Diversificar

 

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Teoría sueca del amor

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Neocorporativismo

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Neocorporativismo

En general todos tenemos dos papeles económicos relevantes y claramente diferenciados, el primero es como trabajadores o productores y el segundo como consumidores. Por el primero, deseamos una sociedad corporativista que nos proteja de la dura competencia que empuja a los costes y, por tanto, a los salarios a la baja; mientras que por el segundo deseamos una oferta muy competitiva que nos permita adquirir los productos y servicios que consumimos con la máxima calidad y a precios ajustados. Dicho en otras palabras, mientras que como productores deseamos restricciones a la competencia o, mejor aún, que nuestro puesto de trabajo se enmarque en un sector monopolístico; al mismo tiempo, como consumidores deseamos beneficiarnos de la máxima rivalidad empresarial.

En los sectores regulados con poder monopolístico apenas se produce ningún tipo de innovación, así que ese statu quo proporciona, a quien se gana la vida en él, una placentera sensación de seguridad. Un terreno conocido y seguro con unos ingresos estables y, posiblemente, elevados. Pero a la hora de comprar, independientemente de cuáles sean nuestras ocupaciones laborales, siempre preferimos adquirir productos novedosos fruto de la energía creativa puesta en no quedarse atrás con respecto a los competidores. en tensión de quien dedica sus energías productivas a un sector altamente competitivo.

Una vez explicado lo anterior, la pregunta es ¿Desde cual de nuestros dos papeles económicos decidimos nuestro voto?, ¿Votamos como consumidores demandando preservar o incrementar la competencia empresarial? o ¿Lo hacemos desde nuestra perspectiva de trabajadores deseosos de obtener los privilegios de la regulación? Se trata de una cuestión relevante, pues además de que la mitad de la economía de un país se inscribe en su sector público, la otra mitad se configura en función de las reglas del juego que marquen las leyes.

Pues bien, si consideramos que la forma de actuar de los partidos políticos consiste en identificar a grupos sociales con interés definidos con el fin de poderles ofrecerles “promesas electorales”, podemos concluir fácilmente que, como casi nadie se identifica como consumidor y si como perteneciente a un sector productivo, las ofertas políticas potenciarán el corporativismo. Lo que tendrá como consecuencia una regulación de la actividad económica que la conduzca a la rigidez y a la pérdida de competitividad.

Esta dinámica corporativista, en la actualidad, se está desarrollando en el contexto de la economía muy vinculada con el exterior a través de una compleja red de interrelaciones comerciales. Lo que se traduce en una pérdida de posiciones en los correspondientes rankings.

Sin embargo, lo más grave es que para estimular la actividad y recuperar posiciones los gobiernos en lugar de afrontar las necesarias reformas que eliminen o reduzcan el paralizante corporativismo, optan por regar con fondos públicos la economía. Con lo que el resultado puede, perfectamente, convertirse en un fuerte estímulo de las importaciones que dificulte aún más el despegue de la actividad. Los fondos se dedicarán preferentemente a adquirir bienes y servicios producidos de una forma más eficiente y, por tanto, en el extranjero.

En definitiva, cuando la dinámica política lleva a contentar a las personas por su vertiente productiva en vez de por su papel como consumidores se acrecienta un corporativismo que dificulta la actividad económica por la pérdida de productividad y competitividad que lleva asociada.

 

La enseñanza de la economía y Sísifo

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La enseñanza de la economía y Sísifo

La ciencia económica surge con el Estado-Nación, como un intento de dar respuestas a preguntas tales como: ¿En qué consiste verdaderamente la riqueza y la prosperidad?, ¿Se puede aumentar?, entonces sí es así ¿Cómo se puede hacer?, ¿Cuáles son los principales errores de los gobernantes? o, en definitiva, intentaba responder a la fundamental pregunta ¿Cómo gobernar? Es decir, se conformó como una ciencia que estudia las potenciales respuestas de la sociedad a la acción política. Por ello, los primeros tratados sobre la materia solían utilizar títulos como: “Principios de Economía Política”, o simplemente “Economía Política”. Es decir, la economía llevaba el apellido “política''.

Inicialmente, la nueva ciencia dio respuestas de tipo nacionalista, por ser estas más primitivas, simples e intuitivas, adecuadas a las preferencias de los monarcas absolutistas de los modernos estados-nación. Sin embargo, con el paso del tiempo, a medida que se profundiza en el estudio de la disciplina y la sociedad avanzaba, ésta se transforma, paso a paso, en más liberal. Luego, a finales del siglo XVIII con la triple revolución industrial, americana y francesa pasa a ser completamente liberal. Fijándose, sobre todo, en cómo en ambientes de libertad individual, los incentivos que tienen las personas para mejorar sus vidas devienen en mejoras colectivas. O, dicho de otra forma, la sociedad de hombres libres es una sociedad armoniosa en donde los distintos intereses de cada persona, o clase social, lejos de ser incompatibles entre sí, contribuyen al progreso común.

A pesar de los furibundos ataques que esta forma de pensar recibió desde las potentes trincheras marxistas, su éxito fue de tal magnitud que llegó a aceptarse como la “corriente principal” predicada desde los más importantes centros de difusión. Sobre todo, desde algunas cátedras de la Universidad de Cambridge, la gran cuna de los hombres fuertes. Una obra cuyo protagonista principal fue Alfred Marshall, quien decidió eliminar la palabra "política" de su prestigioso e influyente manual que bautizó como “Principios de Economía”. Situando así a la economía en un plano científico superior al político.

Sin embargo, a pesar de ello, los ataques al liberalismo no cesaron, sino que mutaron. Así, en los años treinta del siglo XX, el intervencionismo gubernamental antiliberal, es decir, las ansias de poder de los gobernantes y adláteres, contribuyeron a encumbrar al mediático J. M. Keynes con toda su estela de seguidores autodenominados macroeconómistas. Quienes optaron, sucesivamente, por la construcción de modelos matemáticos cada vez más complejos. Con ellos quedaron expulsados del debate los no iniciados, al tiempo que se convertía a los economistas académicos en algo así como en los hermanos menores de los genuinos matemáticos abstractos.

