La inflación verde
Hay economistas que consideran que una parte de la inflación que padecemos tiene su origen en la forma de pilotar, por parte de los gobiernos, la transición energética que tiene como objetivo declarado la descarbonización. Estos autores, de alguna manera, lo que nos están diciendo es que todo ese proceso de cambio hacia las energías renovables y la sostenibilidad no tan sólo no es gratis, sino que tiene un precio elevado.
Y es que, ciertamente, abandonar los combustibles fósiles y las tecnologías que llevan aparejadas a golpe de silbato tocado por los boletines oficiales del estado está conduciendo a un enorme incremento del precio de las materias primas y aquellos otros elementos necesarios para llevar a cabo dicha transición.
De esta forma, la conjunción de, por un lado, las decisiones encaminadas a disminuir las emisiones de CO2, sumadas a la incapacidad de los diferentes gobiernos para contener sus abultados déficits nos está conduciendo a un incremento de los precios que equivales a un empobrecimiento de una parte importante de la población. Ciertamente, se ha dicho muchas veces, y es verdad, que la inflación es un tipo de tributo que no recae por igual sobre el conjunto de la población, afectando de forma especial a los más desfavorecidos. Es decir, que el precio a pagar por “lo verde” acentúa la desigualdad social.
Así, incluso con el templado invierno actual, muchas familias tienen dificultades para calentar sus hogares y no son pocas las que optan por una dieta alimenticia de menor riqueza nutritiva. Las hay que a duras penas mantienen un vehículo propio que les brinde cierta libertad en sus desplazamientos, y muchas más son las que renuncian a renovarlo.
Los defensores del diseño actual de la transición energética contraponen la “inflación verde” a la “inflación climática” que se produciría sin las imposiciones gubernamentales. Sin embargo, todo ello puede tener efectos indeseados -vía rechazo social- con consecuencias contrarias a lo que se pretende conseguir.
Por ejemplo, ya se está produciendo un envejecimiento del parque automovilístico (cubanización) por el sólo anuncio la prohibición de los coches de combustión interna en una docena de años. Lo que lleva aparejado un incremento de las emisiones de CO2.
La “Teoría de las consecuencias no intencionadas” explica como muchas de las bienintencionadas decisiones gubernamentales se convierten, paradójicamente, en contraproducentes, tal como ocurre con el control de precios que siempre ababa produciendo el efecto indeseado de la escasez, puesto que desincentiva la oferta de los bienes afectados.
De esta forma, una parte importante de la profesión económica está comenzando a plantear que el camino elegido para la transición energética puede estar teniendo efectos contraproducentes tanto para la cohesión social, como -y esto es lo más llamativo- para el cuidado del propio medio ambiente.
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