El Govern dispara un 10% los Presupuestos para 2017

El Govern balear gestionará el año que viene un presupuesto de 4.668,2 millones de euros, 427,3 millones más que en 2016, lo que representa un incremento del 10,1%, según se recoge en el proyecto de ley aprobado este viernes por el ejecutivo.

La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha comparecido tras el Consell de Govern para explicar un proyecto que contempla un crecimiento del PIB balear para 2017 del 3,7 %, por delante del 2,5 % de España y del aumento del 1,9 % de la Unión Europea. El Govern no prevé ningún impuesto en el proyecto de ley de los presupuestos autonómicos de 2017, que será aprobado de manera definitiva en el Parlament antes de final de año.

El Govern (PSIB-PSOE y Més) y Podem, que apoya al ejecutivo balear sin formar parte del mismo, han llegado a un "acuerdo de mínimos" para los presupuestos autonómicos con el fin de "evitar una enmienda a la totalidad" del partido morado y que supone incrementos en sanidad y educación y "blindar los acuerdos por el cambio".

CERCA DE 220 MILLONES MÁS PARA LAS POLÍTICAS SOCIALES

El presupuesto destinado a las políticas sociales asciende un 8,8%, lo que supone un incremento de 218,9 millones de euros respecto a este año.

En total, las políticas sociales en materias de salud, educación, servicios sociales, empleo, cultura y deportes pasa de 2.485 millones este año a los 2.704 del próximo ejercicio.

Las políticas sociales concentran el 70 % del gasto no financiero, según este proyecto que refuerza la apuesta del Govern por esta materia durante el próximo ejercicio.

FRUTO DEL CONSENSO

La portavoz del Govern balear, Pilar Costa, ha destacado que el proyecto de ley de los presupuestos autonómicos es fruto del "pacto y del consenso" entre los partidos que respaldan la gestión del ejecutivo: PSIB-PSOE, Més y Podem.

En la rueda de prensa tras el Consell de Govern, Costa ha subrayado que las cuentas de la comunidad de 2017 "refuerzan los Acuerdos por el Cambio" firmados por estas tres formaciones al inicio de legislatura.

Además, Costa ha señalado que los partidos de izquierda con representación en el Parlament tendrán la oportunidad de negociar cambios a través de enmiendas parciales durante el periodo de tramitación parlamentaria, siempre y cuando no afecten a las grandes cifras.

El acuerdo alcanzado supone que el Govern cumplirá con el calendario previsto, por lo que los presupuestos autonómicos serán aprobados de manera definitiva en el Parlament a final de diciembre.

Según Cladera, son unos presupuestos "valientes" que consolidan la apuesta del Govern por las políticas sociales y que pretenden que el crecimiento económico revierta en toda la ciudadanía.

El Govern balear gestionará el año que viene un presupuesto de 4.668,2 millones de euros, 427,3 millones más que en 2016, lo que representa un incremento del 10,1 %, según se recoge en el proyecto de ley aprobado hoy por el ejecutivo.

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Ecotasa y coche eléctrico

Hoy, publicamos un artículo proponiendo que la recaudación de la ecotasa de destine en su integridad a la promoción del coche eléctrico en las Baleares. Lo firmamos Jaume Ochagavía que aunque aparece como profesor de la UIB es ingeniero-funcionario de la CAIB, Antonio Alcover y este blogger que si somos profesores de la UIB.

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Superar el 'Madrid nos mata'

Si algo es indudable en esta crisis es que algunas de las principales reformas estructurales necesarias se han quedado por el camino. Entre éstas destaca el sistema de financiación autonómico, cuya compleja y poco transparente forma actual impide el correcto funcionamiento de la economía y dificulta la resolución de los problemas territoriales. Hasta hoy, y en las sucesivas rondas de reformas realizadas, nunca se ha abordado el principal problema de la financiación autonómica: la falta de incentivos para controlar el gasto, dando como resultado su continua elevación hasta los límites de lo insostenible y la desaparición de incentivos para el progreso de las regiones receptoras de recursos.
La percepción generalizada de que el grueso de la recaudación fiscal está en manos del Gobierno central mientras que el gasto lo soportan las CCAA ha hecho recurrente el uso del recurso «Madrid nos mata» o, en el extremo, el «Madrid ens roba», a pesar de que la financiación se haya duplicado en la última década. Así, no es de extrañar que en casi todas las autonomías piensen que su comunidad está mal financiada y que la solución, por tanto, consiste en incrementar los recursos de la comunidad, sin ser conscientes de que mayor financiación implica también mayores impuestos. (sigue el artículo completo...)