De esta forma, mientras una parte importante de las personas interesadas en los asuntos colectivos desea conocer los principios del pensamiento económico, con frecuencia, éste ha devenido en tan indescifrable que incluso son muchos los estudiantes universitarios de economía a los que les cuesta establecer el vínculo de sus carreras con la realidad. ¡Una auténtica lástima! De hecho, ahora es la sociedad entera la que está deseosa de conocer las respuestas que da la economía a muchas de sus cuestiones políticas del día a día. Pero como el mundo académico es incapaz de ofrecerlas, reaparecen charlatanes y embaucadores de todo pelaje que se enredan en discusiones que la ciencia zanjó hace mucho tiempo.

Por ello, desde hace tiempo sostengo, junto a las corrientes de pensamiento más genuinamente liberal, que la economía, o al menos una parte de ella, debería recuperar el apellido “política”. Quizás así dejaríamos de padecer el suplicio de Sísifo de tener que argumentar en contra de propuestas que han fallado una y otra vez a lo largo del tiempo, como es el caso de la constitución de empresas públicas de bienes básicos o el control de precios.

 

 

Poder, Franco y la izquierda

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Poder, Franco y la izquierda.

El régimen nacionalista de Franco en materia económica estuvo orientado a organizar un enorme sector público que contemplaba ferrocarriles, minas, telecomunicaciones, distribución de petróleos y energía, transporte marítimo, aéreo y por carretera, además de varios sectores industriales relevantes. De hecho, para impulsar la industrialización en 1941 creó el Instituto Nacional de Industria que construyó, de forma directa, fábricas de aluminio, de nitrato, de camiones, de automóviles, grandes siderurgias, astilleros, refinerías, etc.

Controló, y limitó, los precios de muchos bienes básicos, congeló los alquileres y aceptó subidas salariales más allá de los incrementos de la productividad, como las promovidas por su populista ministro de trabajo Girón, quien también impulsó la institucionalización "paga doble" del verano. Utilizó lemas como el “ni un español sin hogar”, creando el Instituto Nacional de Vivienda y la Obra Sindical del Hogar, que se embarcaron en intensos programas de construcción de viviendas sociales. También instituyó un sistema de seguros sociales de tipo asistencialista. Y, lógicamente, nunca le hizo ascos a la inflación.

El corporativismo, le llevó a establecer una política netamente prohibicionista, en donde cada sector económico estaba cerrado y protegido de la competencia mediante claras, o sutiles, barreras de entrada.

Evitó, por todos los medios, cualquier intento de liberalización de la actividad económica.  Sólo aceptándolo cuando no le quedó más remedio por la quiebra del sistema. De hecho, inicialmente, para evitar el malestar que cualquier estancamiento económico conlleva utilizó profusamente la propaganda a través de unos medios de comunicación puestos a su servicio. Hasta 1960 España fue uno de los países más pobres de Europa.

Cuentan que cuando, ante la catástrofe económica que esa política estaba propiciando, Alberto Ullastres y Navarro Rubio presentaron al dictador el plan liberalizador de 1959, éste los despreció diciéndoles “Hagan ustedes lo que les dé la gana”. Como cuando el 12 de mayo de 2010 Zapatero anunció ante el Congreso, circunspecto y cabizbajo, el programa de ajustes y recortes más duro de nuestra generación, que dejaba de lado su buenísimo electoral.

¿Cuáles son las diferencias con las políticas económicas de los actuales gobiernos de coalición izquierdistas-nacionalistas de España o de Baleares? Ciertamente, las del franquismo guardan algo más que un parecido razonable con las predicadas por los aliados en el poder. De hecho, si no fuera por nuestra pertenencia a la UE serían casi como dos gotas de agua.

Y es que el intervencionismo tiene una larga trayectoria en España, mientras que en Baleares es un fenómeno más reciente por haber tenido una tradición algo más liberal, que se está perdiendo. Se trata de una corriente de opinión que históricamente ha sido promovida por las élites más próximas al poder. Los intelectuales intervencionistas eran los conservadores que defendían el statu quo que les beneficiaba. Sin embargo, desde la caída del Muro de Berlín y el consiguiente hundimiento del llamado socialismo real, la actual izquierda es la que ha abrazado esta forma de pensar y actuar, atrayendo a una parte importante de los capitanes empresariales y funcionariales ya instalados. El ansia de poder es el gran atractivo del intervencionismo.

Definitivamente, el poder es el poder, por lo que para los actuales dirigentes de las coaliciones izquierdistas-nacionalistas gobernantes Franco es sin duda una obsesión, pero en cuestiones económicas, por sus cuarenta años en el machito, es también una fuente de inspiración.

El fracaso de las viviendas vacias

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El fracaso de las viviendas vacías

Hace poco la Agencia Tributaria publicó por primera vez estadísticas sobre la vivienda en las distintas comunidades autónomas. Lo más llamativo es que la nuestra tiene un parque desocupado de 121.000, en torno al 30% del total. Una cifra que nos dice mucho sobre lo tremendamente distorsionado que está el mercado por el intervencionismo gubernamental. O, dicho de otra manera, un guarismo hace pensar que sin Govern y Gobierno no habría problema de vivienda en Baleares. Un fracaso en toda regla.

La inmensa mayoría de esos inmuebles son de pequeños propietarios que carecen de los incentivos necesarios para sacarles algún rendimiento. Quizás a algunos les resulte más sencillo esperar a los efectos de la inflación, y eso a pesar de saber que la rentabilidad de los alquileres en Baleares es de las más altas del país. Así que el motivo de esta pasividad no puede ser otro que el sentirse totalmente desprotegidos por las leyes que regulan el sector a la hora de llevar las viviendas al mercado. Realizar compra-ventas está tan castigado, tributariamente, que para muchos reduce drásticamente los incentivos suficientes para ponerlas en circulación. Además, los trámites para realizar cualquier reforma suponen una tremenda fuente de dolores de cabeza.

Sin tampoco olvidar que el problema de la inaccesibilidad de la vivienda conlleva, por añadidura, el de las dificultades para recibir trabajadores de otros lugares, lo que, sin duda, repercute no sólo en el elevado nivel de desempleo que constituye la principal lacra de la economía nacional, sino también en la pérdida del potencial que eso supone.

