Inmersos en un sistema de moneda única, y en un
proceso globalización creciente, hemos experimentado varias burbujas económicas
que nos ha llevado a una fuerte acumulación de desequilibrios. El proceso de
inició con la burbuja financiera que se materializa en unos tipos de interés
mucho más bajos que los que se producirían en condiciones del mercado, lo que
tiene el efecto de hacer viable muchos proyectos de inversión que no lo serían
con tipos de interés más elevados. Y dentro de esos los más fáciles son los de
construcción inmobiliaria, produciéndose la segunda burbuja.
De igual forma, los artificialmente bajos tipos de
interés también hacen que las administraciones públicas decidan llevar a cabo
proyectos de inversión de más que dudoso rendimiento (aeropuertos, teatros,
ferrocarriles, etc.). Pero es que además, la burbuja inmobiliaria crea la falsa
ilusión de mayores ingresos públicos vía aumento sucesivo de los ingresos tributarios
como en especial el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. Con eso se inicia el proceso de acumulación de deuda, con
déficits públicos moderados.
Cuando estalla la crisis, por exceso de
endeudamiento, en 2007. Se produce una drástica disminución del crédito
(aumento de los tipos de interés), interrumpiendo (al hacerlas inviables)
muchas inversiones iniciadas. Un efecto inmediato, es la paralización del
mercado inmobiliario.
La reacción de muchos gobiernos fue identificarla
erróneamente como una crisis puntual de demanda. Lo que les llevó a no sólo
sustituir los ingresos derivados de la actividad inmobiliaria por una apelación
al crédito; sino a incrementar sus gastos con la esperanza de que el mayor
gasto público se convirtiera en la espoleta que recuperada la actividad
económica. Lo que tuvo la grave consecuencia de incrementar los déficits
públicos hasta límites claramente suicidas. Déficits que se tenían que
financiar apelando a un crédito cada vez más escaso; con lo que pronto
aparecieron las dificultades de Tesorería, es decir, la aparición de impagos a
proveedores.
Es la tercera burbuja, la gubernamental, en donde los
gastos públicos crecen de forma exponencial, sobre todo en las áreas de
sanidad, educación y servicios sociales. Pero también en materia de
subvenciones a los sectores productivos. Todo lo cual se materializa en un
incremento histórico de los recursos humanos utilizados.
En definitiva, entre 2001 y 2007 los gastos de las
diferentes administraciones públicas se incrementaron en unos 150.000 millones
de euros anuales. Y cuando se inició la crisis la borrachera de gasto se
disparó de una forma mucho mayor. Acumulando un déficit público entre 2008 y
2011 del orden de los 350.000 millones de euros.
La crisis y la actitud de los gobiernos en los
primeros momentos de su reconocimiento han demostrado que la riqueza no se crea
gastando en cualquier cosa, sino produciendo justo aquellos bienes que permiten
satisfacer las necesidades más apremiantes de los consumidores. En concreto es
imprescindible invertir en proyectos cuya rentabilidad supere el coste de captar
y emplear el capital necesario.
Desde comienzos del 2009 hasta mediados del 2012, la
deuda de familias y empresas se ha reducido en más de 130.000 millones de
euros, mientras que los pasivos de las administraciones públicas se han
incrementado en unos 370.000 millones de euros.
La cadena de acontecimientos descrita responde, en
buena medida, al entorno económico-institucional español, en donde, han ido
quedado pendientes algunas reformas económico-institucionales que nos debían
acercar más a la estructura productiva de los países más fuertes.
Ante esta situación, no existen recetas mágicas que
puedan solventar los desequilibrios acumulados de forma inmediata o rápida.
Esas fórmulas nunca han existido, pero ahora, además, participamos de una
moneda común que impide el maquillaje de la realidad.
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