Si algo es indudable en esta crisis es que algunas de las principales reformas estructurales necesarias se han quedado por el camino. Entre éstas destaca el sistema de financiación autonómico, cuya compleja y poco transparente forma actual impide el correcto funcionamiento de la economía y dificulta la resolución de los problemas territoriales. Hasta hoy, y en las sucesivas rondas de reformas realizadas, nunca se ha abordado el principal problema de la financiación autonómica: la falta de incentivos para controlar el gasto, dando como resultado su continua elevación hasta los límites de lo insostenible y la desaparición de incentivos para el progreso de las regiones receptoras de recursos.

La percepción generalizada de que el grueso de la recaudación fiscal está en manos del Gobierno central mientras que el gasto lo soportan las CCAA ha hecho recurrente el uso del recurso «Madrid nos mata» o, en el extremo, el «Madrid ens roba», a pesar de que la financiación se haya duplicado en la última década. Así, no es de extrañar que en casi todas las autonomías piensen que su comunidad está mal financiada y que la solución, por tanto, consiste en incrementar los recursos de la comunidad, sin ser conscientes de que mayor financiación implica también mayores impuestos.

Un 70% de los contribuyentes españoles desconoce a qué administración paga los impuestos. Sólo un 17,6% de los españoles sabe que una parte sustantiva (el 50%) del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es recaudado por las CCAA, y lo más curioso es que el 58% de los españoles cree que se trata de un impuesto exclusivamente estatal. Así las cosas, a nadie le puede extrañar que con este sistema de financiación sea casi imposible el saneamiento presupuestario y la reducción de la elevada deuda pública.

Pero lo que ocurre con el IRPF puede resultar anecdótico si lo comparamos con el IVA o los impuestos especiales. El desconocimiento de que la mitad de lo recaudado por el impuesto se ingresa en las arcas autonómicas es abrumador. Únicamente un 12,2% conoce dicho dato, cifra que además palidece cuando hablamos de los impuestos especiales. Sólo el 7% de la población sabe que más de la mitad de la recaudación (el 58%) le corresponde a las CCAA

Excepto el País Vasco y Navarra, el resto de comunidades se financian fundamentalmente gracias a su participación en los impuestos anteriormente citados (50% del IRPF, 50% del IVA y 58% de los impuestos especiales), complementando su recaudación con una serie de impuestos cedidos y propios, además de una serie de transferencias e inversiones provenientes del Estado Central.

Curiosamente, este desconocimiento de las fuentes tributarias no se produce al hablar de los ayuntamientos. El 80% de los ciudadanos sabe que la tasa de basuras la paga a su ayuntamiento, y lo mismo ocurre con los vados (74,9%), o el impuesto sobre vehículos con tracción mecánica (53.4%). Quizás por ello, los ciudadanos se mantengan más vigilantes con sus alcaldes cuando deciden subir impuestos en vez de disminuir gastos. De hecho, en los últimos ejercicios los ayuntamientos han sido las únicas administraciones que han obtenido superávit en sus cuentas y regularmente han reducido su nivel de endeudamiento sin mayores críticas públicas por su ortodoxia financiera.

Por el contrario, la falta de corresponsabilidad fiscal, por la restricción presupuestaria blanda que genera el actual sistema, o falta de asociación de los gastos autonómicos a los impuestos clama al cielo. ¿Exigiría el público tan alegremente nuevos gastos si supiera la relación directa que tiene sobre sus impuestos? Seguramente serían más exigentes con el uso de su dinero que con el que proveniente de un «indefinido Madrid». ¿Cómo podemos acabar con esta ilusión fiscal e incrementar la eficacia, la responsabilidad y el control del gasto en el nivel autonómico? Imitando a la financiación municipal. Así, una de las ideas que lanzamos es una reforma radical del sistema de financiación basada en la cesión total del IRPF e impuestos especiales a las CCAA a cambio de la cesión total o casi mayoritaria de la recaudación del IVA al Gobierno central. Aunque parezca muy atrevido este cambio resulta interesante, o al menos, deberíamos debatirlo.

¿Por qué el IRPF? El IVA y el impuesto de sociedades tienen limitaciones procedentes del ámbito europeo que complican y limitan mucho su discrecionalidad. Por el contrario, el IRPF o el impuesto de patrimonio poseen una mayor flexibilidad y premian la frugalidad y disciplina fiscal de un pueblo o, alternativamente, reflejan el compromiso social y solidaridad de cada región a cambio de más impuestos.