Efectivamente, con un excedente de viviendas de ese tamaño, es fácil pensar que cualquier mayor protección a los propietarios, disminuyendo los impuestos, las plusvalías, flexibilizando los períodos de alquiler, agilizando las acciones ante los impagos, etc. y acortando y simplificando los trámites para realizar las posibles obras de reforma, el problema de la vivienda no tan sólo estaría resuelto, al provocar una drástica bajada de precios por el aumento de la oferta, sino que además, al facilitar la movilidad laboral el bienestar se dispararía generando los recursos necesarios para mejorar los servicios de limpieza, transporte público, depuración de aguas, etc.

Con todo, lo que parece más grave es que a pesar de que la noticia sugiere una dura crítica a la política de vivienda desarrollada por el Govern, el diario que la publicaba hacía un análisis complaciente destacando en la actuación, a todas luces propagandística, sobre los llamados "grandes tenedores". Ciertamente, es preocupante que la noticia no haya generado un fuerte enfado público colectivo. Lo lleva a concluir que el problema continuará, sin menoscabo que unos rasgan las vestiduras y otros se inventen malignos fondos buitres a quienes atribuirles las culpas.

La influencia del poder sobre los medios de comunicación está anestesiando a la sociedad, provocando que los problemas se enquisten convirtiéndolos en males permanentes con los que hay que convivir. Por ello, hace tiempo que sostengo que se tendría que publicar de forma clara y explícita las cantidades que las instituciones públicas pagan a los medios de comunicación, al menos así podríamos saber quién entiende o justifica las políticas implementadas porque su salario depende de ello.

La degradación del dinero

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Degradación del dinero

La inflación es un fenómeno que se produce por el envilecimiento del dinero. Ocurre cuando la cantidad de moneda crece más rápidamente que la producción. Así, aunque normalmente se dice que la inflación es un aumento generalizado de los precios, en realidad es la pérdida de calidad de la moneda.

A los actuales gobiernos -incapaces de realizar las reformas económicas estructurales que el escenario global reclama- les ha resultado más sencillo apelar a crédito ilimitado de los bancos centrales. Es ahí donde hay que buscar el origen de la inflación. Ahora, además, la crisis de la gestión de la pandemia les ha cogido con el pie cambiado añadiendo más leña al fuego.

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Ciertamente, los responsables del proceso inflacionista no son quienes suben los precios, sino quienes envilecen el dinero por su impresión excesiva. Más dinero, por sí mismo, no genera más riqueza, y puede llegar a tener efectos destructivos al dificultar el cálculo económico, ya que los precios constituyen un sistema de comunicación que permite compartir la información económica más relevante de forma descentralizada. Si ese sistema se distorsiona por el cambio de valor de la moneda, la economía no puede funcionar.
La inflación también supone una redistribución de renta desde los ahorradores a los deudores. Los gobiernos que acumulan una deuda enorme son los principales beneficiados por este fenómeno. Al tiempo que aquellos que se hayan esforzado en ahorrar para hacer frente a eventualidades se convierten en los grandes perdedores. Lo que, a su vez, pone en riesgo el crecimiento futuro.

Ahora la pregunta es ¿son coyunturales los actuales repuntes inflacionarios, o nos pueden retrotraer a la década de los 70?

Si la inflación es puntual se convierte en una simple transferencia de renta, como un nuevo impuesto antidemocrático (sin aprobar en el Parlamento) al ahorro. Si, por el contrario, la política económica continúa siendo acomodaticia con gobiernos centrados en su inmediato horizonte electoral, existe el riesgo de que se generen unas expectativas alcistas que serán muy difíciles de parar.

En un ambiente de inflación los incrementos salariales son fruto de la capacidad de presión de los distintos colectivos de trabajadores; no de los incrementos de productividad de cada sector, de manera que aquellos con más fuerza suelen ser los que acaban ganando. Más tarde, la lógica electoral lleva al “control de precios”, con efectos inhibidores de la actividad.
Así que la respuesta a la pregunta anterior es: dependerá de cómo se desarrolle la política económica. Si se controla el gasto público, al tiempo que se hacen las reformas pendientes, ciertamente los aumentos de precios probablemente serán puntuales y la economía podrá retornar a beneficiarse de una moneda estable.

Por todo ello esperemos que mal que bien, aunque sea por presión de Bruselas, se vayan realizando las reformas pendientes al tiempo que se controla el gasto público.

¿Debatir la ampliación de la ORA?

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¿Debatir la ampliación de la ORA?

A nuestros dirigentes municipales, como a muchos otros políticos actuales, les gusta tomar decisiones a golpe de ocurrencia propagandística de partido. Son reacios al debate y la confrontación de ideas. Les va lo mediático y lo publicitario mucho más que la transparencia y el análisis crítico de una gestión en provecho colectivo de todos. Nunca como ahora el barullo, la apariencia y el cortoplacismo han tenido tanto predicamento, al tiempo que la reflexión, el estudio y el debate o, incluso, la coherencia se devalúa.

Una de estas últimas decisiones, en Palma, ha sido la ampliación de las zonas con aparcamiento regulado (ORA) que, a su vez, es consecuencia básicamente de otras dos anteriores. Por un lado, la de municipalizar el servicio, y por otro, la de suprimir centenares de plazas de parking en intramuros. Pues la primera significó contratar un personal que con la segunda se puede quedar sin trabajo. Así que la solución es ampliar el área de las restricciones.

Es decir, no se hace porque exista un auténtico problema de congestión en toda la periferia urbana, sino por la propia dinámica de funcionamiento del equipo de gobierno municipal. Un fenómeno que se repite una y otra vez en todos los niveles administrativos, y que nos conduce inexorablemente, a una paulatina pérdida de competitividad que nos hace descender posiciones en todos los rankings de bienestar, además de hacer más incómoda la vida.

La política se ha convertido en un problema para el ciudadano medio que ve como se merman sus recursos (por los fuertes incrementos tributarios y seudo-tributarios) al tiempo que todo se vuelve más difícil y complicado. Las administraciones cada vez son más mandonas, entrometidas y antipáticas.

