Buen artículo de Tomás Méndez:
La revolución digital ha traído nuevos retos al sector turístico. Ha permitido la creación de plataformas de intermediación como Airbnb, Homeway, Booking que potencian nuevos negocios en el sector turístico facilitando la intermediación entre particulares y potenciando la economía colaborativa. Estos cambios de modelo productivo han generado también temor en una parte de los negocios tradicionales hoteleros
y ha enfrentado a la Comisión Europea y a la Comisión Nacional del
Mercado de la Competencia (CNMC) con las legislaciones turísticas de las
comunidades autónomas españolas. La Ley General Turística de las Islas
Baleares considera como actividad clandestina e ilegal la comercialización de estancias turísticas en viviendas particulares plurifamiliares y establece una regulación muy estricta sobre los chalets y viviendas aisladas.
Se persigue con multas muy elevadas a la oferta ilegal
por medios como aplicaciones informáticas, inspecciones y actuaciones
de comunidades de vecinos y ayuntamientos. Los argumentos son que no se
pueden mezclar turistas con residentes, que hay peligro de convivencia
pública, que es una competencia desleal y que no hay pisos para los que
vienen a trabajar o a establecerse como residentes en las Islas. El
resultado de esta prohibición es que hay ya miles de viviendas en el mercado ilegal del alquiler y en la economía sumergida.
La demanda de este tipo de estancia es tan elevada en temporada alta,
especialmente en Eivissa, que muchos ciudadanos están dispuestos a irse
de sus casas en los meses de verano para completar sus ingresos de
trabajo con esos ingresos extraordinarios que les complementan los
ingresos normalmente insuficientes de la temporada turística.
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viernes, 29 de julio de 2016
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