Por otro lado, y por racionalidad en la gestión y control de los impuestos, IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, deberían ser gestionados por una única administración tributaria autónoma y coordinada en función de la legislación de cada territorio.

Otra ventaja añadida es que se puede medir mejor el grado de solidaridad interregional. Implícitamente, cada región estaría «cediendo» la recaudación de su IVA al pago de los gastos generales del país, lo que las acercaría, en cierta medida, a un concierto fiscal como el que poseen el País Vasco y Navarra. Un presupuesto basado en tales figuras permitiría cuantificar el coste de los servicios de la Administración Central.

Por último, la recaudación del IVA asignada al Estado que retornara a cada Comunidad podría variar para cada una ellas en función de variables objetivas ligadas a las necesidades de gasto, como por ejemplo la población real, insularidad, o bien, tal como ocurre ahora, en función de la atribución del lugar de consumo y/o recaudación, etc.

En conclusión, en las circunstancias actuales el modelo de financiación autonómica no fomenta el control del gasto, ni la solidaridad y ni el ajuste fiscal. Por el contrario, es un foco de descontento de los ciudadanos por la falta de transparencia y de control del gasto, además de generar desunión entre comunidades autónomas y entre éstas y el Estado. Una forma de asegurar un mayor control y transparencia otorgando mayor grado de responsabilidad a los ciudadanos sería asignar figuras tributarias concretas a cada administración y en concreto la asignación más factible y eficiente sería muy posiblemente ceder a las comunidades autónomas el IRPF y los impuestos especiales, mientras que el estado central se financiase principalmente por medio de una mayor parte del IVA y del impuesto de sociedades.

se elmundo.es

Los síndicos le sacan los colores al pacto en 2010 de PSIB-Més en Cort

Demoledor informe de la Sindicatura de Cuentas de Baleares sobre el manejo de los fondos públicos del gobierno de coalición de socialistas y nacionalistas (PSOE y Més) en el Ayuntamiento de Palma entre 2010 y 2011 en materia de subvenciones y contratos una vez roto el pacto de éstos con la extinta Unió Mallorquina (UM). Y la realidad, una vez analizadas las conclusiones del principal órgano fiscalizador de las cuentas públicas, no hay partido que esté libre de pecado.
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Jeremy Bentham y la política

Nunca creyó que los políticos buscaran el bien común, sino que existe un "egoísmo de los gobernantes" por el que siguen su propio interés.

Rompe, así, con la esquizofrenia izquierdista de pensar que empresarios y ciudadanos buscan su propio interés en sus conductas privadas, mientras que alternativamente, los políticos y gobernantes siguen un comportamiento de principios altruistas.

De hecho, contempla a los gobernantes como criminales en potencia, sospechosos por el hecho de serlo. Por lo que deben estar sometidos a estímulos externos para poder concederles la mínima confianza. Reclamándoles la máxima responsabilidad.

La democracia se basa en iguales poderes de participación de todos los individuos. Y en mecanismos de control sobre los gobernantes.

Benthan se caracteriza por proponer, una y otra vez, medidas para contrarestar la tendencia de los gobernantes a actuar en su propio interés.

Así, cree que la administración debe seguir el principio de máxima aptitud y mínimo gasto público. Proponiendo la posibilidad de revocación de funcionarios en determinadas circunstancias.

El problema de la democracia es lo que denomina "intereses perversos", es decir, intereses particulares que perjudican a la mayor parte de los ciudadanos y menoscaban el interés público: son los grupos de presión y el corporativismo.

Los ciudadanos, por todo ello, deben tener una actidud de desconfianza hacia los gobernantes y, sobre todo, hacia el propio Estado. 

 

Monumento a Bouvy

California es el lugar del mundo que acumula más innovaciones y avances. No por ser cuna de emprendedores, sino el lugar al que estos se dirigen cuando quieren realizar sus proyectos. Palma, en algunas ocasiones, ha desempeñado un papel similar.
Quizás por ello una de las personas que ha dejado una huella más marcada en la capital balear haya sido el ingeniero holandés Paul Bouvy. Su obra significó, entre otras muchas cosas, la transformación del Prat de Sant Jordi. Desecando sus pantanos para convertirlos en la despensa de la ciudad. Dejando atrás males endémicos como el paludismo, la malaria y otras epidemias padecidas por los palmesanos de entonces.

ultimahora.

Artículos de Tomás Méndez sobre el Alquiler Vacacional

Artículos de Tomás Méndez en El Económico de UH.

Alquiler turístico y revolución digital (II)

Alquiler turístico y revolución digital

Este blogger ya se hizo eco del primer artículo de Médez cuando lo publicó.