Es previsible que con la ampliación de la ORA se vean, durante un tiempo, muchas plazas de aparcamiento vacías en las nuevas áreas que no sufren saturación (aunque la imagen no aparecerá en la televisión o prensa oficial). Mientras, la presión en las calles libres colindantes aumentará considerablemente haciendo más difícil la movilidad. Muchos ciudadanos intentarán desplazarse lo menos posible allí en donde el aparcamiento sea más arduo, provocando un traslado del tráfico hacia la, ya de por sí, saturada vía de cintura con rumbo a las zonas de parking libre. Es por esto que esta operación tiene unas implicaciones económicas importantes que las autoridades no querrán considerar. Lo relevante no es el resultado para la ciudad, sino para los dirigentes consistoriales y sus carreras personales en el seno de sus organizaciones.

Así, con toda probabilidad, han determinado cerrar el centro por seguir las directrices de sus respectivos partidos en materia municipal, y no por haberlo meditado conjuntamente con los vecinos de Palma a quienes, en teoría, representan. De igual forma, no tomarán ninguna otra medida que les suponga un coste en sus currículums, tales como podría ser la promoción de la construcción de las infraestructuras necesarias (segundo cinturón, nuevos parkings, etc.). Y por las mismas razones tampoco innovarán, racionalizando las escalas tarifarias o los tiempos tasados que eviten saltos excesivos entre zonas. La innovación siempre conlleva riesgo.

En definitiva, el caso de la ampliación de la Ordenanza de Regulación de Aparcamiento en Palma (ORA) es sólo un ejemplo más de la dinámica con que se están tomando muchas importantes decisiones colectivas que a todos nos afectan. Una dinámica que provoca una crisis de representatividad que aleja al ciudadano de la política.

Conselleria del litoral

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Conselleria del litoral

Sostengo que el mar padece tres graves problemas, pues por un lado está abajo, esto es, más bajo que la tierra por lo que la gravedad arrastra hacia él toda suerte de porquerías y deshechos. En segundo lugar, está el plástico que es difícilmente biodegradable. Y, por último, aunque no menos importante, el mar no tiene propietario que lo defienda, al igual que ocurre con los torrentes, por los que circula buena parte de la basura que le acaba llegando.

Hace ya muchos años fui uno más entre los amantes de la naturaleza aficionados a navegar por todo el litoral mallorquín. Fue entonces cuando observé que el auténtico problema medioambiental de nuestra Isla lo sufría el mar. Era frecuente encontrar desde enormes plásticos transparentes que se podían enrollar en la hélice del pequeño propulsor, a otros de tamaño micro fruto de la fragmentación. En algunos lugares el agua se volvía turbia afectada por la emisión de aguas residuales. También se podían encontrar restos de redes de pesca o de petróleo en forma de pelota. En definitiva, un panorama claramente peor que el que se podía ver en tierra, con la excepción mencionada de los torrentes.

Me uní a un grupo de voluntarios para realizar labores de limpieza, aunque pronto observé que los resultados que conseguimos eran básicamente simbólicos. Durante las mañanas de algunos domingos sacamos del agua neumáticos, restos de productos higiénicos, zapatos, colchones, carritos de supermercado, además de bolsas y de todo tipo de envases. A medio día celebramos la faena; momento que aprovechaban algunos políticos espabilados para fotografiarse con nosotros.

Ahora la vida me ha llevado a navegar mucho menos, pero desde entonces, casi nada ha cambiado y los problemas continúan. El mar por supuesto continúa estando abajo, y como no es previsible que esto cambie, debemos aprender a convivir con esta dificultad. En cuanto a los plásticos algo se ha mejorado, pues ahora algunos son más fácilmente biodegradables y otros se utilizan menos. Pero es seguro que seguiremos utilizando este material sintético pues, por otro lado, como sustitutivo de muchas materias primas naturales ha evitado su agotamiento o la sobreexplotación. Si podemos esperar que los avances tecnológicos vayan perfeccionando paulatinamente su mayor compatibilidad con el medio ambiente.

Por último, el mar sigue sin tener dueño, es decir, que como no pertenece a nadie, nadie se encarga de defenderlo ante cualquier agresión. Nadie demanda a un ayuntamiento u otro agente cualquiera cuando vierten aguas residuales sin depurar, o cuando los torrentes mal mantenidos por un consell le descargan toneladas de desperdicios, o cuando se realiza otro tipo de explotación excesiva. Pero lo que todavía es peor, administrativamente tampoco existe un responsable claro. Más bien se produce una concurrencia y solapamiento de competencias entre distintos organismos, niveles y departamentos que hace casi imposible una actuación rápida y eficaz.

Por eso, hoy no voy a sugerir que se privatice el mar, aunque es probable que no fuera una mala idea, sino que me limitaré a proponer que se unificarán las competencias de las distintas administraciones en una sola. Por ejemplo, en una consejería o un ministerio del litoral, de manera que los ciudadanos pudiésemos identificar quién es el responsable de paliar los graves problemas que padece el inmenso azul. Pues, aunque esa hipotética administración marina única, como todas las demás, tendiera a tirar balones fuera responsabilizando a otras de sus fallos y errores, al menos muchos sabríamos que se trata sólo de una estrategia.

Efectivamente, muchas de las agresiones padecidas por el litoral, en realidad no han tenido la respuesta adecuada por la ausencia de una administración plenamente responsable e identificable que actúe, de facto, como propietaria. El lío administrativo es uno de los principales motivos de muchos incumplimientos, por no haber generado los incentivos suficientes para paliar los problemas. Al tiempo que tampoco ha propiciado el desarrollo de nuevas tecnologías en materia de mantenimiento y cuidado.

En definitiva, desgraciadamente con el mar, con el litoral, y con los torrentes estamos anclados en un estadio primitivo, casi depredador, característico de las sociedades dedicadas a la caza y la recolección.

Impuestos y seudo impuestos sobre la electricidad

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Impuestos y seudo impuestos sobre la electricidad.

Los precios de la energía a nivel internacional, y situaciones de escasez o de conflicto, por sí solas llevarían a la sustitución de las fuentes no-renovables por otras, es decir, sin ninguna intervención llevarían al abandono de los combustibles fósiles. De hecho, Elon Musk, prototipo de personaje netamente capitalista, está haciendo más por la transición energética que muchas de las abundantes agencias gubernamentales.

Sin embargo, la lucha contra el cambio climático, y su consideración de “estratégico” supone la aceptación de elementos del sector energético que son un “bien público” que no pueden ser financiados por el mercado. Así, las restricciones a las emisiones de CO₂, la fijación de objetivos de energía renovable, la prohibición de determinadas fuentes, el mantenimiento del empleo minero ineficiente, la igualdad tarifaria en todo el país de forma independiente de las condiciones geográficas, o el monopolio de las principales líneas de distribución de electricidad, las primas a las renovables, la moratoria nuclear, etc., tienen que financiarse por formas diferentes a las de mercado, básicamente con unos seudo tributos denominados "costes regulados". En definitiva, el energético es uno de los sectores más intervenido, junto con la educación y la sanidad, de toda la actividad económica.

Es por ello, que una correcta política para este fundamental sector debe elaborarse conociendo muy bien su estructura, mecanismos y funciones. Algo que no resulta nada sencillo, pues el debate político y mediático predominará sobre el técnico, generando posturas extremas. De esta forma, se mencionan sólo los beneficios y nunca los costes de cualquier actuación sobre el mismo. Se anuncia hoy un buen objetivo, en la seguridad de que la factura no llegará hasta mañana.

Por otro lado, los energéticos, junto con los laborales y los tributarios, son unos de los principales costes a los que tiene que hacer frente cualquier empresa. De manera que una desviación en las decisiones tomadas respecto a las del mercado, suponen un lastre para la competitividad empresarial en relación con otros países. De hecho, esta es una de las varias causas que explican los movimientos de deslocalización.

Efectivamente, si los precios de los bienes y servicios que se producen en un país se forman en los mercados internacionales y se quiere que los salarios de esa economía sean elevados, hay que buscar la competitividad en la diferenciación del producto y en la reducción de los costes no-salariales, incluidos los energéticos. Dicho en otras palabras, la competitividad más allá de la diferenciación del producto, se obtiene mediante impuestos, precios energéticos y otros costes (financieros, etc.) moderados.

Ahora bien, como en España, y en buena parte de la UE, los precios de la energía son elevados por los tributos que soportan, se puede concluir que la competitividad con salarios elevados sólo se alcanzará con una política de contención de los tributos. Sin embargo, la electricidad está gravada con el tipo elevado de IVA, con un impuesto especial, y por los "costes regulados," (que es otra forma de imposición).

Así que, si a alguien le llama la atención que un bien tan básico soporte tal tributación, la respuesta hay que buscarla en lo que los economistas llaman la rigidez de la demanda. Es decir, como precisamente se trata de un bien necesario carente de sustitutivos un incremento de la imposición apenas disminuye su consumo, tal como ocurre con las gasolinas, lo que les confiere una gran potencia recaudatoria.

Por todo ello, no debería extrañar que un gobierno que considera que el gasto público, no solo es intocable, sino que debe seguir incrementándose, no le quede otro remedio que explotar al máximo todas las figuras impositivas y seudo-impositivas a su alcance.

 

Fondos europeos y el cambio de modelo

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Las distintas administraciones públicas españolas necesitan de reformas estructurales porque tienen un grave problema de gestión, es decir, no gestionan bien. Los ejemplos son muchos y van desde los proyectos más grandes a los más pequeños. Así, la llegada de Fondos Europeos en cantidades ingentes, es, desde luego, una oportunidad, pero también un auténtico embolado.

Quien haya tenido ocasión de observar de cerca el funcionamiento de cualquier administración pública a la hora de llevar a cabo el desarrollo de un proyecto, sabe que es frecuentemente desesperante al requerir de unos plazos larguísimos y de innumerables correcciones que pueden acabar frustrando o desvirtuando por completo lo iniciado. Además, los fondos procedentes de la UE son especialmente exigentes respecto a las condiciones que marcan, lo que redobla su dificultad de gestión.

Cualquier proyecto, más si pretende cambiar nada más y nada menos que el modelo económico, requiere de una planificación a medio y largo que no es fácil por falta de incentivos. En gran parte porque la administración, con los dirigentes políticos en su cúspide, siempre piensan en el muy corto plazo. También, porque no hay elementos objetivos que permitan adoptar un criterio u otro. Así, por ejemplo, se pueden priorizar inversiones territoriales sobre otras de mayor eficiencia para contentar a una determinada comunidad autónoma, municipio o líder.

Tras la fase de planificación viene la de presupuestación, en la que los actuales gobernantes (Sánchez, Armengol, etc.) presionan para maximizar las cantidades correspondientes a los dos años que quedan de legislatura. Pero las prisas siempre provocan errores. Lo lógico es esperar nuevas correcciones o replanificaciones que retrasarán, inevitablemente, la siguiente fase de ejecución mediante la correspondiente elaboración de complicados pliegos de condiciones ajustados a los reglamentos, no siempre claros, elaborados en Bruselas.

Mientras se van sucediendo los plazos establecidos, se irán aconteciendo otras interferencias políticas de todo tipo. Lo que llevará a que la escala burocrática sea especialmente escrupulosa en el cumplimiento de las condiciones, por lo que se tenderá a agotar cualquier vencimiento o, incluso, a solicitar prórrogas. En el caso de la administración balear todavía está muy presente la legislatura del presidente Matas, así que nadie quiere “pillarse los dedos”. De hecho, desde entonces, los tiempos para la realización de cualquier proyecto, por pequeño que este sea, se han ido dilatando más y más.

A la fase de ejecución le sucederá la de verificación en la que los funcionarios de la Intervención y delegados europeos comprobarán cómo se ha desarrollado todo el proceso para así poder proceder, en todo caso, a la certificación, es decir, al envío del dinero. En definitiva, la llegada de los fondos no tan sólo no será inmediata, sino que las vías por donde deben circular al no están en las mejores condiciones pueden producir descarrilamientos.

Por último, ante estas carencias lo más fácil será aumentar las plantillas de funcionarios, lo que puede traduciéndose en más burocracia paralizante. En fin, ¿Un cambio de modelo económico? … ¡Cuán largo me lo fiais!

 

Explicitar pagos a los medios de comunicación.

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Explicitar pagos a los medios de comunicación.

Sería muy interesante que en los presupuestos de las distintas administraciones se incluyese un apartado en donde se explicitan, con claridad suficiente, los pagos que realizan a los diferentes medios de comunicación.

Pues parece que hubo un tiempo en que se les llamaba “el cuarto poder”, tanto por su capacidad de controlar a los poderosos, y en especial a los gobiernos, como para conformar y formar a la opinión pública siguiendo criterios propios. Una portada, o un editorial podía tener más influencia que muchos grupos parlamentarios.

Es por esto que los gobiernos, desde siempre, los han tenido en su punto de mira, llegando a apropiarse literalmente de los audiovisuales con mayor capacidad de impacto. Sencillamente, una cuestión de poder. Pues no solo acapararon todo el espacio radioeléctrico obligando a cumplir determinados requisitos para obtener licencias, sino que, además, constituyeron cadenas de radio y televisión con una potencia tal que sólo posible con los abultados presupuestos públicos.

Ahora, con Internet, han aparecido una multitud de formas alternativas de información que están poniendo en serias dificultades a muchos de los clásicos medios privados, ya que, su estructura empresarial, creada en los tiempos gloriosos, se ha convertido en pesada, rígida y cara. Mientras que los públicos, sencillamente, pierden audiencia sin que eso se note ni en su cuenta de resultados ni en el número de empleos, con la fácil justificación de constituir un servicio público.

Seguramente por esa dualidad entre unos y otros, los primeros tienen que buscar fórmulas nuevas o, sencillamente, intentar engancharse también a los presupuestos estatales. Quizás por ello, en la actualidad, con la pandemia, hemos podido observar como apenas hay crítica a la mala gestión realizada por parte de los distintos gobiernos. Tampoco hay visiones alternativas, ni informaciones precisas sobre aquellos países que sí la han afrontado con más éxito. De esta forma, el ciudadano que desee una información al margen de la línea oficial no tiene más remedio que acudir a esos medios minoritarios que, en general, cuentan con recursos mucho más limitados. Lo que, a su vez, explicaría que el deseo, y los intentos, de instaurar alguna forma de censura o control en Internet no sólo surjan de los consejos de ministros sino también de algunos consejos de redacción.

Los filósofos de la democracia, tradicionalmente, han sostenido que el poder del gobierno sólo podía ser contenido por otro poder. Y sin duda, una opinión pública independiente, junto a la separación de poderes, ha constituido un claro límite que, sin embargo, ahora se está resquebrajando.

Seguramente, el proceso de expansión del Estado, a través del crédito gubernamental ilimitado que estamos viviendo, lleva a que las cosas sean así. Ahora bien, por honestidad, sería también importante que los gobiernos declaran de forma explícitamente transparente cuánto dinero dedican a cada medio. Esto es, que en los propios presupuestos gubernativos se destacarse (tal como ocurre por ejemplo con la territorialización de las inversiones) las partidas que destinan a cada uno de los diferentes grupos y bajo qué conceptos (publicidad, subvención, etc.). Pues de igual manera que un ciudadano sabe que al visionar cualquiera de las cadenas de televisión propiedad del estado está aceptando la perspectiva de quien la dirige, también sería interesante, en aras de contar con una ciudadanía bien formada, que cuando leemos o escuchamos otro determinado medio conocer si está financiado en un 25, un 35 o un 90% por el propio gobierno. Una iniciativa que, claro está, sólo puede surgir desde los nuevos, pequeños y realmente independientes medios de comunicación.

El sector alimenticio vs. el educativo

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El sector alimenticio vs. el educativo

Es fácil admitir que el sector dedicado a la producción y distribución de alimentos es uno de los más esenciales, fundamentales y básicos de todo el conjunto de la actividad económica de cualquier lugar. Lo mismo se puede afirmar respecto al sector educativo. Son tan esenciales que su forma de funcionar y estructura, de alguna manera, caracteriza a cualquier sociedad.

En la nuestra, el sector alimenticio está bastante liberalizado, tan solo sometido a lógicos controles y normativas, de forma que apenas hay barreras de entrada y, en consecuencia, la gestión empresarial competitiva ha destacado por la introducción constante de innovaciones, elevando la productividad y la satisfacción del usuario a cotas impensables tiempo atrás. Así, la calidad de nuestras dietas es, sencillamente, excelente de forma que, si existen problemas de sobrepeso u otros derivados de la ingesta de alimentos se debe, muy mayoritariamente, a la falta de cultura y formación por parte de la población, y no a la bondad o variedad de los comestibles disponibles.

La oferta de alimentos es enormemente amplia, y la libertad de elección del ciudadano es completa. Puede elegir comprar de forma más pausada en un pequeño mercado municipal con presencia de pequeñas empresas que cuentan con magníficos profesionales, en cadenas de distribución que ponen el énfasis en la rapidez, o en otras especializadas en acercar hasta los domicilios los alimentos más frescos, locales o de elevada calidad. De igual forma, el consumidor puede elegir el grado de preparación de los distintos comestibles. Y todo ello con precios más que razonables, ya que, por efecto de la propia competencia se igualan a los costes de producción.

Sin embargo, el sector educativo está prácticamente monopolizado, sin dejar apenas margen de maniobra para la introducción de modelos alternativos. Los contenidos están dictados por un oscuro funcionario o director general que, con frecuencia, tiene como único norte aprovechar su circunstancial capacidad de influencia para blindar su posición. Los contenidos así confeccionados serán obligatorios en todo el sistema de forma que las editoriales no podrán seguir sus propios criterios.

La formación del profesorado también está cuasi-monopolizada de manera que la mayoría de los profesionales renuncia a elaborar visiones alternativas, en una suerte de erosión del espíritu crítico proclamado como elemento básico del proceso "enseñanza-aprendizaje". Y todo ello, a su vez, conlleva hacia un círculo vicioso de pérdida de prestigio profesional que acaba repercutiendo en el ánimo y la moral de los propios docentes. Con frecuencia, se sienten inermes y sometidos ante un sistema que les coarta cualquier mínimo grado de libertad. Al mismo tiempo, y en lógica correspondencia, renuncian a hacerse responsables de tal estado de situación.

Se puede decir que el sistema incluso puede llegar a tratar al profesorado como si de empleados de una cadena de producción se tratase, cuando, en realidad forman el colectivo laboral más cualificado académicamente de entre los diferentes sectores económicos.

Por supuesto, todo ello se completa con una gran falta de transparencia que hace imposible conocer donde se encuentran los centros de mejor calidad y con buenos resultados. Así que, alternativamente, todos conocemos los rumores, casi siempre infundados, que circulan sobre la situación de cada uno de los colegios e institutos. Además, ahora, desde una parte del espectro político, se impone la supresión de cualquier capacidad de elección por parte de los padres, mientras que los costos de las diferentes unidades del sistema son un oscuro e impenetrable secreto guardado bajo siete llaves.

Frente a esta dualidad inmediatamente surge una pregunta: ¿Quizás lo expuesto explica la diferente satisfacción con los resultados entre ambos sectores?

Diputados de circunscripción única

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Diputados de circunscripción única

De entre los varios problemas que presenta el actual sistema electoral, uno de ellos es la pérdida de perspectiva de conjunto. Pues al elegirse los diputados por circunscripciones territoriales, las campañas, los discursos y, por tanto, la identificación de los problemas sociales, y la propuesta de soluciones, se construyen únicamente en clave local.

De esta forma, por ejemplo, en el caso de Baleares ha calado, en determinados sectores, la idea de que los ocho diputados provinciales son pocos para influir en un Congreso de trescientos cincuenta. Una reflexión, que no considera ni la calidad de las propuestas, ni responde a los principios básicos del constitucionalismo. Pues como ya señaló Edmund Burke en los albores del nacimiento del Estado Liberal, el parlamento no puede ser un congreso de embajadores que defienden intereses distintos, contrapuestos u hostiles. Intereses que se sostienen como agente y abogado, contra los otros agentes y abogados; sino que debe ser una asamblea deliberante de una nación, con un interés: el de la totalidad; donde deben guiar, no los intereses locales, sino el bien general que resulta de de la razón general del Estado.

Dicho en otras palabras, la elección de los diputados exclusivamente por circunscripciones provinciales ha actuado erosionando la idea de nación y del bien común que la debe guiar. Para resaltar los aspectos del juego político tipo suma cero. Lo que, con frecuencia, lleva a resaltar las incompatibilidades y los intereses contrapuestos de las distintas regiones. Además, cuando a todo esto se le añade las listas cerradas confeccionadas a través de relaciones informales sin luz ni taquígrafos y una férrea disciplina de partido, el resultado, poco a poco, se convierte en una falta de representatividad.

Como la ley electoral balear está copiada de la nacional, el mismo fenómeno se replica a nivel autonómico, ya que aquí los diputados son elegidos exclusivamente por su circunscripción insular. Lo que, a buen seguro, ha dificultado mucho avanzar en el concepto de Comunidad Balear con los problemas de todo orden que la ausencia de ese marco comporta. Al tiempo que ha conducido a aceptar absurdos tan difíciles de explicar, por ser contrario a los principios elementales, como tener cuotas territoriales de consellers, o la imposibilidad de contar con un president no-mallorquín. Dicho en otras palabras, en Baleares llevamos cuarenta años aceptando que el lugar de nacimiento sí tiene una influencia esencial en la carrera de nuestros políticos.

Por todo ello, contar con diputados de circunscripción única (española o balear), junto a los actuales territoriales, nos daría otra dimensión de la acción política de la que estamos muy necesitados. Pues pensemos que un candidato de Baleares tendría que hacer campaña, no sólo aquí, sino también en Asturias, Toledo, Gran Canaria, etc. O de igual forma, a nivel autonómico, un candidato de residente en Mahón tendría que emplearse a fondo también en Sa Pobla o en Sant Antoni.

Como nuestra actual ley electoral autonómica contiene disfunciones de gran magnitud, quizás es un buen momento para comenzar a reflexionar, desde nuestro archipiélago, sobre aquello que no está funcionando bien en materia política para, en un proceso de regeneración y puesta al día, poder mejorar la toma de decisiones colectivas. Pues no tenemos que olvidar que el interés y los incentivos que mueven a cada uno de nuestros políticos están directamente vinculados con sus mecanismos de selección y elección.

La eficiencia económica y el Dr. Munar

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La eficiencia económica y el Dr. Munar.

El doctor Munar, ante el fracaso del plan de vacunación gubernamental, ha promovido una plataforma cívica para reivindicar la urgencia de incrementar la velocidad del proceso en Baleares, bajo el argumento que aquí hace más falta que en otros lugares, porque se puede vislumbrar una segunda temporada turística muy lúgubre que puede desembocar en catástrofe económica y social.

Es curioso como parece que nadie percibió, en su momento, que justamente eso era lo que quiso evitar la decisión de centralizar las compras. Pues efectivamente, muchos de los que ahora se apuntan a la plataforma, o se hacen fotos con el ilustre doctor, aceptaron, sin la misma mínima discusión, que la centralización burocrática de las compras con la finalidad de evitar pujas de precios. Es decir, se quiso evitar que los primeros en recibir las dosis fuesen aquellos que podían pagar sumas más elevadas.

Pues bien, Baleares está en el grupo de los que pueden pagar más, pues la caída de nuestra economía, a consecuencia del virus, es varias veces superior a la mayoría de regiones europeas. Lo que equivale a decir, que Baleares está en condiciones de ofrecer mayores pujas por los nuevos medicamentos. Sin embargo, esta forma de expresarlo, es decir, abogando por asignar las vacunas en función de la eficiencia económica, parece repugnar a muchos de los que ahora defienden la misma idea, pero con otro lenguaje desde la nueva plataforma.

Pensémoslo un poco más despacio. El sistema de precios libres asigna todos los recursos en función de quién es capaz de sacarles más provecho para el conjunto de la sociedad. Es por eso que su potencia productiva y de bienestar es mucho mayor que su alternativa socialista o nacionalista. Esta es una idea que está suficientemente arraigada en los países anglosajones, y en una buena parte del continente asiático, donde se ha utilizado para acelerar su acceso a la modernidad, a diferencia de lo que ocurre en el sur de Europa y en Latinoamérica.

Y es que para que sea aceptada, las reglas de juego económico tienen que ser iguales para todos y estar muy bien definidas. Lo cual es rechazado allí donde las estructuras sociales son más pétreas y las luchas de poder más opacas. De hecho, aquí, el social-comunismo y el nacionalismo dominante juegan al corporativismo populista más cañí.

La sociedad balear, aún sin ser del todo consciente, vive en una contradicción de especial intensidad, pues por una parte percibe como la prosperidad alcanzada en sus mejores años estuvo vinculada a la existencia de un aparato estatal pequeño, poco influenciable y distante; mientras que, por otro lado, buena parte su clase dirigente, siente profundas afinidades con el proteccionismo populista desarrollado en Cataluña que, con frecuencia, exporta al resto de España.

A buen seguro el ilustre médico mallorquín es bien consciente de todo lo aquí expuesto, y probablemente por eso mismo, su propuesta para acelerar el proceso de vacunación, que es en realidad una propuesta de libre mercado, de forma muy inteligente, la ha camuflado con los colores de lo social y lo regional.

Y es que en la política de nuestro país para que cualquier idea sea aceptada debe adjuntar el calificativo "social" o "nuestro". De este modo ¿Quién sabe?, quizás los liberales deberíamos proponer "nuestra economía social de mercado", o un "nuestro capitalismo social" para que esas ideas se puedan extender y, así, retomar la senda del progreso y la prosperidad que estamos abandonado.

EL FENÓMENO GLORIA ÁLVAREZ

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EL FENÓMENO GLORIA ÁLVAREZ

Si con la radio y la televisión la dimensión informativa de la política era nacional, ahora con las redes sociales es idiomática. Eso explica, en parte, que el populismo, o socialismo del siglo XXI, hispanoamericano haya aterrizado, con fuerza, en España de la mano del tándem Sánchez-Iglesias.

Así que, de igual manera, es más que posible que la respuesta a esa empobrecedora corriente política también venga del otro lado del charco. Al menos así apunta el fenómeno Gloria Álvarez. Se trata de una joven y mediática politóloga guatemalteca afincada en México, de sólida formación y verbo arrollador, que ha alcanzado fama internacional mediante la presentación en youtube de los varios libros “best-sellers” de los cuales es autora o coautora. Además, aunque le faltaba más de un lustro para alcanzar la edad mínima de 40 años que la Constitución de Guatemala establece para ser candidato oficial a la presidencia del país, decidió participar en la última carrera presidencial de 2019 para dar a conocer sus propuestas reformistas a través de las redes.

Sus videos muestran su envidiable manejo del español, su fresco aspecto juvenil y, sobre todo, su potente argumentario liberal y anti-populista-socialista. Están causando, no sólo asombro, sino también numerosos nuevos adeptos a las ideas libertarias. Suele comenzar desenmascarando el origen del neo-populismo actual que sitúa en la orfandad que se crea entre los movimientos de izquierda tanto, la caída de la URSS, como la desaparición de casi todas las dictaduras americanas. A partir de 1989, reunidos Castro, Lula y otros en Sao Paulo, diseñan una estrategia para alcanzar el poder mediante la introducción de emociones sencillas en las contiendas electorales que desplacen el debate racional. El plan comienza fomentando un odio que divida a la sociedad, una multitud de promesas que pueden cambiar dependiendo del auditorio receptor con el nexo común del aumento de los empleos estatales que les permita extender la red clientelar y la ocupación de todas las instituciones incluidas las judiciales, educativas, informativas, empresariales, sindicales o las fuerzas armadas. Así, el líder, que siempre habla en nombre de todo el pueblo, alcanza un poder sin apenas limitaciones.

A ese populismo Álvarez contrapone la República en su sentido cívico (no en el revanchista de Sánchez-Iglesias), es decir, la unidad social a través del refuerzo de los derechos individuales, incluido el de la propiedad. Profundizar en la división de poderes mediante una mejora de la representatividad de los cargos electos y del funcionamiento de la justicia; una prensa alejada del gobierno;  respecto escrupuloso a las minorías, cuya mínima expresión es la propia persona; una educación que en vez de seguir consignas de pensamiento único acepte la diversidad; una economía con mercados competitivos, y por tanto sin los gremiales privilegios (ley privada) que con frecuencia se derivan de muchas regulaciones y del exceso de Estado; y en lo social, la despenalización de la prostitución, las drogas, la eutanasia, etc.

En definitiva, considera que el eje izquierda versus derecha ha quedado superado por el del social-populismo versus república cívica. Lo hace con un discurso que es igual de atractivo tanto para Guatemala, como para Argentina, México, Uruguay, Ecuador, Brasil, Venezuela, etc. o, ahora, España. Por lo que vale la pena estar muy atentos a la trayectoria de esta brillante divulgadora que no milita públicamente en ningún partido de ningún país, aunque muchos serían los que la querrían ver en sus filas.

En cualquier caso, de momento todo aquel que esté inquieto por el avance del populismo y sus tristes consecuencias puede leer sus libros o acudir a youtube y teclear “Gloria Álvarez Cross”, percibirá un discurso novedoso, aunque basado en contrastados valores sociales que, quizás, le hagan recobrar la fe en la política de nuestro tiempo.

Más comentarios sobre las "Palabras Salvajes"

El vicepresidente José Ignacio Aguiló está orgulloso por el empuje de sus vídeos en youtube tras su publicación, y eso que desde el domingo han retirado el ya mítico "Todo tiene que ver con todo, pero no del todo". Las visitas se han disparado, por lo que la empresa se ha puesto en contacto con él. Un par de "palabras salvajes" más con cara de candidato en las primarais de Al Qaeda, y salva la economía balear. diariodemallorca.es.

Nou Govern

Un articulista se rie de este blogger por unos videos.

El articulista de contraportada dice: diariodemallorca.es.

El mismo día el editorial de su periódico veía las cosas de otra forma "La presencia de Josep Ignaci Aguiló en la vicepresidencia económica y de Rafael Bosch en Educación, ambos con probada solvencia en sus respectivas materias, parece dar rédito y profesionalidad a sus departamentos.": diariodemallorca.es.

Y en un tercer artículo que recoge opiniones de los internatuas también ven las cosas en sentido positivo: diariodemallorca.es.

El no nato Govern de Bauzá no paga, según un editorial del Domingo.

El Govern, el que se va, el anterior y por lo menos de entrada, el inminente de Bauzá, no paga a nadie prolongando de este modo unas malas prácticas contables que dejan con el agua al cuello o dilatan la agonía de abundantes empresas del archipiélago. diariodemallorca.es.