del monumental fracaso cosechado. De hecho, muchas de esas normas han despreciado las consecuencias económicas y sociales que conllevan, al no centrarse en identificar a las personas realmente afectadas.

En vez de focalizar la acción gubernamental preventiva en ayudar a la población de riesgo y a los afectados a mantenerse aislados, quizás hasta llevándoles los alimentos a sus domicilios durante su cuarentena, se ha preferido confinar a todos, a destiempo y por un periodo excesivo, mediante “mando y ordeno” impidiendo a los sanos seguir con su vida ordinaria, lo que puede ser especialmente demoledor en actividades económicas informales o cuasi-informales que carecen de cualquier tipo de protección. ¿Se genera así un incentivo no intencionado a no actuar conforme a las normas? Es muy posible que así sea a la vista de las zonas con más rebrotes.

Al mismo tiempo la proliferación de normas, contra-normas y más normas que se han dictado, acompañadas en algunos casos de falsedades oportunistas, son, desde luego, el origen de la consecuencia no intencionada de la brutal pérdida de credibilidad de los gobernantes e, incluso, del propio Estado que encarnan. El desprecio de ministros, consellers, y presidents al arraigado sentido común y sensatez del 98% de la población ha hecho evidente la falta del mismo de muchos de ellos, provocando otro poderoso incentivo a relajarse en el cumplimiento de algunas normas, por confundir las correctas y las incorrectas.

En definitiva, aunque el gobierno no quiera auditorías que analicen los motivos del fracaso de su gestión, poco a poco habrá economistas, u otros profesionales, que irán estudiando todas y cada una de las normas promulgadas para hacer frente al covid-19 desde la perspectiva de las consecuencias no intencionadas. Quizás sea entonces cuando descubramos, como ocurrió con Diocleciano, que sí en Baleares o España se han producido peores resultados que en otros lugares no es por un defecto de carácter de sus gentes, sino porque sus gobiernos han preferido el populismo de atacar los síntomas antes que las causas.