Al terminar la Guerra Civil se decretó un statu quo bancario que prohibió la creación de nuevos bancos, y se pusieron dificultades a la apertura de nuevas oficinas, excluyendo, prácticamente a los bancos extranjeros del mercado nacional; se fijaron los tipos de interés de las operaciones bancarias y se regularon otros aspectos de la actividad financiera. Normas que duraron, prácticamente, toda la etapa franquista.
Además, se desarrolló una legislación diferente para los bancos comerciales respecto a los industriales forzando a una especialización.
La liberalización bancaria desarrollada tras el advenimiento de la democracia conllevó un cambio del panorama financiero que benefició a los clientes y consumidores.
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