Según cuenta Garicano en "El Dilema de España", suele atribuirse el origen de la descentralización del urbanismo a una Ley de Aznar del año 1998. Sin embargo, esto no es así. Como tantos rumores es más que posible que estuviese alentado por el contundente aparato de propaganda socialista.
De hecho, el auténtico origen de la descentralización, y por tanto, elemento que ayudó a la creación de la burbuja inmobiliaria está en una desafortunada sentencia del Tribunal Constitucional.
Veamos. El urbanismo español se basó durante mucho tiempo en una Ley de 1956 que era una transposición de otra ley de Mussolini de 1942, que diferenciaba tres tipos de suelo (1) urbano, (2) urbanizable y (3) rústico.
Estipulaba, además, que las indemnizaciones se tenían que pagar al precio que tuviera el suelo cuando estuviese urbanizado. Lo cual resultaba muy caro para los gobiernos.
En 1975 se reforma la ley en dos sentidos: (1) se elimina el derecho a construir en suelo rústico y (2) se cede a los ayuntamientos el 10% del terreno de un nuevo polígono.
Esta reforma incentivó que los ayuntamientos fomentasen la construcción.
Ya en 1990 se vuelve a reformar la Ley incrementando la parte correspondiente a los ayuntamientos hasta el 15%.
En 1994, siendo presidente Joan Lerma, se produce un cambio drástico en la legislación valenciana, al introducirse dos nuevas figuras: (1) El convenio urbanístico, que permite al propietario, tras acordarlo con el ayuntamiento, hacer lo que desee con el suelo, independientemente de su calificación previa. Y (2) El agente urbanizador, como promotor que propone un plan de desarrollo del terreno de un tercero. Ofrece una parte al ayuntamiento, otra se la queda para él y, la tercera se la da al propietario.
Incluyo, el ayuntamiento puede ofrecer un justiprecio al propietario y obligarlo a aceptarlo. Como hemos señalado, el ayuntamiento puede aprobar el plan con independencia de la calificación previa del suelo (la famosa liberalización). Lo que supone una descentralización sin precedentes del proceso urbanístico, y otorga una enorme responsabilidad a los consistorios. De hecho, esta ley, fomenta que los promotores "capturen" a los alcaldes y a los presidentes de las comunidades autónomas.
Lo que ocurrió en 1997 fue que la administración central, bajo mandato del presidente Aznar, interpuso un recurso de la ley ante el Tribunal Constitucional, argumentando que las competencias urbanísticas no debían estar en manos de las comunidades autónomas.
De manera que la ley que se aprobó en 1998 no es la causa que coadyuge al desastre, sino un intento de constitucionalizar la ley anterior.
El Constitucional tumbó de nuevo esta Ley en 2001, con el resultado que, en la práctica, cada Comunidad Autónoma puede hacer lo que quiera.
Desde entonces un promotor puede desarrollar un suelo que nunca antes había estado en el mercado, con la sola aprobación del Alcalde de turno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario