Política de rentas

Fue ampliamente practicada en los años sesenta y sobre todo en los setenta del pasado siglo XX. En Estados Unidos, Holanda, Gran Bretaña, Suecia y también en España se convirtió en un instrumento habitual. En el caso de nuestro país, su uso se justificó por los mismísimos Pactos de la Moncloa con los que se establecieron las bases de la recien recuperada democracia.

La Política de Rentas muestra muchas modalidades, aunque para simplificar podemos entender que consiste en los intentos la fijación de los salarios o de los salarios y precios por las autoridades políticas. Sin duda, los liberales creemos que este tipo de políticas actualmente en casi desuso causan graves daños y, además, siempre acaban fracasando.

Las políticas de rentas suelen tener dos objetivos claros: el primero es obtener una distribución más justa de la renta nacional (según el juicio del político gobernante). El segundo objetivo es frenar la inflación.

Para la consecución del primer objetivo se suelen utlizar los salarios mínimos o los topes salariales que trataremos en otra sección.

Por lo que nos centramos en el segundo objetivo: frenar la inflación.

 En este sentido hay que recordar que la primera política de rentas que conocemos con algo de detalle es el Edicto de Diocleciano del año 301. Sabemos de ensayos más antiguas, aunque son menos conocidos.

El Edicto de Diocleciano trató de fijar prácticamente todos los precios, salarios y fletes marítimos, a fin de impedir las consecuencias naturales de una inflación producida por la reducción del contenido metálico de las monedas a consecuencia de las práctica llamada "malos usos" para sufragar los excesivos gastos estatales.

Por supuesto, el fracaso del Edicto fue total, pues los precios y los salarios siguieron subiendo y los esfuerzos de la Administración Imperial para impedirlo tan solo contribuyeron a desorganizar la vida social.

En los años setenta este tipo de política convirtió a la inflación motivada por el exceso de gasto gubernamental en "inflación reprimida", con todos sus efectos de distorsión del sistema económico y de freno a la producción.

Quizás se pueda sostener que en los primeros momentos de aplicación de la política de rentas se logre frenar el movimiento ascendente salarios-precios, pero con el paso del tiempo se pierde eficacia, incluyo llegando a producir el efecto contrario, esto es, una aceleración de la escalada salarios-precios. A medida que transcurre más el tiempo la aceleración es mayor.

Si en algún momento las autoridades retiran esa política, los salarios y los precios dan un salto de grandes dimensiones. Pues al desaparecer los restos y gastados del mecanismo represivo, los resultados de los factores monetarios se producen de forma brusca.

Por otra parte, la concepción fundamental de la política de rentas está afectada por un error: el olvido de la importancia y la conveniencia de los movimientos relativos de los precios. En una economía dinámica, aun en el caso de que el nivel general de los precios permaneciera constante, los precios de los bienes de distinta clase se moverían: unos aumentarían y otros disminuirían. Las variaciones serían consecuencia de los descubrimientos técnicos, cambios de gustos, cosechas buenas o malas, etc. Las modificaciones de los precios son la condición necesaria para que el sistema económico se adapte a las nuevas circunstancias y trate en todo momento de alcanzar el máximo nivel de producción posible.

Una política de rentas que intentase fijar todos los precios y salarios en su nivel de un cierto momento sería perjudicial aún suponiendo que existiera una política monetaria con estabilidad del nivel general de precios, pues la rigidez de los precios y salarios impediría los necesarios reajustes provocados por los cambios de gustos, técnicas, etc.

En los casos en que la política de rentas consiste en fijar un límite al alza de nivel general de precios, las autoridades políticas se encuentran con un problema insoluble para ellas. Los instrumentos de control no pueden aplicarse al nivel general de precios; solo pueden aplicarse a precios y salarios concretos. Tal aplicación nunca tiene éxito a corto plazo, pero si la tuviera inhibiría también los necesarios procesos de reajuste. La inflación eleva todos los precios, o la mayoría de ellos, pero no todos en la misma proporción, y gracias a las diferencias en las alzas, se realizan las adaptaciones necesarias en una economía de mercado dinámica. La política de rentas dificulta estas adaptaciones, aunque afortunadamente no logra evitarlas.

En definitiva, todo gobierno gastador que se finanza con la emisión de dinero genera inflación. Una vez el proceso de subida generalizada de precios se pone en marcha ese mismo gobierno intentará culpabilizar del fenómeno a empresarios y especuladores. Y acto seguido intentará frenar el alza de los precios utilizando la fuerza de la ley. 

Para esto último puede seguir el procedimiento burdo de establecer precios máximos. O el más refinado de proclamar que está desarrollando una política de rentas. En ambos casos las consecuencias serán nefastas para la población.