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La discriminación de precios es uno de los recursos económicos desarrollados por aquellas empresas o sectores con clientelas diferenciadas. Consiste, básicamente, en vender un mismo bien o servicio a precios distintos en función de las características de cada comprador. Vendiendo a precio elevado a aquellos clientes que no tienen inconveniente en pagarlo y a menor precio al público más sensible. Esta práctica se realiza para incrementar los ingresos de la empresa o sector. Pues si, alternativamente, el precio fuese único, o bien se perderían las ventas del público más sensible al precio, o bien se perderían los mayores ingresos derivados de los precios más elevados cobrados al público menos sensible.
Este es el motivo de que los viajes en avión, las llamadas de teléfono, los coches de alquiler, etc. tengan precios distintos dependiendo del lugar o del tiempo en que se adquieren. También ocurre con muchos productos estandarizados a los que se les introduce pequeñísimas variaciones (gamas) para justificar precios diferentes.
Valldemossa cuenta con dos mil residentes que reciben, quizás, entorno al millón de visitantes; todo un tubo de ensayo turístico. Palma tendría que acoger a doscientos millones de turistas para alcanzar una proporción similar. Pues bien, en la bella población de Tramuntana existen dos circuitos comerciales bastante diferenciados; así los residentes que deseen tomar un café seguramente lo harán en establecimientos que les cobran tan solo un euro, mientras que los transeúntes probablemente acaben pagando cerca del triple por el mismo producto en otro local. De esta forma la convivencia entre unos y otros no presenta mayores problemas. La discriminación de precios alivia mucho la sensación de saturación.
Pero imaginemos ahora que la autoridad considerase que cobrar dos euros y medio por un café es demasiado, prohibiendo o dificultando la actividad de los establecimientos orientados a los visitantes. ¿Qué ocurriría? Pues que al desaparecer el circuito de los turistas, el millón de visitantes no tendría otro remedio que invadir el circuito de los residentes. Lo que, sin ninguna duda, generaría una agobiante sensación de saturación. Muchos valldemossins se sentirían expulsados de los cafés.
En el mercado de los alquileres de viviendas de Palma y otras localidades puede estar pasando algo similar. Sin intervención de ningún tipo habría propietarios que preferirían inquilinos residentes, mientras que otros se inclinarían por turistas dadas las grandes diferencias entre ambos públicos. Con iguales reglas de juego para todos se practicaría una discriminación de precios que evitaría que un tipo de usuario desplace a los otros.
Confiando menos en el Govern y más en la libre negociación entre agentes los supuestos problemas de emergencia habitacional muy probablemente desaparecerían.
La discriminación de precios es uno de los recursos económicos desarrollados por aquellas empresas o sectores con clientelas diferenciadas. Consiste, básicamente, en vender un mismo bien o servicio a precios distintos en función de las características de cada comprador. Vendiendo a precio elevado a aquellos clientes que no tienen inconveniente en pagarlo y a menor precio al público más sensible. Esta práctica se realiza para incrementar los ingresos de la empresa o sector. Pues si, alternativamente, el precio fuese único, o bien se perderían las ventas del público más sensible al precio, o bien se perderían los mayores ingresos derivados de los precios más elevados cobrados al público menos sensible.
Este es el motivo de que los viajes en avión, las llamadas de teléfono, los coches de alquiler, etc. tengan precios distintos dependiendo del lugar o del tiempo en que se adquieren. También ocurre con muchos productos estandarizados a los que se les introduce pequeñísimas variaciones (gamas) para justificar precios diferentes.
Valldemossa cuenta con dos mil residentes que reciben, quizás, entorno al millón de visitantes; todo un tubo de ensayo turístico. Palma tendría que acoger a doscientos millones de turistas para alcanzar una proporción similar. Pues bien, en la bella población de Tramuntana existen dos circuitos comerciales bastante diferenciados; así los residentes que deseen tomar un café seguramente lo harán en establecimientos que les cobran tan solo un euro, mientras que los transeúntes probablemente acaben pagando cerca del triple por el mismo producto en otro local. De esta forma la convivencia entre unos y otros no presenta mayores problemas. La discriminación de precios alivia mucho la sensación de saturación.
Pero imaginemos ahora que la autoridad considerase que cobrar dos euros y medio por un café es demasiado, prohibiendo o dificultando la actividad de los establecimientos orientados a los visitantes. ¿Qué ocurriría? Pues que al desaparecer el circuito de los turistas, el millón de visitantes no tendría otro remedio que invadir el circuito de los residentes. Lo que, sin ninguna duda, generaría una agobiante sensación de saturación. Muchos valldemossins se sentirían expulsados de los cafés.
En el mercado de los alquileres de viviendas de Palma y otras localidades puede estar pasando algo similar. Sin intervención de ningún tipo habría propietarios que preferirían inquilinos residentes, mientras que otros se inclinarían por turistas dadas las grandes diferencias entre ambos públicos. Con iguales reglas de juego para todos se practicaría una discriminación de precios que evitaría que un tipo de usuario desplace a los otros.
Confiando menos en el Govern y más en la libre negociación entre agentes los supuestos problemas de emergencia habitacional muy probablemente desaparecerían.
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