Anomalía
electoral balear
En
la política autonómica balear se produce una deficiencia que parece que nadie
se atreve a ver. El sistema electoral basado exclusivamente en la
territorialidad insular, y copiando de forma rígida del nacional, ha acabó generando
el absurdo de que Menorca cuente con un diputado más que Ibiza, a pesar de que
ésta última tiene entorno a un 50% más de población. Así, el peso electoral de
un voto menorquín ronda los cuatro mallorquines, mientras que uno de cualquiera
de cada una de las dos pitiusas equivale “solo”
al doble de uno de la balear mayor. Por eso se puede afirmar que, si los
habitantes de Ibiza exigiesen la misma representación que los menorquines
tendrían casi 20 escaños en el Parlament, es decir, podrían añadir 7 u 8 a sus
12 actuales. Una distorsión que tiene importantes efectos sobre los resultados
y la acción política de la comunidad.
Sin
duda, es cierto que para la mayoría de mallorquines les es grato aceptar, con
generosidad, una clarísima sub-representación de sus papeletas por su mucho
mayor tamaño. Sin embargo, que el reparto de escaños entre las islas menores
sea tan diferente tiene graves consecuencias, al contar éstas con modelos
sociales y económicos muy distintos. Así, mientras Menorca ha optado por uno más
estático, o menos dinámico, mediante una mayor intervención y regulación
gubernativa, Ibiza (y en parte también Formentera) parece seguir el camino
contrario. Mallorca, por su lado, está a mitad de camino entre ambas. Incluso
se puede afirmar, sin arriesgar demasiado, que la diferente evolución
demográfica que está en el origen del problema es consecuencia de esos dos
patrones tan dispares.
Por
otro lado, no hay diputados que ostenten la representación del conjunto de la
ciudadanía balear de forma directa. Es decir, todos son elegidos por la
circunscripción de una isla concreta. De manera que se produce un claro sesgo a
que éstos vean, analicen y tomen postura de los asuntos a tratar, no desde una
perspectiva de archipiélago, sino de isla. Lo cual, a su vez, lleva al desatino
de tener que fijar, de facto, una cuota territorial de consellers en el
ejecutivo, lo que equivale a decir que es más importante el lugar de origen que
la preparación, la trayectoria o el curriculum. Al tiempo que todavía tenemos
pendiente la elección de un president no-mallorquín, o incluso, hasta la de un
candidato a president no-mallorquín.
Esta
falta de adecuación electoral a la realidad del conjunto de las islas, hace que
mientras el modelo económico ibicenco es el que proporciona mayores tasas de
crecimiento del PIB, y por tanto, mayor recaudación y recursos públicos, a
nivel político sin embargo, el que sale mejor parado es el menorquín con un
considerable "efecto arrastre"
sobre el conjunto.
Sin
entrar a valorar si esto es deseable o no, parece que es un tema de la
suficiente entidad y relevancia como para merecer un hueco en la agenda del
debate autonómico. Aunque desde los tiempos del president Cañellas no se ha vuelto a tratar, ni en ninguna sesión del
Parlament, ni casi en ningún foro político a excepción de una tímida incursión
realizada por José Ramón Bauzá
seguida, a posteriori, por algunos candidatos ibicencos en la campaña de 2015.
Es
cierto que el statu quo, con
frecuencia, es el valor más apreciado por la ciudadanía y, también que las
leyes electorales son las más difíciles de cambiar. Pero el simple hecho de
poner tan importante tema en cuestión para su debate sería una muestra de la
madurez de la política balear, que quizás, se podría convertir en un referente
para las Cortes españolas. Sobre todo, si no se limitara al mero reparto pesos
electorales, sino que se profundiza lo suficiente como para que se pudiese
alcanzar una mayor eficacia representativa.
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