Zapatero propone una ley para limitar el déficit público, incluido el autonómico. Titula elpais.com. Sin llegar a aclarar que fue su gobierno quien derogó esa ley, tal como se explica en el artículo que este blogger publicó en ibdigital.es, y que reproducimos a continuación:
El Presidente Zapatero se ha caracterizado siempre por la inestabilidad de discurso y la volatilidad de sus convicciones.
Vale la pena recordar brevemente algunos hechos en relación al mensaje que hace unos días ofreció al Financial Times avisando a las comunidades autónomas que si no cumplen con el control del gasto, su gobierno actuará con sus potentes instrumentos estatales.
Palabras que han causado asombro, aunque desde hace unos meses el fuerte aparato propagandístico socialista venía preparando el terreno para que las comunidades autónomas asumieran parte de la responsabilidad del exceso de gasto.
No obstante, el gran responsable de la falta de austeridad pública es el propio presidente Zapatero, con la colaboración decidida de todo su partido.
Recordemos los hechos, pues tras el ingreso de nuestro país en la Unión Monetaria -que requiere de disciplina y rigor en materia de cuentas públicas-, se promulgó la llamada Ley General de Estabilidad Presupuestaria, por la cual tanto la Administración General del Estado, como las Comunidades Autónomas, los Entes Locales y las entidades que integran el Sistema de Seguridad Social, así como los organismos públicos administrativos, quedaban obligados en todo el ciclo presupuestario, esto es, en la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos, a cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria entendido como situación de equilibrio o superávit.
El objetivo de estabilidad no era totalmente rígido, ya que permitía que de forma excepcional se cayera en déficit, aunque de forma justificada y con compromiso de reconducción mediante planes económico-financieros de corrección.
A pesar de ello, se calificó por muchos sectores como norma excesivamente ortodoxa y dogmática.
En cualquier caso esa normativa estuvo en vigor desde 2003 hasta 2007 cuando fue modificada en 2006 a instancias del Gobierno de Zapatero, relajando los criterios de aplicación.
Vuelve a ser un Gobierno presidido por José Luís Rodríguez Zapatero, quien en 2009 y 2010 autoriza a las Comunidades autónomas que puedan incluso destinar parte del endeudamiento a sufragar gastos corrientes.
Así no resulta raro entender que cuando estalló la crisis económica muchas administraciones, entre ellas la CAIB, prefirieran recurrir al déficit y al endeudamiento antes que iniciar el camino de la austeridad y las reformas que nuevos gobiernos como el de Cataluña ya han anunciado.
La consecuencia ha sido la pérdida de un tiempo muy valioso, que provoca que nos enfrentemos con retraso a poner las bases de la recuperación.
El problema, pues, no se resuelve devolviendo competencias, sino volviendo a la ortodoxia y rigor económico, que nunca se debió abandonar. En materia de política económica establecer rutas y evitar los bandazos es importante.
Vale la pena recordar brevemente algunos hechos en relación al mensaje que hace unos días ofreció al Financial Times avisando a las comunidades autónomas que si no cumplen con el control del gasto, su gobierno actuará con sus potentes instrumentos estatales.
Palabras que han causado asombro, aunque desde hace unos meses el fuerte aparato propagandístico socialista venía preparando el terreno para que las comunidades autónomas asumieran parte de la responsabilidad del exceso de gasto.
No obstante, el gran responsable de la falta de austeridad pública es el propio presidente Zapatero, con la colaboración decidida de todo su partido.
Recordemos los hechos, pues tras el ingreso de nuestro país en la Unión Monetaria -que requiere de disciplina y rigor en materia de cuentas públicas-, se promulgó la llamada Ley General de Estabilidad Presupuestaria, por la cual tanto la Administración General del Estado, como las Comunidades Autónomas, los Entes Locales y las entidades que integran el Sistema de Seguridad Social, así como los organismos públicos administrativos, quedaban obligados en todo el ciclo presupuestario, esto es, en la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos, a cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria entendido como situación de equilibrio o superávit.
El objetivo de estabilidad no era totalmente rígido, ya que permitía que de forma excepcional se cayera en déficit, aunque de forma justificada y con compromiso de reconducción mediante planes económico-financieros de corrección.
A pesar de ello, se calificó por muchos sectores como norma excesivamente ortodoxa y dogmática.
En cualquier caso esa normativa estuvo en vigor desde 2003 hasta 2007 cuando fue modificada en 2006 a instancias del Gobierno de Zapatero, relajando los criterios de aplicación.
Vuelve a ser un Gobierno presidido por José Luís Rodríguez Zapatero, quien en 2009 y 2010 autoriza a las Comunidades autónomas que puedan incluso destinar parte del endeudamiento a sufragar gastos corrientes.
Así no resulta raro entender que cuando estalló la crisis económica muchas administraciones, entre ellas la CAIB, prefirieran recurrir al déficit y al endeudamiento antes que iniciar el camino de la austeridad y las reformas que nuevos gobiernos como el de Cataluña ya han anunciado.
La consecuencia ha sido la pérdida de un tiempo muy valioso, que provoca que nos enfrentemos con retraso a poner las bases de la recuperación.
El problema, pues, no se resuelve devolviendo competencias, sino volviendo a la ortodoxia y rigor económico, que nunca se debió abandonar. En materia de política económica establecer rutas y evitar los bandazos es importante